Incendio, Incendio criminal, incendiarios impunes: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro

 Pirómanos siguen impunes

Incendio criminal

Casa de Pablo Barreto Pérez quedó en cenizas

 Ciento ochenta (180) matones a sueldo le prendieron fuego a mi casa, y la convirtieron en cenizas, aquel 14 de abril de 1994,  a las cinco y media de la tarde, en el kilómetro 11 de la Carretera Sur, en momentos en que, precisamente, decenas de miles de familias pobres eran desalojadas de sus lotes, casas y tierras de Reforma Agraria del régimen revolucionario sandinista, y todas las víctimas nos enfrentábamos a los intentos fracasados de retorno del somocismo genocida mediante el gobierno neoliberal, o conservador,  de doña Violeta Barrios viuda de Chamorro, representante de los intereses de la oligarquía local agonizante y del gobierno criminal o genocida de Estados Unidos, cuyos jefes y sus aparatos de inteligencia, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros, nos hicieron la guerra nuevamente (década del 80) con una guerra civil organizada por ellos desde los centros de poder de Washington, con la finalidad de derrotar a la Revolución Popular Sandinista.

Sí, 180 matones a sueldo, jefeados por los foragidos o malandrines Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, con el acompañamiento de la jueza venal y descarada Ruth Chamorro Martínez, quien hasta reivindicó en periódicos locales que ella estuvo allí, en el sitio del incendio criminal, haciendo cumplir una “sentencia” de desalojo, desahucio (“Inmisión en la posesión”, le llamaron los malandrines), como las miles de “sentencias” amañadas o vendidas que emitían numerosos jueces  civiles en contra de decenas de  miles de familias pobres, beneficiarias de las Leyes 85, 86 y 88, emitidas por el régimen revolucionario sandinista entre febrero y abril de 1990.

No era casual lo que estaba ocurriendo en torno a las propiedades populares protegidas por estas tres leyes, pues de alguna manera todas estas propiedades tenían que ver con los somocistas genocidas confiscados, o intervenidos, por el régimen revolucionario sandinista, porque estas casas, lotes y tierras habían pertenecido a generales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, políticos liberales “nacionalistas” (¿?), y allegados a los jefes de la dictadura militar somocista, aparato opresor y terrorista, organizado, fundado, educado, financiado y sostenido con características de intervención militar permanente por el gobierno criminal de Estados Unidos, después de que el gobierno genocida norteamericano y Anastasio Somoza García (uno de los fundadores de la tiranía somocista) asesinaron al General Augusto C. Sandino y a casi todos los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, aquel 21 de febrero de 1934.

Mediante el terror militar contrarrevolucionario y mercenario, más bombardeos por aire, tierra y mares, los gobernantes yanquis impusieron una derrota electoral al régimen revolucionario sandinista en febrero de 1990, y detrás también organizaron e impusieron una contrarreforma combinada con revancha política profundamente clasista, contrarevolucionaria, encabezada por la oligarquía agonizante, sus lacayos somocistas, intelectuales vendidos y algunos “sandinistas” cobardes que dieron la vuelta apenas se perdieron las elecciones nacionales, diputadiles y municipales, en febrero de 1990.

El nuevo gobierno neoliberal, o conservador, vendido totalmente a Estados Unidos, procedió  a desmantelar más de 500 empresas estatales que había dejado el régimen revolucionario sandinista, iniciaron inmediatamente la contrarreforma Agraria y Urbana, procedieron a despedir casi un millón de trabajadores estatales, especialmente sandinistas, pusieron en marcha un plan gigantesco para desmantelar también a más de 3,000 Sindicatos Sandinistas, al Ejército Popular Sandinista, al Ministerio del Interior, a la Policía Sandinista, a la continuación de la Cruzada Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, iniciaron una regresión brutal y vulgar en la Educación, en la Salud, en el Transporte, en la producción agropecuaria, en la Cultura en general; comenzaron la persecusión de todos los productores medianos y pequeños, y también a campesinos que habían trabajado con el gobierno revolucionario sandinista y le doblegaron la “conciencia” a algunos vacilantes que tenían cargos de jefes en distintos estamentos del Estado y en cargos partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional, incluyendo ciertos que laboraban en el Diario BARRICADA, entonces, todavía, Órgano Oficial del FSLN.

El Instituto de Reforma Agraria del Régimen Revolucionario había entregado casi cuatro millones de manzanas de Tierra a 3,151 Cooperativas y 1,200 Unidades de Producción Agropecuarias, las cuales estaban ya siendo desarticuladas y sus tierras ya eran devueltas a somocistas genocidas, ahora convertidos en “gringos caitudos”, es decir, huyeron como gusanos a Miami y en Estados Unidos fueron convertidos en “ciudadanos americanos” (¿?), truco que empezó a ser usado como presión para que el gobierno de “Ña” Violeta Barrios devolviera las tierras a los somocistas confiscados y también les dieran una enorme cantidad de dinero en pagos por esas tierras, las que de todas maneras ocupaban mediante desalojos violentos.

Además, el nuevo régimen, representante de la oligarquía vendepatria y de las empresas trasnacionales, también ya había procedido, por ejemplo, a desmantelar el Proyecto Lechero de Chiltepe, el cual tenía 10,500 cabezas de ganado, con capacidad de producir seis millones de galones de leche al año.

Cito sólo algunos ejemplos de logros de la Revolución Sandinista, entre los cuales estaban también 1,640 Centros de Desarrollo Infantil, que también fueron cerrados por el gobierno “democrático” de oligarcas locales, intereses yanquis y de somocistas genocidas.

Varios miles de familias pobres habían sido desalojadas de sus lotes, casas y tierras antes del 14 de abril de 1994, fecha en que le prendieron fuego a mi casa con gasolina con un aparatoso y violento movimiento de 180 sujetos maleantes, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Jimy Najman Perezdiez y la mismísima jueza Ruth Chamorro Martínez, quien confesó su participación, dirección y presencia activa en el escenario del incendio criminal, en campos pagados de los Diarios o periódicos privados nacionales.

El mismo día del voraz incendio criminal, provocado,  en mi casa el jueves 14 de abril de 1994, el Diario BARRICADA, donde yo laboré como periodista y fotógrafo desde su fundación el 26 de julio de 1979 hasta el día de su cierre el 21 de febrero de 1998, publicaba un reportaje mío acerca de que en apenas tres meses anteriores se habían producido 300 desalojos de igual número de familias pobres de sus lotes, casas y tierras.

Asimismo, se publicaba, ese mismo día 14 de abril,  en el mismo Diario BARRICADA que otras 25 familias de la Ciudad de Masaya habían pedido apoyo popular de una Brigada Antidesalojos para impedir que jueces civiles y la Policía los echaran de sus lotes y viviendas, a pesar de que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanas y ciudadanos de todo el país.

Precisamente a mí me tocaba, como periodista o reportero asignado a esta temática periodística cotidiana de los desalojos y desmantelamientos de empresas del Estado, como el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua,  darle cobertura a los desalojos que ocurrían en casi todo el país, especialmente en Managua. En total, unas 300,000 familias beneficiarias de las leyes referidas estaban siendo acosadas, lanzadas a las calles o amenazadas con lanzamientos judiciales y policiales, o sencillamente estaban sufriendo las crueldades de los mencionados desalojos.

Acababa de ocurrir, un desalojo violentísimo en Chinandega, por parte de uno de los Mánticas (personaje de familias oligárquicas: de banqueros, terratenientes-latifundistas o grandes usureros) en Chinandega. Este Mántica hasta se había dado el lujo de prenderle fuego a los ranchos de los campesinos desalojados por órdenes o sentencias de un juez, con el auxilio policial, como en los viejos tiempos del somocismo genocida.

Otro de los grandes y sonados desalojos, un poco antes de la quemada del Apartamento No. I de la Carretera Sur, ocurrió al Este de donde fue el Autocinema, pegado a la Colonia Centroamérica (en Managua), de donde fueron desalojadas violentamente alrededor de 1,000 familias pobres, sin lotes ni casas, que habían ocupado esas tierras para construir sus viviendas, donde hoy está ubicado un Reparto lujoso, llamado “Lomas del Valle”. Se había dicho que estas tierras pertenecían al Ministerio de Finanzas, pero después aparecieron en poder de empresarios privados. ¿Cómo hicieron?

 Uno de los principales impulsores de estos desalojos violentos, en que resultaban muertos (como los niños en que se inició Tierra Prometida), heridos y centenares de encarcelados, era don Arnoldo Alemán Lacayo, convertido en Alcalde de Managua en 1990, gracias a concejales traidores que se vendieron en su favor en el Auditorio de la Alcaldía capitalina, cuando se instalaba el Concejo Municipal capitalino.

Donde es hoy Tierra Prometida se asentaron, repentinamente, varios centenares de familias en octubre de 1992. Al siguiente día, en la madrugada, a eso de las dos de la madrugada, llegó un contingente de antimotines de la Policía Nacional y procedió con lujo de mucha violencia al desalojo. Como los ocupantes de los terrenos se resistieron, entonces usaron medios de presión violenta como patadas, garrotazos, culatazos y bombas lacrimógenas, cuyos gases mataron a dos niños tiernos.

Hicieron el desalojo violento, pero la gente humilde volvió nuevamente a la carga ese mismo día, se retomaron los terrenos, Tierra Prometida pudo asentarse por la vía de la resistencia de familias necesitadas de un lote, y este Asentamiento Humano Espontáneo es hoy uno de los vecindarios más conocidos en el Suroeste de Managua.

Como sabemos la inmensa mayoría de nicaragüenses, Alemán Lacayo inició su carrera de corrupto, o ladrón, en la Alcaldía de Managua, desde donde también instigaba o intrigaba para que fuesen desalojadas decenas de miles de familias pobres de sus lotes, casas y tierras en Managua y todo el país. Alemán mucho tuvo que ver en el desalojo violento de la Policía Nacional en Tierra Prometida.

Alemán Lacayo me tenía odio y me había “sentenciado” varias veces porque denunciaba sus atrocidades, latrocinios y robos en la Alcaldía de Managua, por medio del Diario BARRICADA, específicamente mediante una página titulada La Capital, que se publicaba los lunes cuando yo laboraba en este Diario BARRICADA del Frente Sandinista. 

 Con orgullo digo que laboré como periodista y fotógrafo en BARRICADA desde su fundación el 26 de julio de 1979 hasta el día de su cierre el 21 de febrero de 1998.

Ya dije aquí que en BARRICADA me habían asignado, entre otras decenas de fuentes informativas, la temática de darle seguimiento a los desalojos judiciales, policiales y de esquiroles en contra de beneficiarios de las Leyes 85,86 y 88.

Esto de que yo anduviera activamente denunciando estos desalojos violentos por medio del Diario BARRICADA, puso furiosos a algunos jueces civiles Distritales y Locales de Managua y al mismísimo Arnoldo Alemán Lacayo, quien asimismo andaba violento, en feroz campaña antisandinista, llamando “piñateros” y ladrones a todos los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88.

Sí, decían que los beneficiarios de estas propiedades eran “piñateros” o ladrones y que era necesario quitarles esos lotes, casas y tierras, y efectivamente despojaron a miles de familias de sus lotes, casas y tierras, y en muchos casos metieron miedo para que cooperados y Cooperativas vendieran sus tierras “a precio de guate mojado”.

La campaña política sucia, mentirosa y deformadora de la verdad, por parte de Alemán Lacayo, del mismo gobierno de “Ña” Violeta Barrios viuda de Chamorro y toda la claque de verdaderos ladrones y saqueadores de las arcas públicas del Estado, era realmente violentísima, y la habían personalizado o focalizado en algunos de nosotros, particularmente contra el Secretario General del Frente Sandinista, Daniel Ortega Saavedra, y en el caso de BARRICADA particularmente en mi contra.

Sí, en contra mía porque andaba defendiendo a los pobres en general, pues los beneficiarios de estas Leyes 85, 86 y 88 eran familias sandinistas, liberales y hasta conservadoras. También defendía yo a Sindicatos Sandinistas, a maestros organizados, a Comités de Defensa Sandinistas, a militares expulsados del Ejército Popular Sandinista y del Ministerio del Interior del Régimen Revolucionario, defendía a los técnicos de la Alfabetización y Educación de Adultos, defendía a centenares o miles de Cooperativas Agrícolas, etc.

Defendí asimismo a los técnicos de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Educación de Adultos, a catedráticos universitarios sandinistas que también estaban siendo perseguidos; también a ténicos especializados lanzados de cargos en que habían quedado en estructuras del gobierno.

Olga Moraga, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), dio una conferencia de prensa el mismo día del Incendio Criminal en mi casa (en la mañana), mediante la cual denunció que un grupo de jueces civiles de Managua y el mismo Arnoldo Alemán Lacayo corrupto habían sostenido una reunión secreta, en la cual afirmaron que ya no soportaban las denuncias que yo hacía sobre los desalojos mencionados por medio de las páginas del Diario BARRICADA.

Moraga sostenía que al parecer había amenazas no confesadas públicamente en mi contra por parte de estos jueces venales, entre los cuales se mencionaban a Ruth Chamorro Martínez, Encarnación Castañeda Miranda, un tal Osvaldo Medrano y Vida Benavente Prieto, y el mismo Alemán Lacayo, quien era el Alcalde corrompido y saqueador de Managua en esos momentos.

Efectivamente, en esos días se denunció que algunos jueces y Alemán Lacayo presuntamente se reunieron para tomar la decisión de mandarme a desalojar del Apartamento No. I, del kilómetro 11 de la Carretera Sur, o sea, rumbo al Departamento de Carazo.

Además, quienes jefearon la acción criminal de quemar totalmente el Apartamento No. I y dañar parcialmente el Apartamento No. II, propiedad de Julio Alejandro Toribio Díaz, confesaban a gritos, a todo pulmón, en público, que me buscaban, que tenían como objetivo asimismo capturarme  para quemarme vivo.

 Esto último fue escuchado por casi todos los vecinos. Sostuvieron estos vecinos ante la Policía y en los Juzgados del Crimen que quienes gritaban que me buscaban para matarme eran Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, mientras Frutos Chamorro Argüello, Ruth Chamorro Martínez y un tal Jimy Najman Perezdiez (¿quién era este sujeto?) dirigían las operaciones por medio de radiocomunicadores desde la entrada Oeste a los Apartamentos mencionados, que vistos desde fuera tenían forma de Herradura.

Estos 180 matones llegaron en camiones de “Mudanza Mundiales” (¿de quién era Mudanzas Mundiales?) y carros lujosos a quemar la casa con gasolina, en los Apartamentos del Kilómetro Once Sur, situados en la orilla de la Carretera Sur, un poco después de las entradas al Colegio Calasanz y Escuela Walter Mendoza Martínez, de la Policía Sandinista, entonces, Policía Nacional ahora.

Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Ruth Chamorro Martínez y Jimy Najman Perezdiez, jefeando a 180 matones pagados, llegaron, repito, con camiones de mudanza, dispuesto a desalojar y subir (¿o robarse?) enseres domésticos ajenos como si hubieran hecho “acuerdos” bilaterales o colectivos con nosotros para que estuviésemos listos a entregarles todo lo que teníamos dentro de los seis Apartamentos en el kilómetro 11 Sur.

 Al convertir en cenizas el Apartamento I, donde vivíamos mi familia y yo, recordé aquellos momentos angustiosos, de persecusión y mortales, cuando miles de campesinos de “Rancho Grande” (Matagalpa), por ejemplo, sufrían desalojos violentísimos y quemas de sus ranchos por parte del terrateniente-latifundista Juan Palacios, esbirro del somocismo genocida, quien hacía estas operaciones de terror usando a la Guardia Nacional de la dictadura-dinastía somociana, jefeada por Anastasio Somoza Debayle.

Juan Palacios inclusive era diputado del somocismo genocida. Usaba ese cargo, al mismo tiempo, como medio de influencia somocista poderosa, pues se iba a los cuarteles de la guardia en Matagalpa y Ciudad Darío y de allí se llevaba los soldados que quería, en camiones, con armas de guerra y hasta lanzallamas para quemar los ranchos campesinos en “Rancho Grande”.

Me acordé también de Cirama y “Punta Ñata”, en Chinandega, donde asimismo centenares de campesinos sin tierra sufrieron las quemas de sus ranchitos, en la época del somocismo genocida, igualmente por parte de terratenientes-latifundistas, quienes siempre contaron con la Guardia Nacional para estas operaciones violentas, que siempre quedaron impunes.

En ambos casos, Juan Palacios y los latifundistas chinandeganos alegaban que las tierras ocupadas por los campesinos eran suyas, procedían a efectuar los desalojos masivos y para asegurarse de que los campesinos se irían para siempre, entonces les quemaban los ranchos de paja, los metían presos y hasta los mataban.

 Esta “pelea” por la posesión de los Apartamentos del kilómetro Once Sur comenzó un poco después de 1992. Estos Apartamentos eran propiedad de una ciudadana, ya anciana, que se llamó Angélica Castillo de Argüello, y la gente del vecindario les decía o nombraba “Apartamentos Argüello”.

 Ella alquilaba estos seis apartamentos desde hacía muchísimo tiempo. En los años de la década del 80, década del régimen revolucionario sandinista; le alquiló a varios salvadoreños revolucionarios que operaban aquí cuando se preparaban condiciones para el desarrollo y triunfo de la Revolución Salvadoreña.

En los primeros años de 1990 hubo una nueva camada de inquilinos, entre los cuales apareció la mismísima Ruth Chamorro Martínez, quien ocupó por algún tiempo muy corto, precisamente,  el Apartamento No. 1, el incendiado, convertido en cenizas por los 180 malandrines, donde vivíamos mi compañera Anabelle Barrera Argueta, mi hija Sofana Orquídea Barreto Barrera, de apenas ocho meses entonces; mi suegra Ercilia Argueta Cruz (recién fallecida), Iván Ramírez Barrera, hijo de Anabelle Barrera Argueta y yo.

Eran seis apartamentos  muy viejos, tal vez de más de 30 años, construidos en “minifalda”; una “fajita” de concreto abajo y tablas delgadas y vidrios también delgados. Tienen ladrillos rojos. El Apartamento I era de la misma forma.

 Estos apartamentos estaban construidos en forma de “Herradura” (vistos desde fuera), con un espacio de estacionamiento en el centro y con un corredor o patio trasero muy estrecho, que servía sólo para tender ropa y usar los lavanderos, entre una malla-cerco-límite y las paredes frágiles, ya mencionadas. Sólo los dos apartamentos del Este tenían  (o tienen) un solo patio amplio en el fondo, donde había hierbas y árboles altos.

 Según relatos oficiales de funcionarios administrativos del entonces Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos (MINVAH), entre otros Perfecto Arróliga Flores, doña Angélica Castillo de Argüello entró en serias contradicciones con los inquilinos porque intentaba cobrarles el doble de lo convenido mediante arreglos directos entre ella (doña Angélica), los inquilinos y funcionarios encargados en el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos.

Como doña Angélica no acataba o respetaba esos acuerdos oficiales, entonces el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos le fijó un acuerdo obligatorio de que los inquilinos debían depositar los pagos de inquilinato en la Caja del MINVAH, donde ella retiraba esos pagos.

Doña Angélica Castillo de Argüello falleció repentinamente. No dejó herederos, y tampoco indicaciones en el MINVAH de a quiénes entregarle el dinero del inquilinato por sus seis apartamentos alquilados en el kilómetro once de la Carretera Sur.

 Yo no tengo información de si la doctora Ruth Chamorro Martínez, jueza civil, había pagado durante su corta estadía en el Apartamento No. 1. Tampoco supe cuánto tiempo vivió allí, pero sí sé que no pagó la energía eléctrica, porque después los cobros de ENEL a su nombre,  fueron interminables.

 Por esas circunstancias especiales que uno pasa con sus familiares, en 1992 mi compañera Anabelle Barrera Argueta y yo, no teníamos dónde vivir.

 El Apartamento No. 1, ubicado al Noroeste, contiguo a la Carretera Sur, estaba desocupado y sin llave. Se conocía ya entonces que doña Angélica Argüello había fallecido y que estos Apartamentos estaban intervenidos oficialmente por el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos, según información que me confirmó Perfecto Arróliga Flores, coordinador del Comité Regional de Asuntos Habitacionales del Ministerio de la Vivienda,  en el Departamento de Managua.

Cuando nosotros llegamos, en el resto de Apartamentos ya estaban:

Julio Alejandro Toribio Díaz y su compañera Cecilia García González, Silvia de los Ángeles Ortega Rosales y su marido Jaime Aguilar Pacheco, Juan Pablo Hernández Cruz  y su esposa Brenda Henríquez Hernández,  Wilmar Suárez Bojorge y su esposa María Adilia Hernández, Boanerges Iraheta Monterrosa y su esposa Rita Mobus. Se informaba sin confirmación que estaba desocupado el Apartamento No. 4, de donde salieron numerosas agresiones posteriores  en contra de estos vecinos mencionados

 Casi inmediatamente después de nuestra llegada al Apartamento I, estos vecinos nos pusieron “al día” sobre las perturbaciones, amenazas de muerte  e intentos de desalojo por parte de un sujeto llamado Henry Núñez Abarca, quien comenzó a escandalizar y a sostener mediante esas amenazas que un tal Frutos Chamorro Argüello era el presunto dueño de los “Apartamentos Argüello”.

 Inmediatamente, desde el inicio, en 1992, estos vecinos fueron a indagar al Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos (MINVAH) sobre las afirmaciones amenazantes de estos dos personajes oscuros y extraordinariamente violentos, pirómanos, incendiarios, al parecer drogadictos, borrachos, ligados a pandilleros y delincuentes comunes, provocadores de pleitos y de escándalos, según veremos más adelante.

En el MINVAH les respondieron que no existía notificación de que doña Angélica Castillo de Argüello haya dejado  herencia destinada a este oscuro y violentísimo personaje, llamado Frutos Chamorro Argüello.

Los vecinos mencionados también procedieron a poner la denuncia por amenazas de muerte e intentos de desalojos en la Estación III de la Policía Nacional, donde fungía como jefe el Subcomandante Ernesto “Tito” Zamora, después convertido en Comisionado, el más alto rango en la Policía Nacional.

Las intrigas y conspiraciones de estos dos maleantes mencionados comenzaron desde enero de 1991 y fueron creciendo, especialmente debido a que el gobierno derechista de “Ña” Violeta Barrios viuda de Chamorro, representante de los intereses de la oligarquía local, de las empresas trasnacionales o multinacionales yanquis, del somocismo genocida y del gobierno criminal de Estados Unidos, precisamente porque se había iniciado el desmantelamiento de los logros del régimen revolucionario sandinista, entre otros, el desmantelamiento de la Ley de Inquilinato, habían comenzado la contrareforma urbana, la contrareforma agraria; estaban desmantelando en esos momentos todas las más de 500 empresas productivas estatales, habían ya desmantelado el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, estaban persiguiendo con la llamada “Cobra” a los productores agrícolas en todo el país, “Ña” Violeta Barrios viuda de Chamorro le había “perdonado” los 17,000 millones de dólares al gobierno genocida de Estados Unidos por su agresión militar, económica y de guerra sicológica a Nicaragua, en la década del 80;  le estaban devolviendo descaradamente  propiedades a los somocistasa genocidas (ahora convertidos en yanquis o “gringos caitudos”), etc.

 Cabe decir que en enero de 1991, personalmente Frutos Chamorro Argüello invadió el Apartamento de Wilmar Suárez Bojorge y le exigió que abandonara el Apartamento No. 5 “porque es mío”, aseguraba este maleante.

 Además, este nuevo “gobierno democrático”, “civilista”, “defensor del Estado de Derecho”, “promotor de Derechos Humanos de los más esenciales”, desde ningún punto de vista defendía a los pobres, a los beneficiarios de las Leyes mencionadas para la adjudicación de lotes pequeños, viviendas y tierras de la Reforma Agraria, pues al revés, este gobierno derechista de “Ña” Violeta Barrios viuda de Chamorro llegó a ocupar la silla presidencial (lamentablemente) para ser como una junta administradora de los intereses de la oligarquía nicaragüense, de las empresas trasnacionales saqueadoras y del gobierno criminal de Estados Unidos.

 Para “Ña” Violeta Barrios viuda de Chamorro era un asunto de clases. Ella fue puesta allí en esa silla presidencial para defender a su clase de explotadores burgueses o capitalistas salvajes o crueles. No fue puesta para defender a los pobres que todos los días buscan afanosamente el bocado de comida y se empeñan, precisamente, en tener un lotecito, una casita modesta en que vivir con su familia y un pedazo de tierra para cultivar frijoles, maíz, yuca, pipianes, ayotes, papayas, es decir, la comidita más elemental para sobrevivir como seres humanos, o como animales racionales en esta Madre Tierra o Naturaleza que suministra alimentos para todos los seres vivos.

Estaba claro, entonces, que las 300,000 familias beneficiarias de las Leyes 85,86 y 88, más las seis familias de estos “Apartamentos Argüello” del kilómetro 11 Sur, no serían defendidos por el gobierno de  Violeta Barrios viuda de Chamorro.

 Y así fue. No fuimos defendidos por ese gobierno de oligarcas, oportunistas y somocistas revanchistas como Arnoldo Alemán Lacayo, quien era el Alcalde de Managua, precisamente, todavía en abril de 1994.

 Por el contrario, supimos que ya en los  primeros meses de 1992, este grupo de maleantes, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, ya se habían “arreglado” y coludido con los nuevos dirigentes del antiguo Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos, que había pasado a llamarse “Banco de la Vivienda de Nicaragua”, con funcionarios de la Alcaldía capitalina de don Arnoldo Alemán Lacayo y con jueces venales o “venaderos” de ese momento.

Según el historial acumulado mediante denuncias en la Estación III de Policía Nacional, ubicada desde entonces en el Suroeste del Barrio Altagracia, estos maleantes jefeados por Frutos Chamorro Argüello, al darse cuenta de que estas seis familias (cinco familias inicialmente) se habían unido para resistir sus amenazas de muerte e intentos de desalojos, fraguaron un plan meticulosamente estudiado, suponemos, con funcionarios del gobierno de  Violeta Barrios, de la Alcaldía de don Arnoldo Alemán Lacayo y algunos jueces civiles venales.

Una de las primeras maniobras fue que desde mediados de 1992 aparecieron Henry Núñez Abarca y un tal Horacio Calero, en el Apartamento No. 4 (entonces desocupado, sin una familia dentro), con el truco de que harían reparaciones de carpintería y fontanería. Nadie los había llamado o contratado en el vecindario.

Según declaración de Marta Lorena Sinclair Payán, en el Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua, en octubre de 1993, el propio Henry Núñez Abarca, enviado de Frutos Chamorro Argüello, le propuso a ella la oferta de su jefe (Chamorro Argüello) de 10,000 dólares por la cabeza (eliminación física) de cada uno de los siguientes vecinos: Wilmar Suárez Bojorge, Julio Toribio Díaz y Jaime Aguilar Pacheco.

Es decir, matarlos por un precio de 10,000 dólares cada uno.

 Para que este plan mortal se hiciera efectivo, Núñez Abarca le propuso a Sinclair Payán que organizara una fiesta en uno de los Apartamentos Argüello, en diciembre de 1993, aprovechando el “truco” de las supuestas reparaciones. Todos los gastos de la fiesta correrían por parte de Frutos Chamorro Argüello, y al parecer los ejecutores personales del crimen serían el mismísimo Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, tal vez Horacio Calero y quizás toda una pandilla de delincuentes contratados para tal finalidad.

Sinclair Payán emitió esta declaración jurada también ante el abogado Leonel Antonio Torres Alfaro, el 26 de enero de 1994. Aseguró que ella (Sinclair Payán) rechazó de inmediato la oferta criminal de Henry Núñez Abarca, quien la había llevado al Apartamento 4 como contratada para efectuar quehaceres domésticos.

Sin embargo, estos maleantes, encabezados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Horacio Calero, llegaron a los Apartamentos Argüello el 16 de octubre de 1993, a las cinco de la tarde, nuevamente armados con pistolas, escopetas, bayonetas, un fusil galil y un fusil fal. Llegaron a bordo de tres vehículos lujosos. Se bajaron y entraron al Apartamento No. 4, donde conminaron a Sinclair Payán a que se dispusiera a organizar la fiesta mortal exigida.

 En vista de la negativa de Sinclair Payán, Chamorro Argüello y Núñez Abarca entraron en más cólera violentísima y procedieron a ponerle una pistola en la cabeza de Sinclair, mientras Núñez Abarca le decía: “Vos tenés qué hacer lo que nosotros digamos…para eso te trajimos aquí”, denunció Sinclair Payán en el Juzgado Quinto  Local del Crimen ya referido.

Según señaló, tuvo que retirarse de allí de los Apartamentos porque comprendió que ella también corría peligro de muerte.

Empero, el día anterior, 15 de octubre en la noche y 16 de octubre en la madrugada, estos mismos sujetos (Chamorro Argüello, Núñez Abarca y Horacio Calero) efectuaron una fiesta con una discomóvil dentro del Apartamento No. 4, contra la voluntad de Sinclair Payán y de los vecinos, para lo cual llevaron los aparatos de sonido en varios vehículos, acarrearon a numerosos pandilleros y delincuentes comunes y a numerosas mujeres prostitutas, según las denuncias en la Estación III de la Policía y del Juzgado Quinto Local del Crimen de la misma Sinclair Payán y de los vecinos Wilmar Suárez Bojorge, Julio Alejandro Toribio Díaz, Silvia Ortega Rosales y Boanerges Iraheta Monterrosa.

La fiesta con discomóvil comenzó ruidosa, a esos de las siete de la noche, tal como la querían los maleantes. Por supuesto, los vecinos de los Apartamentos y residentes de los alrededores, no estaban durmiendo porque el estruendo musical y los gritos de estos sujetos, lo impedían.

Cuando ya era cerca de la una de la mañana, la fiesta fue transformada en actos totalmente delictivos y amenazas abiertas de muerte contra los vecinos.

Con bayonetas de los fusiles, cuchillos y machetes, procedieron a destrozar las llantas de los vehículos de Silvia Ortega Rosales, Jaime Aguilar Pacheco, Juan Pablo Hernández y Wilmar Suárez Bojorge.

Casi al mismo tiempo, personalmente Frutos Chamorro Argüello y Henry Núñez Abarca, ambos portando fusiles automáticos (¿de dónde los habían tomado?) y escopetas, se dedicaron a insultar a gritos a todos los vecinos, especialmente a Wilmar Suárez Bojorge, Julio Toribio Díaz, a Juan Pablo Hernández, a Jaime Aguilar Pacheco y a Iraheta Monterrosa.

Ambos maleantes, completamente borrachos, fueron hasta las puertas de los Apartamentos de Wilmar Suárez Bojorge y Julio Toribio Díaz y se las golpearon con las culatas de los fusiles; patearon las mismas puertas, los conminaban a salir, y al mismo tiempo afirmaban que  nos matarían a todos si no nos íbamos de los “Apartamentos Argüello” en esa misma semana.

Los vecinos llamaron a la Estación III de la Policía, de donde llegaron dos patrullas, pero Chamorro Argüello como que “olfateó” y se fue raudo antes que llegaran los agentes policiales, quienes lograron capturar “infraganti” todavía a Henry Núñez Abarca, Horacio Calero y otros. Les encontraron las armas, las bayonetas, cuchillos y hasta una bolsa de cocaína en uno de los vehículos.

Sin embargo, muy pronto quedaron libres, ¿por qué?,  ¿qué corona o privilegios tenían en la Estación III de la Policía?

El colmo fue que ese mismo día 16 de octubre (1993), a las cinco de la tarde, personalmente volvió a llegar armado Frutos Chamorro Argüello, con un fusil en la mano, apuntando hacia los ventanales de los Apartamentos, afirmando que nos iba a matar a todos.

A gritos exigía que todos saliéramos de inmediato de los Apartamentos.

Chamorro Argüello se revolvía en sí mismo, se movía nerviosísimo, como un drogado sin controles, vociferaba, tenía arranques violentos como de fiera herida mientras se desplazaba apuntando con un fusil galil hacia todos los Apartamentos.

La mayoría de los vecinos no habían llegado de sus labores cotidianas o funciones laborales en empresas privadas o en el Estado. Sí estaban en sus Apartamentos Julio Toribio Díaz y su esposa Cecilia, Juan Pablo Hernández y su esposa Brenda Henríquez Hernández y Rita Mobus.

Como Julio y Juan Pablo salieron al estacionamiento de los Apartamentos y le ripostaron a Frutos Chamorro Argüello que no saldríamos de allí, “porque usted no es dueño de estos Apartamentos, nadie lo ha nombrado heredero”, entonces Chamorro Argüello los encañonó en la cabeza y amenazó con matarlos en ese instante.

Ese día 16 de octubre, casi todos estos vecinos al fin conocieron personalmente a Frutos Chamorro Argüello. Un sujeto pelo rojo, chele, corpulento, violentísimo en extremo, gritón, con rostro congestionado y aspecto de drogadicto incontrolable y siempre amenazando de muerte, sosteniendo al mismo tiempo: “Yo estoy protegido…y les voy a demostrar que los voy a sacar de aquí… y por último, le pego fuego a esta mierda para que salgan de aquí como las ratas”, amenazó mortalmente una vez más cuando eran las cinco y media de la tarde de ese día.

 Finalmente, al comprender que podían llegar agentes de la Estación III de Policía, se fue, sin poder cumplir ninguna de sus dos amenazas criminales, pero igual que sus pares Juan Palacios (Matagalpa) y Mántica (Chinandega), en la época del régimen somocista genocida, don Frutos Chamorro Argüello había sembrado el terror una vez más entre los habitantes de los “Apartamentos Argüello” y en los alrededores del Kilómetro 11 de la Carretera Sur, o Carretera Panamericana, que te conduce rumbo al Departamento de Carazo y a Peñas Blancas.

Yo  nunca pude conocer personalmente a este sujeto Chamorro Argüello despreciable e infame, ni a sus tres compinches principales: Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro y Jimy Najman  Perezdiez, también ruines y crueles.

 Todo lo acontecido la noche anterior (15) y ese día 16 de octubre se le puso en conocimiento a las autoridades de la Estación III de la Policía y al titular del Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua. Los vecinos se presentaron a ambas instituciones ese mismo día, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se supo que pocas horas después los maleantes andaban libres, y que Frutos Chamorro Argüello no fue capturado, ni molestado de ninguna forma.

La misma Estación III de la Policía levantó información oficial de los hechos, pues llegó una patrulla al momento en que todavía escandalizaban estos maleantes, y se llevó detenidos a varios.

Este servidor (Pablo E. Barreto Pérez) suministró fotos del momento en que estaban siendo capturados algunos de estos delincuentes que estaban actuando con alevosía, planificación y ventaja en todos los sentidos; en las fotos se podían ver parte de las armas que andaban. Se entregaron fotografías de los daños a los Apartamentos y a los vehículos ya mencionados, y todo esto aparece registrado oficialmente en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, donde se registró el juicio formal contra estos incendiarios criminales, después de ejecutado el incendio criminal el 14 de abril de 1994, a las cinco y media de la tarde.

 Este asunto violento era de vieja data, es decir, se venía registrando mucho antes de los días 15 y 16 de octubre de 1993, pues hicieron escándalos delictivos similares, por ejemplo,  el 28 de agosto de 1992, los cuales también fueron registrados con fotografías, declaraciones de denuncias y testificales  de vecinos de los alrededores en la Estación III de la Policía y en el Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua.

Volvieron a presentarse armados y borrachos con una turba de sujetos, el 24 de enero de 1994, a las 11:30 am., aparentemente delincuentes, en varios vehículos lujosos y nuevos; vociferando y lanzando las mismas amenazas de muerte y de convertirnos en cenizas si no abandonábamos los Apartamentos al siguiente día.

Como siempre, la banda de maleantes andaba jefeada por Frutos Chamorro Argüello y Henry Núñez Abarca. Los vecinos me contaron que Chamorro Argüello andaba con los ojos desorbitados, que actuaba como fiera herida, muy nervioso, como si anduviese “arriba de los cables”, “en el aire”, por los efectos de drogas alucinógenas.

La misma compañera trabajadora Marta Sinclair Payán relató en el Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua que ese día 24 de enero de 1994 ella llegó por casualidad a los “Apartamentos Argüello”, y que allí mismo Chamorro Argüello amenazó con pegarle un balazo, y le dijo a ella: “…ni te conozco”.

Y fue más criminal todavía la agresión efectuada por estos sujetos en febrero de 1994, cuando ya llegaron con una pandilla de hombres armados, contratados para desalojarnos como fuese, al parecer incluyendo el uso de armas blancas y de fuego, pero fueron rechazados (dichosamente) por una Brigada Antidesalojos de casi 100 compañeros y compañeras del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) de Managua y Nacional, organización popular que en ese momento asimismo libraba una batalla organizada, firme, sin cuartel, contra los desalojos a decenas de miles de familias pobres en Nicaragua.

Antes de este plan criminal de intentos de asesinatos contra Suárez Bojorge, Julio Toribio Díaz y Jaime Aguilar Pacheco, ya mencionado, el mismo Frutos Chamorro Argüello, al parecer en contubernio con funcionarios del gobierno derechista y jueces venales, sin tener declaratoria de heredero,  ni proceso judicial relativo a esta propiedad,  ni sentencia judicial alguna, como los buitres y aves de rapiña ya se habían repartido los Apartamentos, pues el nueve de febrero de 1993 un tal José Ney Guerrero (¿quién era este otro sujeto oscuro?) aparece afirmando ante el abogado y Notario Público, Ramón Gómez Rocha y la jueza Tercero Civil del Distrito de Managua, Vida Benavente Prieto (de malísimos recuerdos para miles de familias pobres en Managua), que él (Ney Guerrero) es “Apoderado Generalísimo Judicial de Inversión de Desarrollos Globales S.A.”, y que esta empresa (¿?empresa, cuál, cómo??) representada por él es “dueña” “en dominio y posesión de un lote de terreno situado como a dos leguas de distancia de esta ciudad, adyacente en la Carretera que conduce a Diriamba, con una superficie de 5,000 varas cuadras”, donde se encuentran construidos seis Apartamentos…” ¿Cuáles apartamentos?

 Sí, como por arte de magia “Desarrollos Globales S.A.”, al parecer empresa de “fachada”  en aquel momento, ya aparecía ante el Juzgado Tercero Civil de Distrito de Managua, de doña Vida Benavente Prieto y el abogado Gómez Rocha mencionado, sosteniendo que los apartamentos eran suyos, que los tenía “en dominio y posesión”, lo cual era completamente falso, pues ninguno de estos maleantes fue nunca residente formal en los “Apartamentos Argüello”. Nunca vivieron en los “Apartamentos Argüello”  ni un solo día, ni una sola mañana, ni una sola tarde3, ni una sola noche.

 Unas pocas semanas antes de este otro acto infame de José Ney Guerrero, Frutos Chamorro Argüello se había hecho aparecer a sí mismo como “dueño en posesión y dominio” de los Apartamentos y como “representante legal y Apoderado Generalísimo de Inversión de Desarrollos Globales S.A”, a cuya figura, presuntamente legal, hizo aparecer posteriormente como la supuesta dueña de los Apartamentos Argüello, al estar claro, me imagino, de que él (Frutos Chamorro Argüello) no podría contra las seis familias residentes en estos Apartamentos del Kilómetro 11 de la Carretera Sur.

Mientras iban y venían las acusaciones contra Frutos Chamorro Argüello en la Estación III de la Policía y en el Juzgado Quinto Local del Crimen, se le pidió, se le exigió por parte de los vecinos residentes en los Apartamentos, repito, que mostrara pruebas documentales y mediante sentencias judiciales firmes, de que él era el dueño o heredero de doña Angélica Castillo de Argüello, lo cual nunca pudo demostrar. No hubo  nunca una declaración de heredero a su favor. Ni siquiera un juicio suyo en los juzgados civiles de Managua, como presunto heredero.

 La incuestionable verdad es que nunca pudo probar que él fuese el dueño de los “Apartamentos Argüello”, mucho menos que probara que “Inversiones Desarrollos Globales S.A.” fuese la fantasmal dueña, por cuanto para llegar a eso se hubiera requerido de todo un proceso judicial largo, con su respectiva sentencia firme, lo cual nunca salió a luz pública.

  ¿Los Apartamentos fueron vendidos, trasladados, regalados, embargados, cómo hicieron esta magia de convertirse en supuestos dueños de los Apartamentos?

 Estos supuestos propietarios nunca fueron visibles, pero al mismo tiempo aparecían trasladándole la “propiedad” de los Apartamentos a Jimy Najman Perezdiez, un sujeto que no era nicaragüense, según vamos a ver más adelante.

 ¿Cómo era este enredo que armaron estos buitres o lagartos protegidos por jueces venales y gobernantes también vendidos?

 Este asunto es realmente insólito, pues en la misma fecha del nueve de febrero de 1993, en el Juzgado Tercero Civil de la doctora Benavente Prieto estos sujetos maleantes armaron el inicio de una supuesta legalidad para acusarnos a los vecinos de los seis Apartamentos por “comodato precario”, por supuesta rebeldía porque no habíamos acudido a supuestas citas judiciales para un juicio en contra de nosotros: Pablo E. Barreto Pérez, Julio Toribio Díaz, Wilmar Suárez Bojorge,  Juan Pablo Hernández, Boanerges Iraheta Monterrosa y Silvia Ortega Rosales.

 Armaron toda esta patraña a espaldas nuestras, en los corrillos judiciales y en los círculos de negociados sucios con propiedades en conflicto como la de los “Apartamentos Argüello”.

El escrito de este Ney Guerrero, de solicitud de desalojo, fue presentado ante la jueza Benavente Prieto a las diez y 30 minutos de la mañana de ese nueve de febrero, por “comodato precario”, y ese mismo día nueve de febrero de 1993, esta jueza emitió la “diligente” sentencia de desahucio en contra de los ya mencionados habitantes o residentes de los “Apartamentos Argüello”, sin notificación a los perjudicados de que estaban siendo enjuiciados por “comodato precario”.

La resolución de Vida Benavente Prieto, Jueza Tercero Civil del Distrito de Managua, dice textualmente:

“Por lo tanto:  De conformidad con lo considerado y artos., 434, 444 y 446 Pr., la suscrita juez resuelve: Se mantiene el Desahucio de la propiedad que pertenece a Inversiones y Desarrollos Globales S.A., descrito y deslindada en los Vistos resulta de esta Sentencia, por consiguiente el señor Pablo Emilio Barreto Pérez, deberá restituir dicho inmueble y para ello se le señala un plazo  de 30 días a partir de la correspondiente Notificación.´- Cópiese y Notifíquese.- Entrelíneas.-primero.-Vale.- Vida Benavente Prieto”.

Este párrafo final, de la mencionada resolución judicial, fue igual para todos los vecinos acusados de “comodato precario” por quienes nunca fueron dueños de nada en los “Apartamentos Argüello”, mientras en estos juzgados mencionados les admitieron todas estas ilegalidades oscuras.

En el caso de la mayoría de los residentes en los  “Apartamentos Argüello” no eran ocupantes ilegales, para comenzar, pues habían firmado contratos con doña Angélica Argüello, y además el Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos había intervenido en este asunto porque ella se negaba a recibir la cuota fijada (pago en córdobas me3nsualmente) por el Ministerio de la Vivienda por el alquiler de estos Apartamentos.

Pero estos maleantes, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, con cómplices en el gobierno chamorrista y en la Alcaldía corrompida de don Arnoldo Alemán Lacayo, no acusaron al Ministerio o Banco de la Vivienda, sino que procedieron a acusarnos a los moradores de los “Apartamentos Argüello”, tal como se estaba haciendo contra otras 300,000 familias pobres en todo el país, por la misma causa de lotes, casas y tierras otorgadas por la Reforma Agraria del Régimen Revolucionario Sandinista.

Es decir, el nuevo gobierno derechista daba paso a todo tipo de maniobras legales sucias para que los ricachones, terratenientes, somocistas y maleantes como Frutos Chamorro Argüello se apoderaran de propiedades protegidas mediante las Leyes 85, 86 y 88; y por la Ley de Repartos Intervenidos y la nueva Ley de Inquilinato, la cual, en este caso, era aplicada a doña Angélica Castillo de Argüello mientras estuvo funcionando el régimen revolucionario sandinista.

Violento intento de desalojo en marzo de 1994

Rechazo contundente de las Brigadas Populares Antidesalojos

 Hasta este momento la defensora nuestra había sido la doctora  (abogada) Rosa María Pérez, quien en realidad no hizo lo necesario en nuestra defensa.

Por mi relación directa con el Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), recurrí donde sus dirigentes nacionales, entre otros: Enrique Picado Álvarez y Orlando Blandón Lagos, para plantear las sofocantes y estranguladoras amenazas de desalojo y de muerte que nos estaban lanzando jueces civiles de Managua y Frutos Chamorro Argüello con su pandilla de maleantes.

Picado Álvarez y Blandón Lagos tomaron la decisión de apoyarnos con una Brigada Popular de Apoyo Antidesalojos, integrada por más de 50 hombres y mujeres del Movimiento Comunal Nicaragüense de las comarcas de los alrededores del kilómetro 11 Sur y del Municipio de Diriamba, en el Departamento de Carazo.

Asimismo, por medio del Movimiento Comunal Nicaragüense contactamos a la abogada Dinorah Parrales, de Diriamba (Carazo), muy conocida porque, igual que yo, en esos momentos libraba batallas legales firmes, tercas y decididas a favor de centenares de familias pobres que estaban siendo desalojadas de sus lotes, casas y tierras de la Reforma Agraria del régimen revolucionario sandinista.

La doctora Parrales, aunque contradictoria en algunos momentos, agarró inmediatamente el conflicto nuestro de los Apartamentos Argüello como si fuese suyo.

Desde el comienzo, todos los días, muy de mañana, venía de Diriamba a Managua. A veces se quedaba durmiendo con nosotros en los Apartamentos, y el 14 de abril de 1994, día del incendio criminal, allí estaba enfrentando a los criminales de la pandilla de Frutos Chamorro Argüello y a la jueza venal Ruth Chamorro Martínez, quien descaradamente defendió en campos pagados de periódicos el hecho de haber llegado a intentar el desalojo con una pandilla de 180 maleantes y no acompañada por la Policía, como indica la Ley respectiva.

Los miembros de la Brigada Popular de Apoyo y Antidesalojos del Movimiento Comunal Nicaragüense de Managua, compuesta por hombres y mujeres, mientras tanto, se turnaban para apoyarnos. Unos estaban en el día y otros en la noche, incluyendo un grupo de compañeros de Diriamba, como dije.  Todos ellos y ellas, encabezados por Orlando Blandón Lagos, coordinador del Movimiento Comunal en el Departamento de Managua.

Teníamos que buscar comida para ellos, y en ocasiones lográbamos solidaridad de otros sectores sociales para sostener esta lucha que se había vuelto simbólica por su resistencia en este sector pequeño de Managua.

Sin embargo, la maquinaria judicial civil y los intereses oligárquico-somocistas-conservadores se había echado a andar en contra de nosotros, y estaba en pleno apogeo en contra de decenas de miles de familias pobres, especialmente si eran sandinistas,  en toda  Nicaragua.

La doctora Dinorah Parrales, reunida con nosotros, armó un plan legal y nos advirtió que la batalla legal frente a estos intereses judiciales y gubernamentales corrompidos, posiblemente no funcionaría, y que paralelamente debíamos organizarnos interna y externamente para resistir al desalojo lo más que pudiéramos.

Efectivamente, hicimos un plan para resistir el desalojo. Con la Brigada de Apoyo del Movimiento Comunal Nicaragüense nos turnábamos (los vecinos) de noche y de día, para resguardar los Apartamentos Argüello contra una nueva embestida de la pandilla de maleantes de Frutos Chamorro Argüello, cuya visita esperábamos de un momento a otro.

Nuestras sospechas se confirmaron, cuando el Juez Cuarto Civil del Distrito de Managua, Encarnación Castañeda Miranda, en cuyo juzgado nunca estuvimos acusados por “comodato precario”, el 24 de marzo de 1994, lanzaba una especie de ordenanza militar,  para que Frutos Chamorro Argüello entregase los Apartamentos  al otro maleante llamado Jimy Najman Perezdiez, haciéndolo aparecer como el nuevo supuesto “dueño” de los Apartamentos Argüello.

 Como dije y queda claro: en los Apartamentos nunca vivieron o residieron ni Frutos Chamorro Argüello, ni Jimy Najman Perezdiez, ni nadie de Inversiones Globales Sociedad Anónima, por tanto no estaban “en posesión y dominio” como decían ellos y las sentencias judiciales de estos jueces civiles venales.

 Esa sentencia o especie de orden militar de Castañeda Miranda, decía lo siguiente:

“-Mandamiento-Encarnación Castañeda Miranda, Abogado y Juez Cuarto Civil del Distrito de Managua, a cualquier autoridad competente a quien le fuere cometido el presente mandamiento:

Hace saber y ordena:

En virtud que el ejecutado empresa Desarrollos Globales Sociedad Anónima, representada por el Apoderado Generalísimo y Representante Legal señor Frutos Chamorro Argüello, fue requerido a las nueve y treinta minutos de la mañana del día dieciséis de marzo  de mil novecientos noventa y cuatro, para que hiciera entrega de la posesión al señor  Jimy Najman Perezdiez, del inmueble ubicado en el kilómetro once de la Carretera Sur, cuyo antecedente se encuentra inscrito bajo el número 26.527; Tomo 940; Folio76/97; Asiento 4, Columna de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, libro de Propiedades del Registro Público de Managua, número catastral: 2952-3—07-089-03800. Que tiene construidos seis apartamentos de madera y concreto. Con los siguientes linderos particulares: norte: Predio de Ernesto Salazar; Sur: Predio general; Oriente: resto del predio general; Poniente: carretera pavimentada a Diriamba. Y como el ejecutado empresa Desarrollos Globales Sociedad Anónima, representada por el señor Frutos Chamorro Argüello, no ha entregado la posesión del inmueble descrito, decrétese inmisión en la posesión del inmueble y entréguese por esta autoridad al señor Jimy Najman Perezdiez/ o a quien le fuere cometido por Mandamiento ejecutivo/, con apoyo de la fuerza pública si fuere necesario, con base en el Arto.1834 Pr.  Y dada la posesión líbrese al posesionado certificación de las diligencias para guarda de sus derechos. Se libra este mandamiento por estar ordenado en auto solvendo de las ocho y treinta minutos de la mañana del 24 de marzo en curso. Dado en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito de Managua a los veinticuatro días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro. Encarnación Castañeda Miranda”.

 Así era de descarado y sucio este asunto en contra de las seis familias de los seis Apartamentos Argüello en el kilómetro 11 de la Carretera Sur.

Como vimos antes, Frutos Chamorro Argüello no demostró en ninguna parte, por ningún medio judicial o legal, ser dueño de nada en los Apartamentos. Nunca, ninguno de ellos estuvo residiendo en ninguno de los Apartamentos, por tanto no tenían nada “en dominio” ni “en posesión” como decían estos maleantes.

A todos nosotros se nos había acusado en otros juzgados civiles por “comodato precario”. Y ya resultaba, según se aprecia en estas sentencias judiciales de Vida Benavente Prieto y de Encarnación Castañeda Miranda (ambos titulares de dos juzgados civiles diferentes), que sin terminar los juicios mañosos, sucios, en contra de las seis familias, ahora resultaba que Frutos Chamorro Argüello, sin ser dueño, sin estar en posesión ni dominio de nada, sin juicio, pero con “diligencia” impecable y al mejor estilo de ordenanza militar, Castañeda Miranda procedía mediante “sentencia judicial” sin razones da orden que en nombre y representación “generalísima” de “Desarrollos Globales Sociedad Anónima”, Frutos Chamorro Argüello recibía la orden de entregarle los Apartamentos Argüello al otro lagarto voraz y maleante llamado Jimy Najman Perezdiez.

 ¿Cómo entender todas estas infamias y suciedades judiciales mercantiles?

Veamos cómo estas infamias al parecer estaban bien planificadas y coordinadas entre jueces civiles.

Dos días antes, el 22 de marzo de 1994, la jueza Segundo Local Civil, Ruth Chamorro Martínez, le manda una notificación, en papel corriente (no membretado), al responsable de la Estación III de la Policía Nacional (era Ernesto “Tito”  Zamora), anunciándole que precisamente el 24 de marzo, en “horas hábiles” tiene que “realizar un lanzamiento en contra de los señores: Wilmar Suárez Bojorge, Pablo Emilio Barreto Pérez, Silvia de los Ángeles Ortega, Julio Alejandro Toribio Díaz, Petrona Julia Caballero Barrera, Boanerges Iraheta Monterrosa, transcríbole el auto que íntegra y literalmente dice; Juzgado Segundo Local Civil. Managua, veintidos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.- Las dos de la tarde.- Visto el escrito que antecede y de conformidad con el Arto. 509 Pr., Cumplase con lo ordenado por el Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua, en el auto de la una de la tarde del día veintidos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y para su debido cumplimiento señalase para el efecto el día jueves veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en horas hábiles . Hagase acompañar esta Autoridad de la Fuerza Pública para su debido cumplimiento. Notifiquese.- R. Chamorro M. Lopez C. Sria”.

 Como vemos, el descaro de ambos jueces civiles es demasiado notorio, pues la orden terminante, casi militar de Encarnación Castañeda Miranda, de entregar los Apartamentos Argüello por parte de “Desarrollos Globales Sociedad Anónima/Frutos Chamorro Argüello a Jimy Najman Perezdiez” fue emitida a las ocho y media de la mañana del 24 de marzo de 1994, mientras doña Ruth Chamorro Martínez, juez Segunda Local Civil, comunica al jefe de la Estación III de Policía, el 22 de marzo, dos días antes, que hay una orden de lanzamiento, de desalojo, en contra de los vecinos mencionados, emitida presuntamente por Encarnación Castañeda Miranda, Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua.

¿Quién de los jueces civiles de Distrito le dio la orden a Ruth Chamorro Martínez para que incluso  se adelantara en dos días, anunciándole a la Estación III de Policía que el desalojo lo haría efectivo el 24 de marzo?

 ¿Se habían puesto de acuerdo previamente para hacer circular esta documentación oficial y sobre la fecha en que harían el desalojo violento y la entrega de los Apartamentos Argüello por parte de “Desarrollos Globales Sociedad Anónima”/Frutos Chamorro Argüello a Jimy Najman Perezdiez?

 ¿Por qué si Vida  Benavente Prieto, jueza Tercero Civil de Distrito de Managua, que había emitido la sentencia de desalojo contra las seis familias, sí, por qué no efectuó ella personalmente el desalojo violentísimo, incendiario y con intento de asesinatos, en contra de nosotros?

 ¿Todo esto probaría, entonces, que hubo reuniones secretas de jueces civiles para tomar la decisión de efectuar el desalojo violento en los Apartamentos Argüello?

Algo más en esta infamia incendiaria, pues resulta que efectivamente el 24 de marzo de 1994, a las dos de la tarde, intentaron el desalojo violento, no con la presencia o auxilio de la “Fuerza Pública” o Estación III de la Policía (ubicada en el Sur del Barrio Altagracia, Distrito III), sino con alrededor de 300 pandilleros y delincuentes, contratados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, y se informó que allí andaba doña jueza Ruth Chamorro Martínez, según denunciaron la doctora Dinorah Parrales y  el Diario BARRICADA el 25 de marzo de 1994.

 

La denuncia de la doctora Parrales y del vecino Boanerges Iraheta Monterrosa añadió que los 300 maleantes de Frutos Chamorro Argüello utilizaron varios camiones, y supuestamente procedían de Barrios orientales de Managua y del Municipio de Ticuantepe.

 

De acuerdo con la investigación policial y vecinal, Chamorro Argüello y su banda de foragidos se bajaron en el kilómetro diez y medio de la Carretera Sur, y desde allí a los maleantes los organizaron en varios grupos, para intentar el desalojo violento.

Frutos Chamorro Argüello envió “una avanzada” de unos 100 de estos pandilleros y delincuentes, para ver si rompían la resistencia de los vecinos y de la Brigada Popular de Apoyo Antidesalojos a las familias que estaban siendo desalojadas por órdenes o sentencias amañadas de estos jueces civiles venales de Managua y del resto de Nicaragua.

 

Esa tarde del 24 de marzo de 1994 había más de 50 hombres y mujeres de estas Brigadas Populares, más algunos de los vecinos, y todos estaban armados con garrotes, machetes, piedras, tiradoras y hasta perros bravos. Además, se había colocado un cerco de alambres de púas en la entrada a los Apartamentos Argüello.

 

Los pandilleros y delincuentes intentaron meterse, pero de inmediato fueron enfrentados y rechazados con solidez, lo que llenó de miedo a los enviados infames de don Frutos Chamorro Argüello y de doña Ruth Chamorro Martínez, quienes, según se estableció, se habían quedado a medio kilómetro, observando, como “ajuchando” perros para que mordieran a sus víctimas. Algunos de estos delincuentes llegaron armados con cuchillos, machetes, navajas, botellas quebradas y bates, según establecimos los vecinos afectados ese mismo día en la tarde y noche.

 

Oficiales y agentes de la Estación III de la Policía Nacional llegaron una vez más a los Apartamentos, recogieron y verificaron información acerca de la llegada de la pandilla mencionada de Frutos Chamorro Argüello y de la jueza civil Ruth Chamorro Martínez, quien tampoco había solicitado apoyo o respaldo policial para ejecutar este nuevo intento de desalojo, confirmamos en el Puesto de Mando Nacional de la Policía.

 

Los habitantes de los Apartamentos Argüello y vecinos de los alrededores ayudaron a los oficiales de la Policía a encontrar pruebas materiales de la presencia de los pandilleros o delincuentes, encabezados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro y Horacio Calero, además de relatos y descripciones de testigos presenciales sobre cómo llegaron estos verdugos en sus nuevos intentos de desalojo por la vía de la violencia, para lo cual recurrieron, una vez más, a la contratación de centenares de maleantes, unos del casco urbano de Managua y otros, la mayoría, originarios del Municipio de Ticuantepe, territorio perteneciente al Departamento de Managua.

 

En los alrededores se encontraron cuchillos, machetes y varillas metálicas abandonados,  tirados al suelo y “al monte” en la huida veloz de estos delincuentes, quienes al parecer creyeron que oficiales y agentes de la Policía estaban llegando al escenario en que pretendían cometer nuevos delitos.

 

Estos objetos metálicos y relatos de testigos presenciales nutrieron más el expediente voluminoso que ya tenía la Estación III de la Policía, ubicada en el Sur del Barrio Altagracia, y jefeada por el Comisionado Ernesto “Tito” Zamora, cuyo comportamiento era asimismo  un poco dual o raro para nosotros los residentes de los Apartamentos Argüello, según veremos a lo largo de este libro.

 

Los miembros de las Brigadas de Apoyo y los vecinos de los Apartamentos Argüello éramos mucho menos en número que la banda delictiva de los dos Chamorro (Frutos y Ruth-jueza venal), pero los pandilleros y el mismo Frutos Chamorro Argüello se llenaron de miedo al ver la decisión inquebrantable de rechazar a los foragidos desalojadores.

 

Algunos miembros de estas Brigadas de Apoyo (“Antidesalojos”, por solidaridad entre pobres) llegaban en la tarde y en la noche, después de sus deberes laborales de cada uno. Eran muy pocos quienes permanecían todo el día apoyándonos en los Apartamentos Argüello.

 

Fundamentalmente, eran dos grupos: Uno muy pequeño, procedente de Diriamba, cuyos integrantes venían todos los días a apoyarnos, y eran amigos de la doctora Dinorah Parrales, la abogada defensora nuestra; un segundo grupo era del casco urbano de Managua, orientado directamente por el Movimiento Comunal Nicaragüense capitalino, encabezado por Orlando Blandón Lagos y Enrique Picado Álvarez

Este último grupo era integrado, al mismo tiempo, por hombres y mujeres comunales de Comarcas de los alrededores del kilómetro 11, fundamentalmente de Nejapa, San José de La Cañada, Cedro Galán y Monte Tabor.

 

Entre los miembros de ambos grupos estaba también con nosotros un compañero salvadoreño, a quien sólo le decíamos “Don Henry, el tranquilo”. Siempre nos estaba apoyando dentro de los Apartamentos Argüello.

 

Con el gobierno central o nacional y la Alcaldía de Managua en sus manos, la oligarquía local, los antiguos somocistas confiscados de sus tierras, casas y negocios (pero sin su Guardia Nacional genocida y otros órganos de represión sangrienta y mortal) y don Arnoldo Alemán Lacayo, somocista, ladrón y teniendo como fuente de saqueo permanente la Comuna capitalina, se sentían omnipotentes para ejecutar constantemente, todos los días, desalojos masivos en contra de pobladores pobres, entre los cuales nos contábamos los residentes en los Apartamentos Argüello del kilómetro 11 de la Carretera Sur.

 

********

 

 

Inician plan operativo criminal de desalojo

 

En los Apartamentos Argüello cotidianamente el ambiente era que en la casa de Julio Toribio Díaz (músico de profesión, miembro de la Banda Municipal de Músicos de la Alcaldía de Managua), su mujer Cecilia García González y él mismo Julio, horneaban donas para irlas a vender.

 

Anabelle Barrera Argueta, mi compañera y esposa, asimismo, vendía sorbetes en el Apartamento No. I (quemado totalmente), en compañía de su madre Ercilia Argueta viuda de Barrera y de su hijo Iván Ramírez Barrera, jovencito en esos días. En mi caso, yo me iba todos los días a las siete de la mañana para el Diario BARRICADA, donde hacía labores de periodista, fotógrafo, laboratorista y editor de páginas, hasta dejar todo concluido, lo cual terminaba a las seis de la tarde, a las nueve o diez de la noche, o a veces hasta las cuatro o cinco de la mañana.

 

Silvia Ortega Rosales daba clases todo el día en la Universidad de Ingeniería (UNI). Su marido Jaime Aguilar laboraba en una oficina privada.

 

Juan Pablo Hernández  Cruz laboraba en una oficina privada, mientras su esposa Brenda Henríquez Hernández, permanecía en su Apartamento. Wilmar Suárez Bojorge laboraba todos los días como uno de los funcionarios más importantes de la Cementera en San Rafael del Sur. Mientras tanto, su esposa María Adilia Hernández de Suárez, fabricaba repostería para irla a vender fuera de los Apartamentos Argüello.

 

Rita Mobus (ciudadana nicaragüense-alemana) laboraba en la Embajada de Alemania. Su marido, Boanerges Iraheta Monterrosa (salvadoreño-nicaragüense) igualmente laboraba en la sede diplomática alemana.

 

 

Víctor… policía, laboraba diariamente en la Estación III de la Policía.

 

Como era costumbre, la mayoría de los residentes andábamos fuera ejerciendo funciones laborales y unos (y unas) pocos estaban en los Apartamentos ese día 14 de abril de 1994.

 

Estaban en los Apartamentos: Anabelle Barrera Argueta, su mamá Ercilia, su hijo mayor Iván Ramírez Barrera, con Sofana Orquídea Barreto Barrera, quien apenas tenía ocho meses de vida en esos días y la trabajadora doméstica Marcia Lorena Cabrera Lacayo; Julio Alejandro Toribio Díaz y Cecilia García González, Brenda Henríquez Hernández y su marido Juan Pablo Hernández Cruz; también estaba “Don Henry, el tranquilo” y como ya era costumbre por esta batalla cotidiana Antidesalojos contra los agresores oligárquicos y somocistas, estaba asimismo la doctora Dinorah Parrales.

 

Debido a las labores cotidianas y porque no teníamos dinero para comprar la comida necesaria para tantos integrantes de la Brigada de Apoyo o Antidesalojos, eran también muy pocos los miembros (y  miembras) de la Brigada apoyándonos ese día 14 de abril  de 1994.

 

Yo estaba laborando en el Diario BARRICADA.

 

El Plan violento de desalojo y manipulado, retorcido, vengativo, revanchista e ilegal, sin embargo, estaba listo y caminando, con la complicidad plena y participante directa de la jueza Ruth Chamorro Martínez, según ella misma escribió, confesó y publicó en campos pagados de medios de comunicación privados locales, entre otros, el Diario LA PRENSA, según veremos más adelante en las páginas de este libro.

 

Según vimos en páginas anteriores, el Plan de Desalojo (casi como ordeno militar) fue fijado por Encarnación Castañeda (juez civil) desde el 24 de marzo de 1994.

 

Habían fallado varios intentos de desalojo con pandilleros y delincuentes, pero el Plan de Desalojo era mantenido vivo y con los niveles de violencia mortal inclusive que le había impreso don Frutos Chamorro Argüello desde el comienzo, pues según la denuncia de Marta Sinclair Payán, en uno de los juzgados locales, este criminal hasta había  ofrecido diez mil dólares por matar a Julio Toribio Díaz, a Wilmar Suárez Bojorge y a Juan Pablo Hernández Cruz

 

(Sí, diez mil dólares por matar a cada uno de ellos, es decir, 30 mil dólares a quien los eliminara físicamente. Estos eran los promotores del desalojo contra los residentes de los Apartamentos Argüello, en el kilómetro 11 de la Carretera Sur).

 

Entre los vecinos alrededor de los Apartamentos Argüello también se sentía la tensión, pues estos contantemente preguntaban sobre “las novedades del día”. Estaban realmente pendientes, entre otros: Don Toño Benavidez, su hija Paola Benavidez, Tamara Barreto de Narváez, Ricardo Pineda Cano, (faltan datos)….

 

 

 

 

 Ese día 14 de abril de 1994 fue soleado, caluroso, y como siempre tenso, de espera enigmática y nerviosa dentro de los Apartamentos Argüello, pues en cualquier momento era esperada la llegada de los criminales, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, contra quien y sus compinches Henrry Núñez Abarca, Horacio Calero y Juan Pablo Rivas Castro, habían decenas de denuncias o acusaciones formales, por escrito, en la Policía y los Juzgados Locales del Crimen, pero por esas situaciones inexplicables en nuestro medio ambiente legal y judicial, ¡nunca caían prisioneros, ni eran enjuiciados¡, ¡ni cayeron presos, quedaron impunes después del incendio criminal¡ ¡Ya lo veremos también¡

 

Algunos vecinos o residentes de los alrededores del Kilómetro 11 Sur les pareció alarmante presenciar movimientos nerviosos de Frutos Chamorro Argüello y sus compinches Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, acompañados de un despliegue enorme de gente en camiones descubiertos y “de mudanzas”, un poco adelante, al Sur, del Kilómetro Siete Sur, cuando eran las cuatro de la tarde del 14 de abril de 1994.

 

Quienes los vieron en las cercanías del Kilómetro Siete Sur, describen al sujeto de pelo colorado, de rostro compulsivo, de ojos rabiosos como brotándoles de sus órbitas, de ademanes muy nerviosos y violentos, gritando, moviendo en las manos unos radiocomunicadores, señalando con las manos hacia el Sur, subiendo y bajando de un jeeps, y, finalmente, encabezando la marcha de varios camiones repletos de hombres, rodando sobre la Carretera Sur, rumbo al Kilómetro 11, a los Apartamentos Argüello.

 

Poco después, ya al borde de las cinco de la tarde, vieron al mismo sujeto Chamorro Argüello ruin y repugnante, detenido con los camiones y casi dos centenares de hombres en el Kilómetro Diez y Medio de la Carretera Sur, en la entrada al Colegio Alemán-Nicaragüense, donde ya existían varios negocios comerciales pequeños, y a tan sólo medio kilómetro del kilómetro 11 Sur.

 

A pesar de todas estas imágenes descritas, la noticia de la presencia funesta de estos maleantes, delincuentes y pandilleros, llegó realmente lenta a los residentes de los Apartamentos Argüello, quienes estaban concentrados en sus afanes laborales y domésticos habituales.

 

No hubo por ningún medio oficial, ni judicial, ni policial, notificación alguna de que ese día fuese a efectuarse “el lanzamiento”, el “desalojo por comodato precario” o “inmisión en la posesión” violentísimo e incendio criminal en contra de los vecinos de los Apartamentos Argüello.

 

Como queda expresado en páginas anteriores, estos maleantes con jueces civiles venales a su favor, planearon cuidadosamente su llegada violenta para entregarle los Apartamentos Argüello a un tal Jimy Najman Perezdiez, quien, según el reparto de buitres que hicieron, estaba en “posesión” de esos Apartamentos, lo cual era totalmente falso. Repito, esta trama ruin, infame y burda, ya quedó explicada en páginas anteriores, pues forma parte de un plan urdido, me imagino, en despachos judiciales y abogadiles mafiosos, pues Frutos Chamorro Argüello nunca pudo demostrar que fuera dueño de los Apartamentos Argüello, o al menos “heredero”, ¿cómo iba a ser “heredero”?.

 

 

Incendio criminal e intenciones de asesinato

 

De acuerdo con versiones presenciales de vecinos del kilómetro 11 Sur, los foragidos o maleantes, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Argüello y Juan Pablo Rivas Castro, llegaron con dos camiones cerrados, elegantes, aparentemente nuevos, con rótulos llamativos de “Mudanzas Mundiales”, más otros dos camiones descubiertos con tráilers o rastras, varias camionetas doble cabina y un jeeps, en el cual se desplazaba personalmente Frutos Chamorro Argüello.

 

Por el desplazamiento usado en el mismo sitio del Kilómetro 11 Sur, se puede afirmar que se trataba de un plan cuidadosamente elaborado, pues según los testigos presenciales, los 180 maleantes y sus jefes: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Horacio Calero y la jueza Ruth Chamorro Martínez, se bajaron de manera coordinada por el frente y por los lados Sur y Norte de los Apartamentos, de tal forma que una parte entró por el frente, un chorro de sujetos entró por el callejón Sur colindante de los Apartamentos y un tercer grupo, quizás el más numeroso, penetró por el portón de un Taller de Mecánica en el lado Norte, colindante con los Apartamentos No. I y II, los cuales eran habitados por las familias de Pablo E. Barreto Pérez y Julio Toribio Díaz.

 

El grupo de unos 50 hombres  del frente, jefeados por Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, se lanzaron directo, por encima de un alambrado y por la entrada frontal de los Apartamentos, hacia el Apartamento No I, colindante con la Carretera Sur, y habitado por la familia de Pablo E. Barreto Pérez.

 

Estos 50 maleantes se ubicaron rápido dentro del patio Oeste del Apartamento No. I, colindante con la Carretera Sur, repito. Al mismo tiempo, otro grupo de unos diez se lanzó también rápido hacia la puerta de entrada del mismo Apartamento No. I, donde estaban dentro: Anabelle Barrera Argueta, su madre Ercilia Argueta Cruz, su hijo Iván Ramírez Barrera, mi hija Sofana Orquídea Barreto Barrera y Marcia Cabrera Lacayo, la trabajadora doméstica,  dentro del Apartamento No. I.

 

Del mismo modo, en desplazamientos rápidos, coordinados, como en formación militar, el resto de hombres, en oleadas, portando cuchillos, machetes, varillas metálicas y garrotes en las manos, rodearon los Apartamentos  por los cuatro costados.

 

Mientras al mismo tiempo, los choferes de los camiones descubiertos y de “Mudanzas Mundiales”, hicieron maniobras en un espacio de estacionamiento que había en el llamado “Mercado del Nicarito” y de “los Chilamates” y los colocaron listos para cargarlos de  muebles, en el lado derecho, frente a los Apartamentos Argüello, con lo cual, al mismo tiempo, le ponían un “tapón” a la única entrada por el Oeste de los Apartamentos.

 

Los testigos presenciales señalan que precisamente “a una distancia “prudencial”, como para que no los identificaran plenamente, Frutos Chamorro Argüello, la jueza Ruth Chamorro Martínez, el tal Jimy Najman Perezdiez y Ney Guerrero, cerca de los mismos “Chilamates”,sí, allí se quedaron,  desde donde Chamorro Argüello dirigía el operativo criminal, incendiario, de intento de asesinato, por medio de radiocomunicadores, con los cuales se comunicaba con Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, quienes ya dirigían el operativo de desalojo dentro del Apartamento No. I.

 

De la Brigada de Apoyo o Antidesalojos eran muy pocos compañeros y compañeras presentes dentro del predio de los Apartamentos. No les quedó más remedio que replegarse hacia el fondo y luego hacia el Sur, porque la cantidad de maleantes era impresionante: 180 en total, según confirmó la Policía Nacional.

 

Yo estaba laborando en las instalaciones del Diario BARRICADA, en Camino de Oriente, contiguo a la Carretera a Masaya, a unos diez kilómetros al Este, en Managua.  Estaba en mi escritorio, ante una computadora, escribiendo precisamente sobre la enorme cantidad de desalojos violentos que estaban sucediendo en todo el país, debido a que jueces civiles estaban propiciando el despojo a seres humanos pobres de decenas de miles de lotes, casas y tierras de Reforma Agraria sandinista, a favor de antiguos somocistas y grandes burgueses y terratenientes-latifundistas, entre ellos el mismísimo Arnoldo Alemán Lacayo.

 

Fue Patricia, la secretaria del Director de BARRICADA, Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien llegó alarmada y corriendo donde yo estaba escribiendo a decirme: “!Tu esposa Anabelle habla de emergencia de tu casa… parece que un grupo de hombres armados se están metiendo a tu casa¡”, me dijo.

 

Efectivamente, escuché por el teléfono a Anabelle desesperada, pegando gritos: “!Un grupo enorme de hombres están quebrando los vidrios de las paredes del Apartamento…están rompiendo las puertas y…ya se metieron¡”, expresaba mientras se le oía su voz de valentía enfrentando a los maleantes de Frutos Chamorro Argüello, cuando ya entraban al Apartamento No. I.

 

Alcancé a escuchar por el teléfono cuando Anabelle se dirigía a los foragidos exigiéndoles que la dejaran salir.

 

La llamada se cortó. Ya no escuché más. Le habían arrebatado el teléfono, lo arrancaron, le rompieron el cable y lo tiraron al piso, me contó ella después.

 

Inmediatamente, llamé al Puesto de Mando (al 118) de la Policía Nacional, en Plaza del Sol, donde estaba de jefe el comandante Fernando Caldera Azmitia, y les dije lo que estaba pasando en mi casa y en los Apartamentos del Kilómetro 11 Sur.

 

Asimismo, procedí a llamar a la Dirección General de Bomberos. Según los informes de la misma Policía y de la Dirección General de Bomberos el Ministerio del Interior, los efectivos de estos organismos llegaron rápido, quizás unos 12 minutos después de iniciado el desalojo criminal y el incendio.

 

Encendí mi carro (entonces tenía un automóvil rojo, viejo, necesario para mi trabajo en las calles de Managua) y salí disparado hacia la Carretera Sur. Pude llegar hasta el kilómetro 10 Sur, porque el embotellamiento automovilístico en la Carretera era total por el incendio criminal, pues la Policía Nacional y los Bomberos habían cerrado los dos lados de la Carretera Sur, con el fin de controlar a los maleantes.

 

Cuando llegué a pie a los Apartamentos Argüello, a las cinco y 20 minutos más o menos, el Apartamento No. I, donde vivíamos mi familia y yo, estaba ya totalmente quemado, en cenizas.

 

Los bomberos terminaban de apagar el fuego, que se había cruzado y dañado parcialmente el Apartamento No II, donde residían Julio Alejandro Toribio Díaz y su esposa Cecilia García González.

 

Numerosos periodistas y fotógrafos de medios informativos escritos, también reporteros de televisión y noticieros radiales, habían llegado cuando el Apartamento I todavía ardía y en los momentos en que el fuego se cruzaba al Apartamento No. II, de Julio Toribio Díaz.

 

De acuerdo con los relatos presenciales de residentes en los Apartamentos Argüello, de miembros de la Brigada de Apoyo y Antidesalojos, de vecinos nuestros en el Kilómetro 11 Sur, de la doctora Dinorah Parrales y de mi compañera Anabelle Barrera Argueta,  los sujetos que entraron por el frente se dirigieron directamente al Apartamento No I, encabezados por Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Los relatos indican que Núñez Abarca y Rivas Castro exhibían armas cortas de fuego, mientras sus aproximadamente  50 acompañantes, portaban cuchillos, machetes, varillas de hierro y garrotes gruesos, y fueron ellos los que se fueron directos a quebrar los vidrios de las paredes, derrumbar puertas a patadas y con barras metálicas, y con rapidez y decisión que parecía planificada previamente, en los mismos instantes de la entrada comenzaron a lanzar muebles hacia los lados Oeste y Sur del Apartamento No. I.

 

Los mismos testigos presenciales, incluyendo Marcia Cabrera Lacayo, la trabajadora doméstica nuestra en el Apartamento No. I, aseguran que Núñez Abarca y Rivas Castro, llevaban consigo recipientes llenos de combustible (gasolina, determinó el dictamen de la Dirección de Bomberos) y a la vez gritaban que me buscaban para matarme o quemarme vivo. “¿Dónde está Pablo Emilio Barreto…? ¡Lo vamos a quemar vivo a este hijueputa. Mucho jode con este asunto de los desalojos, en ese periódico BARRICADA”, gritaban histéricos estos maleantes todavía impunes en este año 2010, cuando ya decidí escribir este libro.

 

Mediante empujones, exigencias de “!déjenme salir¡” y gritos en medio del ambiente criminal, ya con las puertas y paredes de vidrios derrumbadas, y mientras Sofana Orquídea (de apenas ocho meses) lloraba llena de miedo, Anabelle pudo abrirse paso hacia el lado Sur del Apartamento, donde estaba invadido de maleantes. Detrás de ella, iban, desesperados, su madre Ercilia,  y adentro quedaban Marcia Cabrera Lacayo, Iván Ramírez Barrera y Sofana Orquídea Barreto Barrera.

 

En esos instantes tensos, terribles, ya comenzaba el incendio criminal. Marcia Cabrera Lacayo relató después a la Policía Nacional, ante la Jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, doctora Altamirano, y a nosotros, que los dos sujetos de los recipientes de gasolina (Núñez Abarca y Rivas Castro) y otros hombres, no recuerda cuántos, llegaron hasta donde estaba ella aplanchando la ropa de la casa o Apartamento No. I.

 

Cuando estos maleantes llegaron hasta donde Marcia Cabrera Lacayo estaba ya desesperada por salir, se movían rociando el combustible en las paredes, sobre los muebles, en el piso de los pasillos internos estrechos, encima de alrededor de dos mil libros que yo tenía dentro de la casa,  y le ¡echaron gasolina también a ella (Marcia) en los pies¡

 

Marcia Cabrera Lacayo comprendió que debía salir corriendo de allí, y como pudo se abrió paso “a empujones” por entre los hombres maleantes hacia el exterior del Apartamento No. I.

 

Cuando Marcia Cabrera Lacayo apenas trasponía la puerta ya derrumbada, ¡comenzó el incendio¡ Según el dictamen bomberil, el fuego precisamente se inició por donde Marcia Cabrera Lacayo hacía el planchado.

 

¡Mientras tanto, Iván Ramírez Barrera y Sofana Orquídea (repito de apenas ocho meses), en busca de salida por detrás del Apartamento I, hacia el lado Norte, habían quedado entrampados entre los sujetos criminales incendiarios y un pasillo estrecho del fondo Norte, colindante con el Taller de Mecánica mencionado.

 

Este pasillo estrecho estaba separado del Taller por una malla metálica. Era usado para tender la ropa después de lavarla en el lavandero, precisamente ubicado en ese sector del Apartamento No I.

 

Esos momentos ya eran de aprietos, cruciales, decisivos para la vida o la muerte. Con Sofana llorando en brazos, Iván vio que un niño vecino, de unos 10 años, se acercaba a la malla lleno de miedo por la presencia de los maleantes en el patio vecino del Taller, pero también atraído por lo que estaba pasando en el Apartamento No. I..

 

A Iván no le quedó más remedio que pedirle: “!Atrapá  a Sofana en el aire…te la voy a lanzar por encima de la malla¡”. Con el cuidado correspondiente, en medio del terror impuesto por los maleantes de Frutos Chamorro Argüello lanzó a Sofana por encima de la malla, y dichosamente el niño la atrapó en el aire sin novedades, y ahí, con la malla de por medio se pusieron de acuerdo para verse en el fondo del patio grande de los Apartamentos, ubicado al Este de los mismos.

 

Era virtualmente imposible enfrentar a tanto maleante, 180 en total, por parte de hombres y mujeres residentes en los Apartamentos Argüello y por parte de los miembros de la Brigada de Apoyo o Antidesalojos.

 

¡El incendio criminal había comenzado y devoraba rápido el Apartamento No. I¡

 

 Anabelle Barrera Argueta, la doctora Parrales, doña Ercilia Argueta Barrera y los demás vecinos se replegaron hacia el lado Sur, por donde tiene una propiedad un hombre de apellido Estrada, en el lado Sur de los Apartamentos.

 

En esos momentos, a pesar de que ya el Apartamento I ardía, un grupo de los maleantes seguía sacando muebles del interior del mismo, mientras otros cuatro grupos se dirigían hacia el resto de Apartamentos para desalojar al resto de vecinos de los Apartamentos Nos.III, IV, V y VI.

 

Precisamente en estos instantes se escuchó una ráfaga de tiros, al aire, de fusil automático, que presuntamente salió disparada del Apartamento No. 6, lo cual llenó de pánico, de espanto, de miedo, al grupo de 180 maleantes invasores, los cuales retrocedieron veloces hacia la Carretera.

 

Los testigos presenciales aseguran que Frutos Chamorro Argüello, Ruth Chamorro Martínez, el tal Perezdiez y Ney Guerrero, veloces corrieron y encendieron sus vehículos o automóviles, dieron la vuelta en redondo y se pusieron en fuga hacia el Norte de la Carretera Sur, es decir, yendo hacia “el Siete Sur”, por donde habían llegado.

 

Varias Patrullas de la Estación III de la Policía Nacional, casi al mismo tiempo de estos disparos, estaba llegando al sitio del incendio criminal y mediante un despliegue rápido de tropas todavía pudo capturar a 48 de los maleantes contratados para hacer este desalojo e incendio por parte de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro y la jueza civil venal Ruth Chamorro Martínez.

 

La Policía y los bomberos llegaron casi al mismo tiempo. Sin embargo, ya Chamorro Argüello, la jueza venal Ruth Chamorro Martínez, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo  Rivas Castro, resto de compinches y los camiones, ya se los habían llevado del sitio, incluyendo los camiones de “Mudanzas Mundiales”. ¿Cómo sacaron estos camiones de allí si la Carretera Sur estaba embotellada? ¡Lo más seguro es que escondieron esos camiones en los callejones que hay allí hacia la Comarca San José de la Cañada¡ ¡No le encuentro otra explicación¡

 

A mí se me informó que el resto de participantes en el desalojo e incendio (los capturados sólo fueron 48), precisamente huyeron a pie, corriendo, por esos callejones y por el hueco del Valle de Ticomo, y se supone que por esos callejones se fueron en fuga también Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas, Horacio Calero y la mismísima Ruth Chamorro Martínez.

 

 

¿Dónde escondieron los camiones de “Mudanzas Mundiales”? ¿Cuál era el plan de estos maleantes? ¿Desalojar a todas las familias residentes en los Apartamentos y además robarse todos los muebles y demás pertenencias? ¿Quiénes les habían pedido que llevaran camiones de mudanzas?

 

¡Que yo sepa, ninguno de nosotros había pedido mudarse a ninguna parte¡

 

Y de acuerdo con la confesión del mismo Frutos Chamorro Argüello en días posteriores, pues él mismo llamó a radioemisoras locales ufanándose del incendio, autoelogiándose por su despliegue de violencia al mejor estilo “Ku Klux Klan” nazifascista de Estados Unidos,  reportando confirmación de su llegada con 180 sujetos y amenazando con repetir su acción criminal incendiaria, y en sus “comparescencias” clandestinas, se aprecia claramente que la acción violentísima de desalojo, con intento de asesinato inclusive, fue planificada cuidadosamente en todos sus detalles. La jueza civil Ruth Chamorro Martínez defendió públicamente su participación en este evento incendiario criminal, mediante anuncios pagados en diarios locales de circulación nacional.

 

A los 48 capturados, la Policía les decomisó cuchillos, varillas de hierro, garrotes, pedazos de metal, y de inmediato los condujeron a la Estación III de la Policía Nacional, situada en el extremo Suroeste del Barrio Altagracia.

 

En pocos minutos, numerosos oficiales de la Policía Nacional y no menos de un centenar de policías de línea e investigadores, se tomaron el sector cercano y los propios Apartamentos Argüello, para que no hubiese ninguna posibilidad de nuevo intento de agresión por parte de estos maleantes.

 

Asimismo, no menos de 20 bomberos, con tres unidades cisternas para apagar fuego, de la Dirección General de Bomberos, controlaron totalmente el fuego y evitaron que se propagara al resto de Apartamentos.

 

Quedó totalmente  en cenizas, el Apartamento No. I, donde yo vivía, y parcialmente quemado el Apartamento No. II, donde vivían Julio Toribio Díaz y Cecilia García González.

 

Los jefes policiales informaron que habían hecho “una batida”, una exploración, en los callejones y calles de los alrededores y en el Valle de Ticomo, para ver si encontraban huyendo al resto de los 180 maleantes, más Chamorro Argüello, Núñez Abarca, Rivas Castro, más la jueza Chamorro Martínez, pero ya no los encontraron.

 

Después de este operativo, los jefes policiales e investigadores, se instalaron con libretas, teléfonos, radiocomunicadores, y máquinas de escribir mecánicas dentro de los Apartamentos en buen estado, para comenzar la investigación sobre el Incendio, o lo que ellos llaman “autocabeza de proceso”, por órdenes del jefe nacional de la Policía Comandante Fernando Caldera Azmitia y del subcomandante Ernesto “Tito” Zamora, jefe de la Estación III de Policía, ubicada en el Barrio Altagracia, en Managua.

 

Toda esa noche, recuerdo, pasamos todos los residentes de los Apartamentos y testigos presenciales de los alrededores, rindiendo declaraciones testificales ante los jefes policiales e investigadores, encabezados por el Capitán Márquez.

 

Los jefes policiales investigadores, encabezados por el Capitán Márquez, elaboraron esa misma noche y madrugada el Informe Policial pericial, en el cual se describía lo que habían investigado sobre el Incendio Criminal, la captura de los 48 sujetos de un total de 180 participantes; se hablaba en el informe de las botellas encontradas con mechas y gasolina, sobre las descripciones dadas por el vecindario de la llegada de los 180 matones y de cómo habían visto el Incendio Criminal, provocado por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Mientras tanto, esa misma noche, llegaban por centenares vecinos, amigos, conocidos y pobladores solidarios, a solidarizarse con Anabelle, Ercilia, Sofana, Iván, con todos los vecinos de los seis Apartamentos, y conmigo.

 

Esa noche, vecinos y amigos,  nos llevaron comida, café, pan, ropa, colchas, sábanas y hasta unos colchoncitos, para que durmiéramos.

 

Sofana, entonces de apenas ocho meses, y su abuela Ercilia, no paraban de llorar por la impresión horrenda y desesperante que les habían causado las imágenes de 180 criminales pegándole fuego a los Apartamentos Nos. I y II. Ercilia  (ya fallecida en 2008) había vivido en el Apartamento No. I entre los primeros meses de 1992 y el 14 de abril de 1994.

 

El resto de vecinos estaban profundamente impresionados, todavía nerviosos, cuando era la madrugada del 15 de abril de 1994, al siguiente día, por lo que había pasado, pues de no haberse producido la mencionada ráfaga de tiros al aire (un fusil automático) y por la llegada rápida de la Policía, los 180 maleantes jefeados por Chamorro Argüello, Núñez Abarca, Rivas Castro y la jueza Chamorro Martínez, hubieran quemado todos los 6 Apartamentos y a lo mejor se hubiesen registrado heridos y muertos. Dichosamente, no hubo ni heridos ni muertos.

 

Igualmente, los vecinos de los alrededores estaban conmovidos, excitados, aturdidos, por el nivel de violencia que habían presenciado en semejante despliegue de 180 maleantes, y hasta comentaban que semejante movilización sólo podía producirse con el apoyo cómplice de autoridades oficiales, a lo mejor de la Alcaldía de Managua, donde estaba de Alcalde el corrupto y ladrón, don Arnoldo Alemán Lacayo, enemigo jurado de los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88, a los cuales yo estaba defendiendo por medio de las páginas del Diario BARRICADA.

 

Debo recordar aquí que  Arnoldo Alemán Lacayo ya me había mandado a meter preso por la quema de la Alcaldía de Managua, en noviembre de 1991, y que de la prisión salí por amnistía, el 23 de diciembre de ese mismo año,  decretada por la presidenta Violeta Barrios viuda de Chamorro.

 

Yo nada tuve que ver con ese incendio de la Alcaldía, pero Alemán Lacayo, por revanchismo político perverso  y odio somocista suyo contra los sandinistas, me mandó a meter preso y hasta sostuvo que había un vídeo, mediante el cual se me veía jefeando a los incendiarios de la Alcaldía de Managua. Mentiras típicas de un embustero y ladrón conocido. Cabe recordar también que parte de los embustes o mentiras fabricadas, las escribió también Clemente Guido Martínez, quien fungía como concejal y director del Departamento de Cultura de la Alcaldía de Managua. Después, ambos se retractaron, pero allí, en el Departamento de Patrimonio Histórico Municipal de la Alcaldía capitalina, está ese libro escrito por Guido Martínez.

 

Ese mismo día 14 de abril de 1994, en la tardecita y en la noche, los noticieros radiales y televisivos, de Managua y resto del país, se publicaba la noticia del Incendio Criminal, hecho que provocó una ola de indignación contra estos incendiarios criminales, en todo el país.

 

Los Diarios Nacionales (BARRICADA, El Nuevo Diario, LA PRENSA y otros), destacaron a lo ancho de sus portadas la criminal acción del grupo pandillesco, de 180 matones, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro y la jueza cómplice Chamorro Martínez.

 

El suceso criminal de este Incendio provocó también indignación entre centenares de periodistas de todo el país, especialmente en Managua, donde las Radioemisoras Nueva Radio Ya, Sandino, La Primerísima, 580, y el Canal 4, se hicieron eco de las oleadas de protesta y solidaridad conmigo y mi familia,  en sus espacios noticiosos y en programas especiales de todo el día.

 

La campaña más impactante la hizo la Nueva Radio Ya, mediante la cual las condenas de gente de todos los sectores sociales, se hicieron masivas durante varios días. Me invitaron a los estudios de trasmisión de estas y otras radioemisoras mencionadas.

 

Las posturas de coberturas, de solidaridad, de identificación plena conmigo, fueron realmente impresionantes en el Diario BARRICADA y en El Nuevo Diario, cuyas coberturas periodísticas sobre el Incendio Criminal fueron muy destacadas y con un seguimiento sistemático de varias semanas.

 

Inclusive, el Diario BARRICADA, donde yo laboraba como periodista, fotógrafo, reportajista y editor de páginas, publicó dos editoriales seguidos de condena por este hecho criminal. Además, mis compañeros de trabajo, recuerdo, de inmediato, al siguiente día, hicieron una colecta de casi 4,000 córdobas y la entregaron para que Anabelle Barrera Argueta y yo, hiciéramos frente a algunos gastos.

 

A La Nueva Radio Ya hubo gente que llegó a dejarme numerosas láminas de zinc y otros materiales de construcción, los cuales, al final, algunos “vivianes” se robaron del alero de la radioemisora.

Parte de los editoriales y textos escritos de los periódicos los presento en otra parte de este libro. Es imposible presentarlos todos.

 

Me llegaron ayudas generosas de gente humilde de los barrios de los alrededores. Martín Madriz, conocido promotor de deportes, llegó a buscarme a los Apartamentos y me llevó 100 dólares. Tamara Barreto (esposa de Ausberto Narváez), una de las vecinas nuestras en el kilómetro 12 Sur, recuerdo, la misma noche nos llevó alimentos y especialmente ropita para Sofana Orquídea.

 

La indignación nacional llegó a tal nivel de que numerosos periodistas, abogados, diputados y otros intelectuales, exigieron a la Corte Suprema de Justicia la destitución de la jueza Ruth Chamorro Martínez, pues  esta jueza venal ya tenía un rosario de abusos casi insólitos, relacionados con desalojos y abusos de su cargo judicial, antes de aparecer descaradamente apoyando a los maleantes de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Estos trabajos periodísticos también los voy a presentar en otra parte de este libro, incluyendo la defensa hecha por la jueza Chamorro Martínez para estar allí al momento del desalojo y del incendio criminal.

 

Repito: todo el Apartamento I quedó en cenizas. Unos pocos muebles se salvaron porque los maleantes de Frutos Chamorro Argüello los habían sacado al patio Oeste, colindante con la Carretera Sur, pero la ropa, libros, ¡todo¡,  quedaron convertidos en cenizas.

 

En esos momentos, no teníamos a dónde ir. Nos refugiamos varios días en el Apartamento No. 6, habitado por Rita Mobus y su marido Boanerges Iraheta. Después, nos dio refugio en su casa del Reparto Planetarium el periodista Carlos García Castillo, lo cual terminaré de contar más adelante.

 

La Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), la cual ayudé a fundar en marzo de 1979 y fui uno de sus directivos, me consiguió un colchón en regular estado, más ropa asimismo usada y utensilios de cocina.

 

Los capturados en el instante en que se producía el desalojo e incendio criminal, según el listado oficial de la Policía Nacional, enviado al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, son los siguientes:

 

Gerardo Ramón Aburto Sevilla, César Augusto Cardenal Caballero, José Eugenio Cardenal Caballero, Carlos Alberto Cardenal Vicente, José Leoncio Cardenal Caballero, Roberto Antonio Cardenal Caballero, Salvador Enrique Cardenal Caballero, Miguel Ángel Cardenal Caballero, Julio César Cardenal Vicente, José de la Cruz Cardenal Vicente, Manuel Salvador Reyes Leiva, José Fidel Leiva López, Eduardo José Avendaño Olivares, Javier Antonio Espinoza Baltodano, Francisco José Velásquez Sánchez, Francisco José Ampié Calero, Domingo José Sinclair,  Martínez, Ulises Santos López Gómez, César Augusto López Cetín, Carlos José Velásquez Hernández, Pablo Antonio Rivera Pineda, Marlon Antonio García López, Manuel Antonio Castillo Gómez, Uriel Antonio Guido Bojorge, Alvin Antonio Cerna Gámez, José Francisco Saballos Hernández, Eduardo Alberto Jaime Sunsing, Róger Antonio Canda López, José Francisco Selva Pérez, Carlos José Murillo Álvarez, Agustín de Jesús Jarquín Castro, Luis Alfonso Flores Martínez, Ernesto Javier Ruiz Pérez, Guillermo Antonio Zelaya Guido,  Edwin José Guido Juárez, Luis Alberto Velásquez Martínez, José Enriquez  Gámez Ortíz, Eddy Armando Aguirre Amador, Justo Manuel Ruíz Sánchez, Óscar Antonio  Ramírez Galo, Miguel Antonio Jirón Pavón, Omar Antonio Ordóñez Valdivia, Sebastián Alberto  Canda Hernández, Nelson Enrique Vanegas Reyes y Sergio Antonio Velásquez Carrión.

 

No fueron capturados Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, por supuesto,  huyeron, tenían hasta planificada su huida por los callejones del Kilómetro Once Sur. Esos callejones, llenos de escondites, están ubicados al Este y Oeste de donde fueron incendiados los Apartamentos I y II, ese día 14 de julio de 1994.

 

También huyeron el resto de participantes en el desalojo e incendio criminal, según el informe oficial de la Policía Nacional, pues como confesaron los capturados, tanto Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas y los demás participantes en este hecho delictivo, emprendieron veloz carrera, en huida, hacia la Carretera Sur y por callejones del Este, cuando se produjeron los disparos al aire, presuntamente salidos del Apartamento No. 6.

 

Estos mismos capturados, mencionados arriba, relataron a la Policía Nacional que ellos son originarios de los vecindarios Juan  Ramón Padilla y La Borgoña, del Municipio de Ticuantepe, en el Departamento de Managua; y de los Barrios Reparto Schick y Pablo Úbeda, situados ambos en el Oriente del Municipio de Managua.

 

Ya convertidos en reos, encarcelados, estos capturados informaron a la Policía Nacional que estaban desempleados en esos momentos y que fueron contratados por Juan Pablo Rivas Castro, por el propio Frutos Chamorro Argüello y Gerardo Ramón Aburto Sevilla. Este último residía en Ticuantepe.

 

Según las declaraciones indagatorias de estos capturados ante la Policía Nacional, incluyendo Gerardo Ramón Aburto Sevilla, todos fueron contratados “para ir a hacer un “descargue” y “cargue” de muebles en camiones”, y por ese trabajo les iban a pagar 30 córdobas “o más”, es decir, un poco más de cuatro dólares en aquel momento de 1994.

 

No les dijeron  adonde  iban, ni de quién o quiénes eran los muebles del “descargue” y “cargue”. Gerardo Ramón Aburto Sevilla, quien actuó como “coordinador” de los “contratados en Ticuantepe”, aseguró ante la Policía que el sito de concentración fue el Parque Infantil de Ticuantepe, adonde llegó varias veces Juan Pablo Rivas Castro, a quien ya conocían como “el CPF” o jefe de vigilancia de una supuesta empresa en sociedad entre él (Rivas Castro) y Frutos Chamorro Argüello, quien habitaba una casa en el Reparto Las Colinas (donde viven ricachones o millonarios de Managua), no se sabe cómo, mientras al mismo tiempo andaba disputándole a inquilinos unos Apartamentos viejos, ya inservibles, en el kilómetro once Sur, de Managua.

 

De acuerdo con la versión de Aburto Sevilla ante la Policía y remitida a la jueza Sexto de Distrito del Crimen, doctora Rosario Altamirano López, en el Parque Infantil de Ticuantepe, reunieron casi 80 desempleados que fueron “contratados” y montados en un  camión de trailers de barandas y otros vehículos pequeños, cerrados, coordinados por Juan Pablo Rivas Castro.

 

Según el mismo Aburto Sevilla, el resto de “contratados” fueron reunidos y “contratados” directamente por Frutos Chamorro Argüello y Henry Núñez Abarca en los vecindarios “Reparto Schick y Pablo Úbeda, ubicados ambos del Mercado Carlos Roberto Huembes hacia el Este, un poco al Norte del Reparto “Las Colinas”.

 

De acuerdo con este relato de Aburto Sevilla, ya juntados los 180 “contratados” o matones, los tres maleantes principales: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, enrumbaron con una caravana de varios vehículos (camiones, camionetas, jeeps y automóviles) hacia la Carretera Sur, donde inicialmente se detuvieron en el Kilómetro Siete y después en el Kilómetro Ocho, con el fin de revisar el convoy incendiario, cuya finalidad exacta sólo conocían los “jefes” mencionados (Chamorro, Núñez, Rivas y la jueza Ruth Chamorro), pues todo el resto de 180 hombres iban “creídos” (convencidos)  de que habían sido “contratados” para hacer un “cargue” y “descargue”, pero no sabían dónde ni qué cargamento trasegarían de un sitio a otro.

 

Ni el mismo Aburto Sevilla tenía conocimiento de los planes incendiarios siniestros de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, según le comunicó a la Policía cuando estaba detenido en la Estación III, en el Barrio Altagracia.

 

Según las versiones de todos estos 45 capturados “infragantis” por la Policía Nacional en el propio lugar del desalojo e incendio criminal, los “jefes” mencionados inspeccionaron los camiones de “Mudanzas Mundiales” (unos dicen que eran cuatro, otros aseguran que eran 6 camiones), les repitieron a los “contratados” que iban a “cargar” unos muebles, primero, y después “descargarlos”, pero aún allí en los kilómetros Siete y Ocho Sur, no les dijeron de quiénes eran esos muebles, ni por qué harían tal operación clandestina, sin la presencia de la Policía o de otras autoridades oficialmente establecida como el Ministerio de la Vivienda y la misma Policía Nacional.

 

Las versiones de estos 45 capturados añaden que hubo una nueva “escala” de la “tropa contratada” en el Kilómetro Diez y Medio de la Carretera Sur, en la entrada hacia el Colegio Alemán-Nicaragüense, es decir, a tan sólo 500 metros de distancia del Kilómetro Once, donde están ubicados los Apartamentos Argüello.

 

Según las versiones suministradas por Aburto Sevilla y demás capturados, en ese sitio del kilómetro diez y medio, los “jefes” maleantes” ya discutieron entre ellos “el plan operativo” de asalto a los Apartamentos Argüello, pues allí la distribución fue que un grupo de unos 50 penetraría por la fuerza por el patio de un Taller de Mecánica, ubicado en el lado Norte de los Apartamentos I, II y III; un segundo grupo, de unos 60, jefeado personalmente por Henry Núñez Abarca entraría por la entrada frontal (frente a “los chilamates”), un tercer grupo, de unos 50 iría con Juan Pablo Rivas Castro por el costado Sur de los Apartamentos VI, V y IV; y el grupo final, de unos 20, se quedaría con Frutos Chamorro Argüello, la jueza Ruth Chamorro Martínez y el supuesto representante de Jimy Najman Perezdiez, quienes quedaban esperando que la avanzada pandillesca desalojara a los habitantes y los muebles de todos los seis apartamentos, más la quema de los mismos, para proceder, presuntamente, a entregarle la “posesión del inmueble” a Najman Perezdiez, quien, según sus versiones amañadas en uno de los juzgados civiles, él “residía” en los Apartamentos y estaba en “posesión” de ellos, lo cual era totalmente falso.

 

Efectivamente entraron tal como lo habían planeado, según se desprende de las declaraciones de estos capturados ante la Policía Nacional. Todos coinciden en que entraron  en tres grupos, y que ya dentro del patio frontal de los Apartamentos en forma de “U”, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo  Rivas Castro dislocaron sus fuerzas de tal manera que entraron operando como “en tenaza”, para rodear y atenazar a los vecinos, para que nadie tuviera posibilidad de escaparse hacia ningún lado.

 

Estos relatos (están en los expedientes judiciales y policiales) indican, además, que el grupo que entró por el frente lo hizo derrumbando postes y árboles y cortando con alicates los alambres que impedían el paso entre la orilla de la Carretera Sur y los patios de los Apartamentos I y VI y el patio frontal (en “U”, mencionado).

 

Este mismo grupo, jefeado por Henry Núñez Abarca, según testigos presenciales y los “contratados” capturados por la Policía Nacional, fue el mismo que entró quebrando vidrios de paredes, puertas y ventanas, para lo cual usaron barras metálicas, varillas metálicas, mazos y martillos también metálicos, con el fin de meterse dentro del Apartamento No. I, donde estaban Anabelle Barrera Argueta, su mamá Ercilia Argueta Cruz, Sofana Orquídea Barrera (de apenas ocho meses de edad en ese momento), Iván Ramírez Barrera y Marcia Cabrera Lacayo, la trabajadora doméstica.

 

Los testigos presenciales, los “contratados” capturados, los vecinos de los Apartamentos y Anabelle Barrera Argueta describen a este sujeto como el pelón, barrigón, portador de armas de fuego, como jefe del grupo, como el que daba órdenes, como uno de los que cargaban bidones con combustible (gasolina), más un radio comunicador en las manos;  y como el que vociferaba pidiendo a gritos que me buscaran, que me amarraran, que me prendieran fuego y que me mataran, porque mucho jodía por medio del Diario BARRICADA con el asunto de los desalojos masivos de 350,000 familias en esos momentos, en casi todo el país.

 

Supuestamente, Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro al mismo tiempo que dirigían los dos grupos que entraron por el frente y por el Sur de los Apartamentos, en menos de un minuto se juntaron dentro del Apartamento No. I, donde personalmente Núñez Abarca forcejeaba con Anabelle Barrera Argueta tratando de impedirle el paso hacia afuera del Apartamento.

 

Fueron momentos muy tensos, críticos y cruciales, según describen las declaraciones dadas ante la Policía y la jueza Altamirano López por doña Anabelle Barrera Argueta, por los vecinos y los mismos “contratados” capturados, pues indican que fue en pocos segundos que estos sujetos quebraron todos los vidrios, puertas y paredes intermedias, al mismo tiempo en que se movían con bidones en las manos, y rociaban el combustible (gasolina) en el pasillo interno del Apartamento No. I, donde, precisamente, la trabajadora doméstica, Marcia Cabrera Lacayo, estaba aplanchando la ropa de la casa.

 

Según la declaración de Cabrera Lacayo, estos sujetos histéricos gritaban que me buscaran para prenderme fuego y matarme, y a la vez exigían que todos salieran del Apartamentos, pero al mismo tiempo impedían la salida de la misma Marcia Cabrera Lacayo, de Anabelle Barrera Argueta y de doña Ercilia Argueta Cruz.

 

Cabrera Lacayo (ya fallecida en El Crucero, donde vivía con su mamá) asegura en sus declaraciones ante la Policía y en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua que era tan elevado el nerviosismo histérico de estos dos sujetos, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, que inclusive a ella le rociaron gasolina en los pies, lo cual le hizo comprender que ella misma debía forzar su salida, como fuese, hacia el exterior del Apartamento No. I.

 

Efectivamente, logró alcanzar la salida cuando al mismo tiempo Anabelle Barrera y su madre, Ercilia, se abrían paso también a empujones hacia el patio frontal en “U” de los Apartamentos.

 

Cabrera Lacayo relató que cuando alcanzó la puerta de salida, por el incendio  comenzó a salir humo por los lados del Apartamento I, especialmente en la parte colindante con el Apartamento No. II, pues estos Apartamentos estaban “pegados” todos, eran y son como una sola pieza.

 

Mientras tanto, dentro de los Apartamentos estaban presentes apenas unos 5 miembros de la Brigada de Apoyo para impedir el desalojo, pues la mayoría andaba en sus quehaceres laborales cotidianos. Sólo estaban presentes un grupo muy pequeño de Diriamba, la doctora Dinorah Parrales, nuestra abogada, más los vecinos y algunos de los habitantes de los Apartamentos. No estaban todos, incluyéndome yo, pues estaba en el Diario BARRICADA.

 

En mi caso personal, Anabelle logró llamarme al Diario BARRICADA antes que los maleantes entraran completamente dentro del Apartamento I y le cortaran el teléfono. “Un grupo enorme de hombres están quebrando las ventanas y rompiendo las puertas… se están metiendo dentro del Apartamento…!ya entraron¡”, me dijo Anabelle por el teléfono, el cual inmediatamente quedó “mudo”.

 

Llamé yo inmediatamente al 118 del Puesto de Mando de la Policía Nacional, quienes se movieron de inmediato hacia el Kilómetro Once de la Carretera Sur, y fueron vecinos quienes también casi al mismo tiempo llamaron a la Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación, cuando comenzó el incendio criminal provocado por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro y la pandilla de “contratados” que andaban con ellos.

 

De las declaraciones formales de los 45 capturados por la Policía se desprende claramente que Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, la jueza Ruth Chamorro Martínez, los delegados del otro compinche Najman Perezdiez y la pandilla de 180 matones “contratados”, dan la vuelta, se ponen en fuga inmediata, todos salen en veloz carrera a la Carretera y los callejones mencionados, cuando se produce una ráfaga de tiros al aire, presuntamente disparada con un fusil Aka desde el interior del Apartamento No. VI.

 

Según los relatos de los 45 capturados y de testigos presenciales del vecindario (de los Apartamentos y de los alrededores) es precisamente en esos instantes de los disparos en ráfaga en que llegan varias patrullas policiales motorizadas, cuyos integrantes se despliegan inicialmente por el lado del Taller de Mecánica, ubicado en el costado Norte del Apartamento No I, y todavía encuentran  a parte de los 180 “contratados”, logrando capturar a 45 de ellos cuando ya emprendían la fuga por el portón de entrada al Taller de Mecánica, propiedad de un ciudadano alemán.

 

El resto se fuga. ¿Cómo hicieron? ¿Dónde escondieron los camiones de “Mudanzas Mundiales”? ¿Por dónde se fugaron Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, la jueza Ruth Chamorro Martínez y el delegado sinvergüenza de Jimmy Najman Perezdiez? ¿Cómo hicieron para ocultar el resto de vehículos en que andaban dirigiendo el operativo incendiario y de desalojo violento?

 

En medio de la gran tensión y confusión, ya cuando el incendio había sido provocado por estos maleantes en el Apartamento No. I, Iván Ramírez Barrera había logrado lanzar a mi hija Sofana Orquídea Barreto Barrera (niña de ocho meses) por encima de la malla divisoria del Apartamento No. I con el Taller de Mecánica, donde un niño de la familia del mecánico la atrapó en el aire. Dichosamente la atrapó sin consecuencias lamentables. Iván y el chavalo se pusieron de acuerdo para que el niño del Taller de Mecánica llevara a Sofana por el patio trasero, en el Este, de los Apartamentos, para que allí se juntaran todos los vecinos de los Apartamentos.

 

El incendio criminal ya estaba en lo fino. ¿Cuántos minutos habían pasado desde que la pandilla de 180 matones llegaron a los Apartamentos? ¡No lo sé¡ Anabelle calcula que habían pasado unos cinco minutos, pues todo fue muy rápido.

 

Anabelle, Ercilia, Iván, Sofana,  Marcia, y resto de vecinos se fueron a ubicar en el patio trasero mencionado, y de allí pasaron a refugiarse a una casa de un vecino de apellido Estrada, ubicada exactamente al Sur del Apartamento No. 4.

 

Con alrededor de 50 efectivos, la Policía rodeó todo el perímetro de los Apartamentos, después de capturar a los 45 “contratados”, ya mencionados.

 

Los bomberos se dedicaron a sofocar el voraz incendio criminal en el Apartamento No. I y a la vez, a impedir que fuese totalmente quemado el Apartamento No. II, propiedad de Julio Toribio Díaz, a quien los forajidos de Frutos Chamorro Argüello amenazaron con matarlo, porque se les opuso cuando llegaron, según se desprende de sus declaraciones ante la Policía y la jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, doctora Rosario Altamirano López.

 

Por mi parte, mientras tanto, después de llamar al 118 (Puesto de Mando Nacional de la Policía), me desplacé raudo en mi automóvil viejo hacia el Kilómetro Once Sur, pero no pude llegar con el vehículo, pues el embotellamiento automovilístico ya era inmenso, no había paso. Pude llegar hasta el Kilómetro Nueve y Medio. Dejé el automóvil a un lado de la Carretera Sur, y sorteando obstáculos por el embotellamiento, fui corriendo hasta los Apartamentos en el Kilómetro 11 Sur.

 

Estimo que ya eran entre las 5:40 y las 5:45 de la tarde cuando entré por el portón de entrada a la “U” de los Apartamentos, destruido por la banda de criminales de Frutos Chamorro Argüello.

 

Mi impresión o reacción sicológica fue profundamente impactante al ver cómo todavía las llamas o fuego al rojo vivo terminaba de convertir en cenizas la parte Noroeste del Apartamento No. I, donde había vivido dos años, donde había dormido, comido, descansado, trabajado “en adelantos periodísticos”,  planificado trabajo periodístico cotidiano, leído en parte de mis casi dos mil libros; donde Anabelle había sostenido heroicamente un negocio pequeño de venta de sorbetes y comidas ligeras que nos ayudaban a complementar mi salario bajo de periodista sacrificado en labores cotidianas, pues en Nicaragua a los periodistas nos pagan salarios bajos y no acordes con los peligros que implica ejercer esta profesión sacrificada, por medio de la cual reporteros, fotógrafos, cronistas, articulistas, etc., recogen precisamente los sucesos históricos cotidianos, para que se vayan guardando en las páginas de los periódicos, con la finalidad de consultarlos después y que historiadores armen sus historias oficiales u oficiosas con datos informativos.

 

El resto del Apartamento ya estaba convertido en escombros, en cenizas, y pude ver como los chorros de agua de las mangueras de los bomberos se mezclaban con el calor calcinante todavía presente en los escombros, y cómo esto levantaba explosiones blanquecinas de humo y vapor mezclados, y de cómo un grupo numeroso de “apagafuegos” luchaban por dentro y fuera del Apartamento No. II, para que el fuego no terminara de devorarlo.

 

Al entrar al parque en “U” vi rostros cubiertos de lágrimas por cólera contenida, entre otros los de Julio Toribio Díaz, Cecilia García y  Brenda, quienes continuaban luchando con los bomberos para que el fuego no avanzara hacia el Apartamento No. Tres de Jaime Aguilar Pacheco.

 

Bomberos, vecinos y  policías se solidarizaron conmigo mientras observaba los escombros humeantes, convertidos en carbón y cenizas, debido al accionar criminal de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, de Jimy Najman Perezdiez y la cómplice de estos, la jueza Ruth Chamorro Martínez.

 

Busqué a Anabelle, a Sofana, a doña Ercilia, a Iván, a Marcia Cabrera Lacayo, al resto de vecinos presentes a la hora del incendio criminal, quienes estaban refugiados en la casa de Estrada, donde les dieron solidaridad y les suministraron agua potable.

Anabelle y Sofana lloraban copiosamente. El susto o terror impuesto por esta banda de forajidos tenía estresados también a autoridades policiales, a los bomberos, a los vecindarios de los alrededores, a todo el país.

 

 

Llegué a los Apartamentos en el momento en que un grupo numeroso de vecinos solidarios seguían sacando muebles y pertenencias domésticas de Julio Toribio Díaz, para que no fuesen destruidos por el fuego y el agua a presión que lanzaban los bomberos.

 

Casi se me brotan las lágrimas, pues antes de ingresar corriendo a los Apartamentos, yo todavía pensaba en que el “montón de hombres está quebrando los vidrios y derrumban puertas”, de que me hablaba Anabelle en la llamada telefónica desesperada, era sólo el desalojo violento por parte de Frutos Chamorro Argüello y su pandilla de mafiosos, al amparo del poder de Arnoldo Alemán Lacayo en la Alcaldía y de la presidenta Violeta Barrios viuda de Chamorro, pues jamás me imaginé que también habían prendido fuego a los Apartamentos Nos. I y II.

 

Los enseres domésticos salvados, mayoritariamente de la casa de Julio Toribio Díaz, fueron colocados en el centro del patio o parqueo frontal en forma de “U”, de los Apartamentos. Como medida de precaución, de los otros Apartamentos, también fueron sacados muebles, ropa, electrodomésticos, etc., y colocados en la “U”.

 

La Policía necesitó varias camionetas y camiones para llevarse detenidos a los 45 “capturados” a la Estación III, situada en el Barrio Altagracia.

 

 

Incluir aquí peritaje de los bomberos y hallazgos de la Policía

 

 

La Jefatura Nacional de la Policía Nacional, en esos momentos jefeada por Fernando Caldera Azmitia y el jefe de la Estación III de la misma Policía, Subcomandante Ernesto “Tito” Zamora (todavía no eran Comisionados), ordenaron continuar la persecución de los incendiarios o pirómanos, y de inmediato fue emitido un exhorto nacional para capturar a Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

Numerosos oficiales y agentes policiales, encabezados por el Capitán Márquez, se posesionaron de los Apartamentos, echaron un cordón alrededor de los mismos, mandaron a traer equipos para “iniciar el autocabeza de proceso”, el cual consistió en iniciar las investigaciones formales, tomar declaraciones testificales de todos los vecinos de los Apartamentos y testigos de los alrededores, en lo cual estuvieron toda la noche y pasamos nosotros, todos, despiertos toda esa noche del 14 y 15 de abril de 1994. La Policía sólo permitió que los bomberos terminaran de hacer su trabajo en los Apartamentos I y II. A nadie más se le permitió la entrada a los Apartamentos Nos. I y II, uno quemado totalmente y el otro, parcialmente.

 

Más adelante, en este libro, iré citando trozos de declaraciones completas de los 45 “capturados” por la Policía, de los vecinos de los Apartamentos, de los testigos presenciales de los alrededores, de Anabelle Barrera, de la doctora Dinorah Parrales, de la versión oficial de la Policía, de la declaración del Jefe de la Estación III de Policía, de las declaraciones de los perjudicados directos como Julio Toribio Díaz y su esposa Cecilia, de Marcia Cabrera Lacayo y de mi propia declaración ante la Policía y en el despacho de la jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, doctora Rosario Altamirano López, a quien le tocó conducir el proceso judicial, especialmente al ocurrir el incendio criminal, aunque después fue sacada del juego por dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua.

 

También veremos cómo fueron estas jugadas judiciales sucias y perversas al más alto nivel en contra de las víctimas y a favor de los victimarios.

 

Comienzo con lo más esencial del informe oficial de la Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación:

 

“Los componentes estructurales de los locales combustionados presentan una mayor afectación en el Apartamento  No. 1, que era utilizado como vivienda por el Sr. Pablo Emilio Barreto. Estas afectaciones  presentan uniformidad de síntomas y huellas dejadas por el proceso ígneo, debido a las características de los elementos constructivos que conformaban dicho Apartamento”.

 

“La destrucción total de aquellos  elementos de menor resistencia al fuego como son: closets, falso techo (cielo raso), techo y muebles de madera fueron calcinados por completo, también se pudo observar que este Apartamento No. 1 fuerte descascaramiento y levantamiento del piso en las diferentes divisiones que lo conforman”.

 

“Toda la carga combustible, en un ´rea de 245 metros cuadrados, resultó con un alto grado de afectación por la combustión, reflejando dicha afectación las paredes de concreto de abajo hacia arriba”.

 

“Este Apartamento No. 1 contaba con un sistema monofásico de 110 voltios, que alimentaba el panel  térmico de tres circuitos con capacidad de 20 amperios cada uno. La red eléctrica estaba conformada  por conductores No. 10 y 12, los cuales se distribuían en líneas abiertas con castañuelas de porcelana y tubos PVC empotrados para los bajantes hacia apagadores y tomacorrientes”.

 

“En toda el área combustionada no se logró detectar ningún síntoma de cortocircuito en los conductores eléctricos, inclusive en el Apartamento No. 2, el cual fue afectado por la propagación del fuego”.

 

“De acuerdo a versiones recabadas en el lugar y lo que se logró apreciar del análisis de los rastros dejados por la combustión podríamos referir lo siguiente:

1: Los rastros encontrados en los elementos constructivos y la carga de combustión  denotan cuatro focos de incendio, apreciándose por esta razón uniformidad en la afectación de cada uno de los locales que conforma el Apartamento

 

2: En cada uno de los focos de combustión se observa que existen altos grados de destrucción, tanto del techo como del piso, con calcinación completa de objetos y muebles ubicados en estas zonas.

 

3: En cada uno de los focos de combustión se logró analizar que no existe ninguna relación que conlleve al origen de estos, lo que supone que fueron originados por separado.

 

4: La afectación a la carga combustible reafirma los efectos de la combustión y el sentido de la propagación.

 

Los aspectos anteriormente señalados inducen a pesar que la combustión se originó en cuatro puntos diferentes del Apartamento No. 1, los cuales se encuentran ubicados en los siguientes puntos del local:

  1. Dormitorio situado en el costado noroeste
  2. Sala
  3. Dos focos ubicados en el dormitorio del servicio situado en el costado Noreste”.

 

“Interrogatorio de testigos que detectaron, presenciaron y/o participaron en la extinción.

 

Observaciones de los bomberos

 

Subteniente Carlos Largaespada (jefe de pelotón, Zona 1.

 

La llamada fue recibida por el Puesto de Mando de la Dirección General de Bomberos a las 17: 49 horas,  concluyendo las labores de extinción a las 18:25 horas aproximadamente.

Al momento de la llegada de la primera técnica pude observar que la combustión había cubierto totalmente el Apartamento No. 1 y parcialmente el No. 2. La primera forma de ataque que adoptamos fue cortar la propagación del fuego y disminuir el grado de afectación del Apartamento No. 2 lo cual logramos minutos después; posteriormente se procedió a extinguir los residuos combustivos del Apartamento No. 1.

 

Una vez concluidas las  labores de extinción procedimos al escombreo retirándonos del lugar aproximadamente a las 20:50 horas”.

 

Testigos y ocupantes

 

Marcia Cabrera L. (Empleada de la familia Barreto)

 

“Mientras  estaba lampaceando entraron unos hombres violentamente y comenzaron a quebrar los vidrios de las ventanas y echando combustible con un  galón de plástico y que al único que identificó fue a Henry, del cual el apellido no se acuerda, describiéndolo de la siguiente forma: Gordo, pelo liso y dice que aneaba con un Walkie-Talkie, con una camisa roja y pantalón azul, pues lo conoce porque4 ha llegado tres veces a los Apartamentos pues él siempre se presenta como apoderado del Sr. Frutos Chamorro. También dice  que a la casa entraron como unas 60 personas y Henry  que andaba al mando del grupo. Ella escuchó decir que quemaran la casa y posteriormente vio cuando echaban combustible (gasolina) en el sector del lavandero y también en los cuartos y vio también cuando encendieron con fósforos los lugares rociados con combustible”.

 

Señor Carlos Sáenz Bellanger (vecino)

 

“Me dirigía para la Universidad Centroamericana cuando visualicé que comenzaron a bajar de un camión blanco una gran cantidad de personas y se comenzaron a dirigir a los Apartamentos específicamente al No. 1, escuché gritos de los residentes de este Apartamento y opté por acercarme y ví cuando comenzaron las personas que llegaron a en el camión  a patear las puertas, entrar violentamente y comenzaron a sacar enseres a la calle. En estas circunstancias yo traté de mediar pero fue imposible.

 

Algo que noté es que las personas vestían como gente de bajos recursos pero había uno  que vino en un carro Suzuki, al cual no pude ver la matrícula pero sí el color que era color plomo con calcomanías a los lados. Esta persona andaba con un Walkie-Talkie y era el que daba las órdenes.

 

Otra cosa que pude apreciar es que entraron algunas personas al Apartamento con recipientes (tambos de galón) supuse que quizás era combustible.

Momentos después aprecié que salían llamas del Apartamento del señor Pablo Emilio Barreto. Y asimismo logré escuchar que disparaban  al aire”.

 

Construcción y verificación de versiones

 

  • Posibilidad de surgimiento del Incendio a causa de fenómenos eléctricos:

 

Luego del análisis pormenorizado a todos los componentes de la red eléctrica se llegó a la conclusión:

Ninguno de los elementos o componentes de la red eléctrica denota síntomas de calentamiento interno.

Todos los componentes de la red denotan afectación por el fuego únicamente.

 

Por tales motivos se descartan como causa del incendio, causas técnicas como sobrecarga, resistencia transitoria, cortocircuito o cualquier otro fenómeno eléctrico.

 

  • Posibilidad de surgimiento del Incendio a causa de llama abierta

 

Los materiales de celulosa, donde la composición química de los mismos, se caracterizan por ser elementos  de relativa facilidad para combustionarse, además arden extremadamente rápido dado que poseen una elevada relación superficie/volumen. Ahora bien se aplica sobre las mismas un agente químico con propiedades acelerantes, todas las características anteriormente descritas se ven acentuadas. Es muy notorio  los síntomas de alta generación de temperatura  en las áreas  en las que se localizaron  focos de la combustión a pesar de que la carga combustible en las mismas era proporcional  al resto de áreas e inclusive en algunas (área de planchado) era mucho menor.

 

Este fenómeno  se puede explicar si en el escenario  existe participación de agentes químicos con propiedades acelerantes y más aún aquellos que son productos derivados del petróleo cuyas magnitudes de calor de combustión que generan sobrepasan los 11, 000 Kcal/Kg, y los materiales que caracterizaban la carga combustible existente en estos locales tienen una temperatura de ignición inferior  a los 300 grados Celsius y un límite de resistencia al fuego inferior a los 15 minutos.

 

En el lugar del siniestro  se localizaron cuatro focos de combustión sin ninguna relación lógica ya que se localizaron en diversos puntos del Apartamento No. 1.

 

Producto de lo cual, del lugar del siniestro fueron tomadas un total de 8 muestras para someterlas a el correspondiente análisis de laboratorio con el fin de establecer  si las mismas contienen residuos de agentes químicos con propiedades acelerantes utilizados en el escenario del Incendio. Los resultados del análisis del laboratorio expresan la presencia en siete de las ocho muestras, residuos de gasolina.  El detalle de los resultados se abordan detalladamente en el acápite: Pruebas Físicas.

 

De igual forma a través  de procedimientos matemáticos se estableció la relación de la superficie del Incendio con respecto al tiempo denotándose que los  valores obtenidos  de superficie en un incendio con las mismas características de tiempo, estructura y carga combustible como el acaecido en las viviendas-apartamentos alcanza una superficie aproximada de 112 metros cuadrados y en la realidad alcanzó una superficie de 245 metros cuadrados factor que también corroboró la posible presencia de sustancia acelerantes en el escenario del Incendio.

 

En este sentido, basados en las características de los fenómenos analizados, de los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas en  a las muestras recogidas y auxiliados por versiones recabadas, determinamos que la causa que originó a este Incendio es internacional, de origen químico y cuya fuente de calor es la Llama Abierta”.

 

Condiciones que favorecieron la propagación del Incendio

 

  • Las características de los elementos constructivos que componen el local combustionado se clasifican como elementos de relativa facilidad de combustión.

 

  • La existencia de un falso techo común para todas las áreas, compuesto por elementos de fácil combustión generó las condiciones para una propagación rápida.

 

  • La existencia en el escenario del incendio de sustancias químicas con características acelerantes de la combustión generaron una propagación vertiginosa.

 

  • A lo interno del Apartamento No. 1, resultó imposible establecer un  frente de propagación dado la existencia de distintos focos.

 

  • Entre Apartamentos la dirección de propagación fue en sentido de Oeste hacia Este, es decir, del Apartamento No. 1 al resto”.

 

Conclusiones

 

“De acuerdo al análisis de todos los puntos que hemos relacionado y por las características propias de este hecho se han derivado, concluimos lo siguiente:

  • Los rastros de la combustión sobre los elementos constructivos y la carga denotan la existencia de cuatro focos de Incendio, en el interior del Apartamento No. 1.
  • En cada uno de los focos se logró analizar que no existe ninguna relación que conlleve al origen de estos por lo que se supone fueron originados por separado.
  • El análisis de los lugares donde se localizaron los focos de combustión deriva que la causa del surgimiento del Incendio está relacionado con fenómenos de llama abierta, dado que no existe relación con otras causas comunes de incendio con este tipo de edificaciones.
  • Causas técnicas como cortocircuito, sobrecarga, resistencia transitoria o cualquier otro fenómeno eléctrico se descartan como posible causa del incendio en este hecho.
  • La dirección de propagación del fuego entre Apartamentos es en sentido de Oeste hacia Este, es decir, del Apartamento No. 1 a los restantes.
  • De dicho local fueron sustraídas durante el peritaje técnico siete muestras (el detalle de las mismas se abordan en el acápite: “Pruebas Físicas”) para su correspondiente análisis de laboratorio.
  • Los resultados de los análisis realizados a las muestras reflejan la presencia en distintos porcentajes de concentración (ver resultado del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional) de sustancias combustibles correspondiendo a: 1) Bencenazonaftol, 2) componente de la gasolina.

 

Analizando los aspectos anteriormente señalados, concluimos:

Que en este hecho de incendio resalta la existencia de una fuente de calor ajena al ambiente de origen químico dada la presencia de sustancias con características acelerantes  (GASOLINA) y basados en las versiones recabadas en el lugar del hecho a testigos oculares, es clasifica como Intencional”.

 

Peritos: Teniente Primero Eugenio Zapata Chavarría, jefe de Departamento de Ingeniería.

Teniente Marvin A Macanche S., Inspector de Protección contra Incendios.

 

 

Este informe de la Dirección General de Bomberos del Ministerio indica que sus unidades y bomberos trabajaron en extinguir fuego en 245 metros cuadrados, y que usaron 10,000 galones de agua, por medio de manguera a presión de 5 atmósferas.

“Condiciones que favorecieron la propagación del fuego: , cielo raso, dirección del viento y acelerantes (gasolina)”.

Sigue: “Informe sobre la investigación: El origen del incendio reviste un hecho  intencional causado por derrame de combustible sobre objetos de madera anteriormente escrito en el punto de explicación técnica, utilizando para su origen, llama abierta”.

 

Continúa el informe de los bomberos del Ministerio de Gobernación, en el folio 611 del Expediente remitido al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua:

 

“Descripción de las acciones extintoras:

 

“El día jueves 14-4-94, a las 17:50 horas, se ordenó a través del P.M. (Puesto de Manado) atender un incendio en vivienda del kilómetro 11 Carretera Sur. De inmediato se movilizaron las técnicas (camiones de bomberos, “apaga fuego”) M-15, C-10 y C-12 al mando del C/S C. Largaespada.

 

“Sucesivamente se movilizó los medios del Z-7, C16 al mando del  Teniente M. Briceño, del Z-5, M-11 y C-51 al mando del Cro. V. Eugarrios, del Z-3 y C-30 al mando del cro. F. Alarcón, del Z-2 y el C-21 al mando de  A. Urbina.

 

“Una vez en el lugar, se realizó una exploración visual del siniestro, pasándose de inmediato la información del mismo al P.M.  de que en el lugar se necesitaban autocisternas y tres cisternas, con personal de bomberos para la labor de extinción.

 

“La técnica del M-15 se ubicó en la parte Sureste del objetivo, desplazando una línea de tres tramos de 6mm con un pistero de 2 y medio americano, con el objetivo de corta la propagación, la que iba  de Oeste a Este. Posteriormente se desplazó otra línea de tres tramos  de 51mm con un pistero de 1 y medio  americano, ubicándolo en la parte de la vivienda con el objetivo de bajar la magnitud del incendio.

 

“Sucesivamente hizo llegada al lugar la técnica M-16, la que se ubicó  en la parte Noroeste, desplazando una línea central de 2 tramos de 6mm, ramificada a 2 de 51mm con su respectivo pistero CMP, con el objetivo de continuar la extinción del siniestro en la parte Norte de la vivienda.

 

“En esta labor de extinción el cro. Manuel Obregón, bombero del Z-7 sufrió una quemadura leve en la mano derecha, al querer esquivar una viga que venía sobre la humanidad del  compañero Obregón.

 

“Una vez  al llegar la técnica M-11, se ubicó en la parte Oeste de la vivienda, desplazando una línea de dos tramos  de 66mm ramificada a 2 de 51 mm con su pistero CMP, con la finalidad de extinguir el siniestro.

“Una vez controlado el siniestro, se procedió a regresar los medios del Z.5, Z-3, Z-7 y Z-2 a sus unidades, quedando en el lugar las técnicas M-15 y C-12, realizando labores la labor de escombreo y extinción de posibles focos de incendio”.

 

Se indica en ese mismo informe que en esta operación de extinción del incendio criminal intencional, estuvieron presentes los siguientes bomberos y jefes:

  1. Viera O., I. Tijerino, Róger Argüello, A. Mejía, R. Gutiérrez, Wilfredo Rosa, Salvador Trinidad, Francisco García, G. Aguilar, C. Largaespada, J. Juárez, A. Talavera, M. Umaña, I. Tijerino. A Flores, Omar Treminio, Alejandro Urbina, Juan Vivas, Salvador Castro, Francisco Alarcón, Juan  David Medrano, V. Eugarrios, L. Bermúdez, S. Aráuz, Guillermo Aráuz, M. Briceño, I. Díaz, E. Gómez, M. Obregón, Julio Gago, Cristino Meza y N. Silva.

 

El mismo Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, mediante un informe breve, ubicado en el folio 621 del Expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, indica que el capitán José Márquez Chávez fue quien coordinó las patrullas policiales móviles números 3-071, 3-055, 3-010, más una patrulla de la Brigada Especial de la Guardia Operativa placas 3924, más un pelotón de 30 policías de la Academia Walter Mendoza, situada casi frente al kilómetro 11 de la Carretera Sur, donde ocurrió el incendio criminal intencional.

Añade ese informe que también se usó una camioneta Toyota  blanca, cuyo conductor era Danilo Solórzano.

 

En un informe, en hojas separadas, la Dirección de Bomberos del Ministerio de Gobernación (folio 622 del Expediente Judicial), presenta asimismo un informe breve sobre las pérdidas materiales en los Apartamentos Nos. 1 y 2, sin incluir, por supuesto, el valor de cada uno de los apartamentos quemados por los 180 matones de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Apartamento No. 1, Pablo Emilio Barreto:

 

Vestuarios de 5 personas, biblioteca con 1,000 libros, utensilios de cocina, dos radios, cuatro camas unipersonales, una máquina de escribir, catorce cajillas de gaseosa, un frezzer, una grabadora, dos planchas, tres mesas de madera, , doce sillas, un juego de muebles, dos elementos de un juego de sala, un órgano electrónico,  cinco llantas de carro No. 13, una batería nueva de doce voltios, documentos personales (identificaciones), provisión de granos básicos, puertas nuevas, sesenta láminas de zinc nuevas. Valorado todo en 10,000 córdobas.

 

Apartamento No. 2, Julio Toribio  Díaz:

 

Un teléfono, juego de muebles (cuatro piezas), un comedor (5 piezas), vestuario para siete personas, utensilios de cocina, un radio, un betamax, cortinas, dos camas unipersonales,  dos mazas, un pantry nuevo, ventanas de vidrio nuevas, cuatro puertas nuevas y veinte láminas de zinc.

 

 

“Ministerio de Gobernación

Policía Nacional

Laboratorio Central de Criminalística

Resumen de informe

Asunto: Informe pericial relacionado con la investigación de sustancias combustibles.

 

En relación con las investigaciones que se practican referente a un hecho de “Incendio”, ocurrido el día 14-o4-94, en el lugar que se sita: Km. 10 ½ Carretera Sur, fueron remitidas por usted en calidad de prueba material el día 15-04-94, una (1) cortina color blanco, un (1) trozo de madera, una (1) muestra de combustible y fragmentos combustionados, a fin de que los peritos en química determinen:

  • Identificación de la sustancia combustible remitida
  • Presencia de sustancias combustibles en la cortina y en los fragmentos combustionados remitidos.

Y de conformidad con lo interesado, le informamos:

 

Examen e investigación

 

Se recibió para su investigación:

  1. Una (1) botella de vidrio con un trozo de tela como tapón presentando una etiqueta donde se lee: “Molotov ocupado en las cajillas de gaseosas que estaban cerca del lavandero de la casa de Pablo Emilio Barreto” (muestra No. 1).
  2. Fragmentos combustionados dentro de una bolsa plástica transparente presentando una etiqueta donde se lee: “Residuos d3e materiales ocupado en el foco No. 1 del lavandero 2mts. Al Sur a 50 cms. De la pared Este (muestra No. 2.
  3. Fragmentos combustionados dentro de bolsa plástica transparente presentando una etiqueta  donde se lee: “Residuos ocupados en el foco No. 2, situado  en la esquina Noroeste de la casa de Pablo Emilio Barreto” (muestra No. 3).
  4. Antorcha dentro de una bolsa plástica transparente presentando una etiqueta donde se lee: “Antorcha ocupada junto a la rosticería situada al lado Oeste de la casa de Pablo Emilio Barreto” (muestra No. 4).
  5. Trozo de algodón dentro de una bolsa plástica  presentando una etiqueta donde se lee:  “Muestra encontrada al lado al lado de la rosticería” (muestra No. 5).
  6. Fragmentos combustionados dentro una bolsa plástica presentando una etiqueta donde se lee: “Muestra encontrada en el lado Oeste de la rosticería” (muestra No. 6).
  7. Trozo de algodón dentro de una bolsa plástica presentando una etiqueta donde se lee: “Muestra tomada en el lado Oeste de la rosticería” (muestra No. 7).
  8. Una (1) cortina de color blanco presentando cuatro (4) deterioros con tizne en sus alrededores (muestra No. 8).

Que iniciadas las investigaciones, las muestras fueron  sometidas por separado a una extracción  por medio de sublimación conducente a la separación de posibles sustancias combustibles presentes, obteniendo extractos de color transparente en el que se practicó los siguientes  análisis:

 

  1. Reacción con Resorcinol para determinación  de hidrocarburos con resultados positivos y negativos.
  2. Ensayos con cromatografía en capa delgada utilizando placas de silicagel Gf-254, bajo los siguientes sistemas:
  3. hexano: Acetona (7:3).

Detección: Lámpara de luz ultravioleta (336 nm)

Aspersión con Resorcinol alcohólico al 2%.

 

Resultados:

Separación de 1-benzenazonaftol-2 activo de la gasolina mediante un hRf de: 92-93 en las muestras: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

 

Las concentraciones se obtuvo  mediante el cálculo de área bajo la curva de absorción correspondiente a:

 

No. 2: 8, 3 PPM

No. 3: 7, 0 PPM

No. 4: 4,3 PPM

No. 5: 1,8 PPM

No. 6: 1, 6 PPM

No. 7: 1,0 PPM

 

Por todo lo antes expuesto, el perito  que suscribe arriba a las siguientes conclusiones:

 

Primera: que la muestra líquida en la botella de vidrio (muestra No. 1) se identificó como: Gasolina.

Segunda: Que se comprobó presencia de sustancias combustibles correspondiendo a: 1-benzenazonaftol-2, principio activo de la Gasolina, en:

 

Muestras               Concentración (PPM)

2                                8,3

3                                7,0

4                                 4,3

5                                 1,8

6                                  1,0

7                                  1,0

 

Tercera: que no se comprobó presencia de sustancias combustibles en la cortina color blanco (muestra No. 8) remitida.

Es todo  cuanto tenemos  que informar al respecto.

Teniente Primero René Marenco Alvarado, perito

Capitán Mauricio Rojas Acevedo, Director del Laboratorio Central de Criminalísticas de la Policía Nacional”.

 

 

Por su parte, el jefe de la Estación III  y el jefe Investigaciones Criminales de la Estación de esa misma unidad policial, Comandante Ernesto Zamora y capitán Andino, en las “conclusiones” de “relaciones de hechos” en el incendio criminal de ese 14 de abril de 1994, señalan que Frutos Chamorro Argüello. Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Gerardo Ramón Aburto Sevilla, Sergio Velásquez Carrión y todos los 45 capturados, son autores de los delitos de incendio, exposición de personas al peligro, asociación ilícita para delinquir y otros estragos,  en contra de Pablo Emilio Barreto Pérez y Julio Alejandro Toribio Díaz.

 

Añaden que estos delitos de tipo penal fueron ejecutados con “el ánimo de causar daños a otras personas, utilizando para esto medios fraudulentos”.

 

“Se ejercitó utilizando materiales inflamables y botellas molotov, las cuales fueron llevadas al lugar con una intención premeditada de quemar los Apartamentos Argüello (“desaparecerlos”). Mediante la inspección realizada en el lugar de los hechos se logró demostrar la aparición  de dos bombas molotov, de fabricación casera, encontradas en la parte Norte del Apartamento No. 1, a la orilla de la malla”, añade el informe policial, remitido al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

“Los hechos se limitaron a que los señores Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro y Sergio Antonio Velásquez Carrión, se dedicaron a la contratación de aproximadamente cien personas de origen campesino, los cuales iban a ser dirigidos a los Apartamentos Argüello con el objeto de desalojar a los actuales moradores, manifestándoles que todo estaba en regla y que solamente  era un desalojo apoyado por un supuesto juez y la colaboración de la Policía Nacional,  y siendo todo esto falso, y creando el día jueves catorce de abril  de mil novecientos noventa y cuatro, a eso de las cinco y cuarenta minutos de la tarde, en el kilómetro diez y medio Carretera Sur, un incendio en los Apartamentos 1 y 2 de dicho Reparto, por lo que fueron repelidos por un ciudadano del Reparto con un Fusil AKA que realizó varios disparos al aire  con el objeto de calmar al violencia reinante del momento. Post2riormente se logró determinar  que el fusil No. 800095 fue ocupado por la señora Luz Marina Artola Rivera, sin culatín, arma que fue remitida al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional”, agrega el informe policial.

 

Sigue indicando el informe: “De las personas contratadas por Henry Núñez Abarca, Sergio Antonio Velásquez y Pablo Rivas Castro, , que la mayoría pertenecen al Municipio de Ticuantepe y La Borgoña. El ciudadano de nombre Domingo José Sinclair Martínez, al momento de estar desalojando una de las casas, sacó del interior  del Apartamento No. 2 una pistola con siglas MAS-M18, la cual trató de llevarse, ya que estaba dándose a la fuga cuando fue capturado por la Policía con esta arma en sus manos.

 

“Al momento en que la Policía realizó la captura de varios de los participantes del desalojo se les encontraron en su poder, a: Gerardo Ramón Aburto Sevilla, un cuchillo de cocina; a Julio César Cardenal Vicente, se le ocupó un cuchillo de mesa marca Stanley; también a Carlos Alberto Cardenal Vicente  se le ocupó un cuchillo de cocina;  a José Eugenio  Cardenal Caballero se le ocupó un cuchillo marca Pastor, a Javier Antonio  Espinoza Blandino, se le decomisó una bayoneta metálica; a Luis Alberto Velásquez Martínez se le ocupó un machete “punta recortada” de color negro, y encontrándose al mismo tiempo en el lugar de los hechos un Plywood con clavos ensartados, un machete de color negro,  y un total de cuatro botellas molotov, un palo de forma de antorcha.

 

“Al realizarse las primeras capturas en la vía pública, varios de los capturados manifestaron  que ellos habían sido contratados para realizar un trabajo de cargas y descargue y por lo cual se iban a ganar 30 córdobas oro, pero al estar en el lugar  descubrieron que habían sido engañados por los señores  Henry Ernesto Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Sergio Antonio Velásquez, los cuales los transportaron desde los municipios de La Borgoña y Ticuantepe, hacia Managua, kilómetro 10 ½ de la Carretera Sur”.

 

Añade el informe del jefe de la Estación III y del jefe de Investigaciones Criminales de la Policía:

 

“Entre los medios de prueba que podemos señalar, tenemos: La denuncia interpuesta por los ciudadanos Pablo Emilio Barreto Pérez y Julio Toribio Díaz en contra de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro como autores del incendio; declaraciones de ofendidos de: María Cecilia García González, Brenda Enríquez de Hernández, Anabelle Erlinda Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Rivas y Juan Pablo Hernández Cruz, con  las declaraciones testificales de: Dinorah Parrales,  Carlos Sáenz Belanger, Concepción del Carmen García González, Julio Guillermo Collado Gutiérrez, Marcia Lorena Cabrera Lacayo y María José Yescas Víctor.

 

“Con la inspección del lugar de los hechos, por medio de la cual se logra recoger elementos de prueba como las: botellas de molotov, con líquido inflamable; con la observación de los restos de los Apartamentos quemados, por medio de la fotografía, y los cuchillos encontrados en el lugar de los hechos, con los recibos de ocupación Nos.: 273-94, 274-94, 275-94, 278-94, 085-94, 086-94, 277-94, 279-94, 280-94 y 281-94, ocupados a una parte de los detenidos y otra encontrados  en el lugar de los hechos.

 

“Con el resultado del peritaje de AVEXI del Laboratorio Central de Criminalística, el cual  nos aclara que existieron dos focos de incendio en el interior del Apartamento No. 1. Con la gráfica del recorrido que se realizó desde La Borgoña, Ticuantepe y Managua al kilómetro 10 ½ Carretera Sur, por los camiones que transportaron al personal al lugar de los hechos. Con las fotografías ilustrativas del lugar  de los hechos, divididas en dos volúmenes respectivamente

enumerados.

 

“Con las declaraciones de los 45 indiciados, quienes en sus deposiciones dan fe de haber  llegado al lugar de los hechos y haber tenido participación directa e indirecta en la comisión de los delitos. De conformidad con los artículos No. 6, título 5to. Capítulo primero artículo No. 317, de conformidad con el capítulo cuarto, artículo 154 PN, de conformidad con título once, capítulo  primero artículo No. 493, 494 y 495 del Pn, más los artículos  Nos. 496 y 497 del Pn. déjese causa abierta en contra de los ciudadanos Frutos Chamorro Argüello, autor intelectual del delito de incendio  y otros estragos, exposición de personas al peligro y asociación ilícita para delinquir; a Henry Núñez Abarca, autor material del caso, ya que dirigía, instigaba y organizó la comisión de los delitos; a Pablo Rivas Castro, autor material del delito, ya que anduvo dirigiendo junto a Henry Núñez Abarca; a Sergio Antonio Velásquez Carrión, recientemente detenido y autor material de los hechos, ya que anduvo en los municipios La Borgoña y Ticuantepe reclutando personal, enviado por Pablo Rivas Castro.

 

Parte de este mismo informe policial, ubicado en el folio 165 del expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, se indica detalladamente que en el sitio del incendio fueron encontrados:  “Una botella de Pepsi (Molotov) conteniendo líquido amarillo oscuro y trapo. Una botella de Cerveza Victoria con el mismo líquido amarillo. Una botella de medio litro (Molotov). Una botella de envase “Mirinda” conteniendo líquido amarillo y trapo. Un trozo de madera (palo) conteniendo en uno de sus extremos un trapo envuelto con una bolsita plástica. Un bolso color gris, vacío”.

 

 

“Asimismo, déjese como diligencias pendientes los resultados  de peritajes químicos, balísticos y caninos, los cuales aún se encuentran  en el Laboratorio Central de Criminalística, y el evalúo de los daños en las viviendas de los Apartamentos Nos. 1 y 2 de los Apartamentos Argüello.

 

La presente causa es remitida al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua”, indica el informe oficial de la Jefatura de Investigaciones de la Estación III de la Policía Nacional, el cual, en el folio 258 del expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, dice, por ejemplo: “…el jeeps Suzuki, conducido por Henry Núñez Abarca, se regresó sobre la Carretera y volvió a pasar por los Apartamentos hasta aparcarse  a unos 50 metros de los mismos, lo mismo hicieron los camiones. Estando detenidos los vehículos, Henry Ernesto Núñez Abarca se bajó del jeeps al igual que los acompañantes, quienes cargaban un saco macén y tres bolsos grandes de colgar conteniendo objetos desconocidos, sólo que al bajarse los cuatro sujetos se dirigieron por el extremo derecho de los Apartamentos.

 

“Henry Núñez Abarca ordenó la bajada de los reclutados de los camiones y los reunió para explicarles del trabajo que iban a desempeñar en el lugar, diciendo a los mismos  que actuarían bajo las leyes y sacó un papel diciendo que era una orden de la juez Chamorro.

 

“Luego el mismo Henry Núñez Abarca guió a los hombres hasta la casa que se iba a desalojar y les dijo que empezaran a sacar las cosas. Los cargadores empezaron a sacar los muebles, mesas, camas, colchones y demás enseres, en ese momento se escuchó unos disparos de fusil  Aka, que provenían de uno de los Apartamentos de al frente, al escuchar los tiros, los hombres que sacaban enseres de la casa, salieron corriendo hasta el otro lado de la Carretera, donde están unos árboles de chilamate, pero Henry Ernesto Núñez Abarca les dijo  que no se preocuparan y haciendo uso de un radiocomunicador  que portaba en manos, hizo como si hablaba con la Policía y como para darle aliciente a los hombres, les decía que ya la Policía estaba por llegar al lugar y les ordenó que continuaran sacando las cosas de la casa. Los hombres un poco más conformes continuaron con su labor hasta terminar de sustraer las cosas y que entrara Henry Ernesto Núñez Abarca con un galón blanco en la mano a decir a los últimos cargadores que salieran de la casa (Apartamento No. 1), empezó a rociar la gasolina por toda la casa y un sujeto  de los que le acompañaban, el moreno,  alto, que usaba gorra, se puso a rellenar las botellas de cerveza con gasolina, fabricando los molotov, que una vez terminados serían lanzados por Henry Ernesto Núñez Abarca y el sujeto moreno, provocaron el incendio en la casa. Al iniciar el incendio, Henry Núñez Abarca y el moreno salieron corriendo del Apartamento hacia  afuera”.

 

Continúa el relato policial, en el folio 259:

 

“Cabe señalar que cuando se inició el incendio de la casa se escucharon otros disparos, siempre con el fusil AK, por lo que Henry Núñez Abarca volvió a utilizar el radiocomunicador,  sólo que en esta ocasión se comunicó con alguien a quien él llamaba “jefe” y le dijo que la cosa se estaba poniendo “fea” y le preguntó que si no iba a llegar, porque en ese momento llegó una Patrulla de la Policía”.

 

El mismo informe policial, más las declaraciones o interrogatorios a los 45 detenidos en la Estación III de la Policía, señalan que inmediatamente después de que Henry Núñez Abarca comunicara por radiocomunicador que “la cosa se está poniendo “fea”, los tres principales delincuentes: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, dieron la vuelta, se subieron a sus vehículos, giraron en redondo hacia los callejones del Oeste de la Carretera Sur, les ordenaron a los choferes de los camiones que andaban “para el desalojo”, que hicieran lo mismo, ¡y desaparecieron, dejando “ensartados” a los 180 “contratados” para el “cargue” y “descargue”, traídos de La Borgoña, Ticuantepe, del Reparto Schick y Pablo Úbeda, lo cual permitió que varias patrullas de la Policía Nacional todavía pudieran capturar a 45 de los 180 maleantes “contratados” para el desalojo e incendio intencional¡

 

También desaparecieron del escenario del incendio la jueza Ruth Chamorro Martínez, quien confesó públicamente que ella estuvo allí para “entregarle la posesión de los Apartamentos a Jimy Najman Perezdiez, quien también se fugó, pues la Policía no logró capturarlo.

 

Unas dos horas después del incendio criminal, el Comandante Ernesto “Tito” Zamora Chávez, jefe de la mencionada Estación III de la Policía, dijo estar sorprendido de que la jueza Chamorro Martínez haya dicho que ella le solicitó apoyo policial a esta unidad de Policía para ejecutar el desalojo en los Apartamentos Argüello, pues la mencionada jueza más bien se había negado a que se le acompañara en días anteriores, lo cual menciono en páginas anteriores de este libro, pues hubo distintas maniobras sucias y violentas en los intentos de desalojar estos Apartamentos de manera ilegal, arbitraria y de forma revanchista, porque en esos momentos había una oleada de desalojos en contra de las 350,000 familias beneficiadas por las Leyes 85, 86 y 88, por parte del gobierno revolucionario sandinista, cuando éste abandonó el poder gubernamental en abril de 1990..

 

Casi al mismo tiempo, esa misma tarde del 14 de abril de 1994, el jefe nacional de la Policía, Comandante Fernando Caldera Azmitia, calificó el hecho del incendio criminal de “acción pandillesca y criminal”, y afirmó que los autores intelectuales y materiales serían castigados conforme los indican las leyes nacionales correspondientes.

 

Ernesto Zamora Chávez confirmó que la jueza Chamorro Martínez rechazó la participación policial precisamente el 24 de marzo de 1994, cuando se produjo “el ordeno” casi militar  del juez Castañeda para que se le entregase de inmediato los Apartamentos a Najman Perezdiez.

 

“A mí en lo personal, nunca me manifestó que además de necesitar protección ella, necesitaba apoyo de la fuerza pública, para el efectivo cumplimiento de la resolución judicial”, afirmó Zamora Chávez ante medios informativos de Managua y después ante la jueza Sexto del Distrito del Crimen de Managua, doctora Rosario Altamirano López.

 

Reveló Zamora Chávez que debido al “ordeno” de Castañeda, en marzo de 1994, la Estación III de Policía le ofreció dos agentes a la doctora Chamorro Martínez, pero que ella rechazó ese apoyo policial en forma reiterada.

 

Sin embargo, la jueza Chamorro Martínez se presentó a los Apartamentos Argüello, para ejecutar el desalojo violento (más incendio criminal), con 180 sujetos “contratados” por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, los cuales llegaron en camiones y armados con cuchillos, machetes, pistolas, varillas de hierro, palos, y además, con la gasolina que el propio Núñez Abarca llevaba en galones y usó para prender fuego en el Apartamento No. 1, el cual quedó totalmente quemado y de este Apartamento el fuego pasó al Apartamento No 2, quedando este parcialmente incinerado.

 

Esa misma noche del 14 de abril de 1994, la doctora Dinorah Parrales Parrales, abogada defensora de los ocupantes de los Apartamentos Argüello, hizo nuevamente un historial ante los investigadores policiales sobre todos los atropellos de que los ocupantes de los Apartamentos habían sido víctimas de estos maleantes: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas, Horacio Calero y otros, desde 1992, cuando comenzaron los intentos de desalojo, las amenazas de muerte, el ponerle hasta precio de 10,000 dólares por la eliminación física de Julio Toribio Díaz, Wilmar Suárez y Juan Pablo Hernández, según las denuncias radicadas en la Estación III de la Policía y en varios Juzgados del Crimen de Managua.

 

La doctora Parrales Parrales en su declaración testifical de esa noche del 14 de abril de 1994, acusó ante la Policía, y después en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, por los delitos de: Incendio intencional, asociación ilícita para delinquir, asonada, asesinato frustrado, lesiones, invasión de domicilio, exposición de personas al peligro, engaños a sus propios “contratados” para ejecutar el desalojo violento,  y otros estragos.

 

“Especialmente el delito de incendio intencional es un delito de orden público, que no admite ni fianzas”, advirtió la doctora Parrales Parrales en sus declaraciones testificales y de acusaciones ante los investigaciones y procesadores de la Policía Nacional, esa misma noche del 14 de abril de 1994.

 

 

 

En este relato, después de ocurrido el incendio criminal, para ilustrar a los lectores presentaré en estas páginas siguientes lo más esencial de las declaraciones ante investigadores y procesadores de la Policía de los 45 capturados (“contratados” por Frutos Chamorro para el “cargue” y “·descargue”), de las víctimas de los Apartamentos y de los testigos presenciales del violentísimo intento de desalojo e incendio en los Apartamentos 1 y 2.

 

Mientras tanto, presento aquí asimismo un resumen de los reportajes y sus titulares publicados por el Diario BARRICADA y El Nuevo Diario, al día siguiente. Cabe destacar que medios informativos radiales y televisivos publicaron inmediatamente el suceso del incendio criminal, lo que motivó una ola de condenas contra este grupo pandillesco y de mafiosos, al mismo tiempo se desató una oleada de solidaridad conmigo y con mi familia, más una condena unánime en contra de la conducta de la jueza civil Ruth Chamorro Martínez, cuya destitución le fue solicitada en forma reiterada a la Corte Suprema de Justicia.

 

Todo esto lo vamos a ver a lo largo de este librito histórico sobre este incendio criminal, cuyos autores quedaron en la impunidad total.

 

El Diario BARRICADA publicó la noticia a ocho columnas con el siguiente título: “Incendio Criminal”, más el siguiente sobretítulo: “180 hombres en violento intento de desalojo; queman casa de periodista de BARRICADA”. Se incluía este subtítulo: “Comandante Caldera: es una “acción pandillesca”; Pablo Emilio Barreto: querían asesinarme”.

 

El reportaje, firmado por Sergio Cruz y Juan José Lacayo, dice textualmente lo siguiente:

 

“Un grupo de 180 matones, contratados por Frutos Chamorro, irrumpió en los Apartamentos del kilómetro de la Carretera Sur y desalojaron con violencia a sus ocupantes. Como resultado de la brutal acción, dos casas—entre ellas la de nuestro colega Pablo Emilio Barreto—quedaron en cenizas, asimismo los enseres que habían en sus interiores.

 

“Esto es un acto criminal”, dijo Barreto al ver su casa totalmente quemada. La otra vivienda destruida pertenece a Julio Toribio, vecino de nuestro colega. La de Silvia Ortega resultó con daños parciales.

 

“De acuerdo con versiones de los testigos presenciales y vecinos, los 180 matones llegaron en dos camiones  a las cinco y media de la tarde, jefeados por Henry Núñez, un empleado de Frutos Chamorro. Estos—aseguraron los afectados—asaltaron el lugar, haciendo disparos al aire.

 

“El grueso se dirigió directamente al Apartamento donde se encontraba Anabelle Barrera, esposa de Barreto. Derribaron la puerta principal de la casa, y le gritaron que desalojara el lugar, con su hija de 10 meses.

 

“Me sacaron a empujones y empezaron  a regar gasolina por dentro y le pegaron fuego a la casa”, aseguró la señora que resultó golpeada.

 

“Frutos Chamorro, ubicado por BARRICADA vía telefónica, rechazó tajantemente que sus hombres fueran armados y rociaran gasolina adentro de la vivienda. “Que busquen casquillos en los alrededores, mis hombres no portaban armas”, dijo.

“Asimismo, aseguró que el incendio se produjo porque “alguien disparó desde adentro” de uno de los apartamentos. No voy a mandar a quemar mi propiedad”, insistió.

“Sin embargo, al filo de las nueve de la noche, en los alrededores de las viviendas, un perito policial –con el grado de Teniente y no identificado—encontró cerca de diez botellas de gaseosas y cervezas, llenas de gasolina y con un mechón. Presuntamente, en la huida las dejaron tiradas.

“Asimismo, de acuerdo con las investigaciones preliminares de los bomberos, el incendio se produjo por productos inflamables, como gasolina. Los expertos, de hecho, descartaron que ocurriera por un disparo desde el interior, lo cual tira por el suelo la versión de Chamorro.

 

Chamorro niega, los hechos refutan

 

“Cuando BARRICADA llegó al lugar, los habitantes sacaban lo que podían de sus casas. Cargaban lo más necesario, intentando salvar sus pertenencias del voraz incendio. Los habitantes y vecinos calificaron la acción de Chamorro como un crimen.

“El principal responsable de este criminal acto es el señor Frutos Chamorro, que mandó a esos salvajes a desalojarnos con fuego”, dijo Juan Pablo Hernández, habitante de los Apartamentos.

 

“Al lugar del siniestro se presentaron ocho unidades de bomberos, con un total de 32 hombres. Además, cerca de 30 cadetes de la Academia Walter Mendoza colaboraron a poner el orden y evitar el pillaje.

“Chamorro Argüello confirmó a BARRICADA que efectivamente contrató a los 180 hombres “para que fueran a desalojar a las personas que viven en mi propiedad”. A cada uno, dijo, le pagó 100 córdobas y en tono vulgar y altanero, añadió que “lo vuelvo a hacer”.

 

“Presuntamente, estos llegaron acompañados de la jueza Ruth Chamorro, “con una orden de desalojo”. Mientras tanto, afirmó que él se encontraba en una “asamblea de trabajo” en el Hotel Camino Real.

 

“Ellos (los habitantes) han desafiado las leyes y el orden de este país, esto no es nada político, es solamente el cumplimiento de la ley”, dijo Chamorro.

“Por la mañana, Chamorro envió una carta a nuestra sala de redacción, insistiendo en que las casas le pertenecen y anunciando la acción criminal… En resumen, los actuales ocupantes de los apartamentos no tienen títulos de propiedad, , no solicitaron solvencias de ley ante la OOT, y, por último, el Estado nunca confiscó ni administró cn ánimo de dueño dicha propiedad”.

“…El desalojo que próximamente estaremos realizando, se hace acorde con la ley expresada en la orden de desalojo emitida por las cortes competentes”, agregaba la misiva.

 

Caldera: grave precedente

 

Por su parte, el jefe de la Policía Nacional, Comandante de Brigada Fernando Caldera Azmitia, consideró que los incidentes ocurridos ayer fueron producto de un “estilo pandillesco de resolver las cosas, porque por mucha razón legal del reclamante, su actuación constituye una incitación a la violencia”.

Caldera afirmó que investigan minuciosamente el caso, y que no estaba clara  “la presencia de la jueza”, aunque “si se presentó, debió haber permanecido en el lugar”.

Se va a proceder, la Policía no hace desalojos, pero evita acciones violentas. Si hubo personas dentro de las viviendas al momento del incendio, es homicidio…la jueza debió acudir a la Policía”, agregó.

 

“Estos son graves precedentes y se van a tomar medidas, sentenció Caldera, al confirmar que la jueza Ruth Chamorro no solicitó la presencia policial”.

“Si se alega la existencia de una orden judicial, se debió haber solicitado formalmente la presencia de la Policía”, insistió Caldera.

 

“Las autoridades también averiguan si los matones llegaron armados y dispararon. Asimismo, si prendieron fuego a las viviendas. Se presume que hoy podrá darse una versión oficial de las investigaciones. Hasta el momento hay 45 detenidos en la Estación Tres y estos han confirmado que los contrató Núñez, empleado prófugo de Chamorro”.

 

 

Editorial del Diario BARRICADA

“Nuestra condena y solidaridad”, era el título

 

“Los actos de violencia ocurridos ayer, durante un intento de desalojo en la Carretera Sur, provocados por un grupo de 180 hombres contratados por el señor Frutos Chamorro Argüello, merecen nuestra más enérgica condena.

El incendio de las seis viviendas que puso en riesgo la vida de menores, y a la familia de nuestro compañero periodista Pablo Emilio Barreto,  constituye un acto criminal que envía un mensaje de terror a miles de familias sobre las que pende la amenaza del desalojo.

“BARRICADA se solidariza con las víctimas de la agresión, que han quedado en el desamparo, y demanda de las autoridades que realicen una investigación exhaustiva sobre todo lo ocurrido en el kilómetro once.

“Las primera evidencias recabadas en el lugar de los hechos, indican que el incendio en los apartamentos no fue provocado por disparos, sino por la acción de la gasolina aue fue rociada en el sitio. Es responsabilidad de las autoridades establecer con plena certeza cómo se produjo el incendio y quiénes son los culpables.

“Por otra parte, la utilización de fuerzas de choque, al margen de la autoridad policial, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera  bajo el argumento de que se recurre a esas fuerzas para hacer cumplir órdenes judiciales. Todo uso de la fuerza, al margen de las autoridades policiales, se convierte en una incitación a la violencia. Peor aún, el vandalismo nunca podrá ser un medio legítimo para hacer cumplir leyes, y sólo provocará una respuesta igualmente violenta.

“Por eso, exhortamos también a las autoridades judiciales a investigar la actuación de los jueces que, como en el caso de la Carretera Sur, se prestan a justificar la utilización de  de medida de fuerza pandillescas, empujando a la sociedad al enfrentamiento y al desorden.

 

“El incendio provocado en los Apartamentos de la Carretera Sur representa un gravísimo precedente de violencia, que deben alertar a los pobladores para organizarse y autodefenderse. Pero a su vez, obliga al gobierno a no seguir postergando la promulgación de la ley que suspende los desalojos, y adoptar medidas adicionales para ofrecerle una protección efectiva a la ciudadanía, y evitar el caos”, concluye el Editorial de BARRICADA del 15 de abril de 1994.

 

En la edición del 16 de abril de 1990, BARRICADA nuevamente tituló a ocho columnas:

“Castigar a pirómanos”, con el sobre título de: “Ola de solidaridad con Pablo Emilio Barreto; indignación contra barbarie”.

Debajo del título principal un subtítulo: “45 detenidos, pero Frutos Chamorro sigue prófugo; Policía no ha llegado a buscarlo a su casa”.

En el centro aparecen dos fotografías, una donde se ve a cuatro ciudadanos removiendo escombros de lo que fue la casa de Pablo E. Barreto Pérez, más una foto inserta del rostro de la jueza Ruth Chamorro Martínez.

A la derecha del diario se lee otro título relacionado con el incendio:

“Doméstica salió entre las llamas.

“Queremos quemar vivo a Barreto”, aseguró uno de los pandilleros”.

 

Otro título a tres columnas: “Abogados: debe ser destituida

Con el sobretítulo: “Ruth Chamorro admite que llegó con los 180 matones”

Más un subtítulo: “Corte Suprema calla y capea el bulto. AN investigará el caso”

 

Debajo de estas informaciones y fotos, otro editorial, titulado:

“No a la impunidad”.

 

La información a ocho columnas, firmada por Juan José Lacayo y Jorge Katín,  dice lo siguiente:  “La Policía Nacional abrió causa y citó a Frutos Chamorro , Pablo Rivas Castro y Henry Núñez, como los principales responsables del violento intento de desalojo en la Carretera Sur, sin embargo, oficialmente ninguno de ellos ha sido arrestado, pese a que han transcurrido más de 24 horas desde que ocurrió el suceso.

BARRICADA se presentó anoche en la lujosa mansión que habita el señor Frutos Chamorro en la calle Los Cerros, de residencial Las Colinas, y el cuidador  confirmó que su patrón  no se encontraba. De acuerdo con una fuente cercana a la familia Chamorro, éste se encuentra oculto en casa de un familiar.

 

“Un vigilante que cuida la casa de una ciudadana italiana, vecina de Frutos Chamorro, afirmó que el matrimonio Chamorro pasó toda la noche del jueves en su casa, y que en horas de la mañana del viernes abandonaron la mansión de Las colinas, luego de leer la edición de BARRRICADA.

 

“El mismo vigilante aseguró que durante el día de ayer no se presentó ninguna patrulla de la Policía, ni ninguna otra autoridad, pese  a que el mismo Chamorro admitió en reiteradas ocasiones que fue él quien ordenó el desalojo y pagó a 180 matones para ejecutarlo.

“Se encuentra en Managua (Frutos Chamorro), donde un familiar, por temor a que le puedan llegar a hacer algo a su casa”, confió una fuente. “Está con su abogado y se presentará a la Policía cuando lo crea conveniente”, añadió.

En el Departamento Tres de la Policía ninguno de los mandos pudo precisar por qué aún no se la ha capturado.

El subcomandante Ernesto Zamora, jefe de la Estación Tres de la Policía Nacional, quien confirmó a BARRICADA que en dicha dependencia se encuentran 45 individuos que participaron en el acto vandálico, todos los cuales serán pasados a los tribunales comunes.

 

45 detenidos

 

Zamora  dijo que 36 de los 45 detenidos son originarios de Ticuantepe, los cuales fueron subcontratados por Pablo Rivas Castro, quien a su vez fue contratado por Henry Núñez, chofer y trabajador de Frutos Chamorro.

En tanto, el subcomandante Pedro Aguilar, confirmó a BARRICADA que encontraron casquillos de bala en los alrededores de los apartamentos incendiados.

El sujeto Gerardo Aburto Sevilla confesó ante la Policía haber contratado a 87 de los 180 hombres que incendiaron el jueves los apartamentos de la Carretera Sur, entre ellos el del periodista de BARRICADA, Pablo Emilio Barreto.

 

Siete de los detenidos—agregó Zamora—tienen antecedentes panales, y ayer continuaban  investigando si el resto de vándalos tienen expedientes en las diferentes estaciones policiales.

 

El jefe policial confirmó asimismo que a los detenidos se les capturaron 5 botellas de gasolina con mechones, tipo Molotov, seis armas blancas –puñales–, un machete, y distintos artículos y objetos que fueron robados de los apartamentos.

 

Zamora expresó que no lograron determinar  si los sujetos, durante el acto vandálico usaron armas de fuego, pero informó que la esposa de Barreto denunció que fue amenazada con un arma corta por el sujeto Henry Núñez, quien hasta ayer al medio día estaba prófugo de la justicia.

 

El jefe de la Estación Tres indicó que “desde hace una semana estaban organizando el desalojo”.

Sobre la actuación de la jueza Segundo Local Civil de Managua, Ruth Chamorro, Zamora expresó que ésta no solicitó apoyo policial para efectuar el desalojo. “Antes de Semana Santa, pidió ayuda, pero no la aceptó porque dijo que eran muy pocos policías asignados”, indicó.

Dirigentes del Movimiento Comunal Nicaragüense exigieron a la Policía Nacional “poner el mismo empeño (en esclarecer los hechos) que han puesto cuando se trata de reprimir y capturar a los trabajadores, cuando éstos protestan en demanda de sus derechos”.

La información sobre “Doméstica salió entre las llamadas, Queremos quemar vivo a Barreto, aseguró uno de los pandilleros”, firmada por Juan José Lacayo, dice lo siguiente:

 

“La joven Marcia Cabrera Lacayo, 20 años, la doméstica que ha laborado en la casa del periodista Pablo Emilio Barreto –incendiada la noche del jueves, por vándalos—aseguró a BARRICADA que abandonó el inmueble en medio de las llamas, mientras fascinerosos rociaban las paredes con gasolina”.

 

Cabrera Lacayo relató que estaba orando en el patio trasero del apartamento que ocupaba la familia Barreto, cuando un grupo de cerca  de quince hombres, cargando bidones de gasolina de veinte litros, y botellas con mechones, irrumpió en el lugar.

“Estaban enfurecidos y gritaban: ¡Queremos al hijo de p… de Pablo Emilio Barreto, y decían que lo querían quemar vivo, yo me metí rápidamente a la casa y ellos se vinieron detrás de mi. Mi intención era sacar  a la niña (pequeña Sofana, de diez meses), pero ya la habían sacado, y entonces pensé en sacar los pañales”, dijo todavía conmocionada la doméstica.

 

“Ellos se vinieron siempre  detrás de mí cuando entré a mi cuarto y rociaban las paredes de gasolina, a la vez que sacaban de las gavetas las alhajas de doña Anabelle (la esposa del periodista), se metían cosas en las bolsas y hasta la ropa de don Pablo”, añadió la empleada.

 

Señaló que la acción era dirigida por un sujeto que portaba un radiocomunicador, que posteriormente identificó como Henry Núñez—quien actúa como chofer y guardaespaldas de Frutos Chamorro—con el cual mantenía una agitada conversación, que la doméstica no pudo precisar.

 

“Núñez –añadió Marcia—expresó este es la casa que queremos quemar y arengaba a sus hombres a incendiar el inmueble diciendo que si después preguntaban, dirían que nosotros la habíamos quemado”.

 

“Yo no lo conocía a él –a Núñez- pero después pregunté a uno de los mismos hombres”, añadió la joven que aún ayer se mantenía escondida por temor a un atentado.

 

Marcia dijo que podría identificar a uno de los que regaba la gasolina y lanzaba fósforos para que el apartamento ardiera. “Es un hombre pelo canoso, viejón, si lo miro lo reconozco”, respondió segura. Uno de los tipos detenidos en la Estación Tres de la Policía, coincide con esa descripción.

 

Por su parte, la suegra del periodista Barreto, doña Ercilia de Barrera expresó: “Nosotros les suplicamos a los hombres que nos dejaran salir, nuestra principal preocupación era la niña. Ellos respondieron: háganlo rápido que tenemos urgencia de hacer este trabajito”.

Marcia concluyó su relato indicando que los vándalos la rociaron de gasolina y dio gracias a Dios, que no haya tomado fuego.

 

Una de las informaciones del Diario BARRICADA, de ese mismo día 15 de abril, titulada: “Pablo Emilio asegura: “Querían asesinarme”,  sobretitulada: “Amarrésmolo y después  lo matamos”, dijo el cabecilla del atentado.

Esa información dice lo siguiente_

 

“El periodista de BARRICADA, Pablo Emilio Barreto Pérez, visiblemente apesarado pro los daños causados a su casa, dijo que los agresores pretendían matarlo “sólo porque he denunciado los múltiples desalojos”.

 

“!Qué barbaridad , hasta dónde hemos llegado¡”, expresó Barreto, al observar que su empleada, Marcia Cabrera Lacayo, permanecía asustada, luego de que pretendieran quemarla viva durante los incidentes de la Carretera Sur.

 

 

“Barreto agregó que los delincuentes que llegaron a su casa, para amarrarlo y después ultimarlo, rociaron de gasolina a la muchacha.

 

“Ella confirmó que un hombre alto, pelo liso, de unos 48 a 50 años, que vestía una camisa rosada y pantalón azul, le lanzó un fósforo encendido.

“El colega de BARRICADA expresó  que un sujeto de nombre Henry Núñez encabezada la multitud de esquiroles, la cual llegó a quemar las casas de ese sector. “Era a mí, específicamente, a quien querían matar”, reiteró Barreto.

 

“Elvin Navarrete y Vicente González, vecinos de nuestro colega, escucharon decir a Henry Núñez al frente de decenas de personas: “Aquí vive ese hijo de p… de Pablo Emilio, amarrésmolo y después lo matamos…también a la Dinorah Parrales”.

 

“Barreto por años se ha destacado como periodista comunitario, y ha dado a conocer en  múltiples ocasiones los problemas que sufren los pobladores del país, así como los atropellos por parte de casatenientes y de la Alcaldía de Managua. Por ello ha recibido varios reconocimientos públicos”.

 

 

La información titulada: “Abogados: debe ser destituida”, firmada por Freddy Potoy, dice textualmente lo siguiente:

“La juez Segundo Local Civil, doctora Ruth Chamorro,  admitió a BARRICADA que estuvo en el desalojo que culminó con el incendio que destruyó los apartamentos en la Carretera Sur, pero no responsabilizó por los daños y delitos cometidos durante el incidente.

 

Chamorro estuvo en el lugar del incendio con 180 matones, y no pidió apoyo de la fuerza pública, para evitar alterar el orden público.

En este incidente, según abogados y jueces consultados, hubo exposición de personas al peligro, tentativa de homicidio, asociación para delinquir, daños a la propiedad. violación de domicilio, terrorismo, perturbación de la posesión y premeditación.

 

Chamorro durante una reunión hace tres semanas con jueces Locales y de Distrito del Crimen de Managua, pidió apoyo a sus colegas, y dijo que tenía una orden de desalojo contra Pablo Emilio Barreto, que ejecutaría con mucho gusto.

 

Visiblemente alterada, Chamorro dijo a BARRICADA que a las cinco de la tarde del jueves se fue con el apoderado legal de Jimmy Najman Perezdiez –nuevo propietario del inmueble–, “para entregarle el lugar “saneado” y otorgarle el acta de posesión”.

Estos Apartamentos, supuestamente, fueron vendidos por la empresa Inversiones y Desarrollos Globales S.A., que representa Frutos Chamorro Argüello.

 

La judicial  agregó que “estando en el lugar, doy la orden de desalojo, pero en ese momento, del apartamento dos alguien dijo  otra persona del apartamento seis, que dispararan a matar… y en el mismo apartamento dos empezó a salir humo”.

La desesperación provocó que Chamorro dejara en posesión al apoderado  legal de Najman, y levantaran acta en medio del incidente. “Cuando miramos ese peligro nos fuimos, porque podía convertirse en algo más complicado”, afirmó.

Chamorro no llegó acompañada de la Policía “porque la ley no me obliga a hacerlo; además, en una ocasión ya me pusieron una pistola y el policía, en vez de protegerme, cumplió órdenes de retirarse”.

 

Colegas la recriminan

 

Respecto a este incidente, jueces, procuradores y abogados coincidieron en que la jueza Chamorro es la única responsable del incendio criminal que devoró los apartamentos en la Carretera Sur, y “si se le comprueba responsabilidad en el hecho, debe ser destituida y procesada”.

 

El juez Segundo Local Civil de Managua, doctor Osvaldo Medrano Jiménez, lamentó

“la actitud criminal de ese desalojo, que aun cuando exista una resolución judicial, es ilegal si Frutos Chamorro no llegó acompañado de la Jueza y de la Policía”.

 

Medrano afirmó  que “los jueces deben tener mucho cuidado al momento de un desalojo para evitar estas situaciones. El Juez, cuando se constituye al lugar de desalojo, tiene que ir protegido por la Policía”.

 

El Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, doctor Germán Vásquez Carrasco, expresó que “este es un problema serio que se nos está saliendo de la manga de la camisa, y donde cada quien hace lo que considera pertinente ante el incumplimiento de resoluciones judiciales”.

 

Vásquez consideró que la jueza Chamorro debió constituirse al lugar utilizando la fuerza pública legalmente constituida, para no permitir que se alterara el orden público.

 

El Procurador de Justicia, doctor José Antonio Fletes Largaespada, escuetamente dijo que “si a la jueza se le demuestra que ordenó utilizar la violencia, podría ser destituida y abrírsele proceso, si tiene alguna responsabilidad”.

 

La doctora Margarita Romero Silva expresó que Chamorro “tenía que calmar los ánimos y no salir corriendo. Al ver la situación y correrse, creó un colapso. Ella no midió la consecuencias del desalojo”.

 

Romero agregó que  el juicio de “inmisión en la posesión” –figura jurídica aplicada—no la podía ejecutar Chamorro, pues esa sentencia la dictó el juez de Distrito, Encarnación Castañeda, y sólo otro judicial de igual jerarquía debía cumplirla y no una jueza local”.

 

“Ruth, a estas alturas, debería estar destituida de su cargo. De sobra son conocidas las arbitrariedades que ha cometido, y yo no sé por qué está allí todavía”, manifestó Romero.

 

Editorial: “No a la impunidad”, cuyo contenido dice textualmente:

 

“Veinticuatro horas después de ocurridos los actos de barbarie en la Carretera Sur, la ola de solidaridad espontánea con nuestro compañero periodista, Pablo Emilio Barreto, ha derivado en una exigencia unánime que se resume en una sola palabra: justicia.

 

“En BARRICADA compartimos el sentimiento de indignación ciudadana, al observar cómo alguien contrata 180 matones para desalojar con violencia, amenazar de muerte, rociar gasolina en las paredes e incendiar viviendas, poniendo en peligro  vidas humanas, y al día siguiente no recibe ningún castigo por parte de las autoridades.

 

“En el ataque de la Carretera Sur, Frutos Chamorro Argüello, actuó como promotor, instigador y financiador de un atentado, incurriendo en varios delito punibles: incendio, asociación para delinquir, exposición de personas al peligro, amenazas de muerte, etc. Por todo ello podría ser acusado criminalmente. Pero independientemente de ese eventual proceso judicial, las autoridades policiales tienen la obligación de realizar una detención inmediata, para que responda a la denuncia presentada por sus víctimas.

 

“Hasta ahora los únicos capturados son una parte de los autores materiales del delito. Mientras tanto, Chamorro Argüello –contratista confeso de los matones—sigue prófugo, desafiando a las autoridades al repetir con prepotencia que volverá a realizar un acto de desalojo con fuerza, escudado en el alegato de un reclamo de propiedad.

 

“Sin embargo, ningún litigio de propiedad –ni siquiera la existencia de un dudosa orden judicial—justifica ni puede minimizar la gravedad del delito y la ilegalidad del acto de terror perpetrado el jueves.

“Igualmente grave es la responsabilidad de la jueza Ruth Chamorro, que con su presencia en el lugar del incendio, al frente de los matones, confirmó  cuánto se ha desnaturalizado la función de la autoridad judicial.

 

“La Corte Suprema de Justicia no puede seguir guardando silencio sobre la actitud de esta Jueza, que al hacerse acompañar por una fuerza de choque, se convirtió en corresponsable de la violencia y del incendio criminal.

 

“BARRICADA, que ayer demandó a la Corte Suprema de Justicia una investigación sobre la actuación de la jueza Chamorro, hoy exige su inmediata destitución. Para la Corte es una decisión crucial, pues si no sienta un precedente de autoridad, terminará de desacreditarse como un Poder incapaz de infundir confianza en la justicia para frenar la violencia.

 

“El acto de vandalismo perpetrado durante el desalojo en la Carretera Sur no debe quedar en la impunidad. Aceptarlo sería una nueva invitación a la violencia, a una verdadera Ley de la selva, que sólo generaría una respuesta igualmente violenta, para asegurar que no se repitan las casas quemadas y la barbarie”.

 

 

 

Las informaciones periodísticas anteriores, las reseñadas arriba, las publicó BARRICADA en su portada o primera plana. Toda la portada fue ocupada por estas informaciones, y el Editorial, las cuales terminaban en páginas interiores del Diario BARRICADA.

 

Asimismo, en páginas interiores, de la misma edición del 16 de abril de 1994,  fueron publicadas otras informaciones sobre el mismo incendio criminal, tituladas:

 

“Periodistas condenan violencia,  con el sobretítulo de: “Incendio de apartamentos constituye una barbarie”. Entre los entrevistados aparecen en BARRICADA: Allan Téfel Alba, William Grigsby Vado, Manuel Espinoza Enríquez y Mario Fulvio Espinoza.

 

“Implicados dicen que fueron engañados, con un sobretítulo: “Alegan que desconocían que iban a un desalojo”,  más dos subtítulos: “Henry Núñez era el jefe de pandilla de pirómanos”. “También señalan a Pablo Rivas Castro ya Gerardo Ramón Aburto como los reclutadores”.

 

“Llueve solidaridad con Pablo Emilio Barreto”, dice otra información. “Asamblea (Nacional) investigará quema de apartamentos”, con el sobretítulo de: “Parlamento publicará próxima semana Ley contra desalojos”, y un subtítulo: “Demandan sancionar a jueza Ruth Chamorro”.

 

“Llueve solidaridad con Pablo Emilio”, era otro titular en páginas interiores del Diario BARRICADA, cuya información dice lo siguiente:

 

“La Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) denunció nacional e internacionalmente que la agresión que sufriera el periodista Pablo Emilio Barreto “no es una acción fortuita, sino una acción que pretende callar las voces de quienes desde los medios de comunicación, acompañan la lucha de los pobladores humildes por la defensa de sus propiedades”.

 

“La UPN convocó por medio de un comunicado a todos sus afiliados a solidarizarse con el colega Pablo Emilio Barreto  y su familia, que “fueron víctimas de un acto cobarde y criminal”, el pasado jueves.

 

“La organización gremial dijo que la casa de la UPN está a disposición para albergar al periodista. Hasta el día de ayer se encontraban en la sede de la UPN  una cocina, una vajilla, colchones, comedor y una meseta de noche, para ser entregadas a Barreto.

 

“El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Luis Mora Sánchez, envió un telegrama a Barreto, donde se “une al repudio por la acción vandálica en su contra, le ruego acepte mi solidaridad en este momento difícil”.

 

“Por su parte, el presidente de la Fundación Augusto C. Sandino, Edwin Zablah, mostró sus actos de solidaridad con el periodista Barreto, donando materiales de construcción para contribuir a la reconstrucción de su casa.

 

“El Comité de Dirección Departamental del FSLN de Managua, condenó “enérgicamente los hechos ocurridos el jueves pasado…que representan un gravísimo precedente de violencia. Si no queremos que se desate en el país una espiral de violencia incontrolable, estamos obligados a actuar en el contexto de las leyes del país y no permitir actos criminales”.

 

 

 

El Nuevo Diario por su parte, tituló  a ocho columnas, en su portada, el 15 de abril de 1990, al siguiente día del incendio criminal:

 

“Barbarie en desalojo”, con el sobretítulo de: “Incendian casa del periodista Pablo E. Barreto”, y debajo del título tres asteriscos: “* Don Frutos Chamorro acepta que él contrató a 180 hombres para hacer el desalojo.

 

*Llevaron baldes de gasolina y la regaron para incendiar las dos viviendas.

*Perdí lo que gasté en los hombres y además lo que me costaban las viviendas”,  dicen don Frutos.

 

Además, El Nuevo Diario publicó varias fotos en que se ven todavía los bomberos apagando el fuego en el Apartamento No. 1, y de cómo algunos vecinos ayudaban a salvar muebles del Apartamento No. 2, perteneciente a Julio Toribio Díaz.

 

Esa información mencionada, del 15 de abril de 1994, decía lo siguiente:

 

“Aproximadamente “180 delincuentes” pagados por Frutos Chamorro, según versión de los vecinos y afectados, prendieron fuego a la casa del periodista Pablo Emilio Barreto y de su vecino un señor de nombre Julio, después de realizar una serie de disparos con fusiles AKA y de quebrar salvajemente las ventanas con palos y hierros.

 

“Como producto de este acto de violencia, salieron lesionados tres niños y una anciana hipertensa que ya encuentran recibiendo tratamiento en un hospital de esta capital.

“Estos sujetos armados también de palos y bayonetas, causaron el pánico entre los 50 habitantes de los apartamentos situados en el kilómetro 11 de la Carretera Sur, quienes afirmaron que desde hace dos años vienen teniendo problema con el  señor Frutos Chamorro

 

Colapso del conflicto se concretó ayer a las cinco y 40 minutos de la tarde, cuando el jefe del “comando prodesalojo”  se presentó con lujo de violencia a la casa del colega periodista.

 

Gasolina en baldes

 

“Cuando el equipo de El Nuevo Diario se hizo presente al lugar de los hechos constató todavía la presencia de la gasolina que los individuos regaron en los pies de la empleada  de Barreto, la que según dijo el combustible fue llevado en dos baldes por los sujetos que asaltaron el lugar.

 

“Marcia Cabrera, nombre de la empleada de Pablo Emilio Barreto, dijo que los sujetos además de amenazar a su patrona, a quien la hicieron salir con su hijita (Sofana) de diez meses en brazos bajo la lluvia de balas, también se robaron varias prendas de valor.

 

“El sujeto que comandaba a los delincuentes pagados por Chamorro, llegó a bordo de un Jeep Suzuki plomo, el cual llevaba una calcomanía de Rally Ecológico y portaba un Walkie talkie con el que dirigía la acción vandálica.

 

“A este individuo lo describieron como regordete, moreno y medio canoso y aseguran que vestía camiseta roja y pantalón negro. Carlos Sáenz, vecino de Pablo Emilio Barreto, manifestó que los sujetos llegaron en dos camiones y que al mirar la acción que estaban realizando, optó por salir al auxilio de la señora que salía con su tierna hija en brazos bajo las balas.

 

Llega la Policía

 

“No obstante, este ciudadano también fue encañonado por los sujetos y amenazado de muerte si insistía en estropear el operativo.

 

“Afirma este señor que los  sujetos salieron con los dos baldes en que llevaron la gasolina en la mano y se dieron a la fuga cuando empezó a hacer presencia la Policía; sin embargo aproximadamente 40 individuos fueron capturados y ya se encuentran guardando prisión.

 

Habla Pablo Emilio

 

Barreto, principal afectado de esta acción, calificó el hecho como “una venganza” en su contra por la serie de publicaciones que en su calidad de periodista ha venido realizando contra los desalojos ilegales que se han dado en todo el país”.

 

“La intención concreta era la de incinerar a toda mi familia y mi acusación principal es por intento de infanticidio ya que en estos apartamentos hay muchos niños”, señaló.

“Al sitio de los hechos se hizo también presente, además de la solidaridad periodística, Enrique Picado, Coordinador del Movimiento Comunal, quien manifestó que doña Violeta no ha sancionado la Ley contra desalojos aprobada por la Asamblea Nacional para que la ley entre en vigencia.

 

“Comentó este conocido dirigente que la presión del pueblo debe empezar ya, para que a más tardar mañana quede resuelto y se frenen los hechos vandálicos contra familias nicaragüenses como el ocurrido ayer.

 

Llamado a la Asamblea Nacional

 

“Hago un llamado también a la Asamblea Nacional para que mande a dictar la ley mañana mismo si es posible”, agregó el dirigente comunal.

“Para Picado esta acción es dirigida, con la diferencia que Chamorro, al igual que muchos más, están formando brigadas “prodesalojos” con delincuentes que recogen en el Mercado Oriental.

 

“Este dirigente comunal hace un llamado al país para que fortalezcan las Brigadas  contra desalojos, para que la población no continúe permitiendo tragedias como la ocurrida en la casa de Barreto.

 

“Recomendó también a las autoridades de Migración a no dejar salir del país a este criminal; así también hizo un llamado a la Policía para que cierre las fronteras a fin de que este hecho de violencia no quede impune.

“Agregó Picado que con la solidaridad nacional es posible restituir el hogar de Barreto y de su vecinos, los cuales fueron totalmente devorados por las llamas.

 

Habla Frutos Chamorro incendiario criminal

 

“Por su parte el señor Frutos Chamorro manifestó a END que es verdad que él  contrató a 180 hombres para que junto con la jueza Ruth Chamorro realizaran hoy el desalojo.

 

Agregó que en ningún momento hizo presencia física al lugar de los hechos, ya que asegura que él se encontraba en esos precisos momentos en el Hotel Camino Real.

“Asimismo, negó rotundamente haber enviado hombres armados y afirmó que los 45 hombres capturados por la Policía, hoy temprano saldrán libres y que mañana mismo acordará con la jueza cuándo y a qué hora vuelven a realizar, en la misma dimensión, el desalojo.

 

“Del mismo modo,  acusó a Pablo Emilio de ser el causante de la tragedia, señalando que fue él el primero en oponerse junto a un grupo de hombres para que no se consumara la acción.

 

“Agregó: “El que más ha perdido en todo este he sido yo, ya que los intentos de desalojo realizados  anteriormente me costaron 40 mil córdobas y este último 45 mil. Ahora perdí lo que me costó contratar a los 180 hombres, más el costo de las viviendas”.

 

En la edición del 16 de abril de 1994, a ocho columnas, en titulares de dos líneas con letras grandotas, El Nuevo Diario tituló:

 

“Ordenan la captura de Frutos Chamorro”, con el sobre título: Detenidos 45 secuaces del piromaníaco”. Debajo del título tres asterisco que dicen: “*Henry Núñez dirigió la quema obedeciendo órdenes que daba por Walkie talkie (radiocomunicador) don Frutos.

 

“*Fueron a Ticuantepe a contratar hombres para “el trabajito”

“*Reunieron a los 180 en el parque y les ofrecieron transporte y 30 córdobas cada uno”.

 

La información publicada por El Nuevo Diario, dice:

“La Policía Nacional decidió capturar a Frutos Chamorro, Henry Núñez y Juan Pablo Rivas, señalados de ser los responsables  del siniestro criminal en contra de los apartamentos del kilómetro 11 de la Carretera Sur, informó  el subcomandante Ernesto Zamora, jefe de la Estación Tres.

 

“Tenemos 45 personas detenidas. Falta la captura de Frutos Chamorro, Henry Núñez y Pablo Rivas, para remitir el caso a los tribunales. Estamos reuniendo los trámites legales para su detención”, expresó el subcomandante Zamora.

 

“El jefe policial dijo que la detención de los arriba mencionados se realizaría basada en declaraciones públicas de Frutos Chamorro a diferentes medios de comunicación en donde acepta haber contratado gente para realizar el desalojo.

 

Frutos dirigió incendio

 

“Mientras tanto, , los detenidos alegan que fueron contratados  por treinta córdobas para un trabajo de “cargue y descargue” y que en ningún momento les hablaron de incendiar viviendas.

 

“No obstante,  uno de los encargados para contratar gente para ese “trabajito”, Gerardo Ramón Aburto Sevilla, reveló que Frutos Chamorro daba instrucciones desde el Hotel Camino Real, a través de un Walkie talkie, a Henry Núñez, quien fue el que dirigió el incendio.

 

“Aburto Sevilla, uno de los 45 detenidos, precisó que Henry Núñez, se comunicó  durante los hechos con Frutos Chamorro, “lo trataba de jefe, le informaba todo lo que ocurría y recibía instrucciones.

 

Desalojo planificado días antes

 

Gerardo Ramón Aburto fue señalado por los detenidos y sus familiares de haber llegado a Ticuantepe días antes del incidente a buscar gente “que quiera trabajar”.

 

“El jueves, un hombre (Aburto) llegó a Ticuantepe a eso de las diez de la mañana en una bicicleta  ofreciendo 30 córdobas para un “trabajito” de dos horas en donde iban a cargar y descargar unas cosas”, dijo doña Miriam Reyes, madre de Manuel Salvador Reyes, otro detenido.

 

“La señora sostiene que el hombre reunió a la gente en el parque  a la una y media de la tarde. “Muchos llevaron pantalones cortos y hasta pichingas de agua, pero que jamás se imaginaron la clase de trabajo que harían”.

 

“Gerardo Ramón Aburto aceptó que contrató gente por instrucciones de Juan Pablo Rivas Castro, jefe de vigilantes de Las Colinas, Belmonte, Los Robles (Pancasán) y Lomas de Monserrat.

 

“El me dijo que era un trabajo de cargue y descargue. Que necesitaba por lo menos 100 hombres y nosotros logramos contratar a 87 personas, todos originarios de Ticuantepe”, dijo Aburto.

 

“Aburto expresó que el jueves salieron de Ticuantepe a las cuatro y media de la tarde en un camión y cerca de Las Colinas los esperaba otro camión y un Jeep Suzuki, conducido por Henry Núñez, quien andaba un Walkie talkie y “era el que mandaba”.

La caravana incendiaria se dirigió directamente al kilómetro 11 de la Carretera Sur en donde iniciaron la acción criminal por todos conocida.

 

45 detenidos, bombas “molotov” y armas blancas

 

“En el mismo orden, la Policía Nacional informó que como consecuencia del incendio criminal fueron capturados 45 sujetos; se encontraron  cinco bombas “molotov” (incendiarias), seis armas blancas (puñales), un machete corto y varias cosas robadas.

 

El Subcomandante Ernesto Zamora, jefe de la Estación Tres de la Policía Nacional en Managua,  dijo que  de los 45 detenidos – en su mayoría de Ticuantepe–, siete poseen antecedentes delictivos.

 

“Zamora señaló que los detenidos fueron contratados  por Juan Pablo Rivas Castro, quien a su vez fue  contratado por Henry Núñez, chofer y guardaespaldas de Frutos Chamorro.

 

Informó que en las próximas horas los detenidos pasarán a la orden del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la doctora Rosario Altamirano.

“De acuerdo al jefe policial, “tenían una semana de estar organizando el desalojo y que todos los participantes sabían a lo que iban”.

 

Los detenidos

 

Hasta el momento de redactar esta nota, los detenidos son: César Augusto Cardenal Caballero, Guillermo Zelaya Guido, José Cardenal Caballero, César Centeno López, Sebastián Canda Hernández, Pablo Rivera Pineda, Ulises López Gómez, Manuel Reyes Leiva…

Domingo Sinclair Martínez, Roberto Cardenal Caballero, Marvin Cerna Gómez, Miguel Cardenal Caballero, Ernesto Ruiz Pérez, Nelson Vanegas Reyes, Eduardo Avendaño Olivares, Salvador Cardenal Caballero, Marlon García López, Uriel Guido Bojorge, Manuel Castillo Gómez, Francisco Velásquez Sánchez.

 

 

(falta incluir el listado)

 

 

Otra información en páginas interiores del Diario BARRICADA, titulada: “Implicados dicen que fueron engañados”, con el sobretítulo de: “Alegan que desconocían que iban a un desalojo”, más dos asteriscos: *Henry Núñez era el jefe de la pandilla de pirómanos; *También señalan a Pablo Rivas Castro y a Gerardo Ramón Aburto como los reclutadores”.

 

El texto de esa información, firmada por Juan José Lacayo, dice lo siguiente:

“Los implicados en el incendio de los apartamentos del kilómetro 11 de la Carretera Sur, detenidos en la Estación Tres de la Policía afirmaron que fueron engañados porque los contrataron para cargue y descargue de un camión.

“Julio César Cardenal, Carlos José Murillo y Julio César Cardenal, algunos de los implicados, aseguraron que desconocían que  iban a un desalojo y que les habían ofrecido una paga de 30 córdobas.

 

“Esta versión fue ratificada igualmente por familiares de los detenidos que ayer estaban en las afueras de la Estación Tres, entre otras, Esperanza Treminio, Paula Ampié Ortíz, Gregoria Calero y Miriam Reyes.

 

“En tanto, Gerardo Ramón Aburto, señalado por la Policía como el reclutador  de 87 hombres de los que participaron en el incendio,  dijo que fue contratado por Pablo Rivas Castro, que tiene  una empresa de CPF que resguardan Las Colinas, Altamira y otros Repartos.

“Rivas Castro le planteó que buscara gente para cargar y descargar un camión, le pidió que le levantara una lista y ofreció pagar treinta córdobas a cada elemento.

 

El regó la bola y nos hicimos como 90 y esperamos el camión que nos llegaría a traer en el parque Juan Ramón Padilla de Ticuantepe. A cambio del reclutamiento, Rivas le ofreció a Aburto la posibilidad de un empleo fijo de CPF”.

 

“Dijo que cuando llegaron a Las Colinas estaba otro camión estacionado y un jeep Suzuki, en el cual se encontraba Henry Núñez, con un Walkie Talkie comunicándose con Chamorro.

“Cuando llegaron a los apartamentos, Núñez le dijo que el trabajo no era  descargar camiones sino sacar de las viviendas los enseres, por lo cual –según Aburto—protestaron.

 

“No obstante, Núñez aseguró que tenían orden judicial y que cumplieran con la orden si querían recibir pago.

 

“Señaló que ya algunos hombres estaban en el apartamento de Barreto sacando cosas, cuando e otro sitios comenzaron a dispararles, por lo  que salimos en desbandada. Le exigimos a Núñez que nos pagara pero se negó en medio del alboroto”.

 

“Oímos una explosión, dentro del apartamento había gente de nosotros, vimos las llamas, mientras Núñez se comunicaba con Chamorro”, dijo Aburto.

“Nosotros no nos corrimos porque no tuvimos nada que ver, fuimos engañados por Núñez y Chamorro, ellos tienen que aclarar este asunto”, replicó.

 

Mientras tanto, peritos de la Dirección General de Bomberos, adscrita al Ministerio de Gobernación, confrontaban su peritaje técnico con el de la Policía para determinar las causas del incendio.

 

“Hasta ahora los bomberos lograron determinar que el fuego comenzó en el  cuarto de la empleada de Pablo Emilio Barreto. El subteniente Marvin Largaespada informó que en el sitio recogieron muestras que estabas siendo analizadas en los Laboratorios de la Policía Nacional, para determinar si el fuego lo provocó algún combustible”.

 

En la misma edición del 16 de abril, en páginas interiores, hay otra información titulada: Garantizar seguridad ciudadana, con el sobretítulo de: FSLN exige.

Esa información señala:

 

“La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional manifestó ayer su preocupación por la “vertiginosa escalada de conflictos violentos que están aflorando en la sociedad nicaragüense, sin que hasta el momento el Gobierno de la República demuestre intenciones de hacer cumplir las normas mínimas que supone deben imperar en un Estado  que se autodefine como de Derecho.

 

“El último desalojo se convirtió en un hecho criminal, ya que además de contratar a una agrupación paramilitar, agredieron a quienes habitan en los inmuebles e incendiaron la casa del periodista Pablo Emilio Barreto”, denuncia el comunicado, añadiendo que  esto se suma  a la ola de secuestros, extorsiones y asesinatos de que son víctimas los productores”.

 

En su página tres, el Diario BARRICADA del 16 de abril, publicó numerosas informaciones, entrevistas y reportajes sobre el mismo tema del incendio criminal, entre otras, esta titulada: “Asamblea investigará quema de apartamentos”, con el sobretítulo: “Parlamento publicará próxima semana Ley contra desalojos”, más el siguiente asterisco: *Demandan sancionar a jueza Ruth Chamorro”.

 

En esa información, firmada por Jorge Katín, se lee lo siguiente:

 

“La Asamblea Nacional investigará los sucesos del jueves por la tarde, cuando una agrupación de 180 individuos atacó a varias familias, provocando un incendio que destruyó dos viviendas en el kilómetro once de la Carretera Sur.

 

“Una amplia mayoría de diputados de la Asamblea Nacional repudió la acción que culminó con la quema de dos apartamentos, uno de ellos habitado por el periodista Pablo Emilio Barreto.

 

“La Bancada Sandinista emitió un comunicado, demandando que los autores materiales e intelectuales, sean procesados y se les aplique la Ley. Asimismo, abogaron para que la Ley contra desalojos sea promulgada de inmediato por el Poder Ejecutivo.

“De igual manera, la Bancada del FSLN, demandó que la Cortes Suprema de Justicia investigue la actuación de la jueza Ruth Chamorro, quien admitió haber  estado en el lugar del incidente.

 

“La Dirección Nacional del FSLN también repudió lo que calificó  de “hecho criminal”, y denunció, además, que hechos como los del jueves se repitan en la zona de Occidente y Norte del país.

 

“Mientras se desarrollaban los debates sobre el Código del Trabajo, los parlamentarios no pudieron evadir referirse al tema, e inició la discusión el diputado Omar Cabezas, quien argumentó que sucesos como los del jueves (14 de abril), donde la justicia brilló por su ausencia, era una  clara invitación a que los ciudadanos se defiendan con sus propias manos.

 

“La parlamentaria, Azucena Ferrey, pidió cordura, y solicitó a la Junta Directiva que nombre una Comisión para que investigue  los pormenores del violento incidente.

“La Junta Directiva de la Asamblea designó a la Comisión de Derechos Humanos, para que investigue de manera imparcial lo que sucedió esa tarde, y presente un informe antes del próximo miércoles.

 

“De igual manera, los parlamentarios criticaron la actitud de la presidenta Chamorro, quien no ha sancionado la Ley  de Suspensión de Desalojos, a pesar de haber sido aprobada por el plenario desde antes de las vacaciones de Semana Santa.

“La Junta Directiva resolvió, según informó el segundo secretario, Ray Hooker, enviará a publicar dicha Ley la próxima semana.

 

“El conservador Edmundo Castillo, quien fue el diputado que más fervientemente se opuso a la aprobación de la mencionada Ley, admitió que el acto ordenado por el señor Frutos Chamorro, era “primitivo”.

 

“Independientemente de que él tenga razón, jamás debió haber recurrido a ese acto, que no puede ser sino calificado de primitivo”, agregó Castillo.

“El Movimiento Comunal envió sendas cartas a los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, exigiendo la destitución de la jueza Ruth Chamorro, “principal instigadora problemática”, según los dirigentes comunales.

 

“Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Orlando Trejos Somarriba, se negó a pronunciarse sobre la actuación de la jueza Chamorro, aduciendo que estaba enfermo, y que con sólo preguntarle sobre ese tema “ya le estaba doliendo la cabeza”.

 

Otro de los magistrados consultados alegó que sólo se podría pronunciarse una vez que exista una queja formal contra la mencionada jueza.

“Un funcionario judicial, que pidió el anonimato, aseguró que de comprobarse la presencia de la doctora Chamorro durante el desarrollo vandálico, “le podría costar el cargo”.

 

Los Diarios BARRICADA y El Nuevo Diario publicaron decenas de informaciones y reportajes en los días siguientes, y voy colocar algunas de estas notas informativas en la medida en que vaya desarrollando sobre cómo se fueron desarrollando las investigaciones policiales y judiciales en contra de estos jefes matones, incendiarios, asesinos frustrados, alteradores del orden público, asociados para delinquir, expositores de personas al peligro, sujetos violentísimos llamados: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, con los cuales actuó activamente y en complicidad la jueza Ruth Chamorro Martínez.

 

(Ampliación de informaciones de periódicos)

 

 

Debo explicar que en esta parte de este escrito o libro iré colocando resúmenes, lo más esencial, de declaraciones de ofendidos (víctimas del incendio criminal), de los testigos  y vecinos, de la doctora Parrales Parrales y de los 45 capturados por la Policía Nacional mientras estaban ejecutando el desalojo violentísimo, el incendio criminal y los intentos de asesinato en mi contra. Estas declaraciones se produjeron ante procesadores e investigadores de la Policía Nacional y en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua,  cargo de la doctora Rosario Altamirano López.

 

Cuchillos, rociado de gasolina, bombas molotov. Fósforos e ¡incendio¡

 

Comienzo con Carlos Alberto Cardenal Vicente, uno de los 45 capturados en el lugar del incendio:

 

“…agarré un cuchillo de los que andaban en el camión y también Julio César que es mi hermano agarró un cuchillo y nos metimos los cuchillos en la cintura, y miré que Richard andaba un galón color blanco con gasolina y otros que estaban con él comenzaron a llenar unas botellas de cerveza, y entró Richard a la casa y a la misma señora que estaba dentro comenzó a echarle gasolina en los pies, y en toda la casa y se fue a uno de los cuartos de en medio de la casa y con un fósforo le prendió fuego”, informó Cardenal Vicente en la Estación Tres de la Policía Nacional, según su declaración , registrada en el folio No. 247 del expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

Continúa la declaración de Cardenal Vicente: “Estábamos viendo el fuego cuando llegó la Policía y como los miré, saqué el cuchillo y lo boté en la calle para que no me lo encontraran, y mi otro hermano de los que andaban ahí como miró a la Policía botó un garrote que andaba en las manos, y ya en ese momento Richard se fue en su Jeeps y nosotros nos quedamos, quedando toda la casa quemada, y fue que ya después nos llevaron a la Unidad de Policía”.

 

Ruta de 180 matones hacia desalojo e ¡incendio¡

 

Gerardo Ramón Aburto Sevilla, uno de los 45 capturados, en los folios 186, 187, 188 y 189 del expediente:

 

“El día jueves 14 de abril del presente año, Pablo (Juan Pablo Rivas Castro) se volvió a presentar en mi casa a esos de las siete de la mañana. Como yo lo estaba esperando, hablé con él, y me dijo que había un trabajo de carga y descarga de unos camiones, pero que tenía que recoger a alguna gente que estuviera desempleada, más o menos unos cien hombres.

 

“Sobre el pago, él me dijo que a los hombres les tenía que ofrecer treinta córdobas por el rato trabajado y que se les iba a poner el transporte, y a mí como paga me ofreció los mismos treinta córdobas. Ese mismo día, yo salí de la casa como a las ocho de la mañana y me dirigí hacia el callejón a buscar a un conocido mío que es un señor que conozco de cara solamente pero que sé que está desempleado, y le dije que si quería trabajar en un cargue y descargue en Managua. El señor me dijo que sí iba a ir, pero me dijo que cuánto pagaban y le dije lo que me había dicho Pablo, que treinta córdobas, y me dijo que estaba bien.

 

También que si tenía algunos conocidos que estuvieran sin empleo, que también les avisara. Luego me fui al centro de Ticuantepe y busqué a un conocido mío que se llama Orlando. A éste le hice la misma proposición y aceptó, y además le iba a preguntar por otros conocidos suyos; entonces le dije que nos viéramos en el Parque a la una de la tarde.

 

“Así anduve en varias partes de Ticuantepe, buscando gente para el trabajo de cargue y descargue, y citándolos para la una de la tarde, en el Parque. A la una de la tarde del mismo día me fui al Parque, que está casi al frente de mi casa; ahí ya habían reunidos unos sesenta hombres. A esa hora aproximadamente llegó Pablo (Juan Pablo Rivas Castro) en un carro color celeste, que es de su propiedad, se bajó del mismo y me dijo  que había muy poca gente, y que mejor iba a regresar a las tres de la tarde para traer el camión y trasladar la gente hacia Managua.

 

“Ahí mismo me preguntó que si tenían algún cuaderno par3a anotar a la gente y así poder pagarle ordenadamente; le respondí que sí tenía y me fui a traerlo a mi casa. Comencé a anotar a los que ya estaban ahí, cuando dieron las tres de la tarde ya habían unos setenta y ocho hombres. A esa hora llegó Pablo  en un  camión blanco, marca Volvo, con cajón de tipo hielera, cerrado completamente, a excepción de la puerta trasera.

 

“Pablo se bajó del camión y dio la orden de montarse en el mismo. Yo me subí atrás con toda la gente. Salimos hacia La Borgoña (sitio en el interior de Ticuantepe) a traer a seis hombres más. Se subieron y luego nos regresamos a la ruta hacia Managua.

 

“Salimos de Ticuantepe y no nos detuvimos sino hasta llegar a la entrada de Las Colinas (Reparto de Managua). Ahí se subieron unos diecinueve hombres que había conseguido Sergio en Esquipulas. Eso fue lo que dijo Pablo.

 

“Ahí se encontraba otro camión, con gente también, pero del Reparto Schick. El camión era igual al que nos traía a nosotros pero más grande. Salimos hacia Managua los dos camiones y un Jeep Suzuki, en el que venía Henry Núñez, quien venía dirigiendo la actividad y se adelantó a los camiones para dirigirlos hasta el lugar donde se realizaría el cargue y descargue.

 

¡Jefe de matones comienza el incendio¡

 

“Henry Núñez es guardaespaldas de Frutos Chamorro. Cuando llegamos al lugar, los vehículos pasaron de viaje y como a unos quince metros de la casa dieron la vuelta, deteniéndose hasta llegar a unos cincuenta metros de la casa hacia el Norte de la misma.

 

“Ahí Henry Núñez dio la señal de bajarse a la gente. Todos nos bajamos de los dos camiones. Cuando la gente se empezó a bajar de los camiones, Henry Núñez comenzó a caminar hacia la casa, pero en el trayecto algunos le preguntaron a Henry Núñez, que dónde estaba lo que se iba a cargar, a lo que Henry respondió que lo que se iba a hacer era sencillo, que no creyéramos que era a cargar sacos ni nada por estilo, sino, íbamos a sacar los muebles de la primera casa de la izquierda, pero a la gente le dio miedo, y le dijeron a Henry que eso no lo iban a hacer porque podían haber problemas.

 

“Entonces Henry se sacó unos papeles de la bolsa de la camisa y nos dijo a todos que esos documentos eran la autorización del Juez y que no había problemas; que además, no había gente en la casa. Henry se adelantó y entró al patio del centro de la casa de los apartamentos, y nos indicó que procediéramos a sacar los muebles de la casa (de Pablo Emilio Barreto).

 

“Empezamos a sacar cosas de la casa, cuando de una de las residencias del frente, en los mismos apartamentos, oí que quebraron un vidrio y luego hicieron unos disparos en ráfagas cortas y en tiro a tiro. Los disparos venían hacia donde estábamos nosotros y hacia donde estaba Henry Núñez.

 

“Al ver eso nosotros, salimos corriendo, pero Henry Núñez ni se movía, como seguro  de que a él  no le iban a dar los tiros, e inmediatamente se puso a hablar por un radiocomunicador, y como hablaba fuerte se oía que decía que la situación se habían puesto fea y que nos estaban disparando proyectiles de AK. Esto se lo estaba comunicando a Frutos chamorro y le decía “jefe”, que la cosa estaba demasiado peligrosa y que podían herir  a algunos de los “trabajadores”.

“…pero como la balacera se había calmado, Henry Núñez dijo que continuáramos “trabajando”, que si no lo hacíamos no nos iba a pagar. Entonces, continuamos sacando cosas (del Apartamento No. 1, de Pablo Emilio Barreto).

 

“Cabe mencionar que Henry Núñez había llegado acompañado de cuatro sujetos desconocidos que viajaban con él en el Jeeps y que uno de ellos llevaba un saco macén. Esto era desconocido completamente, al igual que los otros tres sujetos, pero cada uno de ellos cargaba un bolso grande de colgar. Estos sujetos se bajaron del Jeeps y se metieron por el extremo derecho de los apartamentos, pero no me fié en realidad, dónde se metieron, porque no los volvía a ver durante el desalojo de la casa.

 

“Durante las explosiones de humo, Henry Núñez habló por el radio y como si estuviera hablando con la Policía y les estaba comunicando que habían provocado un incendio, y nos hizo creer que la Policía ya venía en camino.

 

“En ese momento, Henry Núñez nos dijo que nos íbamos a retirar y se dirigió adonde tenía aparcado el Jeeps, color plomo, marca Suzuki, con franjas de colores en los costados, sin capota, con un número en una de las puertas, pero no me fijé en el número.

 

“Henry Núñez nos dijo que nos estuviéramos ahí hasta que llegaran los camiones, que él los iba a llamar, pero arrancó y se fue, pero se detuvo cuando vio que una patrulla de la Policía había llegado, y le sacó la orden supuesta del juez y se la dio a un policía moreno, alto y le explicó que todo estaba en regla y el policía se quedó con  los papeles.

 

“Entonces, Henry Núñez se regresó hasta su Jeeps y dijo que ya regresaba y que iba a traer los camiones, pero se fue de viaje y ya no volvió, los camiones también se habían ido.

 

“Ahí fue que los policías nos dijeron que estábamos detenidos y empezaron a registrarnos a todos, encontrándonos cuchillos a algunos de que andaban en el grupo, pero no puedo precisa a quienes porque realmente no me fije  quiénes o a quiénes les hallaron cuchillos, porque como el trabajo era de cargue y descargue, yo a nadie le dije que llevara cuchillo o ninguna otra arma.

 

“Luego nos trajeron  a la Policía en un microbús, donde por olvido se me quedó el cuaderno donde había anotado los nombres de todos los hombres que venían conmigo desde Ticuantepe, y de los cuales a uno de ellos que no preciso quien sea, le fue encontrada una pistola alargada, con una cacha menuda y al parecer antigua, pero el hombre dijo que la había sacado de la casa vecina, adonde habían ido a ayudar a sacar las cosas”.

 

Esta fue parte de la larguísima declaración de Gerardo Ramón Aburto Sevilla, de Ticuantepe, quien como se ve fue quien más reclutó gente para completar los 180 matones, a quienes contrataron Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, para efectuar el desalojo violento e incendio criminal en los apartamentos del kilómetro once Sur.

 

El mismo Aburto Sevilla en declaraciones a periodistas capitalinos y la mayoría de los 45 capturados en el momento mismo del incendio criminal, aseguraron que fueron engañados por estos vándalos criminales de apellido Chamorro Argüello, Núñez Abarca y Rivas Castro, quienes los fueron a buscar a Ticuantepe, Reparto Schick y Barrio Pablo Úbeda, bajo la condición de que estuvieran desempleados y que aceptaran una paga de 30 córdobas por cargue y descargue de unos camiones.

 

Ya indiqué que voy a colocar una resumen muy breve, lo más esencial, de las declaraciones de estos 45 capturados, de testigos y ofendidos o víctimas, para que los lectores queden claros de cómo se produjo este hecho incendiario, criminal, en medio de la campaña del gobierno derechista, neoliberal, conservador, proyanqui y prosomocista de Violeta Barrios de Chamorro, quien en alianza con antiguos propietarios somocistas confiscados por el régimen revolucionario sandinista, estaban en aquel momento (entre 1990 hasta el 2007) en abierta promoción de desalojos individuales y masivos en contra de 350,000 familias que había sido beneficiadas con lotes, casas y tierras mediante las Leyes 85, 86 y 88.

 

UN pedacito de la declaración de José Eugenio Cardenal Caballero, uno de los 45 capturados:

 

“Cuando llegamos, Henry y Gerardo, nos dijeron que nos bajáramos de los camiones y que sacáramos las cosas que se encontraban en las casas, por lo que el primero que entró a la casa de la izquierda (…de Pablo Emilio Barreto) fue Henry Núñez, quien posteriormente salió de la casa y nos dijo que no nos preocupáramos  que ellos tenían órdenes de la Policía y de la juez para sacar las cosas de la casa, y cuando nos dijo esto yo me metí al interior de la casa, en donde saqué una mesa con un compañero.

 

“Posteriormente, cuando iba sacando la mesa, escuché una ráfaga de tiros y Henry Núñez dijo que no nos corriéramos, que no tuviéramos miedo, y cuando este hombre estaba diciéndonos esto, yo lo vi que estaba con un galón de gasolina en la mano, y penetró de nuevo a la casa, y nos dijo que nos saliéramos todos del interior de la casa, que la cuestión se estaba poniendo fea, y cuando nos salimos, vi que  la casa estaba tomando fuego.

 

“Posteriormente, cuando llegó la Policía, nos dijeron  que nos encontrábamos detenidos, y cuando nos estaban registrando, logré ver que a un compañero de apellido Jarquín, conocido como “cascabel”, la Policía le halló una cámara fotográfica y la cual dice que es de él, que tiene papeles, y los cuchillos que encontró la Policía en el lugar, no sé de quiénes eran.

 

“Pero cuando estaba la balacera, Gerardo nos dijo que nos armáramos de palos y piedras, y le dije que nosotros no íbamos a pelear, sino a trabajar”.

 

Miguel Ángel Cardenal Caballero, de Ticuantepe: “Miré que dos personas, a quienes no puedo precisar,  andaban armados con cuchillos…Mirando que un sujeto pelón, que se identificó como Richard , y que estando aquí detenido me di cuenta que se llama Henry Núñez, se metió a la casa también y después que sacamos las cosas que habían dentro, él con un galón color blanco, que se lo facilitaron tres sujetos que no precisos quiénes son, pero  que sí andaban con él, , también se metieron  y como estaba yo adentro de la casa con varias personas más, miré que Henry Núñez empezó a rociar gasolina que andaba en el galón a una señora que estaba en la casa al momento que nosotros llegamos, y como miré eso de que le echaban gasolina a la mujer y después le echaba a la casa, me salí porque además de eso, se dieron unos disparos, salimos corriendo y cuando ya miré Henry iba  saliendo de la casa, corriendo, y la casa ya estaba quemándose.

 

“En ese momento llegó la Policía. Nos detuvo a los que estábamos ahí”.

 

José de la Cruz Cardenal Vicente, de Ticuantepe: “Sacamos algunas cosas y las amontonamos afuera de la casa. En ese momento se oyeron unos disparos de AK que venían de enfrente de la casa que estábamos desocupando. Eran bastantes disparos, que al oírlos me corrí hacia donde estaban los camiones. Luego vi que la casas se estaba quemando, y de pronto vi que los camiones se retiraron del lugar, igual que el pelón, quien se montó en un Jeeps color plomo”.

 

Uriel Antonio Guido Bojorge, de La Borgoña, Ticuantepe:

 

“Cuando estábamos sacando las cosas de la casa, se escucharon unos disparos y procedimos a retirarnos del lugar, ya que el hombre que estaba lanzando los tiros, se encontraba dentro de la casa que se encuentra a la par de la casa de donde estábamos sacando las cosas, y posteriormente un hombre que se encontraba dentro de la casa, pelo crespo, y que vestía una camisa blanca, estaba lanzando gasolina sobre la casa y le dijo a las mujeres que se salieran de la casa porque le pegarían fuego a la casa y luego cuando la casa tomó fuego, llegó la Policía, los cuales nos detuvieron y nos condujeron detenidos”.

 

Eduardo Alberto Jaime Suncing, del Reparto Schick, en Managua:

 

“Al momento de empezar a sacar las cosas de la casa (Apartamento No. 1), se escucharon varios disparos al aire y logré observar que un hombre que estaba encerrado en uno de los cuartos, realizó los disparos con un fusil AK. Al momento salimos corriendo hacia el  otro lado de la calle, bajo unos árboles de chilamate. Al momento, el supuesto escolta de Frutos Chamorro, andaba con un radio en la mano para comunicarse y gritó que fuéramos a sacar las cosas, ya que la Policía nos iba a apoyar y que nadie nos iba a herir a nosotros.

 

“Empecé a ver que la casa estaba tomando fuego por la parte del techo, por lo que yo salí rápidamente de la casa. Varios de nosotros andaban cuchillos y al ver el problema, dejaron los cuchillos tirados en el suelo. Luego llegó la Policía, y nos dijo que nos hiciéramos a un lado, luego llegaron los bomberos, pero a nosotros nos llevaron a la Policía, donde nos detuvieron”.

 

Róger Antonio Canda López, de La Borgoña, Ticuantepe:

 

“La otra gente comenzó a meterse a la casa y a sacar cosas como sillas, y al momento escuché unos disparos salteados, y comencé a caminar buscando la salida, y cuando llevaba unos cincuenta metros, cuando miré que de la misma casa estaba saliendo humo y me quedé asustado. En ese momento llegó la Policía, y nos pusieron como un cordón, nos registraron, estuvimos parados, y como a la media hora, me monté en una camioneta y nos trajeron a la Policía, donde estoy preso”.

 

Marlon Antonio García López, del Barrio Pablo Úbeda, en Managua:

 

“El señor calvo nos dijo a todos que entráramos a las casas a sacar los muebles y nos dijo que lo siguiéramos hasta una de las casas, la primera de la izquierda (Apartamento No. 1). De ahí sacamos todo y os íbamos poniendo afuera, cuando de pronto, en una de las casas del extremo derecho, escuché que alguien quebró unas persiana, y des dentro  comenzaron a realizar disparos al aire. Fueron unos 20 disparos. Al oír los disparos, yo salí corriendo para la Carretera, y me pasé hasta el otro lado, donde hay unos palos de chilamate. Ahí me parapeté, esto fue como a las seis de la tarde.

“Y luego vi que la casa se estaba quemando, no me fijé quién quemó la casa”.

 

Domingo  José Sinclair Martínez, de Ticuantepe:

 

“El mismo gordo, chele, les dice que se bajen del camión y que el primer trabajo era sacar todas las cosas que estaban dentro de las casas, y ponerlas en la calle, por lo que en compañía de varios se metió a la casa que estaba ubicada en el costado Norte, de primera (Apartamento No. 1). Entró y comenzó a sacar sillas, muebles, y sacó una pistola antigua, la cual colgaba de la pared. De repente escucho uso disparos, por lo que me crucé la Carretera, ya que tenía miedo de que me pegaran un tiro, y después vi salir las llamaradas de las primeras casas. El chele gordo al momento que comenzó el incendio, se fue en un Jeeps blanco, sin capota”.

 

José Fidel Leiva López, de Ticuantepe:

 

“Cuando llegamos, procedimos a sacar las cosas que se encontraban en el primer cuarto de la casa, y cuando yo me encontraba sacando una refrigeradora, me percaté de que estaba un incendio, y en este momento nosotros nos corrimos, pero el sujeto pelón nos dijo que nos regresáramos por otro lado, ya que de un lado de la casa nos estaban tirando bala, y posteriormente de habernos corrido, el sujeto que se movilizaba en un Jeeps, o sea, el sujeto pelón, se retiró del lugar cuando miró que la situación se estaba poniendo fea. Cuando nos corrimos, llegó la Policía y nos detuvo”.

 

Eddy Armando Aguirre Amador, de Ticuantepe:

 

“Cuando estaba sacando una mesa de una casa, escuché una balacera y me salí corriendo a la Carretera, y después ya no volví a  entrar, y cuando me encontraba afuera, logré ver cuando la casa estaba tomando fuego”.

 

Luis Alfonso Flores Martínez, de Ticuantepe:

 

“Yo saqué un valijín grande y lo puse en el patio donde estaban el resto de cosas. En ese momento empezaron a disparar de una de las casas de enfrente. Realizaron como seis disparos, por eso yo salí hasta la Carretera, donde habían unos palos de chilamate…ahí me refugié, se calmaron los tiros. Luego se salió todo mundo de la casa porque ya estaba completamente vacía. De pronto vi que la casa se estaba quemando, por lo que corrimos hacia abajo”.

 

Carlos José Murillo Álvarez, de Ticuantepe:

 

“Del interior de la casa salía fuego, por lo que yo empecé a retirarme del lugar, ya que no quería verme inmiscuido en este tipo de problema. En el lugar, yo sentía olor a gas propano y a la vez olor a gasolina, por lo que yo miré la zona de peligro por una explosión, y fue que inmediatamente llegó la Policía y detuvo a todos los que estábamos en el lugar”.

 

José Francisco Saballos Hernández, de Ticuantepe:

 

“Observé que uno de los que se encontraban en los primeros apartamentos, a mano izquierda, procedieron a regar gasolina en todo el piso y los cuartos y posteriormente le pegaron fuego, y a realizar varias detonaciones con una pistola makarov que portaba Sergio. Cuando el incendio, escuché que realizaron varias detonaciones con fusil AK. Una vez que estaba toda la colonia en llamaradas, todos procedieron amontarse a los camiones, los que lograron montarse, se fueron, los que no logramos montarnos en los camiones, nos quedamos, y en vista de que nos quedamos, llegó la Policía al lugar y  nos detienen”.

 

Francisco José Ampié Calero, de Ticuantepe:

 

“Un señor pelón, chele, con un Walkie Talkie, nos dijo que entráramos y sacáramos de una casa todo lo que había dentro, porque era un trabajo del señor de nombre, creo yo, Frutos Chamorro, y venimos entrando, diciendo que si  no entrábamos, no teníamos pago, y llegamos a una casa y estábamos sacando las cosas… fue cuando escuché unos disparos, y la mayoría de la gente se salió, así como lo hice yo.

“Fue cuando llegó la Policía, nos llamaron, nos pusieron en fila, nos registraron, y después llegó un Robur (autobús pequeño), montaron a una parte, después llegó una camioneta, nos montaron y nos trajeron al Comando de la Policía”.

 

Manuel Salvador Reyes Leiva, de Ticuantepe:

 

“Vi cuando la casa estaba comenzando a tomar, y luego de nuevo salimos corriendo, y el señor pelón nos enseñó un papel, y decía que con ese papel se encontraba actuando con autorización de la Policía, pero cuando vimos que la casa estaba tomando fuego, nos corrimos, nos protegimos en una casa que se encuentra al otro lado de la casa donde estábamos sacando las cosas.

Y cuando nos disponíamos a irnos, llegó la Policía y nos detuvieron”.

 

Julio César Cardenal Vicente, de Ticuantepe:

 

“Cuando estábamos sacando las cosas se escucharon unos disparos que salieron de la casa o cuarto vecino, realizados por alguien, al momento salí corriendo hacia el otro lado de la Carretera. Luego un sujeto gordo, bajo, algo chirizo, nos dijo que  regresáramos que todo estaba “bajo control” y que la Policía nos estaba apoyando.

 

“Del gordo escuché que hablaba por un radio de mano. Se comunicó con un tal señor Frutos Chamorro. El gordo le decía a Frutos Chamorro que la cosa estaba “roja” y que mandara los refuerzos, y fue que de inmediato observé que  la casa (Apartamento No. 1) de donde estábamos sacando las cosas, empezó a tomar fuego por la parte del techo. No sé cómo se originó. Dentro del grupo de los que andábamos en el lugar, varios andaban cuchillos, desconozco para qué los andaban.

 

“Inmediatamente llegó la Policía y nos dijo que nos moviéramos a un lado de la casa y que nadie intentara correrse. Luego lo de la Policía llamaron a otras patrullas, las cuales llegaron rápidamente al lugar. La persona que andaba dirigiendo toda la situación era un pelón, bajo, gordo, sin bigotes, pelo color blanco canoso; este andaba bien vestido, y era el que dirigía toda la cosa, e incluso ordenó que quemaran la casa de donde estábamos sacando las cosas. La persona responsable de este engaño, por ganarme treinta córdobas oro, es el señor Frutos Chamorro, ya que él daba las órdenes al otro lado desde la radio que andaba en las manos el otro sujeto que andaba en un Jeeps de color plomo”.

 

Salvador Enrique Cardenal Caballero, de Ticuantepe, uno de los 45 detenidos por la Policía Nacional en el sitio del incendio criminal:

 

“Empezamos a sacar las cosas del interior de la casa (Apartamento No. 1), y fue que inmediatamente escuché unos disparos que salieron del interior de una de las casas. Yo lo que hice fue replegarme para el otro lado de la calle, y esconderme detrás de unos árboles de chilamate, pero inmediatamente el sujeto gordo, que andaba con un teléfono de esos de mano, se comunicaba con otra persona, a la cual él le manifestaba que “la cosa está roja” y que le mandara los “refuerzos”.

 

“Inmediatamente, un señor gordo, pelón, que andaba en un Jeeps color plomo, manifestó que esos apartamentos eran de él y que no se los iba a entregar a nadie.

Observé que del interior de la casa salió una gente rápido, ya que se encontraba agarrando fuego, por lo que nosotros al ver esto, no seguimos realizando el trabajo, y ya los camiones se habían retirado, al ocurrir los disparos, dejándonos solos en el lugar, engañados.

 

“Inmediatamente llegó la Policía Nacional y empezó a retenernos a algunos de los que andábamos en el lugar, pero la casa siguió agarrando fuego. Ese viejo peló que se comunicaba con otra persona, era el que andaba armado con una pistola, y andaba con él otro sujeto recio, este andaba otra pistola, los cuales al ver la situación, cuando empezó a llegar la Policía, se montaron en el Jeep y se fueron”.

 

Salvador Enrique Cardenal Caballero, de Ticuantepe:

 

“Vi que la casa estaba tomando fuego, y después llegó la Policía, y nos dijeron que estábamos detenidos. Nos condujeron a la Policía. Sobre los cuchillos, únicamente los vi cuando estaban en el suelo”.

 

Roberto Antonio Cardenal Caballero, de Ticuantepe:

 

“Al terminar de sacar las cosas, el pelón, que estaña dentro, nos dijo que nos saliéramos, salimos, y despuesito miramos las llamaradas (en el Apartamento No. 1), y nos dijo que nos fuéramos a los camiones, mientras él se quedaba dentro. En ese momento, un señor de barba nos dijo que éramos unos desgraciados porque habíamos quemado la casa, pero nosotros no fuimos, a menos que haya sido el pelón, porque cuando nos pidió que nos saliéramos de la casa, él se quedó adentro y ahí no más empezó a quemarse la casa. Buscamos los camiones, pero estos ya se había ido, e incluso el pelón se montó en su Jeep y se fue, dejándonos solos en el lugar. Llegó la Policía y nos detuvieron”.

 

José Leoncio Cardenal Caballero, de Ticuantepe:

 

“En el momento en que sacábamos las cosas a la calle, de una de las casas de enfrente alguien realizó disparos en ráfaga, por lo que yo salí corriendo a la Carretera, donde estaban unos chilamates. Ahí me refugié hasta que se calmó la balacera, pero el hombre pelón nos dijo que no tuviéramos miedo porque no tardaba en llegar la Policía, entonces, cuando estábamos todos en la Carretera, el hombre de los disparos, continuó disparando, y también comenzó el incendio.

 

Nos regresamos a buscar los camiones, pero ya no estaban, se habían ido. El pelón también se había ido. Entonces, nos quedamos ahí, hasta como las cinco minutos que llegó la Policía, y nos detuvo. Nos trasladaron al Departamento Tres de la Policía, en una camioneta blanca”.

 

José León Cardenal Caballero, de Ticuantepe, al ampliar su declaración ante la misma Policía, según el folio 243 del expediente en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la doctora Rosario Altamirano:

 

“Sobre los cuchillos encontrados a algunos hombres que andaban con nosotros, no me fijé quiénes eran de ellos, porque no los vi. Sobre la cámara, puedo asegurar que que Joaquín Jarquín la trajera desde Ticuantepe, porque yo la vi hasta que estábamos en el incendio, poco después de que sacáramos las cosas de la señora vecina al incendio. Además, en el registro que nos hicieron a todos, a uno le encontraron una pistola, pero él dijo que la había sacado de la misma casa donde fuimos a ayudarle a la señora vecina”.

 

Trampa mortal puesta por Frutos Chamorro

 

Carlos Alberto Vicente Cardenal, de Ticuantepe, otro de los 45 capturados por la Policía:

 

“Éramos aproximadamente como ochenta personas. A ese lugar nos llevaron engañados. Uno de mis tíos de nombre: César Augusto Cardenal Caballero, me dijo que nos tiráramos del camión, ya que esto era una trampa, el camión venía muy rápido, y fue ese el motivo por el cual nos tiramos del camión, ya que si lo hacíamos, nos podíamos matar al caer en la Carretera.

 

“Ya en el lugar empezamos a sacar cosas de las casas, y fue que de pronto escuché una cantidad de tiros de fusil AK. Estas balas no sé quién las disparaba, ya que salían del interior de una casa, al momento yo me crucé la calle y me escondí detrás de unos árboles, evitando que me hirieran.

 

“Luego estando detrás de uno de los árboles, al otro lado de la calle (Carretera Sur), observé que una de las casas empezó a tomar fuego por la parte del techo. El sujeto gordo hablaba por teléfono, de esos de mano, con una persona a la cual le decía que la “cosa se estaba poniendo roja”, y que se iba a retirar, ya que había llamado a los bomberos y a la Policía. Inmediatamente llegó la Policía y nos agarraron y nos llevaron a la Estación Tres de la Policía.

 

“Nos vimos engañados por este señor Frutos Chamorro, deseamos verlo para desquitarnos lo que nos hizo, ya que eso fue una acción muy mala, ya que cuando observamos la casa en llamas, había personas en su interior, y salieron corriendo, llorando, atacados de los nervios con niños heridos”.

 

Ruta de los 180 matones, descrita por “Los Hechos”, de la Policía Nacional

 

En el folio 257 del Expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, mediante un informe oficial denominado “Descripción de los Hechos”, de la Policía Nacional, se comienza informando que en los Apartamentos se suscitó “un fuerte problema de propiedad”, porque Frutos Chamorro Argüello se presentó a juzgados civiles como supuesto dueño de los apartamentos, y que finalmente él, Chamorro Argüello, y la jueza Ruth Chamorro Martínez, con 180 matones se lanzaron al intento de desalojo violento el 14 de abril de 1994.

 

Demanda la devolución de su supuesta propiedad del “Reparto Argüello”—comienza la “Descripción de los Hechos”, de la Policía Nacional–, en contra de los actuales moradores de dicho reparto,  entre ellos el señor Pablo E. Barreto Pérez y Julio Alejandro Toribio Díaz, quienes habitan los apartamentos uno y dos del lugar.

 

“A consecuencia del mismo problema de propiedad, se ha venido desarrollando una cadena de hostigamientos por parte del señor Frutos Chamorro, consistentes en contratación de personas de bajos recursos económicos (campesinos), aprovechándose de estos para obligarlos por unos cuantos córdobas, a ejercer acciones que van en detrimento de los actuales moradores, cometiendo actos delictivos.

 

“En fecha miércoles 13 de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el sujeto de nombre Juan Pablo Rivas Castro se presentó a la casa de Gerardo  Ramón Aburto Sevilla, quien reside en Ticuantepe, de la gasolinera media cuadra al Sur, pero al no encontrarlo, estuvo esperándolo por un  lapso de dos horas, desistiendo de hacerlo, le dejó razón con el ciudadano Mercedes Aburto, quien es el padre de Gerardo Ramón Aburto Sevilla., de que necesitaba  hablar con él urgentemente.

 

“Luego de dejarle razón, Juan Pablo Rivas Castro salió y al salir, se encontró con un sujeto de nombre Sergio, quien es subordinado directo del anterior, laborando como CPF en la Funeraria Don Bosco. Rivas Castro le propuso el mismo trabajo de reclutar unas 80 personas desempleadas para que trabajaran en un cargue y descargue, que les ofreciera treinta córdobas por persona, por sólo un rato de trabajo, cargando y descargando unos camiones en la Carretera Sur.

 

“Sergio aceptó realizar el trabajo y a la vez le solicitó a Rivas Castro que le diera “raid” hasta Managua, montó su bicicleta en la camioneta color celeste que andaba el primero y ambos se fueron rumbo a Managua.

 

“Al día siguiente, jueves 14 de abril del presente año, a eso de las siete y media de la mañana, se presentó Juan Pablo Rivas a la casa de Gerardo, quien habiendo recibido el recado de su padre, esperó a Rivas Castro, encontrándose los dos, Rivas Castro le propuso a Gerardo el trabajo de cargue y descargue de unos camiones en la Carretera Sur, pero que antes tenía que reunir a unas cien personas de Ticuantepe, preferiblemente desempleadas, a la una de la tarde, en el Parque del lugar, que ahí los llegaría a traer el camión.

 

“Recorrió algunas partes de Ticuantepe en busca de personas desempleadas para que trabajaran en el cargue y descargue, incluso ofreciendo más de 30 córdobas para los que cargaran más.

 

“Sergio por su parte realizó su labor de reclutamiento en la Comarca Esquipulas (en el Municipio de Managua) y con algunos conocidos de Ticuantepe.

“Gerardo Ramón Aburto Sevilla se reunió a la una de la tarde en el Parque con unos setenta hombres, pero llegó Juan Pablo Rivas Castro en un carro celeste y le dijo a Gerardo que había muy poca gente, que mejor postergarían la hora de salida para las tres y treinta, y que mientras llegaba más gente, que buscara un cuaderno para anotar a los hombres y así facilitar el pago de los mismos, una vez que terminaran su labor de cargue y descargue.

 

“Gerardo se fue hasta su casa y consiguió un cuaderno, comenzando de inmediato  a anotar a los hombres. Juan Pablo Rivas Castro le dijo que regresaría a las tres y treinta minutos de la tarde, y que iba a traer un camión par3a el traslado.

 

“En el transcurso de las horas, hasta la hora de partida, siguieron llegando más hombres, que Gerardo iba anotando en el cuaderno. A las tres y media de la tarde se presentó Juan Pablo Rivas Castro, a bordo de un camión blanco, marca Volvo, completamente cerrado, excepto la parte trasera, bajó del camión y revisó el cuaderno que tenía Gerardo y ya habían aproximadamente setenta y dos hombres.

 

“Entonces, dio la orden de abordar el camión, procediendo a hacerlo todos. Salieron de La Borgoña (Ticuantepe), donde se montaron seis hombres más, y luego salieron hacia Managua, sin detenerse el camión, sino hasta llegar a Las Colinas (Reparto de ricachones, lugar de residencia de Frutos Chamorro Argüello), en la primera entrada, ahí se detuvieron, donde se montó más gente, en cantidad de diecinueve.

 

“En ese otro punto de reunión se reunió la gente que el mismo Juan Pablo Rivas Castro había reclutado en el Reparto Schick y el Barrio Pablo Úbeda (ambos de la zona Oriental de Managua), los que estaba a bordo de otro camión color blanco y también cubierto completamente

 

“Además de reunirse los dos camiones, también se presentó un Jeep Suzuki, color plomo, con un letrero de “Bar Chaplin” y un número cuarenta y ocho en la puerta izquierda, que venía tripulado por Henry Ernesto Núñez Abarca y cuatro sujetos desconocidos.

 

“En ese punto de reunión se bajaron del vehículo los sujetos dirigentes del desalojo, e incluso se bajó ahí Juan Pablo Rivas Castro, y abordó un carro celeste que había dejado ahí cuando fue hasta Ticuantepe, a traer a la gente.

 

“Habiéndose quedado Rivas Castro, el Jeep Suzuki adelante y siguieron los dos camiones,  tomaron la Pista hacia Villa Fontana, y doblaron por la Pista del INE, hasta llegar al Siete Sur, tomaron la ruta de la Carretera Sur, hasta llegar a una treinta varas adelante del lugar de desalojo.

 

“Hasta este momento, los reclutados desconocían el tipo de trabajo que debían realizar. El Jeep Suzuki, conducido por Henry Ernesto Núñez Abarca, se regresó sobre la Carretera y volvió a pasar por los Apartamentos hasta aparcarse a unos cincuenta metros de los mismos. Lo mismo hicieron los camiones.

 

“Estando detenidos los vehículos, Henry Ernesto Núñez Abarca, se bajó del Jeep al igual que los acompañantes, quienes cargaban un saco macén y tres bolsos de colgar, conteniendo objetos desconocidos, sólo que al bajarse los cuatro sujetos se dirigieron por el extremo derecho de los apartamentos.

 

Núñez Abarca personalmente lanzó la gasolina

 

“Henry Ernesto Núñez Abarca ordenó la bajada de los reclutados de los camiones y los reunió para explicarles del trabajo que iban a desempeñar en el lugar, diciendo a los mismos que actuarían bajo las leyes, y sacó un papel diciendo que era una orden de la juez Chamorro, y con el respaldo de la Policía.

 

“Luego el mismo Henry Ernesto Núñez Abarca guió a los hombres hasta la casa que iban a desalojar y les dijo que sacaran las cosas. Los cargadores empezaron a sacar cosas a pesar de que una ciudadana que se encontraba en el lugar; ellos sacaron los muebles, mesas, camas, colchones y demás enseres de la casa.

 

“En ese momento se escucharon unos disparos de fusil AK, que provenían de uno de los apartamentos de al frente. Al escuchar los tiros, los hombres que sacaban los enseres de la casa, salieron corriendo hasta el otro lado de la Carretera, donde estaban unos árboles de chilamate, pero Henry Ernesto Núñez Abarca les dijo que no se preocuparan, y haciendo uso de un radiocomunicador que portaba, hizo como si hablaba con la Policía y como para darle aliciente a los hombres, les decía que ya la Policía estaba por llegar al lugar, y les ordenó que continuaran sacando las cosas de la casa.

 

“Los hombres un poco más conformes, continuaron con su labor hasta terminar sustraer las cosas, y que entrara Henry Ernesto Núñez Abarca con un galón blanco en la mano a decir a los últimos cargadores que se salieran de la casa. Empezó la rociar gasolina por toda la casa y un sujeto de los dos que le acompañaban, el moreno, alto, que usaba gorra, se puso a rellenar las botellas de cerveza con gasolina, fabricando los molotov, que una vez terminado serían lanzados por Henry Ernesto Núñez Abarca y el sujeto moreno, provocaran el incendio de la casa.

 

“Al iniciar el incendio, Henry Núñez Abarca y el moreno, salieron corriendo del Apartamento (Apartamento No. 1), y estando fuera, se presentó en el lugar abordo  de una camioneta doble cabina, el residente de la casa desalojada, Pablo Emilio Barreto Pérez, quien le reclamó a Henry Ernesto Núñez Abarca, de por qué le había pegado fuego a la casa, por lo que Henry Ernesto le respondió que la había quemado porque era de él.

 

“Cabe señalar que  cuando se inició el incendio de la casa, se escucharon otros disparos, siempre de fusil AK, por lo que Henry Ernesto Núñez Abarca volvió a utilizar el radio comunicador, sólo que en esta ocasión se comunicó con alguien al que  llamaba “jefe”, y le dijo que la cosa se estaba poniendo fea, y le preguntó que si no iba a llegar a pagar, pero al parecer el “jefe”, que es Frutos Chamorro, le respondió que no iba a llegar, porque en ese momento llegó una Patrulla de la Policía, a la que se acercó Henry Núñez Abarca, para explicarle sobre la orden de la juez Chamorro, y dejándole el documento al policía, abordó su Jeep Suzuki y con el motor en marcha mandó a los cargadores a una casa vecina de los apartamentos, donde acudieron la mayoría de los hombres, y de donde el sujeto Domingo José Sinclair Martínez sustrajo una pistola antigua yse la llevó consigo.

 

“Terminaron  los hombres de ayudar a evacuar las cosas de la vecina, y salieron hacia donde estaban aparcados los camiones, pero ya no los encontraron, pues ya se habían ido en compañía de Henry Ernesto Núñez Abarca.

 

“Cabe señalar que Henry Ernesto Núñez Abarca es guardaespaldas de Frutos Chamorro y que Juan Pablo Rivas Castro, se quedó en Las Colinas y no se presentó en el lugar del desalojo, aunque trabaja directamente con Henry Núñez Abarca y con Frutos Chamorro, pues es el encargado directo de los CPF que vigilan la casa de Chamorro en Las Colinas.

 

“En el camión que venían de Ticuantepe, habían unos diez cuchillos en el piso y que los tomaron algunos hombres, al igual que los palos y garrotes.  Cuando llegó la Policía, además de la Patrulla que llegó primero, se detuvo a los participantes del desalojo.

 

“Es de mencionar que otro de los responsables del reclutamiento de los cargadores, es el mencionado en la presente descripción de los hechos como Sergio, cuyo verdadero nombre es Sergio Antonio Velásquez Carrión, y reside en Ticuantepe, Reparto Juan Ramón Padilla, del Colegio San José dos cuadras abajo, y fue el que se encargó de reclutar a los de Esquipulas.

 

“Una vez detenidos los participantes del desalojo, fueron trasladados  al Departamento Tres de la Policía en una camioneta particular y en un microbús, también particular, donde adrede, el sujeto Gerardo Ramón Aburto Sevilla dejó el cuaderno donde aparecían todos los reclutados por él y por Sergio Antonio Velásquez Carrión”.

 

 

En los folios 263 y 264 del Expediente remitido por el Departamento Tres de la Policía Nacional al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, titulado “Conclusiones”, la Jefatura de Investigaciones de la PN, señala lo siguiente:

 

“Una vez concluidas las investigaciones pertinentes al Expediente No. Diez Noventa y Cuatro y Diez Noventa y Cinco, la autoridad suscribiente llega a la conclusión de que los procesados Frutos Chamorro Argüello, Henry Ernesto Núñez Abarca, Pablo Rivas Castro, Sergio Antonio Velásquez Carrión, todos de generales en autos, son autores del delito de incendio y otros estragos, exposición de personas al peligro y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de los ciudadanos Pablo Emilio Barreto Pérez y Julio Alejandro Toribio Díaz, y otros ciudadanos nicaragüenses.

 

“La comisión de estos delitos es un acto criminal cuyo tipo penal se fundamenta en el ánimo de ocasionar daños graves a otras personas, utilizando para esto medios fraudulentos para su consumación; se ejercitó utilizando materiales inflamables y bombas molotov, las cuales fueron llevadas al lugar con una intención premeditada de quemar los Apartamentos Argüello (desaparecerlos).

 

“Mediante la inspección realizada en el lugar de los hechos, se logró demostrar la aparición de dos bombas molotov de fabricación casera, encontradas en la parte Norte de los apartamentos, a la orilla de la malla.

“Los hechos se  limitaron a que los señores Henry Ernesto Núñez Abarca, Pablo Rivas Castro y Antonio Velásquez Carrión, se dedicaron a la contratación de aproximadamente unas cien personas de origen campesino, los cuales iban a ser dirigidos a los Apartamentos Argüello, con el objeto de desalojar a los actuales moradores, manifestándoles que “todo estaba en regla” y que solamente eran un desalojo apoyado por un supuesto juez y la colaboración de la Policía Nacional, siendo esto totalmente falso y creando el día jueves catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a eso de las cinco y cuarenta minutos de la tarde, en el Km. 10 y medio Carretera Sur, un incendio en los Apartamentos Nos. 1 y 2 de dicho reparto, por lo que fueron repelidos por un ciudadano del Reparto con un fusil AK, que realizó varios disparos al aire, con el objeto de calmar la violencia reinante del momento.

 

“Posteriormente se logró determinar que el fusil No. 800095, sin culatin, fue ocupado a la señora Luz Marina Artola Rivera. Fue remitido al Laboratorio Central de Criminalística.

 

“De las personas contratadas por Henry Núñez Abarca, Sergio Antonio Velásquez y Pablo Rivas Castro, que la mayoría pertenecen al Municipio de Ticuantepe y La Borgoña, el ciudadano de nombre Domingo José Sinclair Martínez, al momento de estar desalojando una de las casas, sacó del interior de la casa vecina al Apartamento No. 2, una pistola, con siglas MAS-M18, la cual trató de llevarse, ya que cuando se estaba dando a la fuga fue capturado por la Policía con el arma en sus manos.

 

“Al momento, la Policía realizó la captura de varios de los participantes del desalojo, se les encontraron en su poder: A Gerardo Ramón Aburto Sevilla, un cuchillo de cocina; Julio César Cardenal Vicente, se le ocupó un cuchillo de mesa, marca Stanley; también a Carlos Alberto Cardenal  Vicente se le ocupó un cuchillo de cocina, José Eugenio Cardenal Caballero se le ocupó un cuchillo de cocina marca Pastor Alemán; a Javier Antonio Espinoza Baltodano, una bayoneta metálica; a Luis Alberto  Velásquez Martínez, se le ocupó un machete puna recortada, de color negro;  y encontrándose abandonados en el lugar de los hechos, un Plywood con clavos encartados, un machete color negro  y un total de cuatro botellas molotov, un palo con forma de antorcha (listado completo en peritaje policial).

 

“Cuando se presentó Nacional al lugar de los hechos, se empezaron a realizar las primeras capturas en la vía pública, manifestaron varios de los detenidos que ellos habían sido contratados para realizar un trabajo de carga y descargue, y por lo cual iban a ganarse la suma de treinta córdobas oro (C$ 30.00), pero al estar en el lugar descubrieron que habían sido engañados por los señores Henry Ernesto Núñez Abarca, Pablo Rivas Castro y Sergio Antonio Velásquez, los cuales los transportaron desde los municipios de La Borgoña y Ticuantepe hacia Managua, Km. 10 y medio Carretera Sur..

 

“Los medios de prueba que podemos señalar: a) la denuncia interpuesta por los ciudadanos Pablo Emilio Barreto  Pérez y Alejandro Toribio Díaz en contra de Frutos chamorro Argüello y Henry Núñez Abarca como autores del incendio; b) con declaraciones de ofendidos de los ciudadanos Cecilia González García, Brenda Enríquez de Hernández, Anabelle Erlinda Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Artola Rivas y Juan Pablo Hernández Cruz; c) con declaraciones testificales de Dinorah Parrales Parrales, Carlos Sáenz Belanger, Concepción del Carmen García González, José Guillermo Collado Gutiérrez, Marcia Lorena Cabrera Lacayo y María José Yescas Víctor; d) con la inspección del lugar de los hechos, por medio de la cual se logra recoger elementos de prueba como las botellas molotov, con líquido inflamable, con la observación de los restos quemados, por medio de fotografías, y los cuchillos encontrados en el lugar de los hechos; e) con los recibos de ocupación Nos. 273-94, 274-94, 275-94, 278-94, 085-94, 086-94, 277-94, 279-94, 279-94, 280-94 y 281-94, ocupados una parte a los detenidos y otros encontrados en el lugar (del incendio) de los hechos; f) con el resultado del peritaje de Avexi del Laboratorio Central de Criminalística (de la Policía Nacional), el cual nos aclara que existieron dos focos de incendio en el interior del Apartamento No. 1; g)  con la gráfica del recorrido que se realizó desde La Borgoña, Ticuantepe y Managua al Km. 10 y medio de la Carretera Sur, por los camiones que transportaron el personal al lugar de los hechos; h) con las fotografías ilustrativas del lugar de los hechos, divididas en dos volúmenes respectivamente enumeradas; i) con las declaraciones de los cuarenta y cinco indiciados, quienes en sus deposiciones dan fe de haber llegado al lugar de los hechos y haber tenido participación directa e indirecta en la comisión de los delitos; j) de conformidad con el artículo  No. 6, título 5to., capítulo primero, Arto. No.317, de conformidad con el   capítulo 4to, artículo  No. 154 Pn., de conformidad con título once capítulo primero   Arto. No. 493, 494 y 495 del Pn., más los Artos. No. 496 y 497 del PN, déjese causa abierta en contra de los ciudadanos Frutos chamorro Argüello, autor intelectual del delito de incendio y otros estragos, exposición de personas al peligro y asociación ilícita para delinquir; Henry Ernesto Núñez Abarca, autor material del caso, ya que dirigía, instigaba y organizó la comisión de los delitos;

Pablo Rivas Castro, autor material del delito, ya que anduvo dirigiendo junto a Henry Núñez Abarca; Sergio Antonio Velásquez Carrión, recientemente detenido y autor material del hecho, ya que anduvo en los municipios de La Borgoña y Ticuantepe reclutando personal, enviado por Pablo Rivas Castro.

 

Del mismo modo, déjese como diligencias pendientes los resultados de peritajes químicos, balística y caninos, los cuales aún se encuentran en el Laboratorio Central de Criminalística, y el evalúo de los daños de las viviendas de los apartamentos  Nos. 1 y 2 de  los repartos Argüello.

 

La presente causa es remitida al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua. Jefe de Investigaciones Criminales, Capitán Concepción Andino V., División Tres de la Policía Nacional”.

 

Mediante estas mismas diligencias policiales, el propio jefe de la Estación o División Tres de la Policía, subcomandante (todavía no eran comisionados) Hugo Ernesto Zamora Chávez y el capitán Concepción Andino V, jefe de Investigaciones Criminales, remitieron al Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la doctora Rosario Altamirano López, un Expediente con 253 folios, con toda la investigación policial realizada a partir del mismo momento del incendio criminal, las declaraciones y confesiones de los 45 capturados, las acusaciones de las víctimas del incendio y de los testigos presenciales, más las descripciones y “conclusiones” expuestas antes en este libro.

 

En el primer folio de este Expediente, están los nombres de los 45 capturados, más los nombres de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas y Sergio Velásquez Carrión, todos indiciados o acusados por el incendio criminal en los Apartamentos Nos. 1 y 2 de los llamados Apartamentos Argüello, ubicados en el kilómetro 11 de la Carretera Sur.

 

Repito ese listado de nombres, ubicados en el Expediente mencionado:

 

“Frutos Chamorro Argüello (prófugo), Henry Núñez Abarca (prófugo), Juan Pablo Rivas Castro (prófugo), Gerardo Ramón Aburto Sevilla, César Augusto Cardenal Caballero, José Eugenio Cardenal Caballero, Carlos Alberto Cardenal Vicente, José Leoncio Cardenal Caballero, Roberto Antonio Cardenal Caballero, Salvador Enrique Cardenal Caballero, Miguel Ángel Cardenal Caballero,  Julio César Cardenal Vicente, José de la Cruz Cardenal Vicente, Manuel Salvador Reyes Leiva, José Fidel Leiva López, Eduardo José Avendaño Olivares, Javier Antonio Espinoza Baltodano, Francisco José Velásquez Sánchez, Francisco José Ampié Calero, Domingo José Sinclair Martínez, Ulises Santos López Gómez, César Augusto López Cetín, Carlos José Velásquez Hernández, Pablo Antonio Rivera Pineda, Marlon Antonio García López, Manuel Antonio Castillo Gómez, Uriel Antonio Guido Bojorge, Albin Antonio Cerna Gámez, José Francisco Saballos Hernández, Eduardo Alberto Jaime Suncing,

Róger Antonio Canda López, José Francisco Selva Pérez, Carlos José Murillo Álvarez, Agustín de Jesús Jarquín Castro, Luis Alfonso Flores Martínez, Ernesto Javier Ruiz Pérez, Guillermo Antonio Zelaya Guido, Edwin José Guido Juárez, Luis Alberto Velásquez Martínez, José Enrique Gámez Ortiz, Eddy Armando Aguirre Amador, Justo Manuel Ruiz Sánchez, Óscar Antonio Ramírez Galo, Miguel Antonio Jirón Pavón, Omar Antonio Ordóñez Valdivia, Sebastián Alberto Canda Hernández, Nelson Enrique  Vanegas Reyes y Sergio Antonio Velásquez Carrión”.

 

Además de las remisiones mencionadas de la Policía hacia el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, de los folios 165 al 184 del mencionado Expediente, están referidos a las pruebas materiales encontradas en el escenario del incendio criminal, a los peritajes de la Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación y del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, entre otras:

 

-Una botella de Pepsi (molotov) conteniendo líquido amarillo oscuro y trapo.

-Una botella de cerveza Victoria.

-Una botella de medio litro (molotov).

-Una botella de envase de Mirinda (molotov) conteniendo líquido amarillo y trapo.

-Una botella de Coca-cola pequeña (molotov) conteniendo líquido amarillo y trapo.

-Un trozo de madera (palo) conteniendo en uno de sus extremos un trapo envuelto con una bolsita plástica.

-Un bolso color gris, vacío.

-Un cuchillo de cocina, con cacha de color café clara, sin marca.

-Un cuchillo de mesa, marca Stanley, de fabricación japonesa, color plateado, sin cacha.

– Un cuchillo de cocina con cacha color oscura, marca Stanley, de fabricación japonesa, con filo en perfecto estado.

-Una arma corta de metal, la cual presenta las siguientes siglas: MAS-M18.

-Un fusil AK  serie No. 800095, sin culatin. Cuatro cargadores del mismo fusil. Fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística el fusil y un cargador lleno.

-Un cuchillo de cocina marca Pastor Alemán Stainless Ssteel Japan.

-Una bayoneta metálica, la cual presenta una cacha metálica y de hule.

-Un machete color negro, el cual presenta punta recortada, sin marca.

-Una cortina color blanco, la cual presenta cuatro orificios en su parte lateral, a su alrededor manchas oscuras.

 

En el Expediente referido se menciona que el Apartamento No. 1 (habitado por Pablo E. Barreto Pérez) quedó totalmente quemado, y con daños parciales el Apartamento No. 2, el cual estaba habitado por la familia de Julio Alejandro Toribio Díaz.

Indica la remisión del Expediente policial que también se remiten los peritajes de la Dirección General de Bomberos y del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, más un informe detallado de las pérdidas materiales en enseres domésticos, ropa, una biblioteca y electrodomésticos que estaban dentro del Apartamento No. 1, el cual ubicaremos más adelante.

 

 

En este mismo Expediente policial se mencionan las direcciones de Frutos Chamorro Argüello en la Calle Cerros, en el Reparto Las Colinas, en el Oriente de Managua; Juan Pablo Rivas Castro en Las Sierritas, de la Iglesia de Santo Domingo, cuatro cuadras al Este; la de Henry Núñez Abarca era desconocida, según los informes policiales.

 

De Juan Pablo Rivas Castro en el expediente abundan datos sobre que este sujeto era el principal responsable de una empresa de CPF o vigilantes de Frutos Chamorro Argüello y que Núñez Abarca era “guardaespaldas” de Frutos Chamorro Argüello, hombre regordete, alto, pelo amarillo, muy violento, de ojos enrojecidos como de alguien drogado de forma permanente, de lenguaje soez, farsante, y que hace gala de su poder al amparo del gobierno neoliberal-conservador, proyanqui,  prosomocista, y asimismo se ufana de su cercanía con Arnoldo Alemán Lacayo, Alcalde de Managua, en ese año de 1994, y ambos poderes, gubernamental y municipal, promotores de desalojos masivos y violentísimos, como este del incendio criminal en el kilómetro 11 de la Carretera Sur, ocurrido el 14 de abril de 1994.

 

En este Expediente policial se da a conocer que Frutos Chamorro Argüello y Henry Núñez Abarca ya estaban siendo procesados en Juzgados del Crimen de Managua por amenazas de muerte, en 1993, un año antes, precisamente en contra de los vecinos de los Apartamentos Argüello.

 

José  Eugenio Cardenal Caballero, uno de los 45 detenidos, en su historial delictivo acumulado tiene: abigeato y destace clandestino, robos con fuerza y escándalos por ebriedad en Ticuantepe.

 

Carlos José Velásquez Hernández, alias “El Bandolero”, fue procesado en 1991 por riñas conyugales.

 

Uriel Antonio Guido Bojorge, también de Ticuantepe, uno de los 45 detenidos, asimismo había sido ya procesado por robo con violencia.

Roger Antonio Canda López, de La Borgoña, había sido ya procesado por riñas callejeras.

 

Agustín Jesús Jarquín Castro, del Reparto Juan Ramón Padilla, de Ticuantepe, igualmente había sido procesado por lesiones en 1992.

Javier Antonio Espinoza Baltodano fue procesado en 1992 por robo con fuerza.  Manuel  Salvador Reyes Leiva igualmente había sido procesado por hurto con abuso de confianza y robo con fuerza, en 1990.

 

“Rociaron de gasolina mis pies, y luego prendieron fuego”: Marcia Cabrera Lacayo

 

Resumen breve de la declaración de Marcia Lorena Cabrera Lacayo (ya fallecida), brindada ante oficiales del Departamento Tres de la Policía Nacional, la noche del 14 de abril de 1994.

 

“Yo me encontraba en el Apartamento del Sr. Pablo Emilio Barreto, a quien le trabajo como doméstica, cuando en eso sujetos desconocidos penetraron a la habitación, rompiendo los cristales y la puerta principal del mismo…varios sujetos armados con palos, los cuales cuando ingresaron a la habitación me manifestaron que el objetivo de ellos era matar a Pablo Emilio Barreto, esta es la casa de él,  peguémosle fuego; antes me habían rociado de gasolina en mis pies.

 

“Cargaban la gasolina en bidones color blanco. Al verme así, yo ingresé en mi cuarto a tratar de sacar mis cosas, pero dichos sujetos prendieron fuego, una falda que yo portaba en ese momento agarró fuego, y tuve que apagarla ahí mismo.

 

“Luego empezaron a saquear los apartamentos que están contiguo al señor Pablo Emilio Barreto, habiendo tomado  dichos sujetos unas joyas de la señora Anabelle Barreto, así como las pertenencias de los hijos de dicha señora.

 

“Al salir afuera de la habitación, me dirigí hacia donde se encontraba el sujeto llamado Henry Núñez, le manifesté que iba a llamar a la Policía, empezó a llamar a la gente que lo acompañaba, marchándose. Luego llegó la Policía cuando este sujeto Henry Núñez se estaba retirando.

 

“Quiero hacer mención  que intencionalmente a mi me rociaron de gasolinas mis pies y me prendieron fuego, agarrando fuego solamente una falda que andaba puesta en ese momento. Dicho sujeto, Henry Núñez, volvió a reiterar que quería matar a Pablo Emilio Barreto”.

 

“Con Iván logré sacar a la niña (Sofana)…la tiré por encima de la malla a un chavalo vecino, del Taller Felde…la boté para ese lado, para salvarle la vida, porque estos sujetos ya habían prendido fuego a la casa”.

 

Parte de la declaración de Anabelle Erlinda Barrera Argueta,  compañera de Pablo E. Barreto Pérez, y quien fue sorprendida por la incursión criminal inesperada de los 180 matones, jefeados por Henry Núñez Abarca (folio No. 12 del Expediente policial):

 

“El día 14 de abril de mil novecientos noventa y cuatro, como a eso de las cinco y media de la tarde, nos encontrábamos mirando televisión mi trabajadora doméstica de nombre Marcia Cabrera, Ercilia Argueta (es mi mamá), mi hijo de quince años de nombre Iván Barreto, y mi tierna (Sofana Orquídea) de diez meses, cuando en eso escuchamos ruido fuerte y miramos que un grupo de alrededor de unas cien personas se introdujo de manera violenta en mi Apartamento, rompieron la puerta del negocio de una Rosticería y Sorbetería,  dañándome además todo el mobiliario.

 

“Luego procedieron a entrar por la puerta principal de la casa, los cuales andaba piedras y palos, siendo el cabecilla o que dirigía a este grupo, el sujeto de nombre Henry Núñez, quien portaba un Walkie Talkie (radiocomunicador), con el cual se comunicaba con el señor Frutos Chamorro, además, uno del grupo me encañonó con una arma grande y larga, le dije que me dejaran salir con mi niña de diez meses y con mi mamá.

 

“Al momento que les imploraba, escuché unos disparos. Al ruido de esos disparos, logré salir, pero  antes me aventaron y caí al suelo, raspándome las piernas de ambos pies, y agarré al frente de uno de los Apartamentos. Asimismo, quiero hacer mención  de que estos sujetos sacaron a la Carretera, las cuales rompían a punta de golpes con los palos que andaban, las tiraban al suelo.

 

“Yo le pedí a mi hijo de quince años que lanzara (por el aire) por el patio trasero vecino a mi hija de diez meses, para que la atrapara otro niño, para que no le hicieran daño ni la quemaran…la agarran al  otro lado. Luego mi hijo se va corriendo en U una dos cuadras, para ir a rescatar a mi hija (Sofana Orquídea) del patio mencionado.

 

“Dejo a mi madre en la casa de la familia Estrada, después de saber que mi hija ha sido rescatada. En ese momento veo que de mi Apartamento está saliendo humo, y le digo a mi mamá: “Nos quemaron el Apartamento”. No sé cuánto tiempo había pasado, pero ya oigo una sirena, una alarma, y veo un camión de los bomberos.

 

“Decido irme al Apartamento a buscar a mi trabajadora doméstica (Marcia Cabrera Lacayo), cuando ya el Apartamento se está quemando. Encuentro a Marcia, ya había salido, y me dice: “Anabelle, me rociaron de gasolina las piernas… mire, yo estaba orando en la casa, y los hombres se saltaron por el muro del tendedero, venían con bidones blancos, y me sacaron a empujones, y me dijeron: “chavala hija de la p…, salite o te quemamos, y el hombre que decía eso, le decía a los otros: “busquen en los cuartos a Barreto, lo amarran y lo queman”.

 

Ella dice que la gasolina la rociaron como echar un balde de agua desde el lavandero hacia la pared del baño, y es en este momento en que a ella la baña (con gasolina), y en lo que va saliendo, ve que rociaban de gasolina la cocina”

 

“Logré verificar de que todos mis enseres estaban quemados, tal como camas, mesas de noche, closetts con ropa, mercadería de la venta de ropa nueva, dinero en efectivo, dólares, joyas de oro, y el Apartamento No. 1 quemado en su totalidad. Reconocí a Henry Núñez, escolta de Frutos Chamorro, como el que dirigía a toda esa gente,  asimismo los acuso de asesinato frustrado en contra mía y de mi familia”.

 

Parte de la declaración de Julio Alejandro Toribio Díaz, propietario  del Apartamento No. 2, el cual fue parcialmente quemado por los 180 matones, jefeados por Henry Núñez Abarca, Frutos Chamorro Argüello y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Ya expliqué al comienzo de este libro que los Apartamentos Argüello forma una “U” y que son, o eran una sola construcción continua, es decir, el Apartamento 2 pegado al 1, el 2 pegado al 3, el tres pegado al cuatro, el cuatro pegado al 5, etc.:

 

“Escuché una bulla… vi personas que entraban a los patios de los Apartamentos. Me asomé por la venta y miré al señor Henry Núñez, que vestía una camisa roja y pantalón amarillo, portaba un Walkie Talkie y gritaba llamando a BARRICADA (¿?)…y de pronto este dio la orden a las personas que lo acompañaban, que desalojaran el Apartamento No. 1. Algunas de esas personas portaban armas cortas, las que no puedo describir, y armas largas.

 

“Oí que el señor Henry Núñez, iba con un Walkie Talkie  en la mano, comenzó a gritarles: “agarren  a ese hijo de puta de periodista de BARRICADA, amárrenlo porque los vamos a quemar vivo…evidentemente, en ese momento yo me puse más nervioso, mientras mi esposa y mis hijos estaban gritando, entonces me di cuenta que estaban sacando a la madre de Anabelle porque ya tenía una crisis nerviosa.

 

“Después se dirigieron donde mi con palos y comenzaron a quebrarme los vidrios (de las ventanas), fue cuando yo grité que si entraban los iba a agredir fuertemente, ya que me armé de un palo, me enfrenté a estos sujetos y se retiraron un poco, y les dijimos que habían niños.

 

“Siguieron desalojando el Apartamento No. 1, y miré cuando estaban botando el muro del Apartamento No. 1 (de Pablo E. Barreto Pérez), y también miré que un sujeto con un balde  rociaba gasolina.

 

“Me salí a la puerta y comencé a gritar que estaban quemando el Apartamento No. 1, mientras Henry Núñez estaba y empezó a gritarme “salí sandinista hijo de la gran p… que te voy a matar”, fue cuando llamó a uno de los sujetos, el que andaba un pañuelo negro y portaba una pistola en la mano derecha, y le ordenó que me matara. Fue cuando me tiré al suelo. El fuego venía avanzando, se miraba el Apartamento  lleno de humo.

 

“Me salí corriendo (del Apartamento No. 2) y estos entraron a mi Apartamento y comenzaron a forzar el clossette, de donde se llevaron un dinero, siendo la cantidad de esto diez mil córdobas, la ropa en general, la mía y la de mi esposa, sacaron las cosas y se las llevaron, luego comenzó  a arder mi Apartamento, ya que el fuego del primer Apartamento (el No. 1) se cruzó al mío.

 

“Luego las turbas de personas que vinieron con Henry Núñez se cruzaron el muro del otro lado y se dieron a la fuga. Yo me refugié con mis dos niños de nombres Milton Benjamín Toribio, de cuatro años de edad, y Juan Manuel García, de seis años de edad, y mi esposa de nombre María Cecilia García, en el patio del fondo”.

 

Declaración de María Cecilia García González, esposa de Julio Alejandro Toribio Díaz, propietarios del Apartamento No. 2, quemado parcialmente:

 

 

“Yo me quedé allí observando, y vi que casi toda la mayoría de los hombres se dirigían al Apartamento Número Uno, con palos, machetes, piedras y armas recortadas, y empezaron  a arrancar el portón del negocio de la señora del Apartamento Número Uno, quebrar persianas, a botar puertas con patadas e introducirse a la fuerza al inmueble.

 

“Pude observar que Henry Núñez, que en ese momento estaba en medio del patio, con un Walkie Talkie en la mano, hablaba no sé con quién, se dirigió al Apartamento Número Uno y gritó lo siguiente: “Busquen a ese hijo de tal… para quemarlo vivo, refiriéndose a Pablo Emilio Barreto, y lo quemamos vivo, entonces me fui un momento para mi cuarto, acosté a mis hijos en el piso y como soy cristiana, empecé a orar”.

 

“Los hombres seguían ingresando a los otros apartamentos, y minutos después logré oler un tufo a gasolina muy fuerte, escuchando luego que tomó fuego la casa de habitación de Barreto. Dichos hombres estaban llegando a montones, empezaron a ingresar a mi casa de habitación, manifestándome que saliera, que íbamos a quedar tendidos sobre la calle, por lo que yo tuve que salir fuera.

 

“Dichos sujetos, creo yo,  andaban en estado de ebriedad, tuve que salirme en vista de que dichos sujetos portaban entre sus manos bidones de gasolina, antes de prenderle fuego a mi Apartamento, procedieron a sacarme de mi casa de habitación, en donde luego que pasó dicha acción, pude notar muy bien que se me había desaparecido la cantidad de diez mil córdobas en efectivo.

 

“Tuve que sacar a mis hijos fuera, a fin de que no nos quemáramos dentro del Apartamento. El fuego seguía extendiéndose hacia los otros apartamentos y la gente sacaba sus cosas, entre las personas que andaban dirigiendo dicha acción se encontraba el señor Henry Núñez, quien es el supuesto comprador de los apartamentos que Frutos Chamorro les vendió.

 

Parte de la declaración de Juan Pablo Hernández Cruz, propietario del Apartamento No. 4:

“Observé que una multitud de personas  estaba invadiendo los predios de los Apartamentos. Esta multitud procedía tanto del Norte como de la parte Sur. Al observar esto, yo salí de mi casa y sobre de mí vienen varios sujetos, a los cuales no conozco, todos con aspecto de campesinos. En ese me sale un sujeto de nombre Henry Núñez. Me manifestó que si yo daba un paso más, me iba a matar, por lo que me quedé parado.

 

Dicho sujeto habló por el Walkie Talkie, expresando quien sabe a quién, que ya encontraba en el lugar, que iba a proceder dándole la orden a los sujetos de pegarle fuego al Apartamento del Sr. Pablo Emilio Barreto, que fue donde primero incendiaron.

 

“Luego procedí a meterme dentro de mi casa, a fin de llamara telefónicamente, pero no me dio tiempo, procedimos a salir huyendo por la parte trasera de mi casa de habitación, en vista que los hombres empezaron a destruir todos los cristales (paredes-ventanas) de los Apartamentos. Al mismo tiempo ingresaban en los Apartamentos y registraban totalmente las habitaciones. Cuando tuve de frente a dichos sujetos, pude ver bien a dos que andaban armados, uno de ellos con una pistola, portaba una bolsa conteniendo supuestamente con explosivos.

 

“También observé a otro que portaba un bolso grande, donde del mismo salía un cañón de arma de fuego, larga. Hubo ráfagas de tiros al aire, pero no pude ver de donde salieron.

 

Una vez que incendiaron la habitación de Pablo Emilio Barreto, procedieron a ingresar a los apartamentos, donde desprendieron puertas, dañaron y robaron electrodomésticos, causaron daños sicológicos y mucho miedo a nuestros niños”.

 

Carlos y Virginia Estrada, familia residente en el lado Sur de los Apartamentos Argüello números 5 y 6, confirmaron a los oficiales investigadores del Departamento Tres de la Policía Nacional, que los residentes adultos y niños llegaron en tropel huyendo de los 180 matones de Frutos Chamorro Argüello al momento en que los invasores ya estaban prendiéndole fuego al Apartamento No. 1.

 

La familia Estrada tiene su casa entre una calle angosta y los Apartamentos 5 y 6, la cual se inicia en la Carretera Sur hacia el Este, rumbo a otros módulos residenciales precisamente del lado Este. Es decir, los Apartamentos números 5 y 6 ocultan la visión hacia el Apartamento No. 1.

 

Al ser preguntado por la Jueza Altamirano López y por la abogada Parrales sobre esta situación desesperante de cómo podían ver el incendio desde el asa de la familia Estrada, Juan Pablo Hernández Cruz respondió lo siguiente, según se lee en el folio739 del Expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua:

 

“Lo que logré divisar desde la casa de la familia Estrada, fueron las llamaradas de fuego que salían del Apartamento donde habita Pablo Emilio Barreto y escuchar las detonaciones de armas de fuego”.

 

A otra pregunta de la doctora Dinorah Parrales, Juan Pablo responde:

 

“El principal, el que daba órdenes, un señor algo gordo, de estómago abultado, pelo crespo, color de piel trigueño, recio…entre los otros que estaban alrededor de él, logré ver a un alto, delgado, de aproximadamente unos veintisiete años…Aclaro que en mi casa nunca me refugié, más bien busqué la forma más rápida de salir por el eminente peligro que corría mi familia. Traté de salir a refugiarme a la casa más cercana, donde la familia Estrada. Nos persiguieron alrededor de de veinte de estos pandilleros, pero se detuvieron cuando ya nosotros habíamos entrado al patio de la casa de la familia Estrada.

 

“Ese grupo fue el que entró por el Sur a invadir los Apartamentos el 14 de abril en la tarde”.

 

 

 

 

 

 

 

Retazos de la declaración de Brenda Enríquez de Hernández, esposa de Juan Pablo Hernández Cruz,  dueños del Apartamento No. 4:

 

“Unas cien personas se tiraron la cerca de alambres que tenemos en la entrada. Estos sujetos primero se colocaron en medio de un cuadro o rotonda, los cuales estaban siendo dirigidos por un sujeto chele, gordo, panzón, que andaba un Walkie Talkie en una de las manos y en la otra mano, miré que andaba un arma larga y grande, asimismo los sujetos  que estaban dentro andaban armas cortas, y además andaban botellas con gasolina y mechas.

 

“Me salí por la parte de atrás de mi casa. Fui a dejar a mis hijos a una casa vecina, detrás del Apartamento. Al regresar escuché que estaban realizando disparos al aire, y miré que ya muchos de estos sujetos ya estaban metidos dentro de los Apartamentos de enfrente, como son el uno, dos, tres y del mío se llevaron una grabadora, ropa, zapatos. Rompieron la ventana de mi casa a punta de patadas, y después de eso miré que el Apartamento No. 1 estaba en llamas, y después de eso los cuartos contiguos también tomaron fuego.

 

No preciso la cantidad o el valor en dinero de  de lo que se me llevaron dichos sujetos. Asimismo quiero manifestar de que si me presentan al sujeto chele, gordo, lo podría reconocer”.

 

Parte de la declaración de Silvia Ortega Rosales, propietaria del Apartamento No. 3, dañado porque los bomberos tuvieron que romper por dentro de los cuartos de este Apartamento, con el fin de evitar que el incendio criminal siguiera avanzando del Apartamento 2 hacia el resto:

 

Pude anotar la placa de uno de los camiones, y de una Toyota Land Crouiser, de color azul, de Frutos Chamorro, es placa MJ-0579, la cual llegó hasta donde se encuentran ubicados los apartamentos; MY-54 99 Jeep Suzuki plateado (en este llegó Henry Núñez Abarca) y un camioneta de tina Toyota, color celeste, placas MH-3608”.

 

Una parte de la declaración de Luz Marina Artola Rivera, propietaria del Apartamento No. 4:

 

“Observé  que tanto por parte  Sur como por la parte Norte, estaban ingresando a los predios de los apartamentos, una multitud de personas, todas del sexo masculino, , siendo aproximadamente unos ochenta hombres, los cuales prepotentemente empezaron a manifestar que “el que le hiciera “mates” lo iban a matar”. En eso ingresó también a los predios un sujeto moreno, recio, el cual portaba un Walkie Talkie, expresando dicho sujeto al ingresar a los predios de los apartamentos, que sacaran todas sus coscas de los apartamentos, los hombres  violentamente obedecieron la orden que dio sujeto les dio, que simultáneamente procedieron a violentar todos los apartamentos que hay, rompiendo las persianas y puertas a punta de patadas.

 

“Luego se dirigieron al Apartamento del Sr. Pablo Emilio Barreto, procedieron estos con galones de gasolina a prender fuego a la casa de habitación, produciéndose un incendio que devoró totalmente el Apartamento de dicho señor. Este incendio amenazó con extenderse hacia los otros apartamentos. Cuando llegaron los bomberos y la Policía, los sujetos se habían marchado del lugar, dejando en llamas el Apartamento de Pablo.

 

“En relación a las detonaciones de arma de fuego que hubieron en el lugar del suceso, quiero hacer mención de que yo sólo escuché disparos esporádicos hacia el aire, pero se fue arreciando hasta lograr  escuchar minutos después, ráfagas de armas de fuego, no pude observa quién estaba disparando, en vista de que tuve que correrme en compañía de mis hijos”.

 

Parte de la declaración, ante investigadores de la Policía Nacional,  de José Guillermo Collado Gutiérrez, uno de los apenas tres miembros de la Brigada Antidesalojos que se encontraba ese día 14 de abril acompañando a los residentes en los Apartamentos Argüello.

 

Ante la embestida de 180 matones, muchos de ellos armados con pistolas, machetes, cuchillos, palos y hasta combustible para prender fuego, jefeados por Henry Núñez Abarca, Frutos Chamorro Argüello y Juan Pablo  Rivas Castro, a Collado Gutiérrez no le quedó otra opción que replegarse hacia la parte posterior, en el lado Sureste, de los Apartamentos Argüello, adonde también se fueron la mayoría de los residentes de los Apartamentos, a refugiarse en los predios baldíos y en la casa de un vecino de apellido Estrada.

 

A esa casa de los Estrada fue también la doctora Dinorah Parrales Parrales, nuestra abogada, nuestra defensora en los Juzgados Civiles y Criminales mencionados en este libro, y también en la Estación Tres de la Policía Nacional, pues personalmente Henry Núñez llegó gritando, preguntando por la doctora Parrales, porque a lo mejor llevaba intenciones de matarla, como también gritaba “Busquen a ese hijo de p… de Pablo Emilio Barreto, lo vamos a quemar vivo, lo vamos a matar, mucho jode por los desalojos en ese periódico BARRICADA”.

 

“Yo me encontraba en los apartamentos del kilómetro once de la Carretera Sur, en donde yo ayudo a los moradores de dicha colonia a cuidar, cuando en eso observo que por la parte lateral de los apartamentos, a la orilla de la calle, estaban ingresando un grupo de personas, los cuales procedieron a dirigirse al Apartamento del periodista Pablo Emilio Barreto, y donde además dicho sujetos gritaban que nadie los iba a detener, que el que saliera de los apartamentos lo iban a matar.

“Acto seguido procedieron a pegarle fuego al Apartamento del Sr. Barreto, con galones de gasolina. Solamente pude reconocer a un sujeto gordo que andaba con un Walkie Talkie, el cual manifestaba por el mismo radio, no sé a quién, que ya habían quemado el primer Apartamento, que iban por el segundo. Asimismo lanzaba amenazas contra el Sr. Barreto, donde expresaba dicho sujeto gordo, que cuando lo encontraran a Barreto lo iban a amarrar y lo iban a matar”.

 

Un resumen, lo más importante, de la declaración de Carlos Sáenz Bellanger, profesor universitario, vecino, residente casi frente a los Apartamentos Argüello, habita una casa en la orillita del pavimento de la Carretera Sur, testigo presencial del incendio criminal y del momento en que llegaban los 180 matones, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro:

 

“Al salir, miré que había una gran cantidad de personas, aproximadas a las cincuenta, las cuales estaban como distribuidas. Se regaron alrededor de uno de los apartamentos que queda a mano derecha, y un grueso de unas veinticinco entró al Apartamento, los cuales al entrar inmediatamente salían con todos los enseres de dicho Apartamento, los salían a poner a la orilla de la Carretera, entre los cuales miré: televisores, una mantenedora, ropa, muebles de sala, todo esto se dio rápidamente.

 

“Yo al mirar esta situación, procedí a parquear mi camioneta y me vine para acá a gritarles, esto debido a que estos sujetos sacaron a una señora bajita, chelita, y una niña tierna, la cual la traían a empujones, en vista de eso fue que yo les grité, en eso miré que dentro salió un señor, el cual andaba de camisa roja y pantalón negro, que portaba un radiocomunicador, como de uso cincuenta años, medio pelo corto, medio parado, , el cual me dijo que me retirara, y entonces yo seguían insistiendo en que dejaran de hacer eso, y comenzamos a discutir entre ambos.

 

“En eso comencé a mirar de que del primer Apartamento salían llamas y escuché gritos de gente, e inmediatamente miré que de otros apartamentos salían corriendo, en eso  el sujeto del Walkie Talkie comenzó a decirles al resto de gente que andaba, que se retiraran, y estos comenzaron a desfilar sobre la Carretera, a pie. Asimismo, miré que este último sujeto salió hacia fuera de la Carretera y se montó en un vehículo tipo Suzuki, de los pequeños, de color plomo, con calcomanía a los lados, de color rojo y amarillo.

 

“No logré entrar a los apartamentos debido a que el humo no lo permitía y me salí miré de que el otro grupo estaba detrás de los apartamentos, y como en eso apareció una Patrulla de la Policía, yo les indiqué dónde se encontraban estos sujetos, y esta Patrulla policial logró capturar a muchos de esos sujetos.

 

“Asimismo, logré mirar que estos sujetos andaban un bidón blanco, en el cual creo que andaban gasolina y que la utilizaron para incendiar los apartamentos. Después de eso, me dediqué a ayudarles a la gente de los apartamentos, para que no se les quemaran todos sus enseres”.

 

Dra. Parrales: “Querían asesinarme a mí también”

 

Ya dije que la doctora Dinorah Parrales Parrales, originaria de Diriamba, Carazo, era y sigue siendo nuestra abogada defensora, especialmente en los momentos más difíciles, referidos a cuando esta pandilla de criminales de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, comenzaron a hostigar, agredir, amenazar de muerte y ponerle precio “a la cabeza” de varios de los vecinos de los Apartamentos Argüello, lo cual ya quedó contado antes en Juzgados del Crimen de Managua, y al final emprender una ola de intentos de desalojo violento, hasta culminar con el incendio criminal, “que en realidad fue intencional, planificado”, sostuvo la doctora Parrales ante oficiales de la Policía Nacional, ante medios informativos y en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la doctora Rosario Altamirano López, en ese momento.

 

Al momento de la invasión inesperada de los 180 matones contratados para el desalojo e incendio intencional, la doctora Parrales estaba dentro del Apartamento No. 6, ubicado a la orilla de la Carretera Sur, igual que el Apartamento No. 1. Se encontraba allí la doctora Parrales trabajando en documentos para continuar las acusaciones criminales por amenazas de muerte, agresiones, destrucción material en vehículos y en los apartamentos, más intentos de asesinato en contra de Julio Toribio Díaz, Wilmar Suárez y Jaime Aguilar Pacheco, y defendernos de los intentos de desalojo, los cuales habían sido rechazados por una Brigada Antidesalojos del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), en numerosas ocasiones.

 

Guillermo José Collado, uno de los miembros de  aquella Brigada Comunitaria Antidesalojos, estaba precisamente a la expectativa de la posibilidad de la llegada de matones de Frutos Chamorro Argüello, cuando vio personalmente bajarse en tropel a los 180 sujetos, jefeados por Henry Núñez Abarca, Jimy Najman Perezdiez, Horacio Calero y Gerardo Aburto Sevilla.

 

Collado ya conocía a Núñez Abarca, a Najman Perezdiez y Horacio Calero, pues estos ya habían estado durante agresiones materiales y amenazas de muertes contra los vecinos residentes, lanzadas personalmente por Frutos Chamorro Argüello, allí mismo en los patios de los Apartamentos Argüello.

 

Miembros de la Brigada Comunitaria Antidesalojo sólo habían dos, Guillermo Collado y Henry Salvador Martínez Rocha, ambos del Movimiento Comunal de Diriamba. Esta Brigada Antidesalojo, específicamente para los Apartamentos Argüello, estaba integrada por 15 delegados del Movimiento Comunal de Managua, encabezado por Orlando Blandón Lagos, y varios compañeros de Diriamba.

 

Estos delegados se turnaban por días y horas el apoyo a los residentes de los apartamentos. Ese día 14 de abril de 1994 sólo estaban los dos mencionados, más la doctora Parrales, quien hacía más o menos una hora había regresado de sus gestiones abogadiles en los Juzgados de Managua, ubicado en el Complejo Nejapa, en Managua.

 

Al ver a tantos maleantes en plan de desalojo,  Collado se convención de inmediato que Martínez Rocha y él solo, no podrían enfrentar a 180 sujetos que ya se distribuían en grupos para emprender el desalojo y el incendio criminal.

 

Entonces, abandonó la trinchera que mantenía en la entrada a los apartamentos, la cual incluía una puerta con alambres de púas. Un grupo numeroso de matones derribó la puerta, cortó los alambres con alicates, y enrumbaron hacia el interior de los apartamentos.

 

Al frente del grupo que entró por el frente iba Henry Núñez Abarca, “hecho un energúmeno, muy violento, blandiendo una pistola en las manos, un radiocomunicador, y dos o tres hombres junto a él portaban unos bidones blancos, que supongo contenían gasolina”, relató Collado ante oficiales de la Policía Nacional.

 

Al mismo tiempo, según Collado, Henry Núñez Abarca gritaba: “¿Dónde está la doctora Parrales? ¡La vamos a matar también¡ ¿Dónde está Barreto, venimos a quemar este hijo de p…vivo, mucho jode en ese periódico BARRICADA¡”.

 

Al oír estos gritos del criminal Núñez, el brigadista Collado se fue a sacar a la doctora Parrales hacia el fondo, por detrás, y la fue a refugiar a una casa vecina, donde le dieron alojamiento también a los niños y niñas de los apartamentos.

 

La doctora Parrales también había sido amenazada de muerte por el grupo criminal de Frutos Chamorro Argüello. Por este motivo, al momento de dar su testimonio ante la Policía Nacional el mismo día 14 de abril, en la noche, y después en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, la doctora Parrales asegura que también a ella la buscaban para matarla.

 

Al describir los hechos del incendio criminal ante investigadores de la Policía Nacional, esa misma noche del 14 de abril en los Apartamentos Argüello, pues en ellos instaló sus operaciones de peritaje e investigaciones el Departamento Tres de la Policía, la doctora Parrales Parrales al mismo tiempo acusó a los 180 maleantes llevados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, por:

 

Incendio, asesinato frustrado, alteración al orden público, asociación ilícita para delinquir, perturbación de la posesión, penetración domiciliar ilegítima, daños a la propiedad, infanticidio frustrado, lesiones, violación de domicilio, terrorismo, asonada, desalojo ilegal e incendio intencional.

 

Estas acusaciones las formuló en nombre de los habitantes residentes en los Apartamentos Argüello (hombres, mujeres, ancianos y niños) en contra de todos los 180 matones, y señalando como los principales impulsores de este crimen incendiario a Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas, Horacio Calero, Jimy Najman Perezdiez y Gerardo Aburto Sevilla, este último uno de los contratistas de los campesinos de Ticuantepe, para que fueran a hacer “un cargue y descargue”, por 30 córdobas cada uno.

 

En esa “descripción de hechos” y formulación de acusaciones criminales, la doctora Parrales Parrales le anuncia a la Jefatura de la Estación III de Policía Nacional que esas mismas figuras o delitos serían colocados en la acusación que se presentaría ante el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, a cargo de la doctora Rosario  Altamirano López, porque a este Juzgado le tocaba asumir jurisdiccionalmente el caso del incendio criminal en los Apartamentos Argüello.

 

Esa misma noche del 14 de abril, mientras los investigadores y peritos de la Estación Tres de Policía hacían lo suyo, la doctora Parrales Parrales, reunida con los vecinos afectados elaboró un poder  especial para acusar, en nombre de las víctimas del intento violento de desalojo e incendio criminal intencional, a todos los 45 capturados y fundamentalmente a sus jefes (autores intelectuales y materiales) Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas, Gerardo Aburto Sevilla y Horacio Calero.

 

En la acusación formal contra estos maleantes, la doctora Parrales narra que Guillermo Collado Gutiérrez la sacó corriendo del Apartamento No. 6 y la pasó al Apartamento No. 5, con el fin de sacarla rápido hacia el patio trasero y un camino hacia el Este de los Apartamentos, para llevarla, finalmente,  a  refugiarla en la casa de los Estrada, donde también fueron ubicados niños, ancianos y mujeres, debido a que precisamente Henry Núñez Abarca gritaba: “!búsquenla… la vamos a matar también¡”.

 

El escrito acusatorio de la doctora Dinorah Parrales asegura que Collado y ella misma vieron y oyeron cuando Henry Núñez Abarca amenazaba con agarrar a los niños Milton Benjamín Toribio García, a Juan Manuel y Vivian Vanesa Raudez García, mientras esgrimía en el aire un mecate, con el cual, gritaba histérico, “los voy a colgar en este árbol, les voy a echar gasolina y los voy a quemar”. Milton Benjamín y Juan Manuel son hijos de Alejandro Toribio Díaz, propietario del Apartamento No. 2.

 

En su acusación contra estos maleantes, la doctora Parrales indica que ella oyó, mientras era sacada del peligro por Collado Gutiérrez, que Henry Núñez además, gritó: “!Ya vamos a terminar con todo esto, cobramos el Seguro y que estos hijos de p…mueran quemados…así querían¡”

 

“No existe ninguna sentencia de desalojo para mis poderdantes, ni juicio ninguno que diga que deben ser desalojados, y toda autoridad para requerir lo que dice la Ley es que se auxilia de dos policías, o los que quieran, pero no dice que la autoridad vaya acompañada de pandilleros; por esto constituye un anarquismo bárbaro, en donde la misma autoridad, en este caso al haber aceptado la juez (Ruth Chamorro Martínez) la compañía de los pandilleros, estaba quebrando, estaba enturbiando la imagen del Poder Judicial, sujeto a requisitos, de justicia, moral y equidad para conservar la estabilidad del bien común y preservar los derechos de los ciudadanos”, sostiene uno de los párrafos de la acusación formulada por la doctora Parrales contra estos maleantes ante la Policía Nacional y ante el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

Continúa la formulación de acusaciones de la doctora Parrales:

 

“Ubicadas dichas viviendas en el kilómetro  once (11)  de la Carretera Sur,  donde todos estos  señores con armas de guerra, gasolina, cadenas, palos, piedras, cuchillos, machetes, pistolas y otros instrumentos, violentaron, lesionaron, golpearon, robaron, incendiaron, robaron dinero y joyas y otros enseres, habiendo causa la muerte de animales domésticos.

 

“ Que dan Poder a la doctora Dinorah Parrales Parrales, para que lleve hasta el fin esta acusación, tanto en los trámites escritos como orales del juicio y lograr en esta forma la condena de estos señores, otorgándole facultades amplias y suficientes que la Ley otorga a las partes en el proceso criminal, ya que ella es la representante en calidad de acusadora.

 

“Así se expresaron los comparecientes a quienes explico el objeto, valor y significación de este acto, el de las cláusulas generales que aseguran su validez, el de las especiales que contienen y envuelven  renuncias y estipulaciones implícitas y explícitas y lo relativo a sus timbres de Ley”, expresa parte de la escritura acusatoria, presentada por la doctora Parrales ante la Policía y ante el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

La doctora Parrales solicitó  a la jueza Altamirano López que fuesen examinados por el médico forense: Ercilia Argueta de Barrera, Iván Ramírez Barrera, y los niños Juan Manuel Urbina García, Milton Benjamín Chacón García y Vivian Vanesa Raudez García, Juan Pablo Hernández Enríquez,  Oscar Manuel Aguirre Artola, Carlos Daniel Aguirre Artola, Brenda  Paola Hernández Enríquez, y  a los adultos José Guillermo Collado Gutiérrez, Isidro José López Carcache y Elvis José Navarrete, porque todos habían sufrido el terror u horror provocado por los 180 matones al incendiar criminalmente los Apartamentos Argüello, y debido a que algunos de ellos presentaban lesiones físicas.

 

Este caso del incendio criminal intencional inicialmente fue remitido al Juzgado Séptimo de Distrito de Managua, a cargo del doctor Ojeada, pero casi inmediatamente pasó al Juzgado Sexto de Distrito de Managua, cuya titular era la doctora Rosario Altamirano López.

 

Casi al mismo tiempo, los criminales incendiarios impunes, prófugos, Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, presentaron, no se sabe cómo porque estaban prófugos, a un abogado de recordación nefasta en la Historia de Nicaragua, Daniel Olivas  Zúniga, quien en los viejos tiempos de la dictadura somocista genocida, anduvo defendiendo a guardias asesinos y acusando a guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

 

Sí, ese abogado se buscaron los criminales incendiarios impunes, como quien dice recordando los viejos tiempos del somocismo genocida.

 

Al resto de los 45 detenidos en el lugar del incendio criminal, les fueron nombrados abogados por sus familiares, o la jueza Altamirano López les asignó uno por imperio de Ley, para que no quedaran indefensos.

 

 

 

En página anteriores de este libro, referente al comienzo de estas agresiones criminales, señalo que inclusive en uno de los Juzgados del Crimen de Managua se denunció  que Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Horacio Calero, mediante trucos acompañados de fiestas y alteración al orden público dentro de los Apartamentos Argüello, planearon el asesinato de Jaime Aguilar Pacheco, Julio Alejandro Toribio  Díaz y Wilmar Suárez Bojorge, por cuya eliminación física ofrecían “10,000 dólares por cabeza”.

 

Esta denuncia la formuló Marta Lorena Sinclair Payán en uno de los Juzgados referidos. Sinclair Payán había sido contratada por Frutos Chamorro Argüello y Henry Núñez para hacer una labor de cómplice en el crimen planeado, y para ello, a Marta la ubicaron como responsable de las “fiestas” escandalosas, agresivas y de agresiones que hicieron dentro de los apartamentos en varios noches y sus madrugadas respectivas, durante las cuales destruyeron puertas, ventanas y techos de los Apartamentos Argüello, les poncharon las llantas a los vehículos, pero no ejecutaron el plan criminal porque  Sinclair Payán se opuso.

 

Sinclair Payán denunció estos planes ante los vecinos, especialmente las futuras víctimas, y la doctora Parrales procedió a coordinar las denuncias respectivas en los Juzgados del Crimen capitalinos.

 

Sinclair Payán tuvo que huir de los Apartamentos Argüello porque personalmente Henry Núñez le puso primero una pistola en la cabeza y después un cuchillo en la garganta, amenazándola con que si no cumplía los planes de asesinato, ella también sería eliminada.

 

Todos estos sucesos anteriores al incendio criminal intencional, fueron recordados por la doctora Parrales en el escrito de acusación mencionado, en el cual vuelve a colocar el listado de los 45 capturados por la Policía Nacional en el escenario de los hechos del kilómetro 11 Sur aquella tarde del 14 de abril de 1994.

 

Asimismo   le señala la jueza Rosario Altamirano López que ya tenga como testigos del incendio criminal a los ciudadanos: Marcia Cabrera Lacayo, Henry Salvador Martínez Rocha,  Elvis José Navarrete, Marcos Aurelio González Galo, Guillermo José Collado, Domingo Soreano, Concepción García, Carlos Sáenz Belanger y Ricardo Pineda Cano.

 

La Jefatura de Investigaciones de la Policía emitió las órdenes  de captura correspondientes en contra de los tres prófugos: Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, cuyas direcciones se mencionaban de la siguiente forma:

 

Chamorro Argüello, residente en la Calle Los Cerros del Reparto Las Colinas, lugar de residencia de ricachones de Managua; Núñez Abarca, dirección desconocida, pero se le mencionaba como “guardaespaldas” y empleado  (¿en qué? de Chamorro Argüello y Rivas Castro, de la Iglesia de las Sierritas de Managua, cuatro cuadras al Este.

 

En una declaración ante la Policía, una mujer, que al parecer había convivido con Rivas Castro, informaba que este había sido uno de los vigilantes o CPF de la Embajada a Norteamericana en Managua.

 

También decía que Juan Pablo Rivas Castro le administraba una empresa de vigilantes o CPF a Frutos Chamorro Argüello en Las Colinas y en el Reparto Santo Domingo, en Las Sierritas de Managua. Es decir, estos dos sujetos eran empleados de Chamorro Argüello.

 

El jefe nacional de la Policía, comandante Fernando Caldera Azmitia, casi al mismo tiempo le informaba a periodistas y medios informativos nacionales y departamentales, que estos tres maleantes prófugos estaban siendo buscados por agentes policiales en Managua, en Boaco, en Masaya, en todo el país, pero, …pero mediante una investigación sencilla, simple, periodistas de los Diarios Barricada y El Nuevo Diario pudieron comprobar que ninguna patrulla policial llegó a buscar a Frutos Chamorro Argüello a su casa de habitación en el Reparto Las Colinas, al Oriente de Managua.

 

La Jefatura Nacional de la Policía asimismo emitió una orden de búsqueda de estos tres prófugos incendiarios a todo el país, y retención migratoria.

 

Además, se pudo establecer que Chamorro Argüello estuvo en su casa los días 15 y 16 de abril de 1994, dos días posteriores al  incendio criminal intencional. Lo mismo se pudo establecer con relación a Juan Pablo Rivas Castro, pues a su casa de Las Sierritas no llegaron de la Policía a buscarlo.

 

Días después pudimos establecer que Rivas Castro se había trasladado a una casa del Asentamiento Walter Ferrety, ubicado entre el Reparto Las Colinas y el Reparto Schick, es decir, por donde se movía en el negocio de la vigilancia de Frutos Chamorro Argüello.

 

Inclusive, pudimos establecer que Rivas Castro, días después del incendio criminal intencional, se dedicaba a supervisar un negocio que sigue poseyendo en una entrada del Kilómetro Diez de la Carretera Masaya, hacia el Sur.

 

Fuentes cercanas a la misma Policía Nacional me informaron que en el caso de Henry Núñez Abarca, este había huido a Nueva Guinea, donde tiene amigos y familiares, y adonde iba con frecuencia a realizar negocios personales y combinados con Frutos Chamorro Argüello.

 

Jueza Chamorro Martínez confiesa su participación

 

Mientras esto ocurría, la jueza Ruth Chamorro Martínez, involucrada directamente en el desalojo violentísimo, más incendio criminal intencional, de forma muy “diligente” e interesada, al siguiente día  (15 de abril de 1994), corrió a emitir una constancia, con su firma y sello del Juzgado Segundo Local Civil, jefeado por ella, en la cual decía lo siguiente:

 

“La suscrita juez Segundo Local civil de Managua, por medio de la presente, hago constar, que el día catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a las cinco y treinta minutos de la tarde, me presenté al kilómetro once de la Carretera Sur, a fin de darle cumplimiento a lo ordenado en el mandamiento, que dictara el juez cuarto civil del distrito de Managua, en fecha veinticuatro de marzo del corriente año, relacionado a la entrega de la posesión del inmueble número 26.527, tomo 940, folio 76/97, asiento cuatro columna de inscripciones, , sección de derechos reales, libro de propiedades del Registro Público de Managua,  número catastral: 2952-3-07-089-03800. Estando en el lugar entregué la posesión efectiva al señor Silvio González Duarte, apoderado generalísimo del propietario, señor Jimmy Najman Perezdiez.

 

“Cuando estaba procediendo a realizar el desalojo de las pertenencias de los ocupantes, del apartamento número uno (1), con personal de apoyo (¿?), comenzaron a escucharse disparos, provenientes del apartamento número seis (6) en donde se encontraban varias personas que estaban ayudando a los desalojados, y además noté que salía humo, del apartamento número dos, al cual no se había penetrado. Cabe hacer mención que el personal de apoyo del desalojo iba totalmente desarmado, y no portaban tampoco ningún tipo de material inflamable.

 

“A solicitud de parte interesada, extiendo la presente constancia, en la ciudad de Managua, a los quince días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

 

Dra. Ruth Chamorro

Abogado y juez segundo local civil de Managua”.

 

La jueza Chamorro Martínez deja clarísimo que ella estuvo presente en el intento de desalojo violentísimo, e incendio criminal intencional. De acuerdo con esta “constancia” muy “diligente”, “informa” que fue con “personal de apoyo” para que sacaran las  pertenencias domésticas de los residentes en los Apartamentos Argüello, mientras, según dice en su “constancia”, “entregué la posesión efectiva al señor Silvio González Duarte”, a quien los vecinos jamás vimos ni en los alrededores, pero ¡claro¡ todo esto era parte de la suciedad violenta y mafiosa de donde Frutos Chamorro Argüello y de don Jimmy Najman Perezdiez, quien tampoco nunca vivió en los Apartamentos Argüello.

 

¿Más dueños? ¿Cuántos eran?

 

La jueza Chamorro Martínez, cuya destitución pidieron a la Corte Suprema de Justicia abogados, periodistas y población organizada de Managua, dice en su “constancia” “diligente” que los 180 matones, jefeados por Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas en el propio lugar del incendio criminal intencional, “iba totalmente desarmado, y no portaban ningún tipo de material inflamable”, lo cual fue totalmente desmentido por los informes oficiales del Departamento Tres de la Policía Nacional y de la Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación, según vimos en páginas anteriores de este libro.

 

Como por “arte de magia” negra y sucia, la propiedad de los Apartamentos, la cual nunca fue de Frutos Chamorro Argüello, porque ningún juez lo declaró “heredero” como él pretendía hacerse aparecer, el propio día del incendio criminal intencional, ocurría que ya los Apartamentos Argüello habían sido “vendidos” por Frutos Chamorro Argüello a un tal Jimmy Najman Perezdiez, al que los vecinos de los apartamentos nunca conocieron, y que además, como salido de un túnel misterioso, repentinamente, con 180 matones a la cabeza al mando de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, aparece la jueza Chamorro Martínez entregando “la posesión efectiva” a este tal Silvio González Duarte, mientras al mismo tiempo explotaba el incendio criminal intencional, de acuerdo con la descripción de esta jueza civil venal de Managua.

 

¿Quién era este Silvio González Duarte? ¿Por qué no apareció después acusado por el incendio criminal en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua?

 

¿Por qué huyeron también la jueza Chamorro Martínez y este Silvio González Duarte? ¿Por qué si estaban entregando algo legítimo no se encararon con las patrullas de la Policía Nacional, las cuales llegaron al momento del incendio criminal y capturaron a 45 de los vándalos que llevaron Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas, y que la jueza Chamorro Martínez dice en su “constancia” “diligente” que era “el personal de apoyo del desalojo”?

 

Esta “constancia” “diligente” de la jueza Ruth Chamorro Martínez aparece en el folio 389 del Expediente del incendio criminal en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua. Está con sello oficial del Juzgado Segundo Local Civil, del cual ella era su titular. Tiene su firma.

 

Y hubo otra “joya”, otro movimiento por “arte de magia” de jueces y abogados venales, casi inmediatamente después de ocurrido el incendio criminal intencional, pues en vez de disculparse ante Managua y Nicaragua por lo que hicieron, el abogado somocista Daniel Olivas Zúniga, apareció en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, presentando una especie de “demanda” en representación de una tal Guillermina Chamorro de Morini (hermana de Frutos Chamorro Argüello, dice ella), el 18 de abril, tres días después del incendio criminal intencional, sosteniendo: “soy dueña en dominio y posesión de un inmueble ubicado en el kilómetro once de la carretera sur”.

 

Es decir, ¿otro “dueño”?, ¿cómo?,  ¿por  qué?, y lo peor es que dice que “soy dueña en dominio”, pero jamás la vimos en los Apartamentos Argüello. Al que sí vieron los vecinos en repetidas ocasiones, cuando amenazaba de muerte con fusiles y pistolas automáticas en mano, cuando nos hacía escándalos en el patio o estacionamiento central de los Apartamentos Argüello, cuando hizo fiestas escandalosas que incluían intenciones planificadas de Wilmar Suárez Bojorge, Julio Toribio Díaz y Jaime Aguilar Pacheco, y cuando llegó a destruirnos las llantas de los vehículos y ventanas de los apartamentos; sí, es cierto, a Frutos Chamorro Argüello y a Henry Núñez Abarca, sí fueron vistos allí amenazando de muerte, y debido a esto habían sido repetidamente acusados por los vecinos en los Juzgados del Crimen de Managua y en la Estación Tres de la Policía Nacional, según queda también demostrado en páginas anteriores de este libro.

 

Y lo peor de todo esto es la manipulación y calumnias a la Policía Nacional, pues esta  Guillermina Chamorro de Morini, dice en su “demanda”, ubicada en los folios números 391, 392 y 393 del Expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua:

 

“Al ejecutarse el lanzamiento, los comodatarios, prevenidos, según hemos sabido, previamente por la Policía, estaban armados con armas de fuego y con disposiciones para incendiar el inmueble”. Sí, eso dice Guillermina Chamorro de Morini. Y añade en el folio 395, sobre el accionar de la Policía Nacional esa tarde del incendio criminal intencional: “…llega, encarcela a los auxiliares de la justicia, desbarata la acción de cumplimiento de la Justicia y revierte las acciones: presta apoyo firme a los delincuentes, los protege, mientras a los auxiliares del Juez los detiene y los sindica como responsables de esos hechos”.

 

Esta doña Guillermina y su abogado somocista Olivas Zúniga, con las mismas mañas del somocismo genocida, hacen lo que hacían los guardias somocistas y aquellos matones famosos de León: López, Chavarrías y Acevedos, pues te matoneaban, te mataban, iban a la vela, lloraban en el entierro de sus víctimas,  y después decían que los martirizados por ellos tenían la culpa.

 

Ante estas insolencias vulgares de doña Guillermina Chamorro y su abogado somocista Olivas Zúniga, la doctora Dinorah Parrales Parrales reafirmó la acusación criminal en contra de estos 180 matones en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, ante el cual tipificó los delitos cometidos durante el intento de desalojo violentísimo seguido de incendio criminal intencional, entre otros:

 

Incendio intencional, Asesinatos frustrados, usurpación de dominio privado, penetración ilegítima, robo con fuerza, violación de domicilio, ultraje a símbolos patrios, , lesiones, infanticidio frustrado,  alteración al orden público, incendio con lesiones y con personas habitando los inmuebles y asonada.

 

Este escrito acusatorio de la doctora Parrales fue introducido en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, el 19 de abril de 1994, a las diez de la mañana.

 

Frutos amenaza en radioemisoras y recrimina a Director de BARRICADA

 

Periodistas de Diarios nacionales, de televisoras de Managua y reporteros de radionoticieros lograron comunicaciones telefónicas con Frutos Chamorro Argüello, prófugo, quien, según publicaron esos medios informativos nacionales y locales, el “honorable” pelirojo confirmó que efectivamente los 180 hombres del intento de desalojo violentísimo, más incendio criminal y también intentos de asesinato, los contrató él (Frutos Chamorro Argüello), para efectuar el desalojo en los Apartamentos Argüello en el kilómetro once de la Carretera Sur.

 

Chamorro Argüello, además, les dijo a esos periodistas que lo entrevistaron por teléfono que volvería a ejecutar el desalojo, tal como ocurrió, “porque yo soy el dueño”, repetía como loco desquiciado. Cuando le preguntaban por qué motivos no se presentaba a entregarse ante la Policía Nacional o en los Juzgados del Crimen de Managua, no respondía nada, guardaba silencio, según contaron los periodistas que lograron hablar con él por teléfono.

En esos mismos días, inclusive, remitió una carta suya al entonces Director del Diario BARRICADA, Carlos Fernando Chamorro Barrios, a quien le recuerda “viejos tiempos de familia” y lo recrimina por la solidaridad del Diario y del personal del periódico, más la solidaridad del mismo Carlos Fernando conmigo, debido a que yo era uno de los periodistas de BARRICADA desde su fundación oficial el 26 de julio de 1979, días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

 

Chamorro Barrios tituló esa carta “Una carta de Frutos Chamorro y su respuesta”, con el subtítulo: “Sobre el incendio de los apartamentos en la Carretera Sur”, la cual se publicó en páginas interiores del Diario BARRICADA. Aparece en el Folio 844 del Expediente, y dice lo siguiente:

 

“Estimado Carlos Fernando. Te escrito esta carta para aclarar ciertas cosas que creo son importantes. En primer lugar, quiero referirme a algo que dijiste por radio respecto de mi persona; en concreto dijiste que no me conocías, lo cual me extraña porque yo llegué a tu oficina a plantearte el problema que nos ocupa. Dijiste, sin embargo, que tu papá y el mío eran primos lejanos; quiero aclararte exactamente nuestro parentesco porque es importante establecer primero quiénes somos y de dónde venimos.

 

“Efectivamente tu papá, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi papá, Julio Chamorro Coronel, eran primos en segundo grado, y según me cuentan, primos que se querían mucho, a pesar de que ambos tenían un carácter muy recio; tu abuelo, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, y mi abuelo, Julio Chamorro Benard, eran primoshermanos; a su vez, Filadelfo Chamorro Bolaños, tu bisabuelo, hijos ambos de don Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, nuestro común tatarabuelo y Presidente de Nicaragua, fue el de la famosa Proclama de Masaya del 19 de octubre de 1855, contra los filibusteros de William Walker.

 

“(…) Dejemos ahora la historia y vamos a hablar de cosas más concretas y recientes. Vos sabés tan bien como yo, que tanto en tu familia como en la mía se nos inculca el amor a la verdad y el respeto a la conciencia y los valores morales. De tal manera, que tu padre mismo dio el máximo ejemplo que se puede dar al morir por defender la verdad y la justicia, lema del periódico LA PRENSA, que él con tanta valentía y dignidad dirigió.

 

“”En esa entrevista radial, vos me acusaste públicamente de ser el culpable del incendio provocado  en los Apartamentos del km. 11 de la Carretera Sur para defender a un empleado de BARRICADA. Es decir, me condenaste públicamente sin haber oído a la otra parte y con el agravante de que vos sabían perfectamente la situación de los Apartamentos de la Carretera Sur. A vos te consta que yo llegué a tu oficina del periódico, semanas, para explicarte dicho caso. Sentía que BARRICADA había venido presentando los hechos incorrectamente, y yo quería aclararlo con vos. Asimismo, vos sos testigo de que traté de convencer al periodista Barreto para que abandonara el Apartamento, quien decididamente se negó a hacerlo.

 

“Yo entiendo perfectamente que por solidaridad defendamos a nuestros colegas y compañeros de trabajo e ideología; lo que no puedo es que no defendamos la verdad que todos y sin excepción estamos obligados en conciencia a defender. Sobra decirlo, epro vos mejor que nadie comprendés la importancia y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en una sociedad, especialmente como la nuestra, que atraviesa un período difícil de transición y cambio, y como mejor que nadie en este país lo expresó tu padre en su Editorial el 3 de julio de 1951, Reflejo de la Verdad: “Nuestra obligación moral de periodistas, es decir primero cómo son las cosas, y agregar después cómo nosotros queremos que sean. Queremos que La Prensa sea un reflejo de la opinión pública y no una fábrica de ella”.

 

Para terminar quiero decirte personalmente no tengo nada contra vos; todo lo contrario, he admirado tu trabajo, aunque no esté de acuerdo en algunas cosas concretas como ésta. Más aún quiero que sepás que contás con mi amistad.

Sinceramente, Frutos Chamorro A”.

 

“Nota del Director

 

  1. No falté a la verdad cuando dije en Radio Ya que no conocía a Fruto Chamorro hasta hace pocos meses que se presentó en mi oficina a exponer su punto de vista sobre un litigio de propiedad.
  2. Los vínculos de parentesco que existen entre Fruto Chamorro y yo, no han incidido, ni a favor ni en contra, en la cobertura y el enjuiciamiento que dio BARRICADA al violento intento de desalojo con incendio ocurrido en los apartamentos de la Carretera Sur. Del ejemplo de mi padre aprendí a ejercer el periodismo conforme principios y convicciones.
  3. El que Pablo Emilio Barreto, uno de los habitantes de los apartamentos, sea periodista de BARRICADA, tampoco nos ha llevado a desvirtuar nuestra responsabilidad profesional en la búsqueda de la verdad. Aunque no oculto mi solidaridad personal, y la de todo nuestro colectivo, más aún al producirse una tragedia que pudo haberle costado la vida a la familia de Barreto.
  4. BARRICADA cubrió con el máximo de objetividad los hechos ocurridos, recabando incluso la versión del propio Fruto Chamorro, la noche del incendio, cuando todavía no se había declarado prófugo de la justicia.
  5. Editorialmente, he sostenido que ninguna disputa de propiedad –aun existiendo órdenes judiciales—justifica que se recurra a la fuerza de matones, amenazas de muerte y a actos de vandalismo como los provocados en la Carretera Sur. Eso fue lo que condené a través de Radio Ya.
  6. Le toca a los Tribunales de Justicia decidir quién fue el responsable del incendio que puso en peligro la vida de menores y a la familia de nuestro colega Pablo Emilio Barreto.
  7. Según testigos y el reporte de SINACOI, el siniestro fue provocado porque se roció gasolina. Si Fruto Chamorro tiene otra versión de los hechos, debería presentarse ante los Tribunales a aclarar su responsabilidad.

 

Carlos Fernando Chamorro B.

Director de BARRICADA”.

 

 

Se persona Procuradora de Justicia

 

El 19 de abril se personó la doctora Claudia Núñez Ramírez, Procuradora de Justicia, ante la jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, doctora Rosario Altamirano López, refiriéndose a  la causa número 121/94, “en donde se procesa a Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez, Juan Pablo Rivas Castro, Gerardo Ramón Aburto Sevilla, César Augusto Cardenal Caballero y otros por el delito de incendio, exposición de personas al peligro y asociación para delinquir, en perjuicio de Pablo Emilio Barreto Pérez, Julio Alejandro Toribio Díaz, María Cecilia García González, Brenda Enríquez Hernández, Anabelle Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Artola Rivera y Juan Pablo Hernández Cruz.

 

“Por medio del presente escrito le solicito que estando en período de instrucción la presente causa se cite a declarar en calidad de testigo a la Dra. Ruth Chamorro”.

 

CENID investiga y acusa a incendiarios criminales

 

Abogados e investigadores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) acudieron al escenario del incendio criminal intencional, y elaboraron un documento titulado:

 

“Informe sobre el Incendio en los Apartamentos del Km. 11, Carretera Sur”, el cual comienza en el folio 695 del Expediente judicial y termina en el folio 699 del mismo Expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

 

 

“I-Antecedentes

 

  1. En febrero de 1993, el CENIDH recibió denuncia a los jefes de familia que habitan los Apartamentos del Km. 11 Carretera Sur, en contra de la Juez Tercero Civil de Distrito, Vida Benavente Prieto, quien según los denunciantes se parcializó en el proceso que por Comodato Precario les entabló el Sr. Frutos Chamorro A.

 

“En la revisión del expediente judicial realizada por el CENIDH observamos que  el Sr. Chamorro adquirió el inmueble en representación de la empresa Inversiones y Desarrollo Globales S.A., el 18 de agosto de 1992, mediante Escritura Pública de “compra-venta” al Grupo Arrendamiento S.A., pero al señor Chamorro no le hicieron entrega de la posesión del inmueble, pues estaba en poder de las 6 familias demandadas.

 

“La Juez Benavente emitió sentencia el 9 de febrero de 1993, dando lugar a la restitución del inmueble, la que fue  apelada, pasando el caso al Tribunal de Apelaciones de Managua, en donde aún continúa el proceso.

 

  1. “Al margen de que el caso se estaba ventilando por las vías legales, los habitantes de los apartamentos denunciaron nuevamente en el CENIDH, que el Sr. Chamorro contrató  el 15 de octubre de 1993 a unos 25 individuos (antisociales) que se presentaron en los apartamentos a realizar  una “fiesta” y provocaron en la madrugada del 16 de octubre un violento escándalo, daños a la propiedad y vehículos de los habitantes, con el objetivo de intimidarlos;  esto fue denunciado ante la Policía del Departamento  3, quienes capturaron a 4 individuos y los sancionaron con penas arresto conmutables.

 

“Afirmaron los habitantes  de los apartamentos que a eso de las 11 de la mañana del 16 de 1993, se presentó el Sr. Frutos Chamorro en un Jeep Mitsubishi Placa No. MJ-0579, acompañado de 2 civiles y un policía de apellido Gutiérrez, al cual el Centro  no pudo ubicar a qué unidad pertenecía. El Sr. Chamorro de muerte a los habitantes de los apartamentos y dirigiéndose a la Sra. Rita Mobus, dijo:

“Yo puedo quemar estos apartamentos con todo y ustedes, y hasta me sale mejor porque cobraré un seguro de ciento veinte mil dólares”.

 

“De acuerdo al Expediente policial No. 2824-93 del Departamento No. 3 de Policía, el Juzgado Sexto Local del Crimen recepcionó la causa el 26  de noviembre de 1993, en donde  se procesaría en ausencia al Sr. Frutos Chamorro pro los delitos de daños a la propiedad y amenazas de muerte.

 

“Después de estos , el 24 de octubre de 1993, según la misma denuncia, 4 mujeres se disponían a realizar otra “fiesta”, pero esto fue denunciado ante la Policía, quien frustró sus intenciones y no se presentaron  mayores incidentes.

 

“II.- Incendio en los Apartamentos:

 

“El 14 de abril del corriente año, a las 5:40 P.M., un grupo aproximado de 100 hombres, contratados por el Sr. Frutos Chamorro, armados de palos, bombas molotov y cargando bidones de gasolina, acompañando a la Juez Segundo Local de lo Civil Ruth Chamorro, procedieron a tratar de desalojar violentamente a los 50 habitantes de los 6 Apartamentos. Los habitantes se negaron a desocupar; entonces los acompañantes de la Juez le prendieron fuego al Apartamento del periodista del Diario BARRICADA Pablo Emilio Barreto y su familia, eso dijeron testigos presenciales en sus testimonios al CENIDH.

 

“Luego el fuego se extendió a otro Apartamento. El CENIDH en la inspección que realizó  en el lugar de los hechos, constató la quema total del Apartamento del periodista y sus enseres personales y la quema parcial del Apartamento contiguo.

 

“Esta acción de desalojo  fue ordenada por el Juez Cuarto de Distrito de lo Civil Encarnación Castañeda, a favor del Sr. Jimmy Najman P., quien demandó a Frutos Chamorro  por “inmisión en la posesión”, amparado  en una escritura pública de “compra-venta” con la que demostró haber adquirido la propiedad a Frutos Chamorro. Dicha escritura no fue inscrita en el Registro Público, quiere decir que no se había constituido en documento con fuerza ejecutiva, todavía no surtía efectos para terceros, sin embargo, el Juez Castañeda dictó auto decretando la “inmisión en la posesión”.

 

“El CENIDH presume que este juicio fue una maniobra del Sr. Chamorro, quien aparentemente  consideró el proceso en apelación prolongado y costoso, y para ahorrarse tiempo y dinero, prefabricó este juicio e instrumentalizó al Juez Castañeda, utilizando de testaferro al Sr. Najman para intentar desalojar por la vía “legal” a los habitantes de los Apartamentos, por medio de este juicio ejecutivo singular de “inmisión en la posesión”, que es sumamente rápido y eficaz, para lanzar a los ocupantes a la calle.

 

“III.- Insensibilidad del gobierno ante el problema de la propiedad

 

“El gobierno continúa sin poner fin al problema de la propiedad y ni siquiera muestra intenciones de querer hacerlo, el gobierno es indiferente ante la angustia y la zozobra de los miles de beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88 que exigen poner fin a este problema.

 

“Lo anterior se demuestra con el hecho de que la presidenta Violeta Barrios de Chamorro no sancionó la Ley aprobada por el Poder Legislativo, que manda suspender por 6 meses la ejecución de desalojos por cualquier causa o resolución judicial, al contrario, devolvió el Proyecto de Ley a la Asamblea, argumentando que la misma viola la Constitución.

 

“El CENIDH considera  que el gobierno está obligado a poner fin sin mayores dilaciones al problema de la propiedad, sólo así se evitará que sigan ocurriendo hechos violentos dirigidos por reclamantes de propiedades, o en el peor de los casos por jueces inescrupulosos que con su actitud generan mayor inseguridad y violencia.

 

“El CENIDH le recuerda al gobierno que está en la obligación de acatar la sugerencia del punto (E) No. 11, hecha por el Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el 4 de enero de 1994, que dice:

 

“El Comité sugiere que el Estado  parte garantice la aplicación eficaz de las Leyes 85 y 86 de 1990, a fin de confirmar la seguridad de tenencia y los títulos de propiedad. El Comité recomienda que el Estado parte desarrolle y  aplique urgentemente una política amplia de vivienda de acuerdo con las obligaciones que ha asumido en virtud de los instrumentos internacionales.

 

“IV.- Consideraciones

 

La acción criminal en contra de esas familias sienta un precedente gravísimo, se ha dejando un mensaje de amenaza para miles de familias que habitan viviendas como beneficiarios de las Leyes 85 y 86.

 

“Es peligroso que los reclamantes de propiedades estén induciendo a la gente a la comisión de delitos para recuperar “sus propiedades”, aunmentando con ello el problema de descomposición social que existe en el país.

 

“2.- No podemos dejar de señalar la mala fe que se dio cuando el Sr. Francisco Barberena Bendaña de la Empresa Arrendamiento G de ASA, vendió al Sr. Frutos Chamorro, sin reconocer el derecho de preferencia que tienen los poseedores para comprar los apartamentos; este mismo error cometió Frutos Chamorro  al venderle al Sr. Jimmy Najman, sin ofrecer la propiedad previamente a sus poseedores.

 

“3.- El CENIDH  reconoce la función jurisdiccional como una actividad dirigida a la tutela  concreta e individualizada de intereses ajenos insatisfechos, mediante la ejecución eficaz de la sentencia, pero nos llama la atención cómo se continúan ejecutando diligentemente las sentencias favorables a sectores pudientes, mientras las sentencias que favorecen a los trabajadores y demás sectores desprotegidos, son engavetadas por los judiciales, con ellos se viola el derecho a la igualdad ante la Ley, consagrado en el Art. 27 de nuestra Constitución.

 

“Por ello resulta condenable, bajo cualquier punto de vista, la actitud de la juez Ruth Chamorro de pretender ejecutar una orden judicial, para colmo, apoyada por un  grupo de asalariados privados, pagados por el reclamante; en tal sentido la Policía informó que la judicial no les pidió  apoyo para ejecutar el desalojo.

 

“En el presente caso es indignante observar que no se la ha mayor trámite a la denuncia criminal referida en contra del Sr. Chamorro, pero sí se ejecuta el desalojo con mucha violencia e intimidación.

 

“La Juez Ruth Chamorro fue instrumento del Sr. Chamorro para cumplir sus amenazas de pegar fuego a los apartamentos. Su comportamiento omiso frente a la tragedia le crea un problema ético-jurídico y por ello es responsable moral y jurídicamente de los daños provocados por ese comportamiento.

 

La actuación de un Juez debe ser conscientemente sensible al respeto y a la garantía de los Derechos Humanos, contrariamente con esta acción criminal, se puso en peligro la vida y la integridad física de los habitantes de los Apartamentos y principalmente la de menores de edad.

 

“Conclusiones:

1.- El CENIDH ha establecido a través del seguimiento dado a este caso, que ésta fue una acción premeditada, por cuanto, ya existía una amenaza y por ello las autoridades judiciales y policiales son responsables de investigar y sancionar a los autores de estos hechos, de lo contrario se les estaría negando el derecho a la justicia a los ocupantes de los Apartamentos.

 

“2.- El CENIDH pide a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia una exhaustiva investigación de la actuación de la Juez Ruth Chamorro en estos hechos, y al juez Séptimo de Distrito del Crimen, Boanerges Ojeda B. continuar con las investigaciones que el caso amerite”.

 

Acusadora Parrales protesta e impugna

 

Casi de manera paralela a estos señalamientos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Dinorah Parrales, abogada acusadora nuestra y víctima también de intento de asesinato durante el incendio crimina premeditado, protestó e impugnó porque el comienzo del juicio criminal o penal contra estos maleantes incendiarios, algunos de los acusados, como Horacio Calero, estaba siendo citado a declarar como “testigo” en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua.

 

Esta protesta aparece en los folios 701 y 702 del Expediente judicial. En su parte más esencial, este escrito de la doctora Parrales dice lo siguiente:

 

“Para el día de hoy, a las nueve de la mañana, fue citado a declarar el señor Horacio Calero, de calidades conocidas en autos, quien está acusado en el proceso que se sigue a los causantes del incendio, saqueo, robo, daños a la propiedad y otros delitos cometidos por los invasores que fueron detenidos y los que aún no han sido capturados, quienes fueron contratados por Henry Núñez, Pablo Rivas y Horacio Calero y otros quienes además participaron en los hechos que culminaron  con la quema e la casa del periodista Pablo Emilio Barreto y del músico Julio Toribio Díaz, y los destrozos de las viviendas.

 

“Todavía más: Horacio Calero participó en los hechos ocurridos  el diez y seis de octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo expediente está adjunto al que aquí se instruye, cuya instructiva se realizó en el Juzgado Sexto Local del Crimen de Managua, a cargo de la doctora Altamirano.

 

“También existe otro proceso abierto por Marta Sinclair en mil novecientos noventa y cuatro, en el mismo Juzgado Sexto Local del Crimen y que también ha sido anexado a la instructiva del proceso del incendio y otros delitos, y en estos procesos y otros hechos posteriores aparece Horacio Calero y ahora de manera ilegal e inmoral este sujeto circulado por la Policía Nacional junto con Frutos Chamorro, Pablo Rivas y Henry Núñez, y ahora es citado a declarar como “testigo”, por lo que no puede declarar como testigo, y desde ya impugno tal declaración y lo único que cabe es llamara a la Policía y detenerlo en vista de que está circulado y acusado y enfrenta un proceso que no es juguete, pues hubo exposición de personas al peligro, en donde habían menores de edad, que si no hubiera sido la diligencia de personas que llamaron a las instancias correspondientes, estuviéramos todos muertos.

 

“Este señor (Calero) varias veces alquiló disco-móvil para hostigar a los habitantes de los Apartamentos y llegó siempre Horacio, quien hasta la fecha es empleado de Frutos Chamorro, según lo manifiesta, y que viene como “testigo”, por lo que impugno tal cita como “testigo” y pido ordenar a la Policía la captura de Horacio Calero en cuanto entre al despacho, ya que para los habitantes de los Apartamentos del kilómetro once, significa alta peligrosidad”

 

El Capitán Concepción Andino Valdivia, Jefe de Investigaciones de la Estación Tres de la Policía Nacional, fue llamado por la Jueza Altamirano López a su despacho judicial, para que informase sobre qué vio y cómo procedió a investigar lo sucedido durante el incendio criminal premeditado, en el kilómetro 11 de la Carretera Sur, aquel jueves 14 de abril de 1994.

 

Andino Valdivia y el Capitán Márquez, segundo jefe de la Estación Tres de la Policía Nacional, en aquel momento, llegaron al escenario del incendio criminal premeditado, dirigieron el operativo de captura de los 45 detenidos, e inmediatamente iniciaron las investigaciones, y estuvieron en los Apartamentos Argüello toda la noche del 14 de abril, la madrugada del 15 y parte del 16 de abril de 1994, recopilando datos y pruebas materiales dejadas por los pirómanos, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Esa noche mencionada del 14 de abril (día del incendio criminal premeditado), en los Apartamentos Argüello fueron entrevistado por investigadores de la Policía todos los residentes de los apartamentos y los testigos presenciales: vecinos, miembros de las Brigadas de Apoyo contra Desalojos y amigos que pasaban al momento del incendio por el kilómetro 11 de la Carretera Sur, rumbo al Sur o al Norte.

 

La declaración de Andino Valdivia es larguísima. Sólo voy a citar lo más esencial.

 

“…Reinaba un desorden en dicho lugar, debido a la gran presencia de curiosos, vecinos, vehículos que se encontraban aparcados en la Carretera, etc. El equipo de trabajo antes mencionado y yo procedimos a buscar a los perjudicados, a fin de recepcionarles la respectiva denuncia, que conllevaba la versión de los hechos, entrevistándonos con Anabelle Barrera Argueta y Julio Alejandro Toribio Díaz, quienes nos pusieron al corriente de los hechos, procediendo posteriormente y una vez que había finalizado su labor los miembros de SINACOI (bomberos del Ministerio de Gobernación), a realizar la inspección ocular en el lugar del hecho, junto con el equipo de peritos y demás personal involucrado, así como también  la toma de declaraciones a los demás ofendidos y testigos que en ese momento  se encontraban en dicho lugar.

 

“Como resultado de la inspección ocular, encontramos un total de cinco botellas llenas de un líquido color amarillo y  con una mecha de tela. Estas fueron encontradas en el costado Norte, detrás de los Apartamentos números uno y dos, y dos en el costado Sur de los Apartamentos cinco y seis. Asimismo se encontró un mechón en el extremo Oeste, frente adonde fue el Apartamento uno. Este mechón estaba compuesto de un pedazo de madera, el cual tenía amarrada en la punta un pedazo de tela más o menos del tipo que están hechas las camisetas.

 

“Igualmente, en el mismo extremo encontramos una tabla de una regla , las que tenían una cantidad considerable de clavos pegados con las puntas hacia arriba, que no se quemaron. Asimismo, quiero manifestar que  de los apartamentos a unas cincuenta varas hacia el Norte, sobre la orilla de la Carretera, encontramos una canasta de las de Masaya de adorno, con un adorno de Navidad, siendo ocupado todo lo  antes señalado y remitido posteriormente al Laboratorio (Central de Criminalística) para su respectivo dictamen, a excepción de las tablas con clavos y de la canasta y adorno navideño. Esto no fue al Laboratorio.

 

“Una vez concluida la inspección y las tomas de declaraciones y demás diligencias que ameritan hacerse en el lugar de los hechos, como a eso de las diez de la noche nos retiramos hacia el Departamento Número Tres para continuar allí, realizando las diligencias que requiere este tipo de casos.

 

“Quiero hacer observar que al momento que yo hice presencia en el lugar, ya el personal de guardia operativa y demás miembros de la Policía que estaban en el lugar, habían realizado detenciones de un total de cuarenta y cinco personas, todos ellos varones, los que según me informaron habían sido partícipes de los hechos, objetos de investigación y que estos habían sido trasladados en calidad de detenidos al Departamento Número Tres.

 

“Asimismo fui informado por el Capitán Márquez (José Márquez Chávez) (Segundo jefe del Departamento Tres de la Policía) , que con su presencia me antecedió en el lugar, que él había ocupado un fusil AKA-M en uno de los apartamentos, y que dicho fusil lo había remitido al Departamento Número Tres.

 

“Una vez que nos trasladamos al Departamento Tres (de Policía Nacional) se asignó un equipo de instructores para realizar todas las gestiones de carácter administrativo y operativo que requería el caso, tales como toma de declaraciones, gestiones en  archivo e investigaciones complementarias, etc., estando en dicho equipo, entre otros, los siguientes: Teniente Róger Osorio, compañero Mauricio Ortíz, Sargento Francisco Paguaga, Freddy Parrales, etc.

 

“Después de haber concluido las diligencias que requiere el expediente, el día 16 de abril y siguiendo órdenes del Mando Superior (de la Policía)  y el proceso establecido fue puesto el Expediente, así como los detenidos, a la orden de la Juez Sexto de Distrito del Crimen el día 18 de abril del corriente año. Girando posteriormente la Juez Sexto de Distrito del Crimen las órdenes de captura y allanamiento en contra de los señores Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez y Juan Pablo Rivas Castro, quienes fueron señalados durante el proceso investigativo, tanto por los denunciantes como por algunos detenidos como los presuntos autores intelectuales (del incendio criminal).

 

“Allí rolan las órdenes que dictó la Juez. Se buscaron, pero resultó infructuosa la búsqueda”, indicó Andino Valdivia, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el Departamento Tres de la Policía, en ese momento.

 

Parte de la declaración testifical de Arixia Sirias Zúñiga, quien tenía un cafetín-pulpería exactamente frente a los Apartamentos (de por medio está la Carretera Sur). Esta declaración está en los folios 687 y 688 del Expediente judicial. Lo más esencial de su declaración, dice:

 

“La gente que andaba allí se dedicó a robar, porque eso yo lo observé; agarraban la ropa, cervezas, gaseosas, y las llegaban a abrir donde yo tengo mi negocito… eran chavalos; después al salir estos muchachos, a la hora de la balacera, yo me tiré al suelo. Después observé que al salir estos muchachos, se dio el incendio en la parte posterior de la casa, miré humo en esa primera casa.

 

“Antes de este incendio, yo miré a este señor Frutos Chamorro con pertrechos y armas, que entró a los apartamentos con actos de intimidar a las personas. Ese día del incendio pude reconocer a Henry Núñez como uno de los que jefeaba a los invasores”.

 

Parte de la declaración de Ricardo Pineda Cano, testigo presencial de la invasión de los 180 matones de Frutos Chamorro Argüello. Ricardo vive en Monte Tabor. Se bajó del autobús en el kilómetro 11 de la Carretera Sur, a realizar unas gestiones, cuando de pronto se topó con el inicio del intento de desalojo violentísimo seguido de incendio criminal intencional:

 

“Estaban bajándose un grupo de hombres, aproximadamente ciento cincuenta, de unos camiones blancos, tipo campers, cerrados. Pude notar que una parte de ellos se fueron por la parte de atrás de los apartamentos; un grupo como de unos veinticinco se quedaron en el patio central, y otros grupo como unos cincuenta invadieron el Apartamento primero, que está en la entrada, que es el que quedó más deteriorado, y comenzaron a sacar electrodomésticos.

 

Luego sonaron unos disparos. Yo miré que unos hombres armados con AKA entraron al último Apartamento, el que está poniéndose de frente, a mano derecha, , procedían a disparar de adentro hacia afuera…luego un hombre de entre treinta y cinco y cuarenta años, recio, moreno, andaba con un Walkie Talkie en la mano izquierda, y en la derecha un revólver envuelto en un trapo amarillo, y era el que daba las órdenes a los que invadieron los apartamentos. Yo oí que uno de ellos lo llamaba por “Henry”.

 

“Luego este le dijo con palabras soeces “saquen a ese hijo de p… de Pablo Emilio, lo matan y después le pegan fuego, pero en el Apartamento Pablo Emilio no se encontraba, porque sólo había una señora como de sesenta años, que la sacaron a empujones. Luego sacaron a una niña de diez meses y un chavalo de 14 años aproximadamente, y por último salió una señora baja como de unos treinta y cuatro años, más o menos, blanquita, pelo corto, que algunos curiosos manifestaron que era la esposa de Barreto (Pablo Emilio Barreto).

 

“También se encontraba en el interior de ese Apartamento una muchacha morena, como de unos veinte años. Ella venía saliendo con un cilindro de gas pequeño, de 25 libras, porque ya se miraban las llamas en el interior del Apartamento. Entonces, uno de los hombres que portaba un bidoncito blanco, le regó algo en los pies y le dijo que le iba a prender fuego. Entonces, la muchacha forcejeó con él y logró huir hacia el patio, logró salirse del Apartamento.

 

“Después llegaron los bomberos, pero ya el fuego se había pasado al Apartamento No. Dos… También se encontraba dirigiendo un señor algo gordito, pelo chirizo con una barba blanca, camisa roja y pantalón negro como unos cincuenta años aproximadamente.

Cuando las patrullas policiales lograron llegar, en medio de congestionamiento del tránsito, uno de los hombres que se había quedado en la Carretera, gritó que llegaba la Policía, entonces salieron corriendo, una parte hacia la Carretera, otra parte por la parte trasera de los apartamentos, y los últimos se tiraron una malla de un vecino que se llama Taller Felde, y en ese enmallado la Policía capturó a unos cuarenta aproximadamente. El resto se fueron.

 

“Mientras esto sucedía, ese señor al que llamaban Henry Núñez, salió a la Carretera  y abordó un jeepito Suzuki color gris. Antes de marcharse, este sujeto le dijo a varios de los vándalos que lograron irse con él, que “la orden del jefe es que era preferible quemar antes que les quedara a estos hijos de p…llevaban unas botellas con una mechas, las cuales echaron en unas holsas, y unos galones vacío los echaron en un costal.

 

“Cuando los bomberos llegaron, prácticamente el Apartamento No. Uno se había quemado a la mitad”.

 

En su declaración testifical, Pineda Cano asegura que él, después de bajarse del autobús que lo llevaba a Monte Tabor, se ubicó detrás de los árboles de chilamate, donde Arixia tenía su negocio de cafetín y pulpería. En ese sitio vio a Horacio Calero, conocido suyo, quien le dijo que su “jefe” Frutos Chamorro Argüello traería el doble de hombres para terminar el “trabajito” de desalojo violento y de quema de todos los Apartamentos Argüello.

 

Al ampliar su declaración ante la jueza Rosario Altamirano López, Pineda Cano aseguró que después de su primera declaración testifical fue hostigado, perseguido por sujetos desconocidos hasta en su casa de habitación, situada en la orilla de la Carretera Sur, en Monte Tabor.

 

Elvin José Navarrete Pavón, de Monte Tabor, era compañero de trabajo de Ricardo Pineda Cano. Se bajaron juntos en el kilómetros 11 de la Carretera Sur, al ver el alboroto que estaba ocurriendo con la bajada de casi dos centenares de hombres, los cuales ya se dirigían hacia el interior de los Apartamentos Argüello.

 

Una parte breve de su declaración testifical, ubicada en el folio 539 del Expediente judicial:

 

“Nosotros nos quedamos viendo. Miramos que los hombres se dirigieron en tres grupos para esos apartamentos y cogieron unos para un lado, iba adelante un Jeeps, del cual se apió un hombre con un Walkie Talkie. Entraron a los apartamentos. Miramos perfectamente, pues quedamos de frente, no nos metimos porque miramos que era peligroso, nos quedamos observando detrás de unos palos…cuando miramos las llamas que salían del Apartamento de al lado de la Carretera  (Apartamento No. 1). Cuando ya llegaron los bomberos y la Policía, fuimos a ayudarle a los vecinos para que no se les quemaran todas sus cosas”.

 

 

 

Declaran ofendidos en el Juzgado Sexto de Distrito

 

El 20 de abril en la mañana, a eso de las nueve de la mañana, comenzaron las declaraciones de los vecinos ofendidos por el intento de desalojo violentísimo seguido de incendio criminal intencional.

 

Yo fui el primero en rendir declaración de ofendido ante la jueza Rosario Altamirano López. Recuerdo que esa mañana estaba lleno de periodistas el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, mientras se oía el cabeceo mecánico de las máquinas de escribir sobre cintas opacas y en papel tamaño legal.

 

Ese mismo día 20 de abril de 1994 nos presentamos casi todos los residentes ofendidos o víctimas del intento de desalojo violentísimo e incendio criminal intencional ante la jueza Altamirano López, citados por ella a su despacho judicial, al cual también fueron convocado los prófugos incendiarios Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Ese día 20 de abril declararon ante la jueza Altamirano: Anabelle Barrera Argueta, Julio Alejandro Toribio Díaz, Cecilia García González, Brenda, Silvia Ortega Rosales, Jaime Aguilar Pacheco, María Adilia Hernández, Wilmar Suárez Bojorge, Luz Marina Artola Rivas, Brenda Hernández, Concepción García, Carlos López, Boanerges Iraheta Monterrosa, Juan Pablo Hernández Cruz, Carlos Sáenz Belanger, Rita Mobus, Gustavo Leytón y Marcia Cabrera Lacayo.

 

También emitieron declaraciones ante la jueza Altamirano López algunos testigos presenciales del incendio criminal intencional como Ricardo Pineda Cano, Ervin José Navarrete Pavón, Domingo Soriano Martínez, Guillermo Collado, Carlos Sáenz Bellanger, José Manuel García López…

 

Parte de la declaración de  José Manuel García López ante la jueza Altamirano López, ubicada en el. Folio 610 del Expediente Judicial:

 

“Yo me desempeñaba en labores del negocio de doña Anabelle (Barrera). Noté que los tipos estos mercenarios, traían en sus manos bidones llenos de combustible, galones de cinco litros,  inclusive botellas con mechas, y este señor Henry Núñez, quien ese día andaba vestido de camisa roja, pantalón negro, portaba un radio comunicador en una mano y en su otra mano andaba una cuestión, me imagino que era algún producto inflamable…rociaron de gasolina la partes internas del Apartamento, sacando cosas inclusive que era un saqueo indiscriminado. Este señor Henry Núñez dando órdenes de que quemaran todo, inclusive buscando a Pablo Emilio Barreto y que lo mataran si era posible”.

 

 

 

Hasta el momento no entiendo cómo les fue admitido “defensor” a los tres incendiarios criminales, prófugos del mismo momento en que cometieron el rosario de delitos enumerados  por la doctora Dinorah Parrales Parrales, mediante la acusación en representación de los habitantes de los Apartamentos Argüello.

 

A los tres prófugos se les admitió como “defensor” al abogado somocista, defensor de guardias genocidas en sus viejos tiempo de la dictadura somocista, Daniel Olivas Zúniga, quien ese mismo día 20, sin presentar o entregar a sus “clientes criminales”, se dedicó a acusarnos a las víctimas mientras rendíamos las declaraciones correspondientes ante la jueza Rosario Altamirano López.

 

Ya expliqué en páginas anteriores de este libro que he puesto o colocado lo más esencial de las declaraciones de las víctimas ante oficiales de la Policía Nacional y de la jueza Altamirano López, pues cada una de estas declaraciones son muy largas y en ambos casos se repiten los datos, tanto ante investigadores policiales como en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

En el Expediente Judicial aparecen remisiones policiales sobre los 45 detenidos al Juzgado, órdenes de captura de la Policía y del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua en contra de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, cita judiciales para que se presenten al Juzgado a estos tres incendiarios criminales intencionales, órdenes a Migración y Extranjería para que estos tres sujetos maleantes no salgan del país, comunicaciones de la Policía Nacional a todas sus unidades en toda Nicaragua para que Chamorro, Núñez y Rivas sean capturados, solicitudes y órdenes de peritajes bomberil en el sitio del  incendio criminal, órdenes de investigaciones y análisis de laboratorio al Laboratorio Central de Criminalística de la Policía, citas de la jueza Rosario Altamirano López a todos los ofendidos o víctimas de los incendiarios mencionados, para que se presenten a rendir declaraciones, más los testigos presenciales de estos hechos; también cita de la judicial Altamirano a los dos jefes de la Estación Tres de Policía y a varios policías investigadores del incendio criminal, citas de la jueza Altamirano a la jueza Ruth Chamorro Martínez, involucrada directamente en el intento  de desalojo violentísimo seguido de incendio, etc.

 

Dos magistrados del Tribunal de Apelaciones en algo más repugnante

 

Lo más insólito, repugnante, odioso e infame ocurrió el mismo día 20 de abril de 1994, cuando dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Alfonso Dávila Barbosa, de Masaya,  A. Cuadra Lacayo y Aura Doña G., de Managua, emitieron un “mandamiento” dirigido a la jueza Rosario Altamirano López, cuando apenas comenzaba el proceso penal en contra de los 180 matones, que en su parte más esencial dice:

 

“…rinda informe a la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones, Región III, dentro de veinticuatro horas del o los motivos por el cual amenaza de detención ilegal al ciudadano Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Abarca, como se señala en el Recurso solicitado”.

 

Es realmente insólito y repugnante este “mandamiento” del Tribunal de Apelaciones de Managua, pues estos magistrados parecen o “dundos” o totalmente desinformados ¿o mal intencionados?, ¿parcializados a favor de criminales?, porque este incendio criminal intencional había ocurrido el 14 de abril de 1994, debido a lo cual el país entero estaba estremecido por semejante barbarie, como decían los periódicos nacionales en sus titulares e informaciones, pero para estos tres magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua pareciera que nada había ocurrido en torno al siniestro o incendio criminal del kilómetro 11 de la Carretera Sur, y que estos tres piromaníacos impunes más bien parecían estar recibiendo trato de héroes por aplicadores de la Justicia en Managua, y en medio del más alto nivel judicial de Nicaragua.

 

Es decir, estos tres sujetos criminales (Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro) eran “amparados” por tres miembros del Tribunal de Apelaciones de Managua después llegado a los Apartamentos Argüello con 180 hombres armados a desalojar violentamente a las seis familias residentes en esos Apartamentos, donde prendieron fuego, y parte de los cuales (45 en total) fueron capturados por la Policía en el mismo instante del incendio criminal y en el lugar de los hechos, ocurridos ante decenas de testigos presenciales, pero, ¡ve que infamia más insólita¡, tres miembros del Tribunal de Apelaciones de Managua les dieron “amparo” y después hasta declararon nulo el juicio emprendido en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

Esto llegó a extremos más insólitos todavía, según veremos más adelante.

 

Jueza Altamirano inicia causa contra forajidos incendiarios

 

Ya informé que inicialmente este juicio por el incendio criminal se inició, en primeros trámites,  en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, a cargo del doctor Boanerges Ojeda, en ese momento de abril de 1994.

 

Este juez Ojeda le trasladó todo el juicio a la doctora Rosario Altamirano López, jerárquicamente subordinada del Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, según se dijo en aquel momento.

 

Al iniciarse la causa contra Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Gerardo Ramón Aburto Sevilla, César Augusto Cardenal Caballero y todo el resto de los 45 detenidos en el lugar del incendio criminal.

 

Esa apertura de juicio criminal la inició Altamirano López en el folio 855 del Expediente judicial de este caso, el cual comienza de esta manera:

 

“Vista la denuncia presentada por los delitos de incendio y otros estragos, exposición de personas al peligro y asociación para delinquir, en perjuicio de Pablo Emilio Barreto  Pérez, Julio Toribio Díaz, María Cecilia García González, Brenda Enríquez de Hernández, Anabelle Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Artola Rivera, Juan Pablo Hernández Cruz…

 

“Se decreta el arresto provisional en contra de Gerardo Ramón Aburto Sevilla, César Augusto Cardenal Caballeros, José Eugenio Cardenal Caballero, Carlos Alberto Cardenal Vicente, José Leoncio Cardenal Caballero, Roberto Antonio Cardenal Caballero… “.

 

La jueza Altamirano López escribe en esta apertura todos los nombres de los 45 detenidos en el sitio mismo del incendio, y al final de este listado, señala:

 

“Decrétese arresto provisional en contra de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro. Gírese la respectiva orden de captura en su contra. Se pone en conocimiento de la Procuraduría Penal de Justicia el autocabeza de proceso que antecede”.

 

La jueza Altamirano hace a continuación un relato pormenorizado del incendio criminal, del informe oficial de los bomberos del Ministerio de Gobernación, del peritaje del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, enumera cada una de las investigaciones de la Policía en el “lugar de los hechos”, las declaraciones y confesiones de cada uno de los 45 capturados en el sitio mismo del incendio, indica una por una las declaraciones de ofendidos de las dos víctimas principales (Pablo E. Barreto Pérez y Julio Toribio Díaz), de las declaraciones de ofendidos de todas los miembros de las seis familias de los Apartamentos Argüello, declaraciones de los testigos presenciales como Marcia Cabrera Lacayo, Carlos Sáenz Bellanger, Ricardo Pineda Cano, doctora Dinorah Parrales Parrales, las peticiones de los abogados acusadores y defensores, el peritaje del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los apersonamientos de la doctora  Claudia Núñez Ramírez, del informe oficial presentado por la doctora Parrales al Juzgado y a la Policía Nacional; es decir, todo lo relacionado a los antecedentes y lo ocurrido durante el incendio criminal intencional ejecutado por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, al mando de 180 matones pagados para que hicieran “el trabajito de desalojo (“de cargue y descargue”) violentísimo, seguido de incendio criminal.

 

Incendio: quemar mueble ajeno

 

El escrito de apertura de la doctora Altamirano López es largo. En la parte baja del folio 858, en “Considera”, la doctora Altamirano López define:

 

“I. Comete delito de incendio “el que incendiare cosa o mueble ajeno, con peligro de seguridad de las personas de los bienes de los demás. El que incendiare un edificio o construcción de cualquier clase si fuese morada de una familia, o sea, que el delito está previamente tipificado por la Ley, con las sanciones correspondientes del caso, aun cuando  el que incendiare lo hiciese  en cosa propia, con riesgo para las personas o bienes ajenos.

 

“II. En la presente causa el delito queda plenamente demostrado por la inspección ocular en el lugar de los hechos, complementado por el peritaje de incendio emitido por el Ministerio de Gobernación en la Dirección General de Bomberos, en que se afirma que “los Apartamentos incendiados el jueves catorce de abril del presente año y que eran edificios habitacionales, siendo sus ocupantes el señor Pablo Emilio Barreto y el señor Julio Toribio Díaz y sus familiares respectivos, presentan una mayor afectación en el Apartamento No. 1 que era utilizado como vivienda por el primer mencionado, y que rola en la presente causa del folio cuatrocientos noventa y seis al folio quinientos veintitrés; señalando en la parte conclusiva Inc 4 que:

 

“Las causas técnicas como cortocircuito, sobrecarga, resistencia transitoria o cualquier otro elemento eléctrico, se descartan como posible causa del incendio en este hecho, y en el Inc. 7 de la misma parte conclusiva se afirma claramente que “los resultados de los análisis realizados a las muestras reflejan la presencia en distintos porcentajes de concentración de sustancias combustibles correspondientes a Bencenaeonaftol-2, componente de la gasolina; concluyendo definitivamente en Inc. 8 que “en este hecho de incendio resalta la existencia de una fuente de calor ajena al ambiente, de origen químico, da la presencia de sustancias con características acelerantes (gasolina), y basadas en las versiones recabadas en el lugar de los hechos a testigos oculares, se clasifica como intencional.

 

Lo que simple y llanamente nos lleva a la conclusión por la simple lectura del peritaje en mención de que hubo en tales hechos una actitud dolosa e intencionada de parte de quienes lo cometieron y por ende un delito que debe ser sancionado de conformidad con lo establecido en las Leyes de la República de Nicaragua.

 

“III. De la lectura del Expediente, tanto por lo señalado en las declaraciones ad-inquirendum de los ofendidos señores Pablo Emilio Barreto Pérez, Julio Alejandro Toribio Díaz, Marta Cecilia García González, Brenda Enríquez de Hernández, Anabelle Erlinda Barrera Argueta,  Silvia Ortega Rosales, como por las testificales de Carlos Sáenz Bellanger, Marcia Cabrera Lacayo, Marcos Aurelio González Gazo, Elvin José Navarrete Pavón, Domingo Soriano Martínez, Concepción del Carmen García González, José Manuel García López, Ricardo José Pineda Cano, como de las mismas declaraciones de los propios encausados Gerardo Ramón Aburto Sevilla, César Augusto Cardenal Caballero, José Leoncio Cardenal Caballero, Carlos Alberto Cardenal Caballero, Roberto Antonio Cardenal Caballero, Carlos Alberto Cardenal Vicente, Salvador Enrique Cardenal Caballero, José de la Cruz Cardenal Caballero, José Fidel Leiva López, Sergio Antonio Velásquez Carrión, Manuel Salvadores Reyes Leiva, Eduardo José Avendaño Olivares, Javier Antonio Espinoza Baltodano, José Eugenio Cardenal Caballero, Francisco José Velásquez Sánchez, Domingo José Sinclair Martínez, Ulises Santos López Gómez, César Augusto López Cetino, Eddy Armando Aguirre Amador, Pablo Antonio Rivera Pineda, Carlos José Velásquez Hernández, Guillermo Antonio Zelaya Guido, Róger Antonio Canda López, Osmar Antonio Ordóñez Valdivia,  Albin Antonio Cerda Gómez, Eduardo Alberto Jaime Suncing, Uriel  Antonio Guido Borge, José Francisco Selva Pérez, Luis Alberto Velásquez Martínez, Ernesto Javier Ruiz Pérez, Miguel Antonio Jirón Pavón, Sebastián Alberto Canda Hernández, Francisco José Ampié Calero, Luis Alfonso Flores Martínez,  Edwin José Guido Juárez, Justo Manuel Ruiz Sánchez, Carlos José Murillo Álvarez, Marlon Antonio García López, Manuel Antonio Castillo Gómez, José Enrique Gámez Ortiz, Nelson Enrique Vanegas Reyes, Óscar Antonio Ramírez Gámez, Agustín de Jesús Jarquín Castro, José Francisco Saballos Hernández, Miguel Ángel Cardenal Caballero…”.

 

“Puede inferirse que los mencionados indagados llegaron al lugar de los hechos “contratados” para ejecutar un presunto trabajo, percibiendo cada uno treinta córdobas por ello; que ni los mismos contratados sabían en qué consistía, pero que todos son contestes en afirmar que quién daba las órdenes a esos contratados era el señor Henry Núñez, quien estaba a las órdenes a su vez del señor Frutos Chamorro y quien con un Walkie Talkie (radiocomunicador) en las manos, se movía de un lado a otro dando órdenes a los contratados, siendo el contratante el señor Pablo Rivas, quien los condujo hasta el lugar de los hechos y que el señor Henry Núñez ordenó la dirección del grupo en tres partes, y que los hombres dirigidos por él, portaban botellas y galones cuyo contenido aún  cuando no se especifica el contenido en las declaraciones, de los resultados del informe pericial y declaraciones de los testigos puede inferirse que era gasolina, u otra sustancia similar, o sea, de todo ello puede inferirse la responsabilidad resultante en los hechos acaecidos de los señores  Pablo Rivas, Henry Núñez y Frutos Chamorro, máxime aún si se analiza a la luz de la sana crítica y de la lógica humana la presunción resultante de las amenazas proferidas contra los perjudicados, con anterioridad y cuyas respectivas denuncias presentadas en su oportunidad rolan en autos, en donde el señor Frutos Chamorro había externado:

“Yo puedo quemar estos Apartamentos con todo y ustedes, y hasta sale mejor porque cobraré un seguro de US $120.000” (ciento veinte mil dólares), siendo que en aquella ocasión, estaba el asunto de la propiedad conociéndose por la vía civil correspondiente y en espera de fallo del Tribunal de Apelaciones, según lo aseverado por los ocupantes de los Apartamentos.

 

“IV.- Que según nuestra legislación se consideran autores de un hecho delictivo tanto los que toman parte en la ejecución del hecho mismo como a los que se valen de otros para ejecutarlo, forzando o induciendo a que lo hagan; y doctrinariamente hablando son autores los sujetos activos de un delito, bien sea inmediato mediatos según sea que ejecute el acto delictivo personalmente o que para la ejecución del mismo se valgan de otros sujetos, o sea, que comprende a todos cuantos están afectados por la comisión de un delito tanto si toman parte directamente, como si fuerzan, induzcan o conducen a otros directamente a ejecutarlo.

 

“V.- Que al hacer análisis del Expediente, a esta judicial (jueza Altamirano López) no le queda claro qué tipo de participación, si es que la hubo, tiene el señor Jimmy Najman Perezdiez, siendo su obligación comparecer ante esta autoridad y responder sobre los cargos imputados y no lo hizo tratando de sorprender al judicial con un escrito acusatorio amañado, a través  de apoderado y prestándose al juego  el doctor Daniel Olivas Zúniga.

 

“Libre de apasionamientos de ninguna índole para cada caso que debo conocer y resolver, a tal acusación no se le dio curso por no tener cabida, que lo aducido en tal escrito, además al autollamarse dueño del inmueble es asunto que no es competencia de autoridad penal sino civil, en consecuencia no es de mi competencia conocer ni decidir tal asunto, más aún cuando en su alegato se refiere a quejas en contra de la actuación de la Estación Seis de la Policía, asunto totalmente fuera de esta jurisdicción y en cuanto a su participación en los hechos del señor Jimmy Najman se necesitaría más y mejores elementos de prueba para su juzgamiento.

 

“VI.- Que rola en autos un informe dirigido al juzgador en donde la Policía Nacional del Departamento Tres  (folio 683) aun cuando la mencionada jueza en el folio quinientos noventa y seis afirma que  se hizo presente en el lugar; pero ninguno de los testigos, procesados ni de los perjudicados hace mención de su presencia, o sea, nadie la vio, no se podría saber a ciencia cierta si estuvo o no, ni es de mi incumbencia pronunciarme sobre su actuación judicial, la cual yo respeto, igualmente que respeto el actuar de la Policía en el cumplimiento de sus responsabilidades y no tengo por qué pronunciarme al respecto.

 

“VII.- Cabe señalar que cuando una autoridad judicial gira orden de captura en contra de algún ciudadano que ha sido signado como autor de un delito y no es habido durante el período de instrucción, el procedimiento a seguir está señalado taxativamente en la Ley y se conoce como “Reo Ausente” a quienes por no comparecer ante el llamado de la Justicia, sólo se les nombrará abogado defensor de oficio, una vez librado los Edictos de Ley, por lo que los escritos presentados por el abogado Daniel Olivas Zúniga no tienen ninguna validez; y se le previene al mencionado profesional que en lo sucesivo debe ajustarse a los procedimientos establecidos por la Ley, ya que tal conducta amerita amonestación por parte de esta autoridad y estando vencido el término para inquirir, sólo cabe a esta autoridad pronunciarse sobre los hechos investigados, tal como en Derecho corresponde en el cumplimiento de mi responsabilidad”.

 

Ha lugar a segura y formal prisión a pirómanos criminales

 

“Por tanto

 

“De conformidad con todo lo antes expresado y con fundamento legal en los artículos 54, 55, 63, 83, 92, 94, 184, 185, 186 In., 100 In., y siguientes artos. 317 PN y siguientes y Ley 164 de Reforma Procesal Penal, la suscrita Juez falla:

 

“I.- Ha lugar a poner en segura y forma prisión a los procesados Henry Núñez, Pablo Rivas y Frutos Chamorro Argüello, de generales en autos, por ser autores del delito de incendio y otros estragos en perjuicio de Pablo Emilio Barreto Pérez, Julio Alejandro Toribio Díaz, Jaime Aguilar Pacheco, Boanerges Iraheta Monterrosa, María Cecilia García González, Brenda Enríquez de Hernández, Anabelle Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Artola Rivera, Juan Pablo Hernández Cruz, de generales en autos.

 

“II.- Embárgueseles bienes suficientes para responder por las resultas del delito cometido.

 

“III.- Decrétese sobreseimiento provisional a favor de los procesados Jimmy Najman Perezdiez, Horacio Calero, Gerardo Ramón Aburto Sevilla, José Leoncio  Cardenal Caballero,  Roberto Antonio Cardenal Caballero, Salvador Cardenal Caballero, Miguel Ángel Cardenal Caballero, José de la Cruz Cardenal Vicente, Julio César Cardenal Vicente, José Fidel Leiva López, Sergio Antonio Velásquez Carrión, José Francisco Saballos Hernández, Carlos José Velásquez Hernández, Guillermo Antonio Zelaya Guido, Pablo Antonio Rivera Pineda, Eddy Armando Aguirre Amador, Eduardo José Avendaño Olivares, César Augusto López Cetino, Ulises Santos López Gómez, Róger Antonio Canda López, Omar Antonio Ordóñez,  Alvin Cerna Gómez, Manuel Salvador Reyes Leiva, Óscar Antonio Ramírez Gámez, Nelson Enrique Vanegas Reyes, Agustín Jarquín Castro, Carlos José Murillo Álvarez, Sebastián Canda Hernández, Luis Alfonso Flores Martínez, Francisco José Ampié Calero, Miguel Antonio Jirón Pavón, Ernesto Javier Ruiz Pérez, Luis Alberto Velásquez Martínez, José Francisco Selva Pérez, Uriel Antonio Guido Bojorge, Eduardo Alberto Jaime Suncing, José Enrique Gámez Ortiz, Marlon Antonio García López, Justo Manuel Ruiz Sánchez, César Augusto Cardenal Caballero,  Javier Antonio Espinoza Baltodano, Manuel Antonio Castillo Gómez, Carlos Alberto Cardenal Vicente, José Eugenio Cardenal Caballero, Francisco José  Velásquez Sánchez, Domingo José Sinclair Martínez, Edwin José Guido Juárez, todos de generales en autos por el delito de incendio y otros estragos en perjuicio de Pablo Emilio Barreto Pérez, Julio Alejandro Toribio Díaz, María Cecilia García González, Brenda Enríquez de Hernández, Anabelle Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Artola Rivera, Jaime Aguilar Pacheco, Juan Pablo Hernández Cruz y Boanerges Iraheta Monterrosa, todos de generales en autos, hasta tanto no hayan más y mejores elementos de pruebas en su contra.

 

“IV.- Déjese causa abierta para cualquier otro ciudadano que resultare implicado en la presente causa.

 

“V.- Siendo que los procesados Henry Núñez, Frutos Chamorro y Pablo Rivas, se encuentras prófugos de la justicia, gírense las respectivas órdenes de captura en su contra y desen los avisos de Ley. Cópiese y notifíquese. Rosario Altamirano López”.

 

Esta apertura del juicio termina en el folio 862 del Expediente Judicial del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, en relación al incendio criminal intencional.

 

Como se aprecia en los considerando de la jueza Altamirano López en la apertura del juicio criminal contra Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, y todos los “contratados” para el “trabajito de “cargue y descargue”, esta judicial cuestiona la forma de actuar de la jueza civil Ruth Chamorro Martínez, quien no solicitó  el apoyo oficial correspondiente de la Policía Nacional para el intento de desalojo violentísimo, no se sabe si realmente ella estuvo allí con los 180 sujetos más Chamorro, Núñez y Rivas Castro, y de paso asimismo cuestiona la conducta antiética, antiprofesional, y de violaciones a los procedimientos judiciales penales correspondientes, al aparecer “representando” como “abogado defensor” a los incendiarios prófugos de la justicia, lo cual no es admisible por Ley de Instrucción Criminal en todos los Juzgados del Crimen de Managua.

 

Por esta forma honrada, apegada a Derecho y a las leyes penales, la doctora Altamirano López, jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, cuando se ventilaba en su juzgado este incendio criminal intencional, comenzó a tener, de entrada, en el inicio mismo del juicio, confrontaciones con jueces venales y al servicio de políticos corrompidos y somocistas como Arnoldo Alemán Lacayo, el mismo abogado Daniel Olivas Zúniga, ambos defensores de los antiguos somocistas confiscados (tierras, casas y otras propiedades de somocistas del círculo más cercano de la familia Somoza, de la Guardia Nacional y del Partido Liberal Nacionalista somocista) y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Apelaciones de Managua, inclinados también al somocismo genocida, todos estos enemigos declarados de los beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88 (casas, lotes y tierras entregados por el gobierno revolucionarios sandinista en 1990 a gente pobre), quienes, precisamente, por miles estaban siendo desalojados de casas, lotes y tierras en esos momentos de abril de 1994, con la complicidad y complacencia del gobierno neoliberal-conservador proyanqui-somocista de Violeta Barrios viuda de Chamorro, derechista, conservadora, servidora descarada del gobierno del gobierno criminal de Estados Unidos.

 

Estos personajes judiciales, el entonces Alcalde ladrón, Arnoldo Alemán Lacayo, este abogado Daniel Olivas Zúniga, la jueza Ruth Chamorro Martínez, funcionarios del gobierno de Violeta Barrios viuda de Chamorro, no ocultaban su enemistad abierta contra las 350,000 familias beneficiarias de  las Leyes 85, 86 y 88, y el haber permitido toda la impunidad con que actuaron Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, para agredir de forma sistemática a las seis familias residentes en los Apartamentos Argüello, amenazarlos de muerte con armas de guerra y armas cortas de fuego, causarles destrozos materiales en sus vehículos, ofrecer inclusive 30,000 dólares  por matar a tres de los vecinos, hacerles escándalos nocturnos, causar daños en los mismos Apartamentos, inclusive de antemano anunciar personalmente el mismo Frutos Chamorro Argüello “me sale mejor quemarlos porque así cobro 120,000 dólares de seguro”, sí formó parte de toda una conducta infame, antihumana, que finalmente llevó a facilitar que Chamorro Argüello, Núñez Abarca y Rivas Castro, le prendiera fuego a los Apartamentos Argüello el 14 de abril de 1994.

 

Órdenes de captura y edictos para prófugos

 

Dije antes que veremos aspectos más insólitos de autoridades judiciales de alto nivel, ligados por simpatías y cargos al gobierno neoliberal-conservador de ese momento, pues a partir de este momento en que la jueza Altamirano López inicia el juicio contra estos incendiarios criminales, ella comenzó a tener conflictos con este abogado Olivas Zúniga y con algunos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, y lo primero que ocurrió es que Daniel Olivas Zúniga y Ricardo Gómez Marenco, ambos abogados de parte de los 45 capturados y “compañía”, la “recusaron” por supuestos intereses suyos en el juicio por este incendio criminal, que como digo conmovió a todo el país.

 

El juicio criminal, como queda claro, había comenzado. ¡Claro¡, este juicio criminal contra estos incendiarios criminales de entrada estaba tocando intereses de propiedad de los antiguos somocistas genocidas, derrocados por el régimen revolucionario sandinista en 1979, y de otros que se mezclaban en estos intereses con ellos (los somocistas), ahora, o en ese momento instalados en el gobierno derechista, neoliberal-conservador, como el ladrón de don Arnoldo Alemán Lacayo, convertido en Alcalde de Managua gracias a algunos concejales traidores.

 

Además de los escritos mencionados antes, la jueza Altamirano López emitió las órdenes de captura correspondientes contra Chamorro Argüello, Núñez Abarca y Rivas Castro, prófugos los tres; más los edictos pertinentes, mediante los cuales la titular del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, citaba a presentarse a los tres maleantes incendiarios criminales, prófugos de la justicia capitalina.

 

Por ejemplo, la jueza Altamirano López y Johana Roque López, “secretaria de actuaciones”, firmaron el primer edicto y “emplazo” a los procesados Henry Núñez, Pablo Rivas y Frutos Chamorro Argüello, de generales desconocidas, para que dentro del término de quince días comparezcan al local de este Juzgado a defenderse de la causa que se les sigue por el delito de incendio y otros estragos en perjuicio de Pablo Emilio Barreto Pérez, Julio Toribio Díaz, Jaime Aguilar Pacheco, Boanerges Iraheta Monterrosa, Anabelle Barrera Argueta, Silvia Ortega Rosales, Luz Marina Artola Rivera y Juan Pablo Hernández Cruz, bajo apercibimiento de declararlos rebeldes si no comparecen; recuérdeles a las autoridades la obligación de capturarlos a los antes referidos, y a los particulares la denunciar el lugar donde se ocultan”.

 

Este escrito aparece en el folio 893 del Expediente relacionado con el incendio criminal intencional, del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

Este mismo edicto fue colocado en murales de sitios públicos en Managua, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

 

La Jefatura Nacional de la Policía, encabezada en ese momento por el Comandante Fernando Caldera Azmitia, aseguraba que mediante los “exhortos correspondientes”, “cierre de frontera para que no salgan”,  Chamorro Argüello, Núñez Abarca y Rivas Castro estaban siendo buscados afanosamente por la Policía en todo el país, pero la verdad parecía ser otra, pues por informaciones de vecinos y amigos nuestros, cercanos a las residencias de Frutos Chamorro y Juan Pablo Rivas Castro, se nos afirmaba que estos estaban escondidos, respectivamente, en el Reparto Las Colinas y en el Asentamiento Walter Ferrety. Núñez Abarca, en cambio, presuntamente se había ido donde familiares a Nueva Guinea, en el Sur de la Región Atlántica Sur de Nicaragua.

 

Después de estos edictos mencionados, la Jueza Altamirano López, “al término de quince días, de acuerdo a consulta evacuada por la corte Suprema de Justicia, sin que hasta la fecha los procesados Frutos Chamorro, Henry Núñez y Pablo Rivas, se hayan presentado y sin haber sido capturados,  se les declara rebeldes y se les nombra abogado defensor “de oficio” al doctor Ricardo Gómez Marenco, a quien se le hará saber para su aceptación y demás efectos de Ley”, según se lee en el folio 894 del Expediente judicial mencionado.

 

En el folio 895 del mencionado Expediente judicial, la jueza Altamirano López, señala y ordena: “Elévese la presente causa plenario. Pasen las primeras vistas de Ley con la parte acusadora doctora Dinorah Parrales, por el término de tres días, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 164. Notifíquese”. Firman: Rosario Altamirano López y Johana Roque López, secretaria.

 

Truco sucio, más incendio criminal intencional

 

La doctora Dinorah Parrales Parrales, abogada de las víctimas, mientras tanto, introdujo otro escrito ante la jueza Altamirano López, el cual comenzaba de la siguiente forma:

 

“Este proceso tuvo su inicio cuando un grupo compuesto de trescientos pandilleros (así denominado porque actuaron de tal forma) armados y contratado por el señor Frutos Chamorro a través de sus agentes Henry Núñez y Juan Pablo Rivas (empleado de la Embajada Americana acreditada en nuestro país), lo cual consta en declaración de la esposa y compañera del señor Rivas, quien confiesa tal hecho y tal oficio, pues dice era el encargado de armas.

 

“Llegaron a las viviendas, en donde residen desde hace muchos años mis poderdantes acusadores y mis representados, cuando a través de un mandamiento librado por el señor juez Cuarto para lo Civil de Distrito de Managua ordena al señor Jimy Najman Perezdiez (que nunca ha vivido en los Apartamentos, ni nunca tuvo, ni tiene la posesión de tales apartamentos, en donde ni siquiera se le conoce), o sea,  que era un truco sucio para desalojar a los residentes y dueños de los Apartamentos que habitan los acusadores y mis representados.

 

“Un requerimiento no es un desalojo, jurídicamente; lo que pasó fue lo siguiente: cometieron delito de usurpación de dominio privado, penetración ilegítima, pues penetraron a domicilio que no podía ser violado de conformidad con la Ley Civil y Penal vigente. Cometieron también delito de daños a la propiedad, la que incendiaron y destruyeron y hubo también asesinato frustrado, pues hubo premeditación, alevosía y ventaja.

 

“Hubo premeditación porque los antecedentes delictivos del señor Chamorro en contra de los habitantes de los apartamentos y residentes por años en los que nunca habitó Jimmy Najman Perezdiez, demuestran a través de todos los actos de contratación de pandilleros, pago, y otros actos que ya fueron plenamente comprobados, una premeditación concatenada, dirigida, determinada y precisa, de lo cual hay suficientes pruebas,  pues la confesión es la reina de las pruebas, y los cuarenta y cinco capturados confesaron que fueron contratados por Henry Núñez, Pablo Rivas y otros, que aparecen en el voluminoso expediente, pues confiesan que no tenían trabajo y que les dijeron que les iban a hacer “un trabajito”, pero que no les dijeron los contratantes de qué se trataba, pero puestos en el lugar hicieron todo lo que sus contratantes les pidieron a cambio del pago, lo cual consta en el expediente, lo que no pudieron concluir por la intervención de la Policía, que al llamado de los vecinos y los balazos que ellos mismos dispararon, o sean los invasores, no pudieron lograr el objetivo criminal, lo cual consta en el Expediente a través de los testigos presenciales, que declararon y los cuarenta y cinco capturados.

 

“También consta en el Expediente que la Policía Nacional no fue solicitada por la señora Juez que supuestamente realizó el requerimiento (legalmente hablando, pues era lo que se le cometió, según el documento), lo que tenía que hacer es haber llamado a los habitantes y preguntar primero quién habitaba, pues Jimmy Najman Perezdiez nunca ha tenido posesión alguna, ni ha vivido allí, ni al momento del requerimiento, y luego proceder  a buscar a Najman, buscarlos en su residencia, y es uno de los principales autores de los delitos por los que aquí se acusa también, es director intelectual a través de las pruebas que rolan en este Expediente, cuyo agente también es el señor Henry Núñez, quien galantemente tiene un negocio en Managua y libremente se ríe y amenaza con llegar nuevamente a invadir y a matar a los acusadores y habitantes de los apartamentos.

 

“Es notorio también, y puede verse en el Expediente, que muchos de los capturados son reincidentes y tienen fichas policiales, lo cual consta en el Expediente y en las constancias emitidas por la Policía.

 

“Esta era una nueva modalidad, encaminada a través del crimen, aterrorizar, quemar, robar, agredir, y lanzar los restos a la calle, para recuperar la propiedad, que es el tema candente, y es el caso del señor Chamorro que después de residir en Estados Unidos, después de poner un proceso de “comodato precario” contra los habitantes de los apartamentos, emprende nuevamente un caso posesorio, e inventa que vive en los apartamentos el señor Najman Perezdiez, socio del acusado Frutos Chamorro, para a través de un proceso tergiversado y sucio por ser falso, desalojar a los verdaderos poseedores de los apartamentos del kilómetro  once Carretera Sur.

 

“El personal fue escogido y puede ver su autoridad que hay un armamento contratado, pues la señora de Pablo Rivas confiesa que su marido era y es trabajador de la Embajada Americana, consta tal hecho en el Expediente.

 

“Consta también en el Expediente que Henry Núñez es el agente contratista del señor Chamorro, y nadie de los “pandilleros” menciona ni conoce a Jimmy Najman Perezdiez, por ser también el director intelectual que es el que dirige de largo o de cerca, pero sin dar la cara, y a veces de manera solapada, pues el punto fundamental que dio origen a tan doloroso suceso fue la intervención delictiva de este señor Najman Perezdiez, quien se hace pasar de manera falsa como habitante de los apartamentos y de tener una posesión que ni por un segundo ha tenido, pues en el vecindario  nadie lo conoce, ni aún en el grupo que habita los apartamentos, por lo que no podía ordenarse un requerimiento a persona que no habita para perjudicar a los que habitan.

 

“También el señor Jimy Najman Perezdiez emprendió proceso sin ser dueño de los apartamentos por inmisión en la posesión en contra de los habitantes de los apartamentos, quienes tienen la posesión desde hace  más de diez años, y el señor Jimy Najman Perezdiez no aparece en el Registro de la Propiedad como dueño de tales apartamentos, y para efecto de terceros lo primordial y fundamental es la inscripción registral, por lo que tal hecho también es falso y a través de un documento de acuerdo con su socio Frutos Chamorro, éste le trasmite la posesión que nunca tuvo, ni tiene, pues basta ver la constancia migratorias, en donde se ve que ha vivido en los Estados Unidos y pone de dirección como residente una casa de un familiar que no son los apartamentos, contradicciones que fácilmente se notan porque son trucos supuestamente jurídicos muy bajos y de poco nivel y sobre todo fuera de toda realidad.

 

“Pero este proceso no es civil, es criminal, pero hay que conocer el trasfondo para poder conocer las consecuencias causadas por los invasores, que al margen de la Ley agredieron a mis representados, los acusadores en este proceso.

 

“Ho hay presos, pues apelaron de la sentencia y el Honorable Tribunal de Apelaciones les admitió una fianza para dejarlos libres, lo cual no se podía por ser delitos de Orden Público que no admiten fianza y plenamente comprobados, lo cual ha sido alegado por la parte acusadora, que soy yo, pero a la revocación de tal auto en la sentencia correspondiente que dicte el Honorable Tribunal de Apelaciones, de lo cual también podré recurrir de casación.

 

No es posible dejar en libertad a quien agredió a un ser humano con tal actitud delictiva, contratando pandilleros en el lugar de seguir el marco de la Ley, que establece qué autoridad debe auxiliarse de la Policía para un embargo, un requerimiento o cualquier cacto judicial y en este caso, la juez que supuestamente realizaría el requerimiento, de lo cual no fueron requeridos los habitantes de los apartamentos, requisito fundamental, se hizo acompañar de grupo de trescientos sesenta pandilleros, de los que sólo fueron capturados  cuarenta y cinco, y huyeron el resto, quienes confesaron el delito o los delitos.

 

“De manera que no hay reo detenido, todos están libres, y amenazando de nuevo, ahora que la Ley 183 que prorrogaba la Ley de no desalojo llegó a su término el catorce de septiembre. Pero están libre mediante fianza admitida por el Honorable Tribunal de Apelaciones de la III Región, de lo que esperamos la correspondiente sentencia.

 

“Otro aspecto también contradictorio del acusado Frutos Chamorro Argüello es el hecho de declararse enfermo, pero se declara enfermo mientras es procesado y muy bien cuando invade la propiedad a través de los agentes contratantes como Henry Núñez y Jimmy Najman, también dueño de la propiedad pero sin documento registral que lo acredite como tal.

 

Allí, a la hora del ataque y la invasión de los trescientos sesenta pandilleros en los apartamentos del kilómetro once, Carretera Sur, los poseedores de los mismos, andaban trabajando y sólo se encontraban la señora suegra de Pablo Emilio Barreto, adolesciendo de una grave e incurable enfermedad y tanto ella como su tierna hija (Sofana Orquídea) fueron agredidas salvajemente al igual que  todos los niños que residen en los apartamentos, pues no pudieron desalojarlos a pesar de todo porque huyeron al llegar la Policía.

 

“Allí sólo había gente indefensa, y testigos presenciales han dicho lo que vieron y oyeron a la hora de los hechos, lo cual consta en el Expediente, por lo que es un atentado que estos señor acusados se encuentren libres, porque provocarán más tragedia en cualquier parte si la Justicia no determina su ámbito, y se mantiene el auto de prisión y se amplía para lo que fueron sobreseídos, ya que han continuado amenazando.

 

“Está libre Frutos Chamorro. Fue llamado por edictos publicados en La Gaceta, y hubo un medio difusión hablada que leyó tal edicto, lo cual puede ser comprobado y este señor no concurrió al llamado de su autoridad, lo cual demuestra el irrespeto al orden y a la Justicia, al igual que los demás procesados.

 

“Pido a usted señor Juez se me tenga como parte acusadora y como tal me persono en esta fase al igual que he actuado como tal con el debido poder que me acredita como tal y en vista de que el señor Frutos chamorro está gozando de libertad bajo fianza obtenida en la apelación que interpuso a pesar de que el delito porque fue condenado es de orden público y no admite fianza, tampoco puede alegar que no se le dio intervención, pues habló y habló en los periódicos, dando explicaciones sobre la propiedad, y sabiendo que tenía proceso nunca se personó a su despacho.

 

“Pido a su autoridad, de conformidad con sentencia de las once de la mañana del diez  y siete de mayo de mil novecientos noventa y seis, se le cite nuevamente al señor Frutos Chamorro, de conformidad con el artículo 443 inciso 3º. In. En donde establece que la falta de declaración con cargos cuando hay reo presente es causa de nulidad, aunque en el caso del señor Chamorro ya se publicaron los edictos y prueba de que fue notificado es que apeló la sentencia condenatoria, apelación que le fue admitida en un solo efecto, y en tal al haberse publicado los edictos y no haber concurrido, no hay filiación, ni confesión con cargos.

 

“Pido a través de Secretaría  que ponga la correspondiente constancia: 1) De que fue enviado o que se enviaron los primeros edictos y que luego del pago fiscal fueron enviados para su publicación en La Gaceta Diario Oficial, y 2) que ponga constancia de que el edicto que antecede y que consta en el Expediente, después de ser enviando a publicación, fue publicado en La Gaceta, cuyo número y fecha debe constar. Todo esto para determinar que los quince días que se le concedieron al procesado, para que se presente a defenderse del o los delitos porque se le procesa, no fueron respetados por los acusados, al no haber atendido el mandato legal.

 

“Todo esto para que no haya nulidades sustanciales de conformidad con lo que dispone el Arto. 443 In., y repito que no puede haber inocencia del o de los acusados si existen cuarenta y cinco declaraciones de los autores del delito o de los delitos porque se les acusa como son los pandilleros que confesaron la comisión de muchos delitos por paga hecha por el principal autor, Frutos Chamorro, y la confesión es la reina de las pruebas, por lo que la impunidad no puede prevalecer sobre la Justicia y el Derecho, ya que en el proceso que culminó  con auto de prisión, no existen nulidades, pues el señor Chamorro no concurrió  a su despacho a defenderse porque no quiso porque pagó muchos miles de córdobas para hablar constantemente en campo pagado, exponiendo su punto de vista sobre el proceso, y nunca llegó a su despacho, sabiendo que se le procesaba, y nunca estuvo ni está detenido, y se le admite una fianza en la apelación interpuesta por él por los delitos de orden público que no admiten fianza; comprobado plenamente con la confesión de cuarenta y cinco capturados que confesaron haber sido contratados y enviados a cometer los delitos por lo que se acusa, por orden del señor Frutos Chamorro Argüello, de calidades conocidas en autos y el señor Jimmy Najman Perezdiez también debe ser condenado por los delitos que resulte culpable.

 

Pido a usted que continúen las vistas por el orden correspondiente.

Doctora Dinorah Parrales Parrales”, indica el escrito de nuestra defensora Parrales en el Expediente Judicial, específicamente de los folios 897 al 900.

 

En el folio 904 del Expediente mencionado aparece inserto uno de los edictos mandados a publicar por la jueza Altamirano López, quien, mediante este procedimiento judicial, conmina a Chamorro Argüello, Núñez Abarca y Rivas Castro, prófugos los tres, a que se presente en su Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, a entregarse y rendir las declaraciones correspondientes por las acusaciones mencionadas por la doctora Dinorah Parrales P.

 

Referido a lo mismo de los edictos mencionados, la doctora Parrales presentó otro escrito ante la jueza Altamirano, el cual dice textualmente, en los folios 911 y 912:

 

“Me refiero al proceso criminal entablado en su despacho en contra d4el señor Frutos Chamorro, Henry Núñez, Pablo Rivas, Jimmy Najman Perezdiez y otros, por los delitos de incendio y otros estragos cometidos en contra de mis poderdantes y acusadores.

 

“Pedí yo que se pusiera constancia de que la Secretaría de este despacho pusiera constancia de que los edictos habían sido enviados a la Gaceta a través de Secretaría para su publicación, luego de pagar el porte correspondiente de conformidad con la Ley en dicha Oficina y también que se pusiera constancia de que había sido publicado dicho edicto.

 

“Para tal fin presento y acompaño a este escrito la Gaceta del cuatro de enero, en donde en la Sección de Procesados, es publica dicho edicto, en donde se cita al procesado Frutos Chamorro, Henry Núñez, y otros, para que dentro del término de quince días se presenten a este despacho o nombren abogado defensor, para que se defiendan.

 

“Como puede ver su autoridad, ya transcurrieron nueve meses desde que se dio dicha publicación y el señor Chamorro y demás procesados no concurrieron a su despacho para defenderse, a pesar de que se encuentran libre por fianza que introdujeron y solicitada les fue admitida por el Honorable Tribunal de Apelaciones, a pesar de ser este un delito de orden público que no admite fianza, de conformidad con la Ley, ya que fue un hecho conocido en toda Nicaragua por los estragos y violencia que ocasionó tal hecho al querer llevar a efecto un desalojo con una nueva modalidad, contratando pandilleros en número de trescientos y muchos de ellos reincidentes en la comisión de delitos, quienes confesaron que habían sido contratados y que especialmente tomó parte Pablo Rivas, empleado de la Embajada Norteamericana de conformidad con pruebas que rolan en el Expediente.

 

“Mi petición es para que este proceso no sea impugnado por nulidad, de conformidad con la Ley, ya que en este despacho se han seguido todas las formalidades legales, de fondo y de forma”.

 

Abogados y magistrados canallas

Procuradora no encuentra nulidad

 

Ya en esos momentos, los abogados canallescos, antiguos somocistas, defensores de guardias nacionales genocidas, Ricardo Gómez Marenco y Daniel Olivas Zúniga, ya se movían ante sus amigotes magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, especialmente Alfonso Dávila Barbosa y Cuadra, quienes dieron amparo a estos criminales, les otorgaron fianza, mientras estaban prófugos, que no acudieron ante los edictos de la jueza Altamirano López, además que los delitos cometidos no admiten fianza, según argumenta en sus escritos la doctora Dinorah Parrales Parrales.

 

Las gestiones canallesca y mafiosas para que estos dos magistrados del Tribunal de Apelaciones nulo lo actuado por la jueza Altamirano López, estaban avanzando y lo expresa la doctora Blanca Rosa Calero C., Procuradora Auxiliar Penal, mediante el siguiente escrito, ubicado en el folio 913 del Expediente judicial:

 

“Señora Juez Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

Soy Blanca Rosa Calero, de generales en autos y en mi calidad de Procuradora Auxiliar Penal, comparezco y expongo:

 

“Me refiero a la causa No. 120/94, en el que se sindica a Henry Núñez, Pablo Rivas y otros, por los delitos de incendio y otros estragos, en perjuicio de Pablo Emilio Barreto Pérez y otros.

 

“He sido notificada para contestar las primeras vistas de Ley, en base al art. 21 de la Ley No. 164 Reforma al Código de Instrucción  Criminal, las contesto así:

 

Estoy de acuerdo con el auto de prisión impuesto por su autoridad por los elementos existentes en la causa.

No encuentro nulidades en dicha causa

Pido correr las vistas con el abogado correspondiente.

Renuncio al resto del término

Señalo para notificaciones las Oficinas de la Procuraduría Penal.

 

Dra. Blanca Rosa Calero C.

Procuradora Auxiliar Penal”.

 

Doctora Parrales solicita ampliar declaraciones

 

Después de estos escritos señalados arriba, la doctora Parrales Parrales volvió a presentar otro escrito ante la Jueza Altamirano López, mediante el cual señala, en los folios 916 y 917 del Expediente:

 

“Se me ha notificado el auto en que su autoridad abre a pruebas el proceso incoado en contra de Frutos Chamorro Argüello y otras personas, acusadas  de haber provocado el incendio y otros delitos en el kilómetro once, en donde habitaban y habitan mis poderdantes y ofendidos, sucesos ocurridos el catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, de triste recordación para los ciudadanos nicaragüenses que estuvieron al tanto de estos sucesos a través de todos los medios de comunicación y personalmente algunos.

 

“Pido a su autoridad en vista de que este incendio y la comisión de tantos delitos no fue un hecho momentáneo, ni casual, y que fue premeditado, con alevosía y ventaja, que cite a su despacho para que amplíen hechos que  no fueron ampliamente señalados en la declaraciones de ofendidos y que  deben ser analizados en esta etapa del proceso, para mejor proveer, a los señores: Pablo Emilio Barreto, Julio Alejandro Toribio Díaz, Anabelle Erlinda Barrera Argueta, Boanerges Iraheta Monterrosa, Cecilia García, o María Cecilia García González, todos de celidades conocidas en autos, para que expresen cada uno de ellos los antecedentes que culminaron con este hecho criminal.

 

“Pido a su autoridad cite  a su despacho a declarar a Gerardo Ramón Aburto Sevilla, de calidades conocidas en autos, cuya declaración aparece en el folio 271 del Expediente, para que amplíe su dicho en relación a que fue contratado por Pablo Rivas Castro, quien a su vez era o es empleado de Frutos Chamorro Argüello.

 

“Pido también a usted que cite a su despacho a aclarar puntos que son contradictorios de conformidad a los hechos y realidad del caso, al señor  Alfredo Marín Jiménez, quien en su declaración del día catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, quien además dice que tiene cincuenta y dos años (lo cual rola en el Expediente), dice que a la hora del incendio el día catorce de abril, a la misma hora y fecha, él se encontraba con el señor Frutos Chamorro  Argüello en el Hotel Camino Real. Pido que  realice el “careo” correspondiente de Ley con el señor José Leoncio Cardenal Caballero, declaración que se encuentra en el folio 275 del Expediente, par3a que demuestre el señor Marín Jiménez la realidad de su dicho de conformidad a su dicho en la declaración del día catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, lo que rola en el Expediente. Esta cita al señor Marín Jiménez y al señor José Leoncio Cardenal Caballero debe ser para el mismo día y hora, ya que se trata de un “careo”.

 

“Pido a su autoridad que cite a que rinda declaración complementaria el señor Sergio Antonio Velásquez  Carrión, para que diga quién lo contrató para invadir los apartamentos del kilómetro once Carretera Sur el día del incendio y cuánto le pagó el contratante, el señor Pablo Rivas Castro, empleado de la Embajada Norteamericana en Managua.

 

“Pido a su autoridad que cite a su despacho a ampliar su declaración al señor  Roberto Antonio Cardenal Caballero, cuya declaración se encuentra visible en la página 277 del Expediente, en cuanto al número de personas que andaban con el señor Chamorro la noche del incendio y la comisión de otros delitos, el día catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro”.

 

La doctora Parrales presentó otro escrito ante la jueza Altamirano López, solicitando se citara a otros ofendidos, acusados y testigos para ampliar sus declaraciones, por confirmaciones de hechos y dichos, en busca de más pruebas en contra de los incendiarios criminales Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas Castro, Jimy Najman Perezdiez y otros.

 

Los escritos presentados por la doctora Parrales fueron numerosos ante el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, para desarrollar y llevara a su conclusión el juicio 120/94, o sea, el incendio criminal intencional del 14 de abril de 1994, en el kilómetro once de la Carretera Sur.

 

Uno de esos escritos, después de los ya mencionados, dice lo siguiente:

 

“Pido a su autoridad cite a su despacho a declarar al señor Carlos Sáenz Bellanger, para que amplíe su declaración rendida a las ocho y veinte de la noche del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en el lugar de los acontecimientos y ante la investigación policial.

 

“Esta declaración que solcito es para completar la ya rendida en cuanto a las personas que encontró dentro del primer Apartamento, si reconoció a los invasores, como él menciona que vio los bidones que portaban los invasores, para qué diga qué pasó con esos bidones y cómo fueron usados y otros detalles más (Folio 20 del Expediente).

 

“Pido a su autoridad también cite a su despacho a declarar a Marcia Lorena Cabrera Lacayo, quien era la empleada del periodista, o sea, de la casa del periodista, o en donde habitaba el periodista Pablo Emilio Barreto con su familia y que fue quemada totalmente, ya que el día anterior el señor Frutos Chamorro publicó una carta en donde injuria y calumnia a Pablo Emilio Barreto y a todos los habitantes de los apartamentos del kilómetro once de la Carretera Sur, pues al momento del incendio provocado por los invasores Pablo Emilio Barreto no se encontraba en el Apartamento (No. 1) y estaba en su trabajo, por lo cual debe declarar también la persona que estaba allí y que vivió todo lo acontecido, que complemente su declaración rendida a las nueve de la noche con cuarenta y cinco minutos del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro ante el jefe de Investigación Criminal y en el lugar de los acontecimientos (Folio 24 del Expediente).

 

“Pido a su autoridad cite a su despacho a que declare en relación a Oficio girado por el doctor Boanerges Ojeda Baca, Juez de Distrito Séptimo del Crimen de Managua, con fecha veinticinco de mayo de 1994 sobre hechos que motivaron su permanencia en los Apartamentos y el contenido del Oficio firmado por el señor Juez mencionado.

 

“Pido a su autoridad cite a su despacho a declarar al señor Wilmar Suárez Bojorge en relación en relación a su declaración de las cuatro de la tarde del diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres ante el Jefe de Investigación de la Policía Nacional y en relación a los sucesos ocurridos a las once de la noche del día quince de octubre en el Apartamento No. Cuatro, cuando fueron agredidos por el señor Frutos Chamorro, que dio lugar a abrir proceso en contra de Frutos Chamorro en el Juzgado Sexto Local del Crimen, y que fueron denunciados estos hechos ante su autoridad, y que rola su declaración en el Folio nueve del Expediente en cuestión, par3a que amplíe esta declaración y para que la reincidencia del señor Frutos Chamorro quede plasmada, ya que culminó esta constante agresión con el incendio del catorce  de abril de novecientos noventa y cuatro.

 

“Pido a su autoridad cite a su despacho a declarar a la señora María Cecilia García González en relación  a su declaración rendida a las dos con veintisiete minutos de la tarde del día diez de  noviembre de mil novecientos noventa y tres ante el Jefe de Investigación policial de Managua, que posteriormente pasó dicho caso al Juzgado Sexto Local del Crimen de Managua, en relación a las amenazas de muerte de que fueron víctimas por parte del señor Frutos Chamorro Argüello, con lo que se demuestra la reincidencia del señor Chamorro con los habitantes de los apartamentos del kilómetro once de la Carretera Sur.

 

“Pido a su autoridad envíe Oficio a la Oficina de Migración en esta Ciudad de Managua, para que diga esta Oficina el movimiento migratorio que ha tenido el señor Frutos Chamorro y el señor Jimmy Najman Perezdiez desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro hasta la fecha de hoy, ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

 

“Tengo casa señalada en donde oír notificaciones en esta Ciudad de Managua”.

 

Jueza Altamirano manda a ampliar declaraciones

 

Por estas peticiones o solicitudes de la doctora Dinorah Parrales Parrales, la Jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, doctora Rosario Altamirano López, emitió una resolución, después de abrir “a pruebas” el juicio contra los incendiarios mencionados, que decía lo siguiente:

 

“”De oficio, amplíese el término probatorio por ocho días más. Asimismo, visto el escrito presentado  por la parte acusadora, doctora Dinorah Parrales Parrales, donde solicita sean citados los señores Pablo Emilio Barreto, Julio Alejandro Toribio Díaz, Anabelle Erlinda Barrera Argueta, Boanerges Iraheta Monterrosa, Cecilia García González, o María Cecilia García González, a fin de que amplíen sus declaraciones de ofendidos en la presente causa; accédase a lo solicitado y cítese a los señores mencionados para la audiencia del día lunes trece de noviembre del presente año, los tres primeros a partir de las nueve de la mañana respectivamente, y los otros dos últimos para el día martes catorce de noviembre del presente año, a las nueve y diez de la mañana respectivamente..

 

“Asimismo, cítese al señor Gerardo Ramón Aburto Sevilla a fin de que amplíe su declaración indagatoria en la presente causa para la Audiencia del día martes catorce de noviembre del presente año, a las nueve de la mañana.

 

“Cítese al señor Alfredo Marín Jiménez a fin de que amplíe su declaración testifical en la presente causa para la Audiencia del día miércoles quince de noviembre del presente año, a las nueve de la mañana.

 

“Asimismo, realícese “careo” entre el señor  Alfredo Marín Jiménez (testigo) y el indagado  José Leoncio Cardenal Caballero, de conformidad al art. 168 In,, para la Audiencia del día miércoles quince de noviembre del presente año, a las once de la mañana.

“Cítese al procesado Sergio Antonio Velásquez Carrión a fin de que amplíe su declaración indagatoria en la presente causa, para la Audiencia del día miércoles quince de noviembre del presente año, a las doce del medio día.

 

“Cítese al ciudadano Roberto Antonio Cardenal Caballero a fin de que amplíe sud declaración indagatoria en la presente causa para la Audiencia del día jueves diez y seis de noviembre del presente año, a las nueve de la mañana.

 

“Asimismo, el escrito presentado por la doctora Dinorah Parrales Parrales, donde solicita sea citado el señor Carlos Sáenz Bellanger a fin de que amplíe declaración testifical en la presente causa; accédase a lo solicitado y cítese para la Audiencia del día jueves diez y seis de noviembre del presente año, a las diez y treinta minutos de la mañana.

 

“Asimismo, cítese a la señora Marcia Lorena Cabrera Lacayo a fin de que amplíe su declaración de testigo en la presente causa, para la Audiencia del día jueves dieciséis de noviembre del presente año, a las doce del mediodía.

 

“Cítese al señor Wilmar Suárez Bojorge a fin de que amplíe su declaración testifical para la Audiencia del día viernes diez y siete de noviembre del presente año, a las nueve de la mañana.

 

“Gírese Oficio a Migración y Extranjería a fin de que se nos informe sobre el movimiento migratorio de los señores Frutos Chamorro y Jimmy Najman Perezdiez, todo con citación de la parte contraria.

Notifíquese. Rosario Altamirano López”.

 

Canallada incendiaria en marcha

 

A pesar de estar prófugos los incendiarios criminales principales, según se aprecia de la lectura del Expediente del Juicio 120/94d el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, este juicio criminal o penal se aproximaba a plenario y convocatoria del Jurado para condenar a esta pandilla de maleantes, jefeada por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas y Jimmy Najman Perezdiez.

 

Sin embargo, al mismo tiempo, casi en sigilo, caminaban también las gestiones de abogados bandidos, encabezados por Ricardo Gómez Marenco y Daniel Olivas Zúniga, para que dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (Alfonso Dávila Barbosa y Marta Lorena Lacayo) declararan “nulo” todo lo actuado por la jueza Rosario Altamirano López.

 

En el Expediente no aparecen las razones de fondo para sabotear el juicio criminal, pero sí el desenlace expresado en documentos judiciales oficiales lacónicos, en uno de los cuales sólo menciona que no estuvo de acuerdo con esta canallada el magistrado sandinista Armengol Cuadra  Lopez, según veremos más adelante.

 

La doctora Dinorah Parrales P., en cambio, como acusadora en representación de las víctimas de los incendiarios criminales, aceleró y multiplicó sus solicitudes de orden procesal criminal ante la jueza Rosario Altamirano López, e introdujo este otro escrito en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen, ubicado en los folios 930, 931, 932 y 933 del mencionado Expediente.

 

“Pido a su autoridad –indica Parrales—que en vista de que INISER (Instituto de Seguros del Estado) no contestó Oficio enviado por el doctor Boanerges Ojeda en relación al Seguro que tomó el señor Chamorro y su hermana, la señora de Morine, pues el Agente de INISER el día quince de abril por la mañana, estando todavía la Policía  en el lugar de los hechos, tomó fotos, y datos en general sobre los hechos, quien al ser preguntado dijo que los apartamentos estaban asegurados.

 

“Por tal motivo, pido a su autoridad cite a su despacho a la señora María Eugenia Selva, directora de Mercadeo de INISER, para que diga si se encuentra en la sección correspondiente, que ella maneja, si fueron asegurados contra incendio  los apartamentos del kilómetro once, que estuvieron administrados por la Alcaldía de Managua, a quien se le pagaba el alquiler de los mismos por parte de todos los habitantes de los apartamentos, que pertenecían a la señora Guillermina Argüello.

 

“Pido encarecidamente a su autoridad que las citas deben darse con término de tiempo necesario para llegar a su destino y encontrar a los citados, pues en la forma en que se ha hecho, no ha sido posible entregarlos al momento, para comparecer al momento, pues la mayoría de la gente citada no vive en Managua, y la Ley da un término de un día por cada treinta kilómetros cuando se trata de recurso y en este caso no hay prisioneros, porque todos andan y han estado libres, a pesar de que todo lo que sucedió y haber desaparecido totalmente un Apartamento y estar dañados los demás.

 

“La gente citada y que trabaja, tiene que pedir permiso y debe ser con  un margen de tiempo, además de legal, dentro del margen real de la situación, pues para mejor proveer no será posible realizar ninguna prueba en esta forma, de un día para otro.

 

“Por ejemplo, el señor Carlos Sáenz Bellanger no estaba cuando se le entregó la cita, no estaba ni en su trabajo, ni en su casa, y el término que dio en la cita es de un día para otro, que habrá que citarlo nuevamente.

 

“En cuanto a los señores capturados (los 45 capturados en el lugar del incendio criminal) y muchos de ellos reincidentes, pido a su autoridad que cite a los cuarenta y cinco capturados para que amplíen sus declaraciones, cuyos nombres aparecen en el Expediente, y al señor César Augusto Cardenal  Caballero, para que amplíe su declaración, de conformidad con la que aparece en el Folio 192 del Expediente.

 

“También amplió su declaración, según rola en el Folio 243, José Leoncio Cardenal Caballero, de manera que ambas tienen y deben tomarse a favor de los ofendidos, ya que señalan y conocen perfectamente en estas ampliaciones al señor Henry Núñez, alias “pelón” (Folio 243 del Expediente).

 

“También debe tenerse como prueba a favor de los ofendidos la ampliación de la declaración que aparece en el Folio 199 del Expediente, rendida por José de la Cruz Cardenal Vicente.

 

“Debe ser ampliada la declaración que aparece en el Folio 534 del Expediente, rendida por Marcia Cabrera Lacayo, empleada de Pablo Emilio Barreto, a quien iban a quemar los invasores, de conformidad con la declaración y hechos del catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

 

“Debe ampliar su declaración el capturado y que también invadió los apartamentos, Carlos  José Velásquez Hernández, de calidades conocidas de todos en autos y que rolan sus nombres en el Expediente, casi todos los citados viven en Ticuantepe, o sea, fuera de Managua, razón por la cual le pido un margen de tiempo prudencial para su comparecencia, en vista de ser trabajadores, que a veces no se encuentran en el lugar.

 

“También amplió su declaración, que aparece en el Folio 92, Miguel Ángel Cardenal Caballero, quien vio a Henry Núñez echar la gasolina. A la mujer que dice que Henry Núñez andaba con el galón. Declaración que debe tenerse a favor de los ofendidos, ya que la confesión es la reina de las pruebas.

 

“Debe citarse a su despacho a declarar a José Fidel Leiva López, quien identifica al escolta de Frutos Chamorro. Debe citarse a declarar también a Eduardo José Avendaño, quien identifica a Henry Núñez (Folio 200 del Expediente).

 

“Yo pedí el día de ayer citar a todos los capturados y que confesaron la manera como fueron llevados a los apartamentos por contrato de los agentes de Frutos Chamorro, de manera que para mejor proveer deben ser citados estos señores para que amplíen su declaración, excepto los que ya lo hicieron, y sobre todo a la esposa o compañera de Pablo Rivas, quien aparece también declarando en la Policía, y que rola su declaración en el Expediente, quien dice que Pablo Rivas era o es empleado de la Embajada Norteamericana, y que fue uno de los más importantes agentes de Frutos Chamorro en la localización de la gente que invadiría los apartamentos, lo cual sucedió de manera premeditada y alevosa, con gran ventaja.

 

“Pedí también ya el Oficio para Migración para que diga esta Oficina el movimiento migratorio del señor Frutos Chamorro y el señor Jimmy Najman Perezdiez. Como de conformidad con la Ley, las pruebas documentales pueden presentarse en cualquier estado del proceso, presentaré pruebas documentales contundentes par3a mejor proveer.

 

“Pido que cite a su despacho a declarar a Juan Pablo Hernández, a Brenda Enríquez de Hernández, Silvia Ortega Rosales, Jaime Aguilar Pacheco y Luz Marina Artola, lo mismo que a Víctor Manuel Aguirre Baltodano, todos de calidades conocidas en autos.

 

“Pido que cite a su despacho a los señores César Augusto Cardenal, Guillermo A. Zelaya, José Leoncio Cardenal, César Augusto Centeno, Sebastián Canda, Pablo Antonio Rivera, José E. Cardenal, Ulises Santos López, Manuel Reyes Leiva, Domingo José Sinclair Martínez, Roberto Antonio Cardenal, Marvin Antonio Cerna, Miguel Ángela Cardenal, Ernesto Javier Ruiz Pérez, Nelson E. Vargas, Eduardo José Avendaño, Salvador Cardenal, Marlon Antonio García López, y reto de capturados, que en mi acusación aparecen como cómplices, todos de calidades conocidas en autos.

Doctora Dinorah Parrales Parrales, abogada acusadora”.

 

Procuradora se prepara para Tribunal de Jurados

 

Por su lado, la doctora  Blanca Rosa Calero C., Procuradora Auxiliar Penal de Managua, casi al mismo tiempo, le comunica a la jueza Rosario Altamirano López, en el siguiente documento oficial, el cual aparece en el Folio 933 del Expediente, o Juicio 120/94:

 

“Soy Blanca Rosa Calero, de generales en auto y en mi calidad de Procuradora Auxiliar Penal, comparezco y expongo: Me refiero a la causa No. 120 Henry Núñez, Pablo Rivas y otros, por el delito de incendio y otros estragos, en perjuicio de Pablo Emilio Barreto y otros.

 

“He sido notificada para contestar las segundas vistas de Ley, en base al art. 25 de la Ley No. 164, Reforma al Código de Instrucción Criminal, me persono y las contesto así:  Ante el Honorable Tribunal de Jurados haré mis alegatos sobre la responsabilidad de los procesados.

 

Pido correr las vistas con la defensa. Renuncio al resto del  término. Señalo para notificaciones las Oficinas de la Procuraduría Penal.

Dra. Blanca rosa Calero”.

 

Inmediatamente, la jueza Altamirano López, envía una comunicación oficial del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, cuya titulara era ella, a las doctoras Dinorah Parrales y Blanca Rosa Calero, el seis de diciembre de 1995, la cual, en forma lacónica, dice lo siguiente:

 

“Pasen segundas y últimas vistas con la parte acusadora, doctora Dinorah Parrales, por el término de tres días, de conformidad con el artículo 228 de la Ley 164. Notifíquese. R. Altamirano López, juez.— J. Roque López, secretaria”.

 

Esto indicaba que por instrucciones de la jueza Rosario Altamirano López, esta pandilla de incendiarios criminales y asesinos frustrados, iban ya para Jurado y que pronto serían condenados, aunque en el caso de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas y Jimmy Najman Perezdiez, en ausencia, pues andaban prófugos, mientras los 45 capturados en el lugar de los hechos (casi todos del Municipio de Ticuantepe, Departamento de Managua) tenían en “libertad condicional”, porque el juicio continuaba su curso en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

Sin embargo, también corrían “diligentes” las gestiones de políticos somocistas y de los abogados Ricardo Gómez Marenco y Daniel Olivas Zúniga (este último fue defensor de guardias genocidas en la época de la dictadura somocista), ante dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, para que fuese declarado “nulo” todo lo actuado por la jueza Altamirano López.

 

Uno de los argumentos presentados por políticos somocistas, para que estos abogados los llevasen a la práctica, era que la jueza Altamirano López se había “parcializado” a favor de las víctimas u ofendidos por el incendio criminal y asesinatos frustrados.

 

Ricardo Gómez Marenco y Daniel Olivas Zúniga habían sido nombrados “defensores de oficio” por la misma jueza Altamirano López para que los 45 detenidos o capturados no quedaran “indefensos” los pobrecitos cómplices de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca, Juan Pablo Rivas y en la última etapa, Jimmy Najman Perezdiez.

 

Sin embargo, estos dos personajes desde el comienzo no ocultaron su simpatía plena y defensa a favor de los incendiarios Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro. Mientras el juicio se desarrollaba normalmente en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, ellos, especialmente Gómez Marenco, promovieron una acción apelación a favor de los incendiarios prófugos ante los dos magistrados del Tribunal de Apelaciones: Alfonso Dávila Barbosa y Marta Lorena Lacayo, en la Sala Penal, a pesar de que los delitos cometidos durante el incendio criminal no admiten ni apelación, ni fianza, según alegó la doctora Dinorah Parrales Parrales, quien citó los artículos de las leyes penales correspondientes.

 

Estas acciones de apelaciones se produjeron entre los meses de octubre y diciembre de 1995, mientras la jueza Altamirano López proseguía su trabajo judicial conforme los Códigos de Instrucción Criminal y Penal.

 

Y además, Ricardo Gómez Marenco apareció en el Juzgado como “defensor” de Frutos Chamorro Argüello, a pesar de que, según los alegatos de la doctora Parrales, la Ley correspondiente no admite que acusados por este tipo de delitos incendiarios y prófugos de la Justicia, no pueden nombrarse abogados hasta que se entregan ante la Policía o ante el juez correspondiente.

 

Según la doctora Dinorah Parrales, a ella nunca le notificaron ni el escrito de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala Penal, integrada por tres magistrados: Alfonso Dávila Barbosa, Marta Lorena Lacayo Saballos y Armengol Cuadra López, sandinista, quien se opuso a estas maniobras sucias e ilegales de estos magistrados mencionados. Tampoco la sentencia de “fianza” a favor de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro, prófugos de la Justicia, le fue presentada a la doctora Parrales.

 

Además, celebrando esta suciedad legal, el abogado Gómez Marenco introdujo el día 22 de enero de 1996  un escrito ante la doctora Rosario Altamirano López, Jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, dándole a conocer que él era poseedor de la “sentencia” de “nulidad” del juicio 120/94, emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, en realidad por dos magistrados liberales.

 

En su parte más esencial el escrito de Ricardo Gómez Marenco, dice textualmente lo siguiente (Folio 937 del Expediente Judicial):

 

“De conformidad con la certificación que acompaño al presente escrito en original, demuestro que por sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Apelaciones, Región III, Sala del Crimen, a las doce y cincuenta minutos de la tarde del día quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, tal Honorable Tribunal resolvió declarar la “nulidad” de todo lo actuado dentro del juicio promovido en contra de mi defendido Frutos Chamorro y otros.-

 

“Petición”

 

Por todo lo expuesto anteriormente, le pido a usted respetuosamente “ordene suspender” la tramitación que se sigue dentro del juicio referido anteriormente, el cual estaba programado para llevarlo a Jurado.- Todo lo que le pido es con los respetos que su digna autoridad se merece y ajustado a Derecho”.

 

“Edificios quemados eran moradas de personas o familias”

 

El Tribunal de Apelaciones de Managua, o Región III, o sean los magistrados Alfonso Dávila Barbosa y Marta Lorena Lacayo Saballos, con el disentimiento del también magistrado sandinista Armengol Cuadra López, emitió, o emitieron el quince de diciembre de l995, la resolución para declarar “nulo” “todo lo actuado” por la jueza Rosario Altamirano en relación a este juicio criminal contra los maleantes incendiarios criminales y asesinos frustrados, jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

La doctora Dinorah Parrales dijo en aquellos días que a ella no le habían notificado esta “resolución”, la cual, al parecer, tuvo implicaciones políticas, pues los dos magistrados referidos tenían inclinaciones liberales, mientras Arnoldo Alemán Lacayo, conocido ladrón somocista del país, andaba en campaña por la presidencia de la República, en representación de su Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

 

Esta “resolución” del Tribunal de Apelaciones, o de los dos magistrados referidos, le fue comunicada oficialmente a la jueza Altamirano hasta el 25 de enero de 1996.

 

Sin embargo, como vimos anteriormente, el abogado Ricardo Gómez Marenco hasta se ufana de tenerla en sus manos cuando el 22 de enero de 1996 (tres días antes de la notificación a la jueza Altamirano López) introduce la petición de “ordene suspender” la tramitación que se sigue dentro del juicio referido anteriormente, el cual estaba programado para llevarlo a Jurado”.

 

La doctora Aura Doña Gutiérrez, secretaria de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Región III, emitió una certificación sin fecha de la mencionada “resolución”, y es precisamente la doctora Doña Gutiérrez quien le remite esta “resolución” a la jueza Altamirano López hasta el día 25 de enero de 1996, cuya carta de remisión aparece en el Folio 939 del Expediente de la causa judicial 120/94.

 

La misma “resolución” tuvo que admitir que el doctor Armengol Cuadra López, magistrado sandinista,  “disiente”, es decir, se opone a declarar “nulo todo lo actuado” por la jueza Altamirano y el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

En lo más esencial de ese “disiente”, Armengol Cuadra López sostiene lo siguiente, según el texto de la “resolución”, colocada en el Folio 938 del Expediente judicial:

 

“Hay suficientes elementos de prueba, que amerita que se dicte Auto de Segura y forma Prisión en contra de los procesados. Hay testificales que corren en los Folios 272, 274,  275, 277, 286, 302, 309, 310 y 319 y demás elementos de prueba que demuestran que los hechos investigados merecen penas más que correccionales.

 

“Por consiguiente, es competente el Juez de la causa y que debió aplicar los arto. 318 y 319 inco. 1 Pn. Hay que recordar que los edificios quemados eran moradas de personas o familias. Que este hecho delictivo marca un precedente negativo para desalojar una persona o familias”.

 

En el “por tanto” ni en el “resuelven”, los magistrados mencionados no mencionan a los procesados por el incendio criminal, ni a sus víctimas, no dicen que los victimarios o incendiarios andaban prófugos de la Justicia y, por supuesto, tampoco mencionan el incendio criminal. Es precisamente en el “disiente” de Armengol Cuadra López en que queda plasmada la barbarie criminal que estos  magistrados pretendieron ocultar, al afirmar Cuadra lo que queda dicho en el párrafo anterior: “Hay que recordar que los edificios quemados eran moradas de personas o familias. Que este hecho delictivo marca un precedente negativo para desalojar una persona o familias”.

 

Lo más esencial de esa “resolución” bochornosa de los magistrados Dávila Barbosa y Lacayo Saballos, incluida el “disiente” del doctor Armengol Cuadra López, dice lo siguiente:

 

“Por tanto: Los suscritos magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, resuelven:

 

I.- En base a las disposiciones pertinentes de la Constitución Política de Nicaragua y a los artos. propios de la Instrucción Criminal y 317 del Código Penal y Ley 164 de Reforma Procesal Penal, se declara de “Nulidad” todo lo actuado por no ser de la competencia del Juzgado de Distrito que conoció de la presente causa su competencia para su tramitación y resolución con el Auto de Prisión apelado; II.- Así queda resuelta la apelación formulada por el abogado defensor de autos Dr. Ricardo Gómez Marenco, y cópiese, notifíquese y devuélvanse las diligencias a su Juzgado de origen.-

 

“Disentimiento: Disiente el Dr. Armengol Cuadra López, magistrado de la Sala  Penal del Tribunal de Apelaciones de la Región III, del criterio de los doctores Alfonso Dávila Barbosa y Marta Lorena Lacayo Saballos, porque considera que hay suficientes elementos de prueba, que amerita se dicte Auto de Segura y Forma Prisión en contra de los procesados. Hay testificales que corren en los folios 272, 274, 275, 277, 286, 302, 309, 310, 316 y 319, y demás elementos de prueba que demuestran que los hechos investigados merecen penas más que correccionales. Por consiguiente, es competente el Juez de la causa y que debió aplicar  los  art. 318 y 319 inc. 1 Pn. Hay que recordar que los edificios quemados eran moradas de personas o familias. Que este hecho delictivo marca un precedente negativo para desalojar a una persona o familias”.

 

Este mismo documento o “resolución” del Tribunal de Apelaciones de Managua, o de los dos magistrados referidos, le fue remitido a la jueza Altamirano López el 25 de enero de 1996, y aparece en el Folio 939 del Expediente judicial No. 120/94, relacionado, como digo, con este incendio criminal intencional y de asesinatos frustrados.

 

Jueza Altamirano “noqueada” por sus jefes

 

Ese mismo 25 de enero de 1996, día en que la doctora Doña Gutiérrez, secretaria de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, notificó la “resolución” de los dos magistrados mencionados, la jueza Altamirano López asimismo escribió una nota oficial lacónica, muy corta, ubicada en el Folio 940 del Expediente judicial, relacionado con el Incendio criminal intencional, la cual dice textualmente:

 

“Vista la trascripción resolutiva que antecede, enviada por el Tribunal de Apelaciones y recibida el día veinticinco de enero del presente año, a las once y quince minutos  de la mañana; cúmplase con lo resuelto por el Honorable Tribunal de Apelaciones, en consecuencia declárase nulo todo lo actuado, y remítanse las presentes diligencias al Juzgado Sexto Local del Crimen de Managua. Notifíquese y cúmplase. Rosario Altamirano López”.

 

Según este “cúmplase”, el juicio sonadísimo por este incendio criminal intencional, que inicialmente estuvo radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, a cargo del juez Boanerges Ojeada, pasaba ahora, con el “declárase nulo todo lo actuado”, a un Juzgado Local del Crimen, es decir, un Juzgado subordinado al Juzgado de Distrito correspondiente.

 

Casación por impunidad de criminales

 

El 29 de enero de 1996, cuatro días después de la notificación oficial del Tribunal de Apelaciones a la jueza Altamirano López, la doctora Dinorah Parrales P., defensora de las víctimas y ofendidos por el incendio criminal intencional, presentó, ante la misma titular del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua, el siguiente escrito, ubicado en los folios 943, 944 y 945.

“Fui notificada del auto en que su autoridad “anula” todo el proceso incoado en contra del señor Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez y otros, que fueron procesados en su despacho por acusación por mis poderdantes y que rola en el Expediente, por la comisión de delitos de incendio y otros, en donde declararon cuarenta y cinco detenidos en el lugar de los hechos y quienes confesaron haber sido contratados para realizar tal acción que culminó con el acto criminal realizado en contra de los habitantes de los apartamentos del kilómetro once Carretera Sur, conocida tal acción por todos los nicaragüenses que estuvieron al tanto de estos hechos.

 

“La anulación hecha por usted fue en base a la… (espacio en blanco)… dictada por el Honorable Tribunal de Apelaciones de Managua, que en su parte resolutiva declara nulo todo el proceso “por no ser competencia del Juzgado” de Distrito que conoció de la presente causa, sentencia en la que disiente el magistrado doctor Armengol Cuadra López, porque considera que hay suficientes elementos de prueba, que amerita que se dicte Auto de Segura y Formal Prisión en contra de los procesados, de conformidad con las testificales que corren en los folios 272, 274, 275, 277, 286, 302, 309, 310, 316 y 319, y demás elementos de prueba que demuestran que los hechos investigados merecen penas más que correccionales.

 

“Por consiguiente (dice textualmente el “Por lo tanto”: es competencia del jueza de la causa y que debió aplicar los artos. 318 y 319 inco. 1 Pn. Y dice más: “Hay que recordar que los edificios quemados eran moradas de personas o familias. Que este hecho delictivo marca un precedente negativo para desalojar a una personas o familias”.

 

“He recurrido de casación por no estar conforme con dicha sentencia, porque de conformidad con el Arto. 448 Pr. pido a usted reposición de auto, de las once y treinta minutos de la mañana del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, dictado por su autoridad, por las razones siguientes:

 

“I.- El Honorable Tribunal  ha dictado una sentencia en la que dos honorables magistrados declaran la nulidad de todo lo actuado y otro respetable también magistrado que conoció del caso, disiente por razones legales contenidas en el voto razonado.

 

“II.- “Yo, como parte acusadora y en representación de mis poderdantes, he recurrido ante el Honorable Tribunal de casación. De manera que el proceso no ha terminado y está pendiente de un recurso que será resuelto, si es admitido por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

 

“III.- Declarar nulo el proceso en vista de la sentencia mencionada anteriormente y que fue enviada a su despacho, según expediente No. 341-94, sin que haya terminado el proceso, por estar pendiente de la resolución de un recurso como es el de casación, es improcedente por cuanto la Corte Suprema de Justicia emitirá una sentencia una vez resuelto el recurso de casación en el fondo introducido ante el Honorable tribunal de Apelaciones, Sala Penal, de esta Ciudad de Managua.

 

“IV.- La loza sepulcral  del proceso todavía no se ha cerrado y no ha muerto este proceso, porque la acción procesal penal está en función de la resolución de un recurso ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y todavía no puede hablar mucho menos de “cosa juzgada”. Por lo que habiendo sido anulado el autor de prisión, se suspende por el momento la fase plenaria en espera de la resolución que dicte la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Pero no cabe dictar nulidad de proceso todavía porque falta el dictamen jurídico que implícitamente aparecerá en los considerando y parte resolutiva de la sentencia que se emita al final.

 

“Por lo que pido a usted que se reponga el auto en el sentido de que debe decir que se suspende la tramitación del proceso plenario mientras la Excelentísima Corte Suprema de Justicia emite una sentencia sobre este caso en base al Recurso de Casación introducido ante el Tribunal de Apelaciones de Managua,  Sala Penal, el día de hoy veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis.

 

Señalo para notificaciones la Farmacia San Guillermo, en esta Ciudad de Managua, que cita de los semáforos de Linda Vista dos cuadras y media arriba. Dinorah Parales Parrales”.

 

Después de recibir este escrito de la doctora Parrales, la jueza Rosario Altamirano López envió estos argumentos legales de nuestra abogada defensora a la Corte Suprema de Justicia, mediante un documento llamado “un suplicatorio”, solicitándole sobre lo aseverado por la doctora Dinorah Parrales”.

 

Después, el 27 de febrero de 1996, a las once de la mañana, la jueza Altamirano López envía una nota de tres líneas, a la doctora Parrales, la cual dice textualmente:

 

“Se cita y emplaza a las partes para que concurran ante el superior respectivo a hacer uso de sus derechos dentro del término de Ley. Notifíquese. Rosario Altamirano López.

 

Tribunal rechaza recurso de casación, ¿por qué?

 

En el Folio 947 aparece un escrito de la doctora Miriam Rubí de Solís, secretaria de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua (ya no es la doctora Doña Gutiérrez la secretaria, según este documento). Es una remisión oficial, dirigida a la Jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, doctora Rosario Altamirano López, el día 20 de marzo de 1996, el cual dice textualmente:

 

“Expediente No. 341/94 (Este caso de incendio criminal tiene otro número en el Tribunal de Apelaciones de Managua): “Para su cumplimiento y demás efectos de Ley, le transcribo el auto que íntegra y literalmente dice:

 

“Tribunal de Apelaciones, Región III,  Sala de lo Criminal, Managua, catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, las tres y cuatro minutos de la tarde.-

 

“Vistos los escritos presentados por la doctora Dinorah Parrales, en su calidad de abogado acusador apelado, de fecha veintiséis y veintinueve de enero del año en curso, de las doce y veinte minutos, una; y veintiséis minutos de la tarde, respectivamente,  en el primero solicita Certificación de la Sentencia dictada por esta autoridad el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a las doce y cincuenta minutos de la tarde y en el segundo interpone Recurso Extraordinario de Casación en contra de la  sentencia antes mencionada; la Sala de lo Penal ordena mándese a oír dentro del  tercero día a la parte contraria de conformidad al Arto. 37 Pr. De Nicaragua, referente a la Certificación de la Sentencia precitada, sobre el pretenso Recurso de Casación, se resuelve:

 

No ha lugar al Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la Dra.  Parrales, por ser improcedente de conformidad a los artos. 2055 y 2072 Pr. De Nicaragua. Asimismo, visto el escrito presentado por el Dr. Ricardo Gómez Marenco, en su calidad  de abogado defensor apelante de los procesados Frutos chamorro y otros, de fecha seis de marzo del año que decursa,d e la una y cinco minutos de la tarde en el que expone:

 

“…que interpuso Recurso de Apelación de Auto dictado por el Juez Sexto de Distrito del Crimen de Managua, y el cual fue admitido indebidamente en un solo efecto; por lo que la Sala de lo Penal orden girar oficio a la Juez Sexto de Distrito del Crimen de Managua, para que envíe a este Tribunal de Apelaciones, Sala Penal, el original del Expediente No. 341/94, relativo al Juicio en contra del señor Frutos Chamorro y otros, por el supuesto delito de incendio y otros, en perjuicio de los señores Pablo Emilio Barreto, Alejandro Rodríguez y otros, para analizar y revisar lo que corresponde y dictar lo relativo a la admisión en ambos efectos de Apelación del Auto como solicita el Dr. Gómez Marenco. Notifíquese.  Alf. Dávila Barbosa. (F) M. LACARAUZ, (F) M.R. Solís”.

 

¿Impunidad total? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto?

 

Esta vez quien remitió este escrito a la Jueza Rosario Altamirano López fue la Dra. Miriam Rubí de Solís, secretaria de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones.

 

Como puede verse ,  estos otros magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, o Región III, identifican el Expediente judicial sobre el juicio a los incendiarios criminales con el número 341/94, mientras en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen tenía la identidad de 120/94.

 

Además, era tal el descuido o negligencia de los magistrados mencionados y de la secretaria de actuaciones en la Sala Penal, que el nombre de Julio Alejandro Toribio Díaz (propietario del Apartamentos No. 2, quemado parcialmente) es identificado como “Alejandro Rodríguez” en la parte final de la resolución o sentencia de “No ha lugar” al Recurso Extraordinario de Casación, presentado por la doctora Dinorah Parrales Parrales. Esto indica que ni siquiera leyeron con atención el Expediente Judicial, y sencillamente se lanzaron a favor de los incendiarios criminales y en contra de las víctimas del incendio, del intento de desalojo violentísimo y de los intentos de asesinato en contra de varios moradores de los Apartamentos, según queda establecido plenamente en el Expediente Judicial y los intentos asimismo de matar a la doctora Dinorah Parrales, defensora de nuestra causa y acusadora en representación de las seis familias de los Apartamentos Argüello, ubicados en el kilómetro once de la Carretera Sur.

 

Además, si nos fijamos atentamente en esta “resolución” o “sentencia” del Tribunal de Apelaciones de Managua, sus magistrados sólo dicen “no ha lugar” al Recurso Extraordinario de Casación, pero no le indican a la Jueza Altamirano López hacia dónde o qué Juzgado Criminal debe enviar las diligencias del Juicio, para que continúe, pues inclusive el Juicio iba ya para plenario y Jurado, para que estos criminales incendiarios, pandilleros como dice la doctora Parrales, pues al intento de desalojo violentísimo llevaron 180 matones, 45 de los cuales fueron capturados en el propio escenario del incendio, y quedó demostrado también que Henry Núñez Abarca tenía como parte de los planes matar allí mismo a Pablo Emilio Barreto Pérez y a la doctora Dinorah Parrales Parrales.

 

¿”Declarar nulo todo lo actuado” por la Jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua y el “no ha lugar” al Recurso Extraordinario de Casación fue, acaso, parte de algún plan?, pues uno se queda realmente asombrado ante este comportamiento de jueces al nivel de magistrados de un Tribunal de Apelaciones, porque en este caso hubo un incendio criminal intencional, intento de desalojo violentísimo, para lo cual fueron usados casi 200 hombres, algunos de ellos armados y con antecedentes delictivos, hubo intentos de asesinato mientras desataban la quema de los Apartamentos Nos. 1 y 2, fueron capturados por la Policía Nacional 45 de los hechores en el mismo lugar de los hechos.

 

La inmensa mayoría de estos 45 capturados confesaron, inclusive, su participación en los hechos incendiarios, relataron detalladamente cómo fueron contratados, quiénes los contrataron, por qué cantidad de dinero los contrataron, la Policía les encontró armas de fuego y numerosos cuchillos, machetes, palos, botellas con combustible, en el mismo lugar de los hechos, quedó comprobado, Henry Núñez Abarca y muchos de los casi 200 hombres que conducía personalmente, amenazaron de muerte a la doctora Dinorah Parrales, a Julio Alejandro Toribio Díaz, a Juan Pablo Hernández Cruz, y gritaban histéricos que buscaran a Pablo Emilio Barreto Pérez para quemarlo y matarlo, porque mucho “jodía” defendiendo a miles de familias desalojadas (y amenazadas con desalojos en todo el país) por medio del Diario BARRICADA.

 

Hubo numerosos testigos que vieron a Henry Núñez Abarca portando bidones con combustible (gasolina). Existe la versión testifical directa de Marcia Lorena Cabrera Lacayo, quien era trabajadora doméstica en el Apartamento No. 1, en cuyo interior vio personalmente cómo Henry Núñez Abarca (a quien identificaron como “el pelón”, gordo y de camisa roja) y quienes le acompañaban, echaban o rociaban el combustible (gasolina) dentro del Apartamento.

 

Existe en el voluminoso Expediente Judicial la versión oficial de la Policía Nacional, cuyos investigadores oficiales relataron detalladamente cómo fueron atrapados los 45

Capturados, cómo y dónde encontraron las botellas con mechas y residuos de combustible.

Existen las versiones oficiales de la Dirección General de Bomberos y del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional (ambas instituciones pertenecientes al Ministerio de Gobernación), cuyos peritos hicieron investigaciones minuciosas en lo que fue el interior del Apartamentos No. 1, donde encontraron que el incendio criminal fue provocado por el uso de combustible (gasolina), cuyo regado por parte de Henry Núñez Abarca y su grupo de compinches fue visto personal y directamente por Marcia Lorena Cabrera.

 

Además, en este voluminoso Expediente Judicial hay un relato pormenorizado de las agresiones o antecedentes, amenazas de muerte, daños graves en vehículos y Apartamentos, planes con pagos de diez mil dólares “por cabeza” para matar a los vecinos Jaime Aguilar Pacheco, a Julio Toribio Díaz, a Wilmar Suárez y a Juan Pablo Hernández Cruz. Todo está denunciado y documentado en la Estación III de la Policía Nacional y en Juzgados del Crimen de Managua, todo lo cual está escrito y relatado al detalle en este mencionado Expediente Judicial.

 

Entonces, uno como víctima de estas acciones criminales, encaminadas inclusive a intentos de asesinato, más incendio, intentos de desalojo violentísimos como la quema de los Apartamentos en el kilómetro once de la Carretera Sur,  se pregunta:

 

¿Por qué declararon “nulo todo lo actuado” en este Juicio criminal, habiendo tantas pruebas, por centenares, confesiones, testigos directos, peritajes y dictámenes oficiales irrebatibles, capturados confesos, cuando el propio autor  en declaraciones públicas a radioemisoras y cartas en los periódicos, llegó al colmo de afirmar que volvería a prender fuego a los apartamentos, si fuese necesario?

 

¿Fueron sólo “parcializaciones” descaradas a favor de los hechores o incendiarios, o hubo algo más por parte de magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua?

¿Por qué no se continuó el Juicio? ¿Por qué no fueron capturados los tres prófugos: Frutos chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro?

 

¿Por qué siendo prófugos  de la Justicia y declarados ya en “rebeldía” después de la publicación de los edictos de la Jueza Altamirano, se les admitió Apelación y Fianza por delitos de Orden Público?

 

¿Por qué se impidió que este Juicio por el incendio criminal llegara al final?

 

¿Por qué el Tribunal de Apelaciones sólo sentenció “no ha lugar al Recurso Extraordinario de Casación” y no mandó a continuar el Juicio ya fuese en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen o en otro Juzgado del Crimen de Managua?

 

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia guardó silencio sobre este encandalosísimo caso de incendio criminal intencional, intento de desalojo violentísimo con casi 200 hombres, al margen de lo que dice la Ley sobre la compañía de la Policía a un judicial (en este caso la jueza Ruth Chamorro Martínez), y además que implicó intento de asesinato mientras ocurrían los hechos incendiarios en los Apartamentos Argüello del kilómetro once de la Carretera Sur, aquel 14 de abril de 1994?

 

En aquellos momentos entre abril de 1994 y primeros meses de 1996, el gobierno chamorrista de Violeta Barrios viuda de Chamorro, derechista, conservador, neoliberal, prosomocista y proyanqui, se negaba a sancionar o aprobar la Ley Antidesalojos, mientras en Nicaragua continuaban los desalojos en contra de las 300,000 familias beneficiarias de las Leyes 85, 86 y 88 (Casas, Lotes y Tierras de Reforma Agria en Cooperativas agrícolas y agropecuarias).

 

¿Tuvo algo que ver el gobierno de Violeta Barrios viuda de Chamorro en alentar estos desalojos violentísimos e incendiarios como el emprendido por Frutos Chamorro Argüello, quien hasta decía que era “parienta” de la presidenta Barrios-neoliberal y conservadora?

 

Arnoldo Alemán Lacayo, quien había sido Alcalde ladrón en Managua, y eran en esos momentos candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, no ocultaba su felicidad con la promoción de desalojos masivos en Nicaragua, y Frutos Chamorro Argüello afirmaba que contaba con la amistad y el apoyo de Alemán Lacayo en las “lides” o acciones emprendidas contra sus víctimas en los Apartamentos Argüello del kilómetro once de la Carretera Sur.

 

Se denunció en esos días que Alemán Lacayo instigó e intrigó, y se reunió con jueces civiles venales, y alentó, supuestamente, para que se produjera el desalojo violentísimo en los Apartamentos Argüello. ¿Alemán Lacayo se involucró directamente en el intento de desalojo?

 

¿Este caso de incendio criminal fue dejado en la impunidad total? ¿Este caso es parecido a la liberación de los narcotraficantes de hace poco tiempo (2009 y 2010)?

 

¿Es posible que un acontecimiento que estremeció a la opinión pública nacional, quede impune totalmente, sin resolver? ¿Qué explicación tienen los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia?

 

La doctora Parrales todavía intentó convencer a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua sobre la barbaridad que cometieron, especialmente tomando en cuenta los argumentos de “disentimiento” del magistrado  Armengol Cuadra López, quien también era miembro del Tribunal de Apelaciones de Managua, en ese momento.

 

Casación contra magistrados

 

La doctora Parrales todavía presentó el siguiente escrito:

 

“El día viernes veintiséis de enero del corriente año fui notificada personalmente de la sentencia de las doce y cincuenta minutos de la tarde del quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en la que Vos Honorable Tribunal de Apelaciones declaráis la nulidad  de todo lo actuado por no ser competencia del Juzgado de Distrito que conoció de la presente causa de conformidad según sentencia, con la apelación formulada por el abogado defensor de autos, Dr. Ricardo Gómez Marenco.

 

“Constan también en dicha sentencia, parte resolutiva, el disentimiento del Dr. Armengol  Cuadra López, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua,  por considerar que hay  suficientes elementos de prueba, que amerita que se diera Auto de Prisión en contra de los procesados.

 

“Todo esto en relación al proceso que se instruyó en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua en contra del señor Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez y otros, por los delitos de incendio y otros, en donde hay reos confesos y abundantes pruebas.

 

“No estoy conforme con dicha sentencia dictada por Vos, Honorable Tribunal, por lo que recurro de Casación contra ella. Interpongo Recurso de Casación en el Fondo y baso mi recurso en las siguientes causales:

 

“Causal 1 del arto. 205 PR y considero como infringidos los artos. Constitucionales siguientes: 36 Cn., 44 Cn., 46 Cn., 61 Cn. Y 103 Cn.

“Causal 2 del arto. 205 Pr., y considero infringidos los artos. 48 In., arto. 20 Pn.-1117 Pr., 1115 Pr., 1127 Pr., 317 Pn., 293 Pn., 295 Pn., 493 Pn.,496 Pn., 497 Pn., y 154 Pn.

 

“Causal 2 del arto.  205 Pr. por considerar como infringidos los artos. 1200 Pr., 1203  Pr., 1233 Pr., 1236 Pr., 1262 Pr., 1263 Pr., 1273 Pr., 1274 Pr., 1295 Pr.

 

“Causal 7 del arto. 2057 Pr. Considero infringidos los artos. 1255 Pr., 54 In., 66 In., 69 In., 83 In., 92 In., y 94 In.

 

“Causal 8 del arto. 2057 Pr., por considerar como infringidos los artos. 149 In., 152 In., 170 In., 163 In., 371 In., arto. 192 In., y 1255 Pr.

 

“Causal 5 del arto.  2057 Pr. , por considerar infringidos 605 In., y 485 In.

 

“Pido de las maner3a más respetuosa admitir libremente este Recursos y hacerme el debido emplazamiento para hacer uso de mis derechos ante el Tribunal, o sea, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

 

“Señalo para notificaciones la Farmacia San Guillermo, ubicada de los semáforos de Linda Vista dos  cuadras arriba, en esta Ciudad de Managua. Dra. Dinorah Parrales Parrales”.

 

Por supuesto, este escrito de Recurso de Casación ante el mismo Tribunal de Apelaciones, o los magistrados implicados en el asunto, no fue respondido a la doctora Parrales Parrales, pues no aparece ninguna respuesta en el Expediente del Juzgado Sexto de Distrito del Crimen de Managua.

 

Abordaje noticioso y titulares de diarios nacionales

 

Al relatar detalladamente cómo ocurrió el asalto gansteril a los Apartamentos, “pandillesco” como dijo el jefe de la Policía Nacional, Comandante Fernando Caldera Azmitia,  inmediatamente, casi al instante, se desató un oleaje de cobertura periodística en Managua y todo Nicaragua, pues este intento de desalojo violentísimo más incendio criminal intencional, más intentos frustrados de asesinatos, provocó un aluvión de protestas del Secretario General del FSLN, Daniel Ortega Saavedra; de diputados de todas las tendencias, de dirigentes comunitarios, de la Unión de Periodistas de Nicaragua, de profesionales, de asociaciones de abogados, profesores universitarios, estudiantes universitarios, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y hasta jueces colegas de Ruth Chamorro Martínez también protestaron, y al mismo tiempo, todos estos sectores sociales, políticos y académicos, exigieron que la Corte Suprema de Justicia mandara a destituir a la jueza Chamorro Martínez, quien descaradamente, hasta con anuncios pagados en periódicos, confesó que allí estuvo, en el sitio del incendio, según ella entregando los apartamentos al “representante” de Jimmy Najman Perezdiez.

 

Al instante, cuando estaba ocurriendo el incendio criminal, llegaron periodistas y fotógrafos de los Diarios BARRICADA y El Nuevo Diario, de televisoras locales de Managua (Canales 4, Seis y Ocho, por ejemplo), reporteros de radioemisoras o radionoticieros de Radios como la Radio Ya, Radio Sandino, Radio 580, Radio La Primerísima, Radio 800, Radio Corporación, Radio Mundial, Radio El Pensamiento, y también una lluvia de llamadas telefónicas de solidaridad al Diario BARRICADA, solidarizándose conmigo y con el personal del periódico BARRICADA, donde yo laboraba y laboré desde su fundación hasta el día de su cierre el 21 de febrero de 1998.

 

Asimismo, se desató una ola de solidaridad espontánea de decenas de miles de nicaragüenses, los cuales llamaban al Diario BRRICADA, a noticieros radiales, especialmente a los de las Radios Ya, Sandino, Primerísima y 580, expresando su solidaridad con mi familia y conmigo, pues había causado espanto entre la ciudadanía en general el relato de que a mi hija Sofana Orquídea, de apenas diez meses de edad, casi fue quemada por la pandilla de 180 matones de Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

Al Radio Ya, por ejemplo, acudí dos días seguidos, invitado por Denis Shwartz Galo, cuando abordaban el tema del incendio criminal intencional, mientras la gente común y corriente, profesionales, técnicos, amigos, vecinos, dirigentes comunales y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, diputados de distintas tendencias en la Asamblea Nacional, abogados, periodistas, etc., no cesaban de llamar a los programas noticiosos y tipo revista de estas radioemisoras.

 

En estos medios informativos llovían, como aludes indetenibles, las acusaciones contra estos vándalos, gánsteres criminales, incendiarios, que además, andaban impunes, prófugos, y que al final quedaron totalmente impunes gracias a las maniobras judiciales sucias, contra ordenamiento jurídico nacional,  registradas en el Tribunal de Apelaciones de Managua.

 

Deseo dejar claro que esta ola de solidaridad ciudadana con mi familia y conmigo, dio como consecuencia que decenas pobladores capitalinos me llevaron paquetitos con comida, ropa para mi hija Sofana y para Anabelle, nos regalaron una cama, utensilios de cocina, y el colectivo del Diario BARRICADA inclusive organizó una colecta de dinero para dármelo, con el fin de enfrentar las dificultades económicas tremendas en que nos dejaron estos maleantes jefeados por Frutos Chamorro Argüello, Henry Núñez Abarca y Juan Pablo Rivas Castro.

 

En páginas anteriores mencioné titulares, informaciones detalladas y editoriales de los  Diarios BARRIADA y El Nuevo Diario los días 15, 16 y 17 de abril de 1994. Voy a repetir algunos de esos titulares de primera página o portadas. Voy también, en esta parte de este relato convertido en libro, a citar algunos de los titulares e informaciones periodísticas publicadas en páginas interiores de esos dos Diarios. Repito: los titulares e informes de primera página, los coloqué textualmente en páginas anteriores.

 

El 15 de abril el Diario BARRICADA tituló a ocho columnas, en su portada:  Criminal incendio”. El sobre título dice: 180 hombres en violento intento de desalojo; queman casa de periodista de BARRICADA. Después tiene un subtítulo: *Comandante Caldera: es “una acción pandillesca”; Pablo Emilio Barreto: “querían asesinarme”.

 

Esta información ocupó todas las ocho columnas de la parte superior del  Diario BARRICADA, incluyendo una foto a colores del incendio criminal; luego ocupó  toda la segunda página, con relato periodístico y fotos. Un poco más abajo, la Dirección de BARRICADA ubicó un Editorial, titulado: “Nuestra condena y solidaridad”, cuyo contenido está ubicado textualmente en páginas anteriores.

 

En la misma edición de BARRICADA, en páginas interiores, fue ubicada otra información sobre el incendio criminal, titulada: Pablo Emilio asegura: “Querían asesinarme”, con un sobretítulo: “Amarrésmolo y después lo matamos”, dijo cabecilla del atentado.

 

 

Ese mismo día 15 de abril de 1994, El Nuevo Diario tituló a ocho columnas en su portada o primer plana:  Barbarie en desalojo, con un sobretítulo: Incendian casa del periodista Pablo E. Barreto.

 

Un poco abajo, encima del comienzo de esta información, se leen los siguientes asteriscos: * Don Frutos Chamorro acepta que él contrató a 180 hombres para hacer el desalojo, *Llevaron baldes de gasolina y la regaron para incendiar las dos viviendas, *”Perdí lo que gasté en los hombres y además lo que me costaban las viviendas”, dice don Frutos”.

 

Esta información periodística de El Nuevo Diario se aloja en más de la mitad de la portada, con dos fotos del incendio criminal, y en más de la mitad de una página interior del periódico.

 

El mismo El Nuevo Diario del 16 de abril de 1994, titula otra vez a ocho columnas, en tres líneas con letras mucho más grandes que el día anterior: “Ordenan la captura de Frutos Chamorro”, con el sobretítulo de:  “Detenidos 45 secuaces del piromaníaco”. Al pie del título principal, a la izquierda, antes de comenzar la información, hay tres asteriscos: “*Henry Núñez dirigió la quema obedeciendo órdenes que daba por “Walkie talkie” don Frutos, *Gerardo Aburto fue el que viajó a Ticuantepe para contratar hombres para el “trabajito”, *Reunieron 180 hombres en el parque y les ofrecieron transporte y 30 córdobas a cada uno”.

 

Además, en la misma portada de El Nuevo Diario, debajo del título mencionado, aparece una foto de los 45 capturados, detenidos por la Policía cuando se desarrollaba el incendio criminal, en el mismo lugar en que las llamas devoraban los Apartamentos 1 y 2, en el kilómetro 11 de la Carretera Sur. En la parte izquierda aparece Gerardo  Ramón Aburto Sevilla, resguardado por un oficial de la Policía Nacional. Aburto Sevilla fue quien contrató parte de los 180 hombres, en Ticuantepe, para hacer el “trabajito” de desalo e incendio criminal en Managua.

 

Ese mismo 16 de abril de 1994 en su portada, a ocho columnas, el Diario BRRICADA, titula: “Castigar a pirómanos”, con el sobretítulo de: “Ola de solidaridad con Pablo Emilio Barreto; indignación contra barbarie”.

 

Antes de comenzar esta información, a la izquierda, fue colocado el asterisco siguiente: “* 45 detenidos, pero Frutos Chamorro sigue prófugo; Policía no ha llegado a su casa a buscarlo”.

 

El Diario BARRICADA ocupó toda su portada o primera plana para dedicarla al incendio criminal intencional, pues debajo del título principal colocó una fotografía de los escombros y cenizas del Apartamentos No. 1, en que aparecen vecinos removiendo escombros y una foto insertada de la jueza Ruth Chamorro Martínez, quien confesó que estuvo allí con los 180 matones.

 

Debajo de la información principal, la Dirección del Diario BARRICADA volvió a colocar otro Editorial sobre el incendio criminal, titulado: “No a la impunidad”.

Debajo de la foto mencionada, BARRICADA ubicó otra información titulada: “Abogados: “Debe ser destituida”, con el sobretítulo: “Ruth Chamorro admite que llegó con los 180 matones”. Debajo del título se ubica un asterisco: “*Corte Suprema calla y capea el bulto; AN investigará el caso”.

 

Bajo el mismo título de “Castigar a pirómanos”, en el lado derecho, BARRICADA publica otra información titulada: “Doméstica salió entre las llamas”,  con un asterisco: *“Queremos quemar vivo a Barreto”, aseguró uno de los pandilleros.

 

Dentro, en la Página de Sucesos, BARRICADA publica otras informaciones relacionadas con el mismo tema del Incendio criminal, en la misma edición del 16 de abril, una de las cuales fue titulada: “Periodistas condenan violencia”,  con el sobretítulo: “Incendio de apartamentos constituye una barbarie”. En esta información, además, aparecen fotografías de Allan Téfel Alba, William Grigsby Vado, Manuel Espinoza Enríquez y Mario Fulvio Espinoza.

 

Esa Página de Sucesos fue ocupada totalmente por informaciones relacionadas con el incendio criminal intencional. Abajo se puede leer otra información a cinco columnas, titulada: Implicados dicen que fueron engañados, con un sobre título: Alegan que desconocían que iban a un desalojo. Entre el título y el comienzo de la información hay dos asteriscos: *Henry Núñez era el jefe de la pandilla de pirómanos, * También señalan a pablo Rivas Castro y Gerardo Ramón Aburto como los reclutadores.

 

A la par de esta información hay una fotografía en la cual aparecen la mayoría de los 45 capturados por la Policía Nacional, en el propio lugar de los hechos.

 

BARRICADA hizo ese día 16, seis “Páginas de Sucesos” para darle cabida a toda la avalancha de información noticiosa sobre el incendio criminal intencional. En unos casos, las informaciones eran “pases” de la primera página y en otros era informaciones nuevas, o diferentes, por ejemplo esta titulada: Asamblea Nacional investigará quema de apartamentos. Tiene un sobretítulo: Parlamento publicará próxima semana Ley contra Desalojos. Y abajo un asterisco: *Demandan sancionar a jueza Ruth Chamorro.

 

Hay otra información, a una columna, titulada: FSLN exige: Garantizar seguridad ciudadana. En la “quinta” Página de Sucesos hay un título a seis columnas: Más testigos acusan a Chamorro,  con el sobretítulo: *Jueza Ruth Chamorro citada a declarar hoy. Tiene un asterisco: Vieron cuando vándalos saqueaban apartamentos.

 

Llueve solidaridad con Pablo Emilio era el título de otra información, a dos columnas, en la cual se precisa cómo organizaciones de periodistas y comunitarias, más la gente común de vecindarios capitalinos, continuaban solidarizándose conmigo y condenando el incendio criminal intencional.

 

Finalmente, en otras dos páginas interiores de BARRICADA aparece la carta de Frutos Chamorro Argüello, mencionada antes, dirigida a Carlos Fernando Chamorro Barrios, Director del Diario.

 

El 17 de abril, El Nuevo Diario tituló con letras grandotas, a cuatro columnas, en primera página: “Frutos Chamorro prófugo”,  con el sobretítulo: “Reclamante incendiario ni siquiera es propietario”. Debajo del título, antes de la información, El Nuevo Diario colocó los siguientes asteriscos: *Policía espera detenerlo este fin de semana, *Llevarán ante Corte, juicio de Castañeda; *Caso se encuentra de amparo contra OOT, *Chamorro usa una escritura viciada.

 

En el mismo El Nuevo Diario de ese día 17, en páginas interiores, un título de tres líneas, con letras grandes: “PEB agradece solidaridad de sus colegas”.

 

En siguientes ediciones del Diario BARRICADA se siguieron publicando informaciones periodísticas, cotidianamente o cada tres o cuatro días, según fuesen desfilando los vecinos ofendidos o víctimas del incendio criminal, más los testigos presenciales de lo que pasó aquel 14 de abril de 1994 en el kilómetro 11 de la Carretera Sur.

 

Declaran víctimas de Frutos Chamorro, era uno de los titulares de esas informaciones, el cual tenía el siguiente asterisco: *Prófugo califica a vándalos de “personal de mudanza”.

 

“Una carta de Frutos Chamorro y su respuesta”, con un asterisco: *Sobre el incendio de los apartamentos en la Carretera Sur”. Esta carta ya fue mencionada en páginas anteriores y citada textualmente.

“Inversionistas reclaman apartamentos” era otro titular con el sobretítulo siguiente: “Uno de de los ocupantes es reportero”. “Juez del  Crimen emite orden de captura y de allanamiento”, expresaba otro titular.

 

Uno de los diarios nacionales publicó, en páginas interiores, ese título impactante: ¿Frutos cobra seguro?, con un sobretítulo: “Afectados denuncian: perito de INISER husmea entre apartamentos incendiados”. Abajo aparecía un asterisco: *Juez emite orden de captura y allanamiento en contra de pirómano y de sus secuaces; Policía continúa búsqueda”. Debajo y al lado de este título aparecían una foto del jefe de la Estación Tres de la Policía, Ernesto “Tito” Zamora Chávez y de Pablo E. Barreto P.

 

Otro titular de dos líneas, a seis columnas: “Investigarán si apartamentos quemados estaban asegurados” , con el sobretítulo: “Solicitan a juez enviar oficio a INISER”.

 

“Declara Pablo Emilio Barreto como ofendido”, otro titular a cuatro columnas, en páginas interiores, con el siguiente sobretítulo: “Abogado de incendiario formula preguntas improcedentes”.

 

“Juez Chamorro rechazó protección policial”, con el sobretítulo: “En violento desalojo de apartamentos de la Carretera Sur,  con el asterisco: “Jefe de División Tres declara en Juzgados”.

 

“Más de 200 desalojos en tres meses”, era otro titular en páginas interiores. “Bancada FSLN enfrentará desalojos”, expresaba otro titular de una información del Diario BARRICADA, firmada por el periodista Guillermo Cortés Dominguez.

 

“Piden destitución de la jueza Ruth Chamorro”, era un titular de dos líneas, a cuatro columnas, del Diario BARRICADA, con el sobretítulo: “Movimiento Comunal acude a la Corte Suprema de Justicia”.

 

“Más testigos acusan a Chamorro”, expresa otro título de dos líneas, con letras grandes del Diario BARRICADA, en páginas interiores, con el sobretítulo de: “Jueza Ruth Chamorro citada a declarar hoy”. Debajo del título un asterisco: “Vieron cuando vándalos saqueaban apartamentos”.

 

Contenido de otras informaciones sobre el incendio criminal

 

Ya expliqué en páginas anteriores que hice copia textual de las informaciones principales sobre el incendio criminal, publicadas en las portadas de los Diarios nacionales de los días 15, 16 y 17, específicamente en BARRICADA, El Nuevo Diario y LA PRENSA, después de ocurrido el incendio y la captura de los 45 sujetos (eran 180 en total) que Frutos Chamorro Argüello llevó a los Apartamentos Argüello, para el desalojo violentísimo e incendio al mismo tiempo. Cité textualmente, inclusive, los dos Editoriales del Diario BARRICADA sobre el incendio criminal y su significado en aquel momento histórico en que estaban siendo perseguidas desalojadas 350,000 familias beneficiarias de las Leyes 85, 86 y 88 (casas, lotes y tierras de Reforma Agraria Sandinista).

 

No es posible reproducir todo lo que se publicó en los Diarios nacionales. Por supuesto, en este libro no cito nada de lo publicado en televisoras y radioemisoras, cuyos periodistas también hicieron reportajes amplísimos sobre estos sucesos, los cuales agradezco sinceramente.

 

Voy a citar en esta parte de este libro, unas cuantas de esas informaciones publicadas en El Nuevo Diario, BARRICADA y LA PRENSA. Ya cité algunos títulos con sus sobretítulos, más asteriscos.

 

Comienzo de algunas informaciones:

 

“Pablo Emilio asegura: “Querían matarme”, con sobretítulo: Amarrésmolo y después lo matamos”, dijo cabecilla del atentado”, firmado por Freddy Potoy.

 

“El periodista de BARRICADA, Pablo Emilio Barreto Pérez, visiblemente apesarado por los daños causados a su casa, dijo que  los agresores pretendían matarlo “sólo porque he denunciado los múltiples desalojos”.

 

“!Qué barbaridad, hasta dónde hemos llegado¡”, expresó Barreto, al observar que su empleada, Marcia Cabrera Lacayo, permanecía asustada, luego de que pretendieran quemarla viva durante los incidentes de la Carretera Sur.

 

“Barreto agregó que los delincuentes que llegaron a su casa, para amarrarlo y después ultimarlo, rociaron de gasolina a la muchacha.

“Ella confirmó que un hombre alto, pelo liso, de unos 48 ó 50 años, que vestía camisa rosada y pantalón azul, le lanzó un fósforo encendido.

 

“El colega de BARRICADA expresó que un sujeto de nombre Henry Núñez encabezaba la multitud e esquiroles, la cual llegó a quemar las casas de este sector. “Era a mí, específicamente, a quien querían matar”, reiteró Barreto.

 

“Elvin Navarrete y Vicente González, vecinos de nuestro colega, escucharon decir a Henry Núñez al frente de decenas de personas: “Aquí vive ese hijo de p… de Pablo Emilio, amarrésmolo y después lo matamos. También a la doctora Parrales.

 

“Barreto, por años, se ha destacado  como periodista comunitario, y ha dado a conocer en múltiples ocasiones los problemas que sufren los pobladores del país, así como los atropellos por parte de casatenientes y de la Alcaldía de Managua. Por ello, ha recibido varios reconocimientos públicos”.

 

Periodistas condenan violencia, con el sobretítulo de: Incendio de los Apartamentos constituye una barbarie, firmado por Freddy Potoy.

 

“Periodistas de diferentes medios de comunicación se solidarizaron con el colega de BARRICADA, Pablo Emilio Barreto Pérez, víctima de un incendio ordenado por Frutos Chamorro Argüello, que pagó a 180 delincuentes para desalojarlo.

 

“William Grigsby Vado, director de Radio La Primerísima, externó su solidaridad con Barreto y demandó que  la Corte  Suprema de Justicia (CSJ), destituya a Ruth Chamorro, Oswaldo Medrano, Oscar Danilo Barreto Terán y todos aquellos jueces que violan los procedimientos judiciales.

 

“Grigsby exigió que “en este tipo de casos, el Estado  debe actuar de oficio rápidamente y castigar a delincuentes como Frutos Chamorro”. El conocido comentarista advirtió que “si la próxima vez ocurre esto con los jueces, habrá enfrentamientos sangrientos”.

 

“En el futuro no se podrá confiar en el Estado de Derecho, según Grigsby, porque “se ha convertido en un Estado  de derecha y eso implica organización popular y defender la propiedad.

 

Responsabiliza al gobierno 

 

“Allan Téfel Alba, director de Radio El Pensamiento, considera que el principal responsable del incendio criminal contra la casa de Barreto y Julio Toribio “es el gobierno Chamorrista por la disputa que hay entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.

 

“Téfel Alba indicó que se debe aplicar con toda rigurosidad la Ley a Frutos Chamorro y los que lo acompañaban. “Independientemente de la acción de la jueza, Chamorro debe ser llevado a los Tribunales”, afirmó.

 

“Reflexionó que esa situación es un precedente grave para el pueblo de  Nicaragua. “Como periodista me siento ofendido y como ciudadano me siento preocupado”, afirmó Téfel Alba.

 

Un acto de barbarie

 

“Mario Fulvio Espinoza y Manuel Espinoza Enríquez, editor de El Nuevo Diario y director de Extravisión, respectivamente,  en que “es un acto de barbarie que nos demuestra los niveles de desprotección a que hemos llegado.

 

“Fulvio Espinoza dijo que la jueza Chamorro “ha perdido la actitud moral para seguir ejerciendo su cargo, pues es un acto criminal del cual ella misma es responsable y debe responder ante la Justicia”.

 

“Indicó que la Jueza y el casateniente han violado flagrantemente el derecho a la vida, que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, referida a los Derechos Humanos.

 

“Espinoza Enríquez afirmó: “Esta es una situación peligrosa que ojalá no pique y se extienda donde se toma la justicia por las propias manos. Estamos solidarios con hechos y no con palabras con Barreto.

 

Indicó que el hecho criminal ordenado por Frutos Chamorro y la jueza Ruth Chamorro contra Barreto, es una respuesta a la defensa permanente de los intereses populares.

 

“Por su parte, Omar García, director del Programa Hablemos de la Radio Ya, manifestó que este tipo de actividades deberían alertar al gobierno a resolver el problema de la propiedad, porque si no cada quien tomaría la justicia pro sus propias manos”.

 

“Polo Sevilla, periodista de este mismo medio informativo, animó al gremio periodístico a apoyar al colega Pablo Emilio Barreto, porque muchas veces somos candil de la calle, oscuridad de su casa”.

 

“El apoyo y la solidaridad para el periodista Pablo Emilio Barreto se dejó sentir en el pueblo capitalino al entregar a Radio Ya cinco láminas  de zinc, granos básicos, dinero en efectivo de parte de diversas instituciones, y condenas al hecho con llamadas telefónicas de diferentes Regiones del país”.

 

Doméstica salió entre las llamas, era uno de los titulares del Diario BARRICADA, del 16 de abril, con este asterisco: *”Queremos quemar vivo a Barreto”, aseguró uno de los pandilleros,  firmado por Juan José Lacayo.

 

“La joven Marcia Cabrera Lacayo, de 20 años, la doméstica que ha laborado en la casa del periodista Pablo Emilio Barreto –incendiada la noche del jueves por vándalos—aseguró a BARRICADA que abandonó el inmueble en medio de las llamas, mientras los fascinerosos rociaban  las paredes con gasolina.

 

“Cabrera Lacayo relató que estaba orando en el patio trasero del Apartamento que ocupaba la familia Barreto, cuando un grupo de cerca de quince hombres, cargando bidones de gasolina de veinte litros, y botellas con mechones, irrumpió en el lugar.

 

Estaban enfurecidos y gritaban: “Queremos al hijo de p… de Pablo Emilio Barreto”, y decían que lo querían quemar vivo, yo me metí rápidamente a la casa y ellos se vinieron detrás de mí. Mi intención era sacar a la niña (la pequeña Sofana, de diez meses), pero ya la habían sacado, y entonces pensé en sacar los pañales”, dijo todavía emocionada la doméstica.

 

“Ellos se vinieron detrás de mí cuando entré a mi cuarto, y rociaban las paredes de gasolina a la vez que sacaban de las gavetas las alhajas de doña Anabelle (la esposa del periodista), se metían cosas en las bolsas y hasta la ropa de don Pablo”, añadió la empleada.

 

“Señaló que la acción era dirigida por un sujeto que portaba un radiocomunicador, que posteriormente identificó como Henry Núñez—quien actúa como chofer y guardaespaldas de Frutos Chamorro—con el cual mantenía una aguda conversación, que la doméstica no pudo precisa”.

 

“Núñez –añadió Marcia—expresó ésta es la casa que queremos quemar y arengaba a sus hombres a incendiar el inmueble, diciendo que si después  preguntaban dirían que nosotros la habíamos quemado.

 

“Yo no lo conocía a él –a Núñez—pro después le pregunté a uno de los mismos hombres”, añadió la joven que aún ayer se mantenía escondida por temor a algún atentado.

Marcia dijo que podría identificar a uno de los que regaba gasolina y lanzaba fósforos para que el Apartamento ardiera. “Es un hombre pelo canoso, viejón, si lo miro lo reconozco”, respondió segura. Uno de los detenidos en la Estación Tres de la Policía, coincide con esa descripción.

 

“Por su parte, la suegra del periodista Barreto, doña Ercilia de Barrera, expresó: “Nosotros le suplicamos a los hombres que nos dejaran salir, nuestra principal preocupación era la niña. Ellos respondieron: háganlo rápido que tenemos urgencia de hacer este trabajito.

 

“Marcia concluyó su relato indicando que los vándalos la rociaron de gasolina y dio gracias a Dios, que no haya tomado fuego”.

 

Exigen destitución de jueza Ruth Chamorro

 

Ya dije que el Diario BARRICADA casi llenó sus páginas con informaciones relacionadas con el incendio criminal, en la edición del 16 de abril de 1994. Una de ellas, titulada: “Abogados: “Debe ser destituida”,  con el sobretítulo de: “Ruth Chamorro admite que llegó con los 180 matones, y debajo del título un asterisco: *Corete Suprema calla y capea el bulto; AN investigará el caso.  Esta informa información la firmaba Freddy Potoy.

 

“La Juez Segundo Local Civil de Managua, doctora Ruth Chamorro, admitió a BARRICADA que estuvo en el desalojo que culminó con el incendio que destruyó varios apartamentos en la Carretera Sur, pero no se responsabilizó por los daños y delitos cometidos durante el incidente.

 

“Chamorro estuvo en el lugar del incendio con 180 matones, y no pidió apoyo  la fuerza pública, para evitar alterar el orden público.

 

“En este incidente, según abogados y jueces consultados, hubo exposición de personas al peligro, daños a la propiedad, asociación para delinquir, terrorismo, perturbación de la posesión y premeditación.

 

“Chamorro, durante una reunión hace tres semanas con jueces Locales y de Distrito del Crimen de Managua, pidió apoyo a sus colegas, y dijo que tenía una orden de desalojo contra Pablo Emilio Barreto, que ejecutaría con mucho gusto.

 

Visiblemente alterada, Chamorro dijo a BARRICADA que a las cinco de la tarde del jueves se fue con el apoderado de Jimmy Najman Perezdiez –nuevo propietario del inmueble–, para entregarle el lugar saneado y otorgarle el acta de posesión.

 

“Estos apartamentos, supuestamente, fueron vendidos por la Empresa Inversiones y Desarrollos Globales S.A., que representa Frutos Chamorro Argüello.

 

“La judicial agregó que “estando en el lugar, doy orden de desalojo, pero en ese momento, del Apartamento dos alguien dijo a otra persona del Apartamento seis, que dispararan a matar…y en el mismo Apartamento dos empezó a salir humo”.

 

“La desesperación provocó que Chamorro dejara en posesión al apoderado legal de Najman, y levantaran acta en medio del incidente. “Cuando miramos ese peligro nos fuimos, porque podía convertirse en algo más complicado”, afirmó.

 

“Chamorro no llegó acompañada de la Policía “porque la Ley no me obliga a hacerlo; además, n una ocasión ya me pusieron una pistola y el policía, en vez de protegerme, cumplió órdenes de retirarse”.

 

Colegas las recriminan

 

“Respecto a este incidente, jueces, procuradores y abogados coincidieron en que la jueza Chamorro es la única responsable del incendio criminal que devoró dos apartamentos en la Carretera Sur, “si se le comprueba responsabilidad en el hecho, debe ser destituida y procesada.

 

“El Juez Segundo Local Civil de Managua, doctor Osvaldo Medrano Jiménez, lamentó la actitud criminal de ese desalojo, que aun cuando existe una resolución judicial, es ilegal si Frutos Chamorro no llegó acompañado de la jueza y la Policía.

 

Medrano afirmó que “los jueces deben tener mucho cuidado al momento de un desalojo para evitar estas situaciones. El Juez, cuando se constituye en el lugar del desalojo, tiene que ir protegido por la Policía.

 

Problema desborda

 

“El Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, doctor Germán Vásquez Carrasco, expresó que “éste es un problema serio que se nos está saliendo de la manga de la camisa, y donde cada quien hace lo que considera pertinente ante el cumplimiento de resoluciones judiciales”.

 

“Vásquez consideró que la jueza Chamorro debió constituirse al lugar utilizando la fuerza pública legalmente constituida, para no permitir que se alterara el orden público.

 

“El Procurador de Justicia, doctor José Antonio Fletes Largaespada, escuetamente dijo que “si a la jueza se le demuestra que ordenó utilizar la violencia, podría ser destituida y abrírsele proceso si tiene alguna responsabilidad”.

 

“La doctora  Margarita Romero Silva expresó que Chamorro “tenía que calmar los ánimos y no salir corriendo. Al ver la situación y correrse, creó un colapso. Ella no midió las consecuencias del desalojo.

 

“Romero agregó que el juicio de inmisión en la posesión –figura jurídica aplicada—no la podía ejecutar Chamorro, pues esa sentencia la dictó el juez de Distrito, Encarnación Castañeda, y sólo otro judicial de igual jerarquía debía cumplirla y no una jueza local”.

“Ruth a estas alturas debería estar destituida de su cargo. De sobra son conocidas las arbitrariedades que ha cometido, y yo no sé por qué está allí todavía”, manifestó Romero.

 

¿Implicados fueron engañados?

 

Varios de los 45 capturados, tienen antecedentes delictivos

 

“Implicados dicen que fueron engañados”, expresa otro de los titulares de BARRICADA del 16 de abril de 1994, con el sobretítulo de: “Alegan que desconocían que iban a un desalojo”.  Debajo hay un asterisco: *Henry Núñez era el jefe de pandilla de pirómanos, *También señalan a Pablo Rivas Castro y a Gerardo Ramón Aburto como los reclutadores, firmada por Juan José Lacayo.

 

Texto de esta información: “Los implicados  en el incendio de los Apartamentos del kilómetro 11 de la Carretera Sur,  detenidos en la Estación Tres de la Policía, afirmaron que fueron engañados porque los contrataron para cargar y descargar un camión.

 

“Julio César Cardenal, Carlos José Murillo y Julio Cardenal Caballero, algunos de los implicados, aseguraron  que desconocían que iban a un desalojo y que les habían ofrecido una paga de 30 córdobas.

 

“”Esta versión fue ratificada igualmente por familiares de los detenidos que ayer estaban en las afueras de la Estación Tres, entre otras, Esperanza Treminio, Paula Ampié Ortíz, Gregoria Calero y Miriam Reyes.

 

“En tanto, Gerardo Ramón Aburto, señalado por la Policía como el reclutador de 87 hombres de los que participaron en el incendio, dijo que fue contratado por Pablo Rivas Castro, que tiene una empresa de CPF que resguardan Las Colinas, Altamira y otros repartos.

 

“Rivas Castro le planteó que buscara gente para cargar y descargar un camión; le pidió que levantara una lista y ofreció pagar treinta córdobas a cada elemento.

 

“El “regó la bola” “y nos hicimos como 90 y esperamos el camión que nos llegaría a traer en el Parque Juan Ramón Padilla de Ticuantepe”. A cambio del reclutamiento, Rivas le ofreció a Aburto la posibilidad de un empleo fijo como CPF.

 

“Dijo que cuando llegaron a Las Colinas estaba otro camión estacionado y un Jeep Suzuki, en el cual se encontraba Henry Núñez, con un Walkie Talkie, comunicándose con Frutos Chamorro.

 

“Cuando llegaron a los apartamentos, Núñez le dijo que el trabajo no era descargar camiones sino sacar de las viviendas los enseres, por lo cual –según Aburto—protestaron.

 

“No obstante, Núñez aseguró que tenían orden judicial y que cumplieran la orden si querrán recibir el pago.

 

“Señaló que ya algunos hombres estaban en el Apartamento de Barreto, sacando cosas, cuando de otro sitio comenzaron a dispararles, “por lo que salimos en desbandada. Le exigimos a Núñez que nos pagara pero se negó en medio del alboroto.

 

“Oímos una explosión, adentro del Apartamento había gente de nosotros, vimos las llamadas, mientras Núñez se comunicaba con Chamorro, dijo Aburto.

 

“Nosotros no nos corrimos porque no tuvimos nada que ver, fuimos engañados por Núñez y Chamorro, ellos tienen que aclarar este asunto”, replicó.

 

“Mientras tanto, peritos de la Dirección General de Bomberos, adscrita a Gobernación, confrontaban su peritaje técnico con el de la Policía, para determinar las causas del incendio.

 

“Hasta ahora, los bomberos lograron determinar que el fuego comenzó en el cuarto de la empleada de Pablo Emilio Barreto. El subteniente Marvin Largaespada informó que en el sitio recogieron muestras que estaban siendo analizadas en los laboratorios de la Policía Nacional,  para determinar si el fuego lo provocó algún combustible.

 

“Asamblea investigará quema  de apartamentos”, era otro de los titulares de BARRICADA el 16 de abril, con el sobretítulo: “Parlamento publicará próxima semana Ley contra desalojos. Debajo del título aparece un asterisco: *Demandan sancionar a jueza Ruth Chamorro. Esta información aparece firmada por Jorge Katín.

 

“La Asamblea Nacional investigará los sucesos del jueves por la tarde, cuando una agrupación de 180 individuos atacó a varias familias, provocando un incendio que destruyó dos viviendas en el kilómetro once de la Carretera Sur.

 

“Una amplia mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional repudió la acción que culminó con la quema de dos apartamentos, uno de ellos habitado por el periodista Pablo Emilio Barreto.

 

“La Bancada Sandinista emitió un comunicado demandando que los autores materiales e intelectuales sean procesados y se les aplique la Ley. Asimismo, abogaron para que la Ley contra los desalojos sea promulgada de inmediato por el Poder Ejecutivo.

 

“De igual manera, la Bancada del FSLN demandó a la Corte Suprema de Justicia a que investigue la actuación de la jueza Ruth Chamorro, quien admitió haber estado en el lugar del incidente.

 

“La Dirección Nacional del FSLN también repudió lo que calificó de “hecho criminal”, y denunció, además, que hechos como los del jueves se repitan en la zona de Occidente y Norte del país.

 

“Mientras se desarrollaban los debates sobre el Código del Trabajo, los parlamentarios no pudieron evadir referirse al tema, e inició la discusión el diputado Omar Cabezas, quien argumentó que sucesos como los del jueves, donde la justicia brilló por su ausencia, era una clara invitación a que los ciudadanos se defiendan con sus propias manos.

 

“La parlamentaria democristiana, Azucena Ferrey, pidió cordura, y solicitó a la Junta Directiva que nombre una Comisión para que investigue los pormenores del violento incidente.

 

“La Junta Directiva de la Asamblea designó a la Comisión de Derechos Humanos, para que investigue de manera imparcial lo que sucedió esa tarde, y presente un informe antes del próximo miércoles.

 

“De igual manera, los parlamentarios criticaron la actitud de la presidenta Chamorro, quien no ha sancionado la Ley Antidesalojos, a pesar de haber sido aprobada por el plenario desde antes de las vacaciones de Semana Santa.

 

“La Junta Directiva resolvió, según informó el segundo secretario, Ray Hooker, enviar a publicar dicha Ley la próxima semana.

 

“El conservador Edmundo Castillo, quien fue el diputado que más fervientemente se opuso a la aprobación de la mencionada Ley, admitió que el acto ordenado por el señor Frutos Chamorro, era “primitivo”.

 

“Independientemente de que él tenga la razón, jamás debió haber recurrido a ese acto, que no puede ser calificado sino de “primitivo”, agregó Castillo.

 

“El Movimiento Comunal Nicaragüense envió sendas cartas a los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, exigiendo la destitución de la jueza Ruth Chamorro, “principal instigadora problemática”, según los dirigentes comunales.

 

“Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Orlando Trejos Somarriba, se negó a pronunciarse sobre la actuación de la jueza Chamorro, aduciendo que estaba enfermo, y que con sólo preguntarle sobre ese tema, “ya le estaba doliendo la cabeza”.

 

“Otro de los magistrados consultados, alegó que sólo se podría pronunciar una vez que exista una queja formal contra la mencionada jueza.

 

“Un funcionario judicial, que pidió el anonimato,  aseguró que de comprobarse la presencia de la doctora Chamorro durante el desarrollo del acto vandálico, “le podrá costa el cargo”.

 

“FSLN exige: Garantizar seguridad ciudadana”, expresa otro título de cuatro líneas, a una columna del Diario BARRICADA, del mismo día 16 de abril. El texto dice:

 

“La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional manifestó ayer su preocupación por la “vertiginosa escalada de conflictos violentos que están aflorando en la sociedad nicaragüense, sin que hasta el momento el Gobierno de la República demuestre intenciones de hacer cumplir las normas mínimas que se supone deben imperar en un Estado que se autodefine de Derecho.

 

“La Dirección Nacional del FSLN señala que en los últimos días la opinión pública ha sido sacudida por hechos  de violencia como el atentado contra el líder gremial Roberto González y los masivos desalojos de familias humildes en todo el país.

 

“El último desalojo se convirtió en un hecho criminal, ya que además de contratar a una agrupación paramilitar, agredieron a quienes habitaban en los inmuebles, e incendiaron la casa del periodista Pablo Emilio Barreto”,  denuncia el comunicado, añadiendo que esto se suma a la ola de secuestros, extorsiones y asesinatos de que son víctimas los productores”.

 

El mismo 16, BARRICADA asimismo publicó una información  a dos columnas, con el título: “Llueve solidaridad con Pablo Emilio Barreto”.

 

Esa información dice textualmente: “La Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) denunció nacional e internacionalmente que la agresión que sufriera el periodista Pablo Emilio Barreto, “no es una acción fortuita, sino una acción que pretende callar las voces de quienes, desde medios de comunicación, acompañan la lucha de los pobladores humildes por la defensa de sus propiedades”.

 

“La UPN convocó por medio de un  comunicado a todos sus afiliados a solidarizarse con el colega Pablo Emilio Barreto y su familia, que “fueron víctimas de un acto cobarde y criminal, el jueves pasado”.

 

“La organización gremial dijo que la Casa de la UPN está a disposición para albergar al periodista. Hasta el día de ayer se encontraban en la sede de la UPN una cocina, una vajilla, colchones, comedor y una mesa de noche, para ser entregados a Barreto.

 

El presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Luis Mora Sánchez, envió un telegrama a Barreto, donde “se une al repudio por la acción vandálica en su contra, le ru4ego acepte mi solidaridad en este momento difícil”.

 

“Por otra parte, el presidente de la Fundación Augusto C. Sandino, Edwin Zablah, mostró sus actos de solidaridad con el periodista Barreto, donando materiales de construcción para contribuir a la reconstrucción de su casa.

 

El Comité de Dirección Departamental del FSLN de Managua condenó “enérgicamente los hechos ocurridos el jueves pasado… que representan un gravísimo precedente de violencia. Si no queremos que se desate en el país una espiral de violencia incontrolable, estamos obligados a actuar en el contexto de las Leyes del país y no permitir actos criminales”.

 

“Más de 200 desalojos en tres meses”,  indica un titular de tres líneas, a una columna del Diario BARRICADA, en páginas interiores, del 17 de abril de 1994, cuyo contenido textual es el siguiente:

 

“Directivos del Movimiento Comunal que entre noviembre del año pasado y enero de 1993 se han producido más de 200 desalojos judiciales en contra de familias beneficiadas por las Leyes 85 y 86, lo cual constituye una flagrante violación, ya que estos casos están siendo analizados por la Ofician de Ordenamiento Territorial (OOT)”.

 

“Juez Chamorro rechazó protección policial”, expresa otro titular de BARRICADA, a tres líneas, en la misma edición señalada en el párrafo anterior, con el siguiente asterisco: “*Jefe de División Tres de la Policía declara en Juzgados”.

 

Información textual: “El jefe de la División Tres de la Policía Nacional, subcomandante Ernesto Zamora Chávez, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, que le ofreció la protección de dos agentes a la Juez Ruth Chamorro, pero después me enteré que –según ella—no los iba a necesitar.

 

“Chamorro, Juez Segundo Local de lo Civil,  rechazó esta primera protección de la fuerza pública el 24 de marzo, fecha en que el jefe de Investigaciones Criminal, capitán Concepción Andino, cumpliría la orden de Zamora.

 

“Respeto al desalojo seguido de incendio en los Apartamentos de la Carretera Sur,  el alto oficial declaró que “a mí en lo personal nunca me manifestó que además de necesitar protección ella, necesitaba apoyo de la fuerza pública, parta el efectivo cumplimiento de la resolución.

 

“Zamora aclaró ante el judicial que “no sabíamos de la presencia de una autoridad en ese lanzamiento, tal vez nos hubiéramos dado cuenta si realmente se hubiera quedado la autoridad judicial cuando se llegó a la hecatombe.

 

“Agregó que la Policía Nacional detuvo a 45 personas que fueron pagados para realizar ese trabajo de desalojo,; otros andaban armas blancas que las llevaron en los camiones en que fueron transportados.

 

“El abogado defensor de Frutos Chamorro preguntó a Zamora por qué no presumió la culpabilidad de las personas desalojas y el oficial respondió: “Hasta donde yo tengo entendido, lo que se encontró en el lugar eran mujeres y niños que estaban tratando de salvaguardar lo que les había sido sustraído”.

 

Boanerges Ojeda, juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, aún no se ha pronunciado sobre la recusación que presentara el doctor Daniel Olivas contra la judicial Rosario Altamirano, sin embargo el proceso sigue su curso”.

 

“Bancada FSLN enfrentará desalojos”, es otro titular a cuatro líneas y una columna en la misma edición mencionada, cuyos primeros dos párrafos dicen textualmente:

 

“La Bancada Sandinista (de diputados) prepara una verdadera batería de proyectos de Ley, algunos de ellos destinados a aliviar la dramática situación de varios de los sectores más vulnerables de la sociedad, para aprobarlos junto al Grupo de Centro-UNO, en la presente legislatura.

 

“Entre éstos, se contempla una iniciativa de reformas a la Ley para impedir que más familias nicaragüenses sigan siendo desalojadas de sus casas, bajo la figura de comodato precario”.

 

Más acusaciones contra incendiarios y sus cómplices

 

Sobre el juicio a los incendiarios criminales, en los días y semanas siguientes se continuaron publicando informaciones periodísticas en los Diarios nacionales BARRICADA, El Nuevo Diario y LA PRENSA, y también en noticieros radiales y televisivos, además de que algunos corresponsales extranjeros radicados en Managua asimismo se hicieron eco de esta barbarie ocurrida en Managua el 14 de abril de 1994. Esos medios informativos publicaban sus noticias, reportajes y crónicas en sus páginas de Sucesos e interiores, y resultaría imposible reproducirlas todas en este libro.

 

Esta barbarie incendiaria era tema constante de discusiones en Universidades, en la Asamblea Nacional, en la Policía Nacional, en las asambleas vecinales o populares, pues mientras tanto se continuaban los desalojos violentos contra decenas de miles de familias, especialmente beneficiarias de las Leyes 85, 86 y 88, todo lo cual ocurría con la complicidad de jueces venales parecidos a doña Ruth Chamorro Martínez.

 

“Más testigos acusan a Chamorro”, por ejemplo, indica un título a dos líneas, con el sobretítulo de: “Jueza Ruth Chamorro citada a declarar hoy”, con un asterisco: “*Vieron cuando vándalos saqueaban apartamentos”, publicado varios días después en páginas interiores del Diario BARRICADA.

 

“La jueza Ruth Chamorro ha sido citada a declarar hoy en el juicio que se sigue por el incendio de los apartamentos del kilómetro once de la Carretera Sur, mientras, ayer, dos testigos más acusaron a Frutos Chamorro por la acción del jueves pasado.

 

“Carlos Sáenz Bellanger, de 47 años, médico veterinario y catedrático de la Universidad Centroamericana, dijo que “cuando salía de mi casa escuché disparos cerca de los apartamentos, y miré que de un camión blanco salían unos hombres gritando”.

 

“El testigo aseguró que los individuos salían del vehículo y obedecían órdenes de un hombre fuerte, que cargaba un Walkie y Talkie. Aseguró haber visto que los individuos cargaban palos y piedras, y uno de ellos empuñaba una bayoneta  cuando penetraban al Apartamento No. 1, que habitaba el periodista Pablo Emilio Barreto.

 

Saquearon apartamentos

 

“Inmediatamente después de que un grupo de hombres entró en la vivienda, empezaron a sacar algunos enseres de la casa, aseguró Sáenz. “Yo les grité que estaba cometiendo una barbarie”, declaró el testigo que vive cerca de los apartamentos.

 

“Sáenz declaró que las llamas que ocasionaron el incendio surgieron del fondo del Apartamento uno, de Barreto, lo que contradice las afirmaciones del mismo Chamorro, quien afirma que el fuego se inició en el segundo Apartamento, donde habitaba la familia de Julio Toribio Díaz.

 

“Respondiendo a una pregunta del abogado defensor Daniel Olivas (defensor del prófugo Frutos Chamorro Argüello y antiguo defensor de guardias somocistas genocidas), en el sentido de que si había logrado identificar a una mujer con las descripciones físicas de la jueza Ruth Chamorro, Sáenz contestó: “Yo sólo miré personas del sexo masculino que llegaban a hacer el desalojo”.

 

“En otra parte de su declaración, el testigo aseguró haber visto que “muchos de los individuos –supuestamente contratados por Frutos Chamorro—cargaron con cosas que ellos mismos habían desalojado del Apartamento número uno, donde vivía el periodista Pablo Emilio Barreto.

 

Frutos llega con pandilla

 

“Otra de las personas que declaró ayer en el Juzgado Sexto de Distrito del Crimen, fue Silvia Ortega Rosales, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNI y habitante de los apartamentos de la Carretera Sur, desde hace 10 años.

 

“En su declaración como parte acusadora, Ortega aseguró que ella no estaba en su casa el día de los acontecimientos, pues estaba trabajando en la UNI, pero enfatizó que desde 1990 ella y su familia han sido víctimas de los acosos de Frutos Chamorro.

 

“El 16 de octubre de  1993, Frutos Chamorro acompañado de unas pandillas llegó a los Apartamentos y amenazó de muerte –en esa ocasión colocándole una pistola en la cabeza—a una de los habitantes de los apartamentos”, dijo la profesional.

 

“Además, rompieron las llantas de mi vehículo, y fue ese mismo día cuando Frutos Chamorro amenazó con quemar los Apartamentos”, declaró Ortega.

 

Antecedentes judiciales

 

“En ese entonces, los agredidos por Frutos Chamorro pusieron la denuncia en la Estación Tres de la Policía y abrieron dos expedientes contra Chamorro en el Juzgado Sexto Local del Crimen, por los delitos de homicidio frustrado, amenazas de muerte y portación ilegal de armas.

 

“La doctora Dinorah Parrales dijo que los dos expedientes de Frutos Chamorro, que se encuentran en la Policía, , demuestran su reincidencia, y esos son los elementos en su contra. “Los delitos cometidos por Chamorro no admiten fianza. Mantenemos nuestra formal acusación contra ellos, añadió la doctora Parrales, que representa a las víctimas del desalojo.

 

“La doctora Parrales dice que presentarán testigos que aseguran  haber escuchado que algunos hombres gritaban: “Busquen a Pablo Emilio Barreto y a su abogada, para matarlos…”

 

“Declara como ofendido Pablo Emilio Barreto”, dice un título del Diario BARRICADA, en dos líneas, en páginas interiores, con el sobretítulo de: “Abogado

de incendiario formula preguntas improcedentes”.

 

La información textual: “El periodista Pablo Emilio Barreto declaró como ofendido en el juicio que se lleva contra 48 hombres acusados del incendio de la vivienda que ocupaba, en un fallido intento de desalojo.

 

“Barreto, conocido por sus notas periodísticas en defensa de los desalojados, recalcó que ninguno de los habitantes de los Apartamentos del kilómetro once de la Carretera Sur, se encontraban dentro de los inmuebles al momento en que se inició el fuego.

 

“Es de hacer ver que la versión del afectado es que el siniestro fue provocado por los hombres a los que prometió pagar Frutos Chamorro para que desalojaran a los residentes de la Colonia.

 

“Luego que toda esa gente se bajó de un camión, rodearon en varios grupos los Apartamentos, y algunos entraron por la parte trasera”, afirmó el colega ante la jueza Sexto de Distrito del Crimen, doctora Rosario Altamirano.

 

“Las preguntas del abogado Daniel Olivas, defensor de Frutos Chamorro y de los otros detenidos, provocaron la protesta de la doctora  Dinorah Parrales, representante legal de los ofendidos en el intento de desalojo e incendio.

 

“Se trata de un juicio criminal, no civil”, reclamó Parrales, ante insistentes interrogantes del doctor Olivas dirigidas al periodista, como: “¿Desde cuándo usted habita en ese Apartamento? O ¿Paga el alquiler?”.

 

En las mismas páginas interiores del Diario BARRICADA, se publicó esta información titulada: “Declaran víctimas de Frutos Chamorro”, con el asterisco de: “Prófugo califica a vándalos de “personal de mudanza”.

 

“Los pobladores de los apartamentos—dice esta información—del kilómetro once de la Carretera Sur, que fueron destruido por un grupo de vándalos el jueves pasado, acusaron al empresario Frutos Chamorro y su lugarteniente Henry Núñez, como los principales autores del incidente que puso en peligro la vida de seis familias, incluyendo ancianos y niños.

 

“Pablo Emilio Barreto, Julio Díaz Toribio, Anabelle Barrera y Brenda Enríquez de Hernández, comparecieron como ofendidos ante la Jueza Sexto de Distrito del Crimen de Managua, licenciado Rosario Altamirano, ante la cual relataron con lujo de detalles las amenazas de muerte y el asedio que sus familias sufrieron por parte de Chamorro y Núñez en reiteradas ocasiones.

 

Barreto dijo que el día del incidente estaba en su centro de trabajo –BARRICADA—cuando recibió una dramática llamada telefónica de su esposa Anabelle Barrera, quien le comunicó que una gran cantidad de hombres destruían el Apartamento.

 

“Ella me dijo: Están arrancando el portón en este momento, derrumban la puerta a patadas, podés oír las pedradas en las ventanas de vidrio, y se escuchaban balazos, expresó el periodista.

 

Barreto dijo que la quema de los apartamentos fue el desenlace de una serie de acciones e amenazas e intentos de desalojo, como ocurrió el pasado 22 de enero, cuando Chamorro llegó con un grupo de hombres armados de fusiles y escopetas.

 

Indicó que aunque el litigio con Chamorro se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de Managua, éste introdujo otra serie de demandas en otros Juzgados Civiles con el afán de expulsar a la seis familias de los apartamentos.

 

“Barreto agregó que el pasado 29 de marzo Frutos Chamorro y Henry Núñez, con un grupo de 80 hombres armados de varillas, palos y otras armas, intentaron una acción parecida a la del jueves (14 de abril), pero fueron rechazados por las Brigadas de Solidaridad del Movimiento Comunal Nicaragüense.

 

Responsabilizan al gobierno

 

“Yo responsabilizo al gobierno, a la Presidencia de la República, de no actuar con la seriedad que amerita el tema de la propiedad”, sentenció Barreto.

 

“Acusó a Chamorro de ser el principal responsable del incendio “porque él lo confesó a los medios de comunicación. Él dijo que contrató a 180 hombres y les pagó 22 mil córdobas”.

 

“El periodista respondió calmadamente el interrogatorio que le formularon los abogados Daniel Olivas, Enrique Cisne Blanco y Benigno Rayo, los que se personaron como defensores de las 45 personas juzgadas por la destrucción de las viviendas.

 

“Dichas preguntas estuvieron encaminadas a que el periodista ahondara en los mecanismos legales que utilizó para adquirir el Apartamento (No. 1) y explorar sobre los otros presuntos bienes que posee.

 

“Yo quisiera que me enseñaran esas casas que dicen que tengo, para conocerlas”, comentó Barreto.

 

Rociaron gasolina en la casa

 

“Por su parte, Julio Díaz Toribio expresó que escuchó cuando Henry Núñez ordenó a los vándalos “que buscaran al hijo de p… periodista de BARRICADA, que lo iban a amarrar y a quemar vivo”.

 

“También relató que fue testigo  cuando los hombres rociaban gasolina en el inmueble, y señaló que fue de su apartamento donde se originó el incendio.

 

“Además, indicó que en una oportunidad Frutos Chamorro le puso un galil (fusil) en la cabeza, y que a consecuencia de la agresión  que sufrieron el jueves, padece de trastornos.

 

“Ayer también declaró Anabel Barrera y Brenda Enríquez de Hernández, quienes coincidieron en sus declaraciones con las de Barreto  y Díaz. Barrera señaló que no vio a la jueza  Ruth Chamorro a la hora de los incidentes y que no fue notificada por ésta del desalojo.

 

Barrera dijo que podría reconocer a uno de los vándalos que la encañonó con una pistola y le ordenó salir de su casa.

“Por su parte, la doctora Dinorah Parrales, abogada de los afectados por el incendio, informó que un equipo de especialistas estudia una acusación formal contra la jueza Chamorro por su actuación en este caso.

 

“Sobre el campo pagado que Frutos Chamorro publicó en varios medios de comunicación ayer, en el cual califica los 180 hombres que contrató para el desalojo como personal de mudanza, los afectados reaccionaron indignados.

 

Un prófugo sui géneris

 

“Frutos Chamorro es un descarado, además de que está prófugo de la justicia, se atreve a hacer esas 43 cosas—publicar un campo pagado—como queriéndose burlar de la Policía, demuestra su actitud criminal”, dijo Anabelle Barrera.

 

“Ese campo pagado salió publicado ayer, demuestra el típico comportamiento de un criminal, que agrede y se da a la fuga, es de esos criminales que matan, van a la vela y todavía salen acusando a sus víctimas”, dijo Pablo Emilio Barreto.

 

“Cómo es posible que este hombre –Chamorro—salga diciendo este tipo de cosas sobre los acontecimientos del jueves 14 de abril, si él mismo dijo que no estaba en el lugar a la hora de los acontecimientos, es un cobarde, que sabe la gravedad de su error, por eso se anda escondiendo, dijo Díaz Toribio”.

 

En esta misma edición del Diario BARRICADA, en páginas interiores, se publicó una información originada en Masaya, del corresponsal Edwin Somarriba, relacionada con el mismo problema de los desalojos judiciales masivos en contra de beneficiarios de las Leyes 85, 86 y 88.

 

Parte de esa información, dice lo siguiente: “El ex/coronel somocista, Segundo Montoya, amenazó con desalojar a 45 familias de esta ciudad porque éstas “ocupan propiedades que le fueron confiscadas por el gobierno anterior”, denunció el dirigente comunal, Luis Álvarez.

 

“Unas ochocientas personas que conforman las Brigadas Antidesalojos están listas a defender estas propiedades. “No crean que vamos a permitir lo que ocurrió con la vivienda del periodista Pablo Emilio Barreto, a quien intentaron asesinar, reiteró Álvarez.

 

“El dirigente repudió los métodos que utilizan los casatenientes y advirtió que si continúan aplicando violencia, las Brigadas Antidesalojos, actuarán de la misma manera.

 

“Otras  cuarenta familias corren el mismo riesgo con sus lotes en Masatepe de parte de la señora Concepción Solórzano de Buitrago, según se denunció. Estos lotes están ubicados en la finca Santa Eduviges de esta ciudad.

 

“Santa Eduviges fue entregada en calidad de permuta a Jesús Bendaña Flint por la administración anterior, pero la señora Solórzano entabló juicio bajo la figura de nulidad de instrumento público y el juez Pedro Pablo Barberena, desconoció  el título firmado por el ex/ministro del INRA, Jaime Wheellock Román.

 

“Omar Guevara, uno de los afectados, dijo que los lotes los compraron a Bendaña Flint hace más de dos años, a razón de mil 500 córdobas cada uno, y al menos 25 familias ya poseen sus casitas.

 

“El fallo a favor de Solórzano de Buitrago se encuentra en apelación, mientras que en la finca, según constató BARRICADA, hay civiles armados, contratados por la supuesta dueña para “resguardar” la propiedad.

 

 

 

 

 

 

Largo historial de amenazas

 

“Estas acciones violatorias las inició Chamorro el sábado 16 de octubre, precisó Barreto, cuando llevó a un grupo de prostitutas y pandilleros, a uno de los apartamentos. “Pasada la media noche ejecutaron escándalos y cumpliendo un plan elaborado destruyeron las llantas de los vehículos con cuchillos”.

 

“Barreto señaló en el mismo Juzgado que estaba declarando, existe una causa pendiente con fotografías de los capturados y confesiones de la gente que participó en dichas acciones.

 

“Señaló que Henry Núñez en reiteradas ocasiones amenazó de muerte a varios de los vecinos y de ello tiene conocimiento la Estación Tres de la Policía. “Henry Núñez estuvo preso en el Distrito Tres, pero sin explicación lo pusieron en libertad, acostó el periodista Barreto”.

 

¿Frutos Chamorro cobra seguro?

 

Cuando se estaba registrando las declaraciones acusatorias de las víctimas del incendio criminal intencional ante la Jueza Altamirano López, el Diario BARRICADA publicó en una de sus páginas interiores la siguiente información, con un título a ocho columnas: “¿Frutos cobra seguro?, con el sobretítulo de: “Afectados denuncian: perito de INISER husmea entre apartamentos incendiados”, más un asterisco debajo del título: “* Juez emite orden de captura y allanamiento en contra de pirómano y de sus secuaces; Policía continúa búsqueda”.

 

El texto de esa información dice: “El periodista Pablo Emilio Barreto Pérez y el señor Julio Díaz Toribio, quienes habitan los dos apartamentos quemados el jueves por vándalos contratados por Frutos chamorro, denunciaron que el inmueble está asegurado contra incendios, y que un familiar de Chamorro pretende cobrar la indemnización.

 

“En efecto, un ajustador del Instituto Nicaragüense de Seguros (INISER), identificado como Reynaldo  Oporta  Morales, realizó una inspección en el local, el lunes pasado y corroboró la información.

 

Cuando lo vi, le pregunté qué deseaba, y me dijo que venía a ver los daños de la propiedad quemada, y que llegaba de parte de Guillermina Chamorro de Morín, porque ella tenía tres años  de cotizar (¿¿??) una póliza y que estaban a un punto de cobrar un seguro”, relató Díaz Toribio.

 

“Yo le pregunté quién era esa señora, y él me respondió que presuntamente era la dueña de los apartamentos. El (Oporta Morales) andaba una póliza de seguros que no me quiso enseñar, y dijo que desconocía el incidente provocado por Frutos Chamorro”, añadió Díaz Toribio.

 

“El hombre tomó algunas fotografías y me dejó una tarjeta suya, indicó, al mismo tiempo  que dejó entrever que era sospechosa la intención de los hombres que pagó Chamorro para quemar los apartamentos, cuando existía de por medio un seguro.

 

“Por su parte, Barreto coincidió con Díaz Toribio en el sentido de que al existir  un seguro, las intenciones de Chamorro de incendiar los apartamentos, quedan claramente evidenciadas.

 

“BARRICADA localizó ayer al ajustador Oporta Morales. Él confirmó que realizó “una inspección de rutina en los apartamentos quemados”, pero rehusó comentar si existía una póliza de seguro a nombre de Guillermina Chamorro de Morín y tampoco sobre el monto del seguro.

 

“El ingeniero Oporta dijo que no estaba autorizado a brindar información, ni a revelar detalles de los seguros, amparándose en las normas de sigilo. Remitió a este Diario a la Oficinas de Relaciones Públicas de esa institución aseguradora.

 

“Ayer por la tarde no fue posible localizar al responsable de Relaciones Públicas de INISER, ni a ningún otro funcionario de la institución, para que confirmara o negara la versión de los afectados. En la Oficina de Relaciones Públicas ofrecieron devolver la llamada, pero la promesa no se cumplió.

 

Policía tras prófugos

 

“Mientras tanto, hoy miércoles han sido citados a declarar como parte ofendida en el incendio de los apartamentos, el periodista Pablo Emilio Barreto Pérez, Julio Díaz Toribio, Silvia Ortega, Boanerges Iraheta, Anabel Barrera, Ercilia García, entre otros.

 

“Las personas que se encontraban en los apartamentos a la hora del incidente, incluyendo los niños, serán examinados por el médico forense, para dictaminar su estado de salud”.

 

 

 

 

 

¿Otros dueños? ¿También un norteamericano?

 

El Diario LA PRENSA en su página de Sucesos, del 28 de enero de 1994, es decir, tres meses antes del incendio criminal intencional, publicó esta información, titulada, a ocho columnas: “Inversionistas reclaman apartamentos”, con el siguiente sobretítulo: “Uno de los ocupantes es reportero”.

 

Esta información dice: “La Sociedad Inversiones Globales, S.A. reclama un complejo habitacional que se encuentra actualmente ocupado, y a cuyos moradores la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), les denegó, presuntamente, la Solvencia de Ley 85.

 

“La propiedad de cinco mil metros cuadrados está ubicada a la altura del kilómetro once de la Carretera Sur, cuyas estructuras comprenden seis apartamentos, “que serán remodelados”, según don Guillermo Morín, quien encabeza la sociedad.

 

El señor Morín, de origen norteamericano, quien había invertido en varios negocios en Nicaragua, afirmó, mientras mostraba un legajo de documentos, que tiene en su poder las escrituras de “compraventa” de la propiedad.

 

“También el inversionista presentó los certificados de constitución de la sociedad, y registral, así como la libertad de gravamen.

 

“Desde el nueve de febrero de 1993, la doctora Vida Benavente ordenó que se mantiene el “desahucio” de la propiedad que pertenece a Inversiones Globales S.A.

 

“Los ocupantes de los apartamentos, según confirmó el señor Morín, son: Silvia María Ortega Rosales, Julia Caballero Barrera, y los señores Julio Alejandro Toribio Díaz, Wilmar Suárez y Pablo Emilio Barreto Pérez.

 

“Morín aseguró que cinco solicitudes ante la OOT han sido rechazadas tras no llenar los requisitos establecidos por la Ley, sin embargo, aclaró, que el señor Barreto extrañamente no ha pedido Solvencia del Apartamento que ocupa,

 

“El caso se encuentra en Apelación y está detenido por el Decreto publicado en La Gaceta en julio de 1993, relacionado con la suspensión de desalojo por “comodato precario”.

 

 

 

 

Anuncios

Acerca de Pablo Emilio Barreto Pérez

Pablo Emilio Barreto Pérez es: *Orden Independencia Cultural Rubén Darío, *Orden Servidor de la Comunidad e Hijo Dilecto de Managua.
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.